Juan Manzur, Ministro de Salud de Argentina

Buenos Aires, julio (SEMlac).- Lo que pareció un logro más de la lucha por los derechos de las mujeres terminó en una desmentida. Es que el 12 de julio se difundió una noticia en medios locales sobre la firma por el ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, de la resolución que avalaba la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles; sin embargo, días después el mismo ministro desmintió haberlo hecho.

La declaración de Manzur causó confusión y un clima enrarecido, ya que en principio el anuncio de la rúbrica por parte del jefe de la cartera contó con el aval del vice ministro Máximo Diosque y del subsecretario de Salud Comunitaria, Guillermo González Prieto.

Al momento de conocerse la polémica contradicción, los comentarios de algunas integrantes del colectivo de mujeres enfatizaron que no se trataba de un hecho casual, sino de una más de las tantas acciones de un sector del gobierno que tiende a ignorar políticas públicas que garanticen los derechos de las mujeres.

La guía es un protocolo de atención para los casos que ya están contemplados en el artículo 86 del Código Penal. La noticia fue bien recibida por quienes, desde hace años, luchan por el derecho a decidir y a la vez fue cuestionada por un sector que se empeñó en decir que se trataba de un "camino político intermedio" para la libre interrupción de los embarazos.

Tribunal dominicano impuso a un médico y a su paciente 600,000 pesos de multa, por haber practicado un aborto

Santo Domingo, junio (SEMlac).- El viernes 11 de junio, un tribunal del populoso barrio capitalino de Los Mina impuso a un médico y a su paciente la elevadísima fianza de 400.000 pesos (algo menos de 10.000 dólares) y de 200.000 pesos, respectivamente. A él, por haber practicado un aborto y a ella por hacérselo. Además, ambos tendrán que presentarse ante un tribunal cada semana y estarán impedidos de ausentarse del país.

Para las feministas, el suceso se interpreta como el inicio de una cacería de culpables en este país donde, en enero, fue proclamada una reforma constitucional contentiva de un artículo que presume que existe vida desde la concepción y que ésta debe ser protegida a toda costa.

Aunque SEMlac no pudo confirmarlo hasta el momento de escribir este despacho, es poco presumible que la señora July Marte Jiménez, quien ya es madre, esté en condiciones de pagar esa suma, lo que la coloca en riesgo de ir a prisión, si bien en el código procesal penal del país se entiende por medida de coerción un conjunto de prácticas que no incluyen el internamiento en la cárcel.

"De acuerdo a la doctrina y a la jurisprudencia local, las medidas de coerción tienen como finalidad agotar una fase del proceso, evitar que el procesado se pueda sustraer a la acción de la justicia y a una posible condena", afirma John Garrido en la enciclopedia Wikipedia dominicana.

Mónica Roa, abogada que trabaja por el derecho al aborto

Colombia, mayo (Especial de SEMlac).- En 2006, una sentencia de la Corte Constitucional de Colombia despenalizó el aborto en tres circunstancias de excepción: embarazo producto de una violación, peligro para la salud de la madre y malformación del feto, derecho que hoy se encuentra amenazado por las declaraciones y acciones del procurador General de la Nación , Alejandro Ordoñez.

Para la jurista Mónica Roa, quien presentó la demanda que generó la liberalización del aborto en Colombia, como parte del proyecto LAICIA (Litigio de Alto Impacto en Colombia, la Inconstitucionalidad del aborto) de Women's Link, "una acción jurídica puede ser sólo la excusa para generar debate al interior de una sociedad, de ahí la importancia de las comunicaciones", dijo a SEMlac.

Estas son las premisas con las que la joven abogada ha trabajado por el derecho al aborto en Colombia, contra el cual van dirigidas las acciones del procurador Ordoñez, quien asumió su cargo en enero de 2009.

El Ministerio de la Protección Social (MPS), en su Resolución número 4192 de 2006, consideró "que resulta necesario adoptar medidas encaminadas a fortalecer la promoción de la salud y los derechos sexuales y reproductivos de la población y el desarrollo de acciones para garantizar el respeto, protección y satisfacción de los derechos a la atención en salud de las mujeres".

Juez Martín Lozada

Río Negro, Argentina, (SEMlac) Pareciera que el conservadurismo no se conforma con arremeter contra el derecho a decidir, sino que ahora también pretende "aleccionar" a quienes, con criterios humanitarios, abren paso al derecho a decidir.

La nueva acción tiene como blanco principal al titular del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Bariloche (ciudad del sur argentino), Martín Lozada. Este magistrado rubricó una resolución que facilitaba la interrupción del embarazo a una joven, que habría sido víctima de reiterados abusos sexuales por parte de su padre y de su tío.

La joven de iniciales T N transcurría por la undécima semana de gestación cuando concurrió a un nosocomio, junto a su madre, y solicitó la interrupción del embarazo. Pero, basado en la objeción de conciencia, el equipo médico se negó a realizarlo y el caso llegó a la justicia.

La resolución de Lozada, con fecha 5 de abril, no presentó las idas y vueltas judiciales que obligan a dilatar la interrupción de un embarazo. El magistrado aplicó el inciso 2 del Artículo 86 del Código Penal que autoriza el aborto cuando "el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente".