Violencia de género

Violencia de género (471)

De la Redacción
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México, septiembre (SEMlac).- La creación de la nueva Fiscalía General representa una oportunidad para tener una institución sólida y eficiente que logre disminuir los índices de violencia que se registran en México, siempre y cuando se entienda el fenómeno y se implementen políticas de impacto que sean evaluadas.
Así lo señalaron integrantes de organizaciones civiles durante el conversatorio "Contexto de Violencia en México: estrategias institucionales para combatirla".
En América Latina y el Caribe, cada 15 minutos cuatro personas son víctimas de homicidio, según cifras presentadas por el especialista Aram Barra.
En el caso de México, Edith Jaimes, directora de México Evalúa, señaló que la tasa actual de homicidios es de 17 por cada 100.000 habitantes, lo que ha superado la tasa registrada en 2011, que había sido considerado el año más violento en la historia moderna del país.
Sin embargo, para poder desarrollar respuestas eficaces a fin de combatir la violencia, es necesario entenderla, explicó Ana Pecova, directora de EQUIS Justicia para las Mujeres.
"No todas las víctimas son iguales. Hay factores como la raza, la clase, el origen étnico, el estatus migratorio, el género etc. que afectan la manera en la que las personas viven violencia y qué tipo de violencia viven."
Explicó que el género es uno de los principales factores. La violencia que viven las mujeres es muy distinta a la de los hombres. Uno de cada dos asesinatos de mujeres se da en el hogar de la víctima, mientras que sólo uno de cada cinco hombres muere en su hogar.
El 70 por ciento de los hombres mueren por arma de fuego mientras que esto ocurre solo en el 40 por ciento de las muertes de mujeres, quienes en su mayoría pierden la vida por golpes, estrangulamiento o envenenamiento.
"Por ello, las políticas públicas que se diseñan tienen que responder a esas especificidades. Las mismas medidas para reducir asesinatos de hombres, no servirá para disminuir número de asesinatos de mujeres", enfatizó.
Ximena Avellaneda, presidenta del Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos, Ana Lorena Delgadillo, directora Ejecutiva de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, y Adelaida Salas, directora de Ni Una Más Yucatán, coincidieron en que la procuración de justicia en este momento es lenta, ineficaz y llena de actitudes discriminatorios que revictimizan.
Por ello, dijeron, es necesario desarrollar instituciones sólidas, transparentes, que establezcan criterios claros para su operación y evaluación, que no sean solo "instituciones de papel". En paralelo, se tiene que atender el problema desde el origen y pensar en medidas de prevención explorando otras alternativas, ya que el modelo punitivo no es la respuesta al fenómeno generalizado de violencia.
Lo más importante, concluyeron, es que desde la sociedad civil organizada se desarrollen herramientas y mecanismos para exigir una efectiva rendición de cuentas y monitorear las políticas que se desarrollan e implementan.

 

De la Redacción
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México, septiembre (SEMlac/Página3).- Oaxaca se encuentra entre los 20 estados con mayor número de mujeres desaparecidas, de acuerdo con una información de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señaló Yésica Sánchez Maya, directora jurídica de Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca.
Al participar en el conservatorio "Desaparición forzada en Oaxaca", para conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la feminista puntualizó que el informe sobre la "Situación de los Derechos Humanos en México" da cuenta de la grave crisis que atraviesa el país en esta materia.
Los casos de desaparición y desaparición forzada de mujeres y niñas suceden en diversas áreas del país, lo que ha generado alarma entre la sociedad civil, y llevado a que se presente un mayor número de solicitudes de alerta de violencia de género, expuso Sánchez Maya.
De acuerdo con la información, agregó que de 2011 a abril de 2015 se registraron 7.060 casos del fuero común de mujeres desaparecidas o extraviadas, siendo Tamaulipas en primer lugar con 1.170, seguido por el Estado de México con 1.007 casos; Oaxaca se ubica en el lugar 19 con un registro de 100 desapariciones.
De las denuncias presentadas ante la Procuraduría General de la República, en ese mismo lapso se tienen 125 casos, y es Guerrero el ocupante del primer lugar, con 33 casos. En esta lista no aparece Oaxaca.
En el evento conmemorativo del 30 de agosto, se tuvo presente la desaparición forzada de Daniela y Virginia Ortiz, indígenas triquis de las que no se ha sabido nada desde hace más de 10 años y que es un ejemplo claro de la omisión en el actuar de las autoridades.
Acompañada de Antonia, madre de Daniela y Virginia, así como de Emelia Ortiz, prima de las desaparecidas, y por la periodista oaxaqueña Soledad Jarquín, Yésica Sánchez aseveró que para las familias de las personas desaparecidas es una máxima prioridad saber la verdad de lo que les ha pasado.
El país atraviesa una grave crisis, con particular énfasis en desapariciones y desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, así como una situación de inseguridad ciudadana y el difícil acceso a la justicia, además de la impunidad que prevalece, dijo la feminista al sintetizar el informe de la CIDH.

Por Mercedes Alonso Romero
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Santo Domingo, septiembre (SEMlac).- Sus nombres son Emely Peguero, Dioskairy Gómez y Rosalinda Yan, con edades comprendidas entre los 16 y 18 años; sus cuerpos sin vida fueron hallados en menos de 24 horas en sitios diferentes, ultrajados y violentados.
Las redes sociales se visten de negro y muestran corazones rotos en alegoría al dolor intenso que sufren sus familiares; en tanto que la sociedad dominicana exige que caiga todo el peso de la ley sobre los ejecutores de tan horrendos crímenes.
Angustiosos días ha vivido la familia de Emely Peguero, cuyo cadáver fue encontrado cerca de la medianoche del pasado jueves 31 de agosto, en un saco, dentro de una maleta. El Ministerio Público informó que los exámenes forenses constataron que su muerte ocurrió como consecuencia de una hemorragia interna del útero, por aborto inducido, y un golpe contundente en la cabeza con hundimiento del cráneo.
También entre la tarde del jueves y primeras horas de este viernes tuvieron lugar los hallazgos de los restos de Dioskairy Gómez y Rosalinda Yan Pérez, reportadas desaparecidas por sus familiares días atrás.
Según informes policiales, Dioskairy Gómez había salido en la mañana del jueves en dirección a la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (Iteco), de Cotuí, en la provincia Sánchez Ramírez, ubicada al centro del país, a unos 105 kilómetros de la capital, donde estudiaba Sicología, cuando unos desconocidos la montaron en un carro sin placa.
Nunca llegó al centro de estudios; fue asesinada y quemados su torso y parte del rostro; así la descubrieron tirada en unos matorrales.
A Rosalinda Yan Pérez la hallaron enterrada en el baño de una casa en construcción en Nigua, San Cristóbal, a unos 28 kilómetros de la capital. Tenía las manos atadas y un trapo alrededor del cuello. Su expareja Julio César Luis García (Ángel) confesó haberla asfixiado, ayudado por otro criminal que le ayudó a amordazarla.
Familiares de la muchacha denunciaron que el exnovio cometió el hecho por venganza, pues llevaba meses separada y no quería mantener la relación con él. 
En el caso de Emely Peguero, el coordinador de la comisión constituida por la Procuraduría, Bolívar Sánchez, reveló que el novio de la adolescente embarazada, Marlon Martínez, quien guarda prisión preventiva, la asesinó y fue apoyado por su madre, Marlin Martínez, para desaparecer el cuerpo. A esta se le impuso tres meses de prisión preventiva, que deberá cumplir en la cárcel Rafaey-Mujeres, de Santiago, segunda provincia más importante del país.
En todos los casos se continúan las investigaciones; en tanto los residentes de las comunidades donde vivían estas adolescentes y la sociedad en general manifiestan su indignación y claman porque se haga justicia.
El país está de luto: los feminicidios, que una vez fueron calificados de "epidemia nacional", se han recrudecido en este período con fuerza inaudita; nada ni nadie puede explicar la ocurrencia de tantos actos de violencia y muertes contra la mujer en República Dominicana.

Por Soledad Jarquín Edgar
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México, agosto (SEMlac).- La violencia contra las mujeres de 15 años y más creció más de 20 puntos porcentuales en los últimos 10 años, lo afecta a seis de cada 10 mexicanas en la mayoría de los estados, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
La comparación de los resultados de la Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2006, 2011 y 2016, indican que cada vez que se aplica esta investigación, la cifra de mujeres que reportó sufrir al menos un episodio de violencia en su vida aumentó 22,9 por ciento.
La ENDIREH 2016 revela que 66,1 por ciento de las mujeres de 15 años y más ha sufrido al menos un episodio de violencia en su vida; la misma medición que realizó el INEGI en 2006 y 2011 arrojó porcentajes menores: 43,2 y 46,1 por ciento, respectivamente.
La Ciudad de México es donde se reportan los mayores porcentajes: el 79,8 por ciento de las mujeres mayores de 15 años denuncian haber sufrido al menos un episodio de violencia, 36,3 puntos porcentuales más de lo reportado en 2006 y 27,9 por ciento más que en 2011.
Le sigue el Estado de México con 75,3 por ciento; Jalisco con 74,1 por ciento; Aguascalientes con 73,3 por ciento y Querétaro con 71,2 por ciento.
Las entidades con los porcentajes más bajos, pero que aun así afectan a más de la mitad de las mujeres son: San Luis Potosí, con 56,7 por ciento; Tabasco, 55,8; Baja California Sur, 55,4; Campeche, 53,6 y Chiapas con 52,4 por ciento.

Coincide con Alerta
La encuesta del INEGI revela que la violencia contra las mujeres no es exclusiva de una región, sino que se extiende a las 32 entidades del país, con cifras que van de 79,8 por ciento en la Ciudad de México a 52,4 por ciento en Chiapas.
Incluso al hacer un comparativo de la encuesta con las Alertas de Género que el Gobierno Federal ha emitido en 12 entidades federativas, se revela que en dichas entidades más de la mitad de las mujeres denunciaron haber sufrido algún tipo de violencia al menos una vez en su vida.
El Estado de México, una de las 12 entidades con Alerta de Violencia de Género ocupa el segundo lugar en el país.
Le siguen los estados -con Alerta de Género y altos porcentajes de violencia contra las mujeres- de Michoacán con 65,5 por ciento; Morelos con 64,9 por ciento; Quintana Roo con 64,7 por ciento; Colima con 62 por ciento; Veracruz con 61 por ciento; Nuevo León con 59,3 por ciento; Sinaloa con 59,1 por ciento; Nayarit, 58,1 por ciento; Guerrero 57,5 por ciento; San Luis Potosí, 56,7 por ciento y Chiapas con 52,4 por ciento.
Lo anterior contrasta con los resultados de la Encuesta en 2011, pues solo en cinco entidades el porcentaje de mujeres que había sufrido violencia era superior a 50 por ciento, mientras que en 2006, sólo eran tres. Hoy en 17 estados la violencia contra las mujeres oscila entre 60 y 69 por ciento.

A Golpes
De los tipos de violencia que cuantifica el INEGI, la violencia física es la que más creció, al pasar de 23,6 por ciento en 2006 a 34 por ciento.
Le sigue la violencia emocional, al pasar de 46,1 al 49,9 por ciento entre 2006 y 2016.
En cambio, disminuyó la violencia sexual, al bajar de 43,6 por ciento a 41,3 por ciento en una década; mientras que la violencia patrimonial, económica y la discriminación decreció de 30,4 por ciento a 29 por ciento.
La Encuesta de 2011 se aplicó en 142.363 viviendas, del 3 de octubre al 18 de noviembre de 2016 y de acuerdo con el INEGI, tuvo una tasa de respuesta 85,7 por ciento, con cobertura geográfica nacional, urbana nacional y rural estatal.

Por Sylvia R Torres
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Managua, agosto (SEMlac).- Los hombres son los únicos responsables de su violencia, por lo tanto, los únicos que la pueden parar, dijo Martha Meneses, una de las participantes de la marcha del silencio contra los feminicidios, el pasado 24 de agosto.
Vestidas de rojo, mujeres nicaragüenses, en tres filas y en silencio, caminaron desde las instalaciones del Ministerio Público hasta las de la policía nacional, para protestar por la falta de acción estatal frente a los feminicidios. Una bandera de Nicaragua con la leyenda en rojo "Nos están matando" causó mucha conmoción.
María Teresa Blandón, líder del Movimiento Feminista, afirmó en su cuenta de Facebook que el Estado no les sirve a las mujeres, porque no les protege el derecho a la vida, les ha quitado el derecho a decidir sobre su cuerpo y tampoco reconoce el valor de su trabajo.
Es un Estado misógino, dijo. Solo en agosto de 2017, ocho mujeres fueron asesinadas. En lo que va de año ocurrieron 38 feminicidios, un homicidio y un asesinato. Las mujeres dicen percibir la sensación de que todos los días hay un caso.
Una saña creciente caracterizó estos crímenes, las mataron a cuchilladas, las estrangularon, las golpearon con tubos, las violaron y, a una de ellas, la decapitaron e hicieron desaparecer su cabeza.
Pese a que el gobierno nicaragüense se jacta de que Nicaragua es el país más seguro de Centroamérica, las mujeres no lo sienten así, opinó Eva Blanco, una enfermera de la occidental ciudad de León.
Marchas locales con el rojo de la sangre como emblema y cruces con las fotografías de las víctimas, se han desarrollado en Matagalpa, Estelí y otras ciudades del interior del país.
En 2012, el gobierno nicaragüense emitió, sin consultar a los movimientos de mujeres, una Ley Integral Contra la violencia, o ley 779, que contenía una definición amplia del feminicidio (asesinato por razones de género), así como la creación de instancias de apoyo psicológico, acciones de educación y comunitarias para prevenir y atacar la violencia.
La iniciativa, liderada por la presidenta de la Corte de Justicia, Alba Luz Ramos, fue rápidamente desmantelada por el gobierno de Daniel Ortega. Contra todo procedimiento legal, esa administración, a través de un reglamento, cambió la Ley, definiendo como feminicidio solamente los crímenes cometidos por las parejas o exparejas de las víctimas; además de introducir entre los procedimientos la mediación con el abusador.
Según las feministas, la promulgación de una ley de profundo contenido cultural en desafío a los patrones machistas no hizo más que avivar los sentimientos de inseguridad y miedo por parte de la población masculina. Muchas personas, incluidas mujeres, rechazaron la Ley 779, sin siquiera haberla leído.
La vocera del colectivo feminista 8 de marzo, uno de los más antiguos en el este de la capital y en el municipio de Esquipulas, en Matagalpa, declaró que, en una investigación realizada en 2012, ellas encontraron que las mujeres que denuncian la violencia no buscan separarse, sino que sus maridos cambien; que las mujeres están más vulnerables cuando no tienen vínculos con los familiares y o las redes de apoyo.
Instaron a las mujeres a reconocerse como grupo, de manera que comprendan que la violencia que sufren no es íntima, sino parte de un problema público, que debe tener respuestas públicas.
Berta Inés Cabrales, Dora María Téllez y otras líderes reclamaron por la indolencia de las autoridades. Desaparecidas las comisarías y los fondos de cooperación para el funcionamiento de los centros de servicio del movimiento de mujeres, las víctimas de violencia no saben dónde ir.
La pasada semana, los familiares de Sonia Aguirre han pedido la solidaridad del movimiento de mujeres para impedir que salga en libertad Pedro Jiménez, quien decapitó y escondió la cabeza de su compañera.
El defensor de este feminicida alega que él ya cumplió la mitad de su condena, ha demostrado buena conducta y, por lo tanto, es apto para reintegrarse a la sociedad.
Por esta razón, instaron a las mujeres a no quedarse calladas ante la violencia machista y demandaron la reinstauración de las Comisarías de la Mujer, borradas sin previo aviso de las estructuras de la policía, tal y como estaban establecidas antes de los cambios a la Ley 779.

Por Mercedes Alonso 
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Santo Domingo, agosto (SEMlac).- La realidad para las parturientas haitianas no puede ser más abrumadora; sobre todo si se añade a su estado de gravidez el propósito de atravesar la frontera dominico-haitiana, guiadas por grupos de individuos que trafican y les cobran para traerlas a dar a luz en hospitales dominicanos.
Esto ha sido motivo de denuncias y comentarios en medios de prensa y redes sociales, y este 25 de agosto el periódico El Nacional informó que mandos militares acordaron establecer un plan para regular la entrada por la frontera de las embarazadas de procedencia haitiana que vienen a parir aquí.
Aunque no se ofrecieron detalles a la prensa acerca de cómo se evaluarán esos casos que arriban a los centros asistenciales, ni si el Ministerio de Defensa lleva a cabo una investigación para determinar cuánto pagan para ser transportadas hasta suelo dominicano, sí se confeccionó un documento cuyo contenido prevé afrontar dicha situación.
El pasado 17 de mayo, El Nacional publicó las declaraciones del director del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Nelson Rodríguez Monegro, quien dijo que el gobierno dominicano invierte anualmente más de 5.000 millones de pesos (106 millones 382.979 dólares) en atenciones a gestantes haitianas, "muchas traídas por mafias para que alumbren en hospitales del país".
La República Dominicana presenta una de las más altas tasas de mortalidad materna: 119 muertes por cada 100.000 nacimientos vivos, por lo que ocupa el cuarto escaño en la región con muertes por esta causa, según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), antecedida por Bolivia, el propio Haití y San Cristóbal y Nieves.
La ministra de Salud dominicana, Altagracia Guzmán Marcelino, afirmó que 30 por ciento de las mujeres que mueren en el país por complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto son haitianas indocumentadas que cruzan la frontera ilegalmente para recibir asistencia sanitaria, publicó el digital Acento el pasado 9 de agosto.
Detalló que las principales causas de las muertes son el trastorno hipertensivo del embarazo, parto y puerperio, las hemorragias y las sepsis. Y consideró que "la falta de un verdadero sistema de salud en la vecina nación de Haití es un caldo de cultivo para que las embarazadas crucen ilegalmente para buscar asistencia en República Dominicana, donde nunca se les ha negado, originando un aumento del gasto en salud", señaló.
Las investigaciones estadísticas de dicho ministerio revelan que ese 30 por ciento correspondiente a haitianas no posee datos de domicilio y nunca ha visitado un médico durante su estado de gestación.
"Cuando los inspectores de salud salen a buscar la dirección de esas mujeres, nunca las encuentran, lo que impide saber sus antecedentes de chequeo prenatal", aseveró la ministra, quien dio a conocer, además, que el Ministerio ha creado una comisión que se reúne todos los jueves para analizar las causas de cada muerte materna, "y en cada caso se aplica el método de la auditoría médica y social, desde la aplicación de los protocolos establecidos hasta la calidad de los servicios que reciben".
"Las autoridades no pueden negarle atención a ningún ser humano, independientemente de su nacionalidad o estatus migratorio, aunque esto aumente el gasto del Sistema Nacional de Salud y Estado dominicanos", concluyó Guzmán Marcelino.

La salud es un derecho universal
Si bien el director del SNS, Rodríguez Monegro, reconoce que la salud es un derecho universal, y que quien demanda ese servicio debe ser asistido, objeta: "preocupa cómo embarazadas vienen desde Haití directamente a parir a los centros de salud dominicanos… Estas mujeres en gestación son ingresadas por la frontera por cárteles que integran haitianos y dominicanos".
Narra que "en meses pasados, a un hospital periférico de la provincia de Santiago se presentaron de manera simultánea, el mismo día y a la misma hora, 10 embarazadas haitianas que dijeron procedían desde su país".
Debido a la no capacidad del centro, debieron ser remitidas a otros centros de salud. "El hecho de que llegara esa cantidad de mujeres haitianas en embarazo a término, no es algo fortuito, y evidentemente tiene que haber una estructura que le está dando soporte a esa situación que está afectando a República Dominicana".
El director del SNS asegura que entre 80 y 90 por ciento de los partos en los hospitales de la región fronteriza corresponden a haitianas: "Pedimos a las Fuerzas Armadas y a la Dirección General de Migración, quienes están encargados de vigilar nuestra frontera y la entrada de extranjeros al país, a extremar los controles y regulaciones, pues cuando un extranjero llega a nuestros hospitales no tenemos otra alternativa que dar los servicios por razones humanas".

Un tema polémico y nada novedoso
El 25 de febrero del pasado año, el ex comandante general del Ejército de la República Dominicana (ERD), dio a conocer a El Nacional que "bandas de haitianos y dominicanos traficaban con grupos de mujeres embarazadas y niños desde Haití…".
Este 9 de junio, diputados y senadores discutieron sobre el tema y consideraron que el gobierno dominicano gasta al año 5.280 millones de pesos (112 millones 340 426 dólares), "en atenciones médicas tanto para las parturientas haitianas que viven en el país de manera irregular como las que cruzan para ser atendidas en hospitales…".
El senador por el oficialista Partido de la Liberación Dominicana, Manuel de Jesús Güíchardo Vargas, aseguró este jueves 24 de agosto que "en la frontera dominico-haitiana hay serias debilidades en los chequeos", lo cual diagnosticó como irresponsabilidad de los altos mandos militares.
El legislador citó entre las debilidades la existencia de redes "que tienen como negocio trasladar ciudadanas haitianas a los hospitales dominicanos a dar a luz, (…) Tenemos que esperar que las políticas del Estado en materia de inmigración se cumplan, por ejemplo: que la Dirección de Migración coordine acciones con el Ministerio de Salud Pública para que este fenómeno se reduzca", y resumió finalmente: "Somos dos países diferentes, nos separan muchas cosas, por ejemplo la cultura, el idioma, todo nos separa, inclusive hasta la forma de hacer negocios, porque a veces no nos entendemos".

Redes sociales denuncian
Las redes sociales como Facebook y Twitter han divulgado el paso de autobuses repletos de parturientas haitianas, que pasan casi diariamente para dar a luz en los hospitales públicos, con falsa creencia de que sus criaturas, por el hecho de nacer aquí, adquieren la nacionalidad dominicana, estatuto jurídico que dejó claramente establecido el Tribunal Constitucional, mediante sentencia No.168/13, decisión que ha sido cuestionada por los países que desean la fusión de la isla.
"También las mujeres haitianas alumbran en los centros de salud de la capital, aprovechando la generosidad de los médicos que prestan sus servicios, sin tener en cuenta que son ilegales, y consumen gran parte del presupuesto del Ministerio de Salud, destinado a los dominicanos. El 20 por ciento de la asignación económica de ese organismo es consumido por los indocumentados", exponen dichas redes.

Por Norma Loto
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Buenos Aires, agosto (SEMlac).- La historia de la niñez ha sido una tragedia, nunca han importado porque no se trata de sujetos públicos, reflexiona Sonia Almada cuando se le pregunta cuál fue el disparador para organizar el Primer Congreso Mundial "Violencias" hacia la Infancia y la Adolescencia, que se realizará esta semana en Buenos Aires.
"En los últimos años la crueldad sobre la niñez y la adolescencia ha aumentado severamente. Observamos un gran desinterés por la infancia y por eso queremos hacer un llamado de atención para crear políticas públicas para la contención, protección, apoyo de niños, niñas y adolescentes", refiere a Almada a SEMlac.
El Congreso se realizará durante los días 24 y 25 de agosto, reunirá a líderes humanitarios, sociales, académicos, religiosos y representantes de organismos internacionales y su propósito es debatir y colocar en la agenda pública los diferentes padecimientos que sufren la infancia y la adolescencia y sus consecuencias.
Almada es la presidenta de la Asociación Aralma, Centro de Asistencia, Investigación y Formación en Infancia y Adolescencia y Familias, y junto a la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, organiza el mencionado encuentro.
La presidenta de Aralma se refiere a las asimetrías naturalizadas históricamente y que solo son violencias contra la niñez. Es por eso, que Almada considera urgente "resignificar el concepto de infancia, que no sea un lugar destinado para que las personas adultas hagan los que deseen. Es necesario que los menores no sean propiedades de adultos, sino que sean de sí mismos. Por eso desde Aralma, hemos lanzado la campaña: "La voz de l@s Chic@s" porque sus deseos y sus derechos deben ser escuchados."
Desde los inicios de la humanidad la niñez ha sido receptáculo de múltiples malos tratos, pero "últimamente se le está utilizando de manera muy cruel, por ejemplo en conflictos armados. También hay miles de ellos en situación de tránsito y sin compañía en el mundo y la situación de vulnerabilidad lleva a que se les explote de diferentes maneras. Además, en Latinoamérica las carencias y la marginalidad son cada vez más atroces y desde los estados no hay ningún tipo de respuesta", explica a SEMlac la presidenta de Aralma.
Las violencias contra la infancia están en todas partes, pero están naturalizadas. En este sentido, la utilización de menores tanto para la venta de un producto como para mensajes políticos son un claro ejemplo de la modernidad, pero esa exposición es "una atrocidad", como lo califica Almada.
"El menor no puede decir que no, porque no tiene con qué decirlo", refiere Almada para luego enfocar en todos los derechos que cada adulto defiende como inalienables a su humanidad y lo grafica en una frase "se sabe que a los adultos no se les puede hacer cualquier cosa. Sin embargo, a la infancia se los puede mostrar en propaganda políticas y en las publicidades, incluso mostrando sus cuerpos desnudos".
"El cambio cultural se abre desde el debate. Pensar cómo se trata a la infancia: por qué se la utiliza, por qué tiene en la sociedad un lugar de "resto" (que se puede abandonar, pegar, humillar). Es un cambio que empieza por uno mismo y ponernos en el lugar de ellos. Es necesario abrir el debate y preguntarnos, por ejemplo: ¿qué pasaría si a nosotros como adultos, por cada error en nuestros trabajos nuestros jefes nos golpean"? Es impensable porque somos adultos, pero no es inconcebible una situación similar para menores porque son pensados como propiedad de adultos", concluye Almada.

Por Sara Lovera
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México, agosto (SEMlac).- Cada dos meses, desde julio de 2015, se ha declarado una Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) a lo largo de 11 estados de la República (según datos oficiales), lo que representa el 30 por ciento del territorio nacional.
En esas áreas se realizaron acciones comprometidas y medibles para detener la violencia contra las mujeres en situación de emergencia. A nivel municipal, ello abarca apenas el 3,4 por ciento de los gobiernos locales, en zonas que se definieron especialmente por la frecuencia de asesinatos femeninos.
En tanto, cada dos horas se viola a una mujer en México; se multiplica el acoso, la trata y la desaparición de mujeres; por si no bastara, cunde la discriminación simbólica en los medios de comunicación. Una mujer es asesinada cada cuatro horas, es decir siete mueren cada día; no hay prevención suficiente, ni justicia.
Las acciones de emergencia por la demanda y la presión política, solo se realizan en el 3,24 por ciento de los municipios del país, o sea en 81 de cerca de 2.500, ahí donde fue declarada la AVGM.
Mientras la demanda de emergencia se vive como la meta a lograr, solo en tres entidades, Baja California, Querétaro y Guanajuato, los gobiernos han reactivado sus sistemas integrales sobre la violencia contra las mujeres; nadie conoce el resultado del Sistema Nacional de Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia.
En los municipios donde se activó todo el sistema integral de la emergencia, la sociedad civil vigila, presiona, evalúa y, en algunos casos, contribuye a las medidas para disminuir la violencia de género.
De acuerdo con el mapa elaborado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), en cuatro entidades está en proceso la probable declaratoria de la AVGM: Sonora, Yucatán, Tabasco, y Tlaxcala. Yucatán, desde hace 30 años, según datos de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), tiene el nivel más bajo de violencia en general y de violencia contra las mujeres en particular.
Organizaciones de mujeres presionan por un cambio rápido, luego de declaradas las Alertas. Ya evalúan y descalifican a escasas semanas de adoptada la emergencia.
Es el caso de Colima, donde hace 40 días se inició el proceso de implementación de medidas urgentes, la pasada semana se desarrolló una movilización pública convocada por el Centro de Atención Mujeres (CAM). O en San Luis Potosí, donde aún no se cumplen dos meses desde la declaratoria y ya hay afirmaciones de que no se hace nada.
Este año, entre marzo y julio, se declaró AVGM en cuatro entidades; de las solicitadas, desde 2016, quedan pendientes siete y se sumó hace 14 días la petición formal del estado de Oaxaca.
La primera declarada fue para el Estado de México, el 31 de julio de 2015, hace dos años. De acuerdo con el Observatorio del Feminicidio, no han bajado los índices criminales, ni están mejor protegidas las mujeres. En Morelos se declaró en agosto de 2016, y a la fecha, según la Comisión Independiente de los Derechos Humanos, tampoco hay avances. En ninguno de los dos casos se sabe qué hacen los gobiernos, pues no informan.
La alerta de género solamente atiende casos graves, su declaratoria requiere de profundas investigaciones que, en el caso del Estado de México, demoraron varios años, ya que instalar la Alerta se hizo hasta después que en 2015 se cambió su reglamento. En Morelos hubo tres años de acciones, de presión a las autoridades.
La AVGM está definida como un mecanismo único en el mundo; atiende al artículo 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, o bien, la existencia de un agravio comparado, que significa que un acto de política pública, una ley o una acción viola los derechos humanos de las mujeres, como la prohibición de la interrupción voluntaria del embarazo, interpretada como agravio comparado, lo que motivó la petición de AVGM, hoy en proceso, aún no admitida.

Por Mercedes Alonso 
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Santo Domingo, agosto (SEMlac).- El Foro Feminista Magaly Pineda (FFMP) encabeza, junto a otras organizaciones feministas e instituciones académicas; así como personalidades de diversos sectores de la sociedad, el listado de firmas en protesta contra las humillaciones y ultrajante trato de que fueron objeto por las autoridades de migración, en el aeropuerto Benito Juárez de Ciudad de México, las profesoras Fidelina de la Rosa (Virtudes) y su hija Mirna Jiménez de la Rosa.
Así se lee el documento que circula entre los medios de prensa, redes sociales y otras vías de comunicación:
"Ante las vejaciones sufridas por las compañeras Virtudes de la Rosa y su hija Mirna Jiménez a su llegada a la ciudad de México, difundimos esta carta expresando solidaridad para publicar en medios. Pueden subir sus adhesiones institucionales y personales a la siguiente dirección http://bit.ly/2tPz4qy 
"Indignación ante el maltrato perpetrado contra Fidelina De la Rosa y su hija Mirna Jiménez De la Rosa
"Las instituciones y organizaciones abajo firmantes expresan su indignación por los vejámenes a que fueron sometidas Fidelina de la Rosa Hidalgo (Virtudes), docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), de amplia trayectoria de lucha social y feminista, y su hija la doctora Mirna Jiménez De la Rosa, también docente universitaria, a quienes se les impidió entrada en el Estado de México, a pesar de contar con las requeridas documentaciones.
"Ambas estuvieron detenidas por más de cuatro horas sin suministro de alimentos, cediendo después ante las quejas de De la Rosa por la necesidad de ingerir medicamentos, despojándoseles de sus pertenencias, y exigiéndole a Fidelina firmar en reiteradas ocasiones un documento sin lectura previa, a lo que ella se negó rotundamente.
"El Estado mexicano no proporcionó en ningún momento razones justificativas para impedirles la entrada, enviándolas de regreso al país después de arreglos con la línea aérea.
"El encierro junto a otras personas, en su mayoría mujeres, una de ellas con una infante, a quien tampoco se le suministró alimentos durante más de cinco horas, denota prácticas discriminatorias, vejatorias y arbitrarias de este Estado.
"Exigimos al Estado de México el cese inmediato de estas prácticas, investigar y someter a las sanciones correspondientes a los oficiales responsables de los hechos narrados, presentar excusa pública por esta detención arbitraria y compensar a ambas por los daños cometidos.

Por Mercedes Alonso Romero
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Santo Domingo, agosto (SEMlac).- La sociedad dominicana conoció que el Consejo Disciplinario del Ministerio Público declaró responsable al extitular de la Procuraduría Fiscal de Samaná, Robert Justo Bobadilla, acusado de incurrir en acoso sexual en perjuicio de varias empleadas y usuarias de esa dependencia, de cometer faltas graves en el ejercicio de sus funciones, y ordenó su inhabilitación para prestar servicios dentro de dicha institución y por un período de cinco años en cualquier entidad pública del Estado.
En una audiencia calificada de maratónica, siete mujeres acusan a Justo Bobadilla de acoso sexual, entre ellas empleadas, exempleadas, usuarias, una policía y hasta una imputada.
El proceso tuvo lugar en la Corte de San Francisco de Macorís, capital de la provincia Duarte, ubicada al nordeste del país, a unos 135 kilómetros de la capital, desde media mañana del pasado lunes primero de agosto, hasta concluir en horas de la noche del martes.
Tras su destitución, el exmiembro del Ministerio Público perdió la jurisdicción privilegiada, por lo que se determinó que fuera juzgado en otra jurisdicción que no fuera Samaná, en este caso San Francisco de Macorís, por los graves hechos denunciados.
La abogada Evelin Peña había denunciado que el proceso de inspectoría que la Procuraduría General de la República llevaba a cabo contra el suspendido fiscal de Samaná fue aplazado en 13 ocasiones consecutivas, desde 2016 hasta la fecha, y que pese a dicha suspensión de su cargo, adoptada luego de que el consejo disciplinario aceptara la solicitud hecha por dicha inspectoría, Justo Bobadilla disfrutaba de salario, hecho que consideraba improcedente.

Procuraduría responde
El procurador general de la República, Jean Rodríguez, informó mediante un comunicado de prensa que se sentía "complacido con la decisión" y que "no tolerará que ningún integrante del Ministerio Público incurra en conductas al margen de la ética y la ley, con actitudes que atenten contra la dignidad de ese organismo y de las mujeres".
En el propio documento se recuerda que luego de 14 reenvíos, "hechos a solicitud del exfiscal para dilatar el proceso y luego reclamar la prescripción hoy, a más de un año de haberse iniciado, el Ministerio Público pudo presentar conclusión en esta fase de primera instancia que conoció el Consejo Disciplinario.
"Nos satisface que ahora, después de más un año de haber iniciado este juicio disciplinario, durante el cual el exfiscal utilizó múltiples mecanismos para tratar de dilatarlo, podamos tener una decisión, que espero sirva de ejemplo a los demás miembros de la institución", declara finalmente el procurador en uno de los párrafos del comunicado.

¡Conmigo no!
SEMlac monitoreó los programas radiales y televisivos de la televisión nacional, a fin de constatar el rechazo de hombres y mujeres ante la actitud del exfiscal, calificado de "predador" no solo por sus víctimas, sino por quienes alzan su voz y por medio de las redes sociales y otras vías en las que expresan su repudio por tales actos.
Evelyn Peña, una de las víctimas, refirió en entrevista concedida al programa televisivo Enfoque Matinal, las múltiples zozobras que debieron sufrir ella y sus compañeras acosadas.
"Fingíamos que estábamos bien; pero el ambiente era hostil y nos sentíamos muy mal. Fueron días muy difíciles y por eso estoy aquí, para hablar no solo en mi nombre y de las otras mujeres que sufrieron conmigo estas violaciones, sino por todas las que padecen de acoso y no saben cómo defenderse. La violencia contra la mujer nos hace más fuerte. ¡Conmigo no!, es lo que tenemos que decir".

Miedo a perder empleo

Una entrevista a la titular de la Secretaría Nacional de la Mujer del Partido Demócrata Institucional (PDI), María Esther de Rodríguez, publicada por el digital El Nuevo Diario, el pasado 3 de julio, hace alusión a la investigación que dicha organización partidista logró sobre el alcance y la profundidad del acoso sexual por parte de integrantes del partido oficialista (Partido de la Liberación Dominicana, PLD) contra las mujeres que trabajan en las instituciones públicas.
Bajo el título Acoso sexual a la mujer en instituciones públicas, epidemia en RD, De Rodríguez reconoce que "las mujeres, por miedo a perder su empleo, única forma que tienen de sustentar a sus familias, sufren impotentes y en silencio el acoso sexual a que son sometidas, porque se sienten indefensas producto de la falta de mecanismos efectivos para hacer las denuncias y lograr la condena de los superiores que muchas veces actúan como pichones de dictadores que se aprovechan de su posición de poder para tratar de convertirlas en víctimas de sus ansias sexuales enfermizas".
El Ministerio Público indicó que, a partir de la fecha, el exfiscal Robert Justo tiene 10 días para apelar y que dicha sentencia será leída el próximo 21 de agosto. La sociedad espera que la balanza de Temis ocupe su justo sitio y se frene este otro flagelo que abate a la mujer dominicana: "Cero acoso sexual" es la máxima que debe exigirse a todos los niveles.

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