Violencia de género

Violencia de género (437)

Por Gabriela Ramírez
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México, mayo (SEMlac).- Desde 2010, 44 mujeres entre defensoras, activistas y periodistas han sido asesinadas en México. El caso más reciente fue el de Miriam Rodríguez, quien fue acribillada en su domicilio en el estado de Tamaulipas el pasado 10 de mayo.
Esta situación ha generado diversas reacciones por parte de la sociedad civil e instancias internacionales, ante el panorama de inseguridad e impunidad que se vive en este país y la ineficiencia del Estado para garantizar la seguridad de quienes protestan por la violación de los derechos humanos, que se trata principalmente de mujeres, familiares o activistas, y algunas periodistas. 
Pero además, ellas, las madres, esposas, hijas, amigas que buscan justicia y a sus familiares desaparecidos o asesinados tienen miedo de correr la misma suerte de Miriam, Marisela y de tantas otras. 
Al menos 44 mujeres defensoras de derechos humanos y periodistas han sido asesinadas desde 2010, según el monitoreo de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México.
Esta organización señala que Chihuahua es el estado con mayor número de agresiones registradas en contra de mujeres defensoras y periodistas, pues solo en 2010 asesinaron a Josefina Reyes, Marisela Escobedo, María Isabel Cordero Martínez, María Magdalena Reyes y Luisa Ornelas.
En 2011 fue asesinada Susana Chávez, quien participó del movimiento por la presentación con vida de las mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez y en contra del feminicidio que azota aún la frontera. En marzo de 2017, corrió igual suerte en ese mismo estado la periodista Miroslava Breach, mientras Patricia Mayorga tuvo que asilarse en los Estados Unidos.
El estado de Guerrero es otro en el que las activistas, periodistas y comunicadoras son asesinadas de forma sistemática, señala el reporte. En esa entidad murieron María Elvira Hernández Galeana, en 2010, Isabel Ayala Nava y Reyna Ayala Nava en 2011, Juventina Villa Mojica y Fabiola Osorio Bernáldez en 2012, Rocío Mesino y Ana Lilia Gatica en 2013 y Norma Angélica Bruno Román en 2015.
"Los demás estados donde las cifras de asesinadas son altas e incrementan son Oaxaca, Sinaloa, Michoacán, Puebla, Veracruz, Hidalgo, Nuevo León, Tamaulipas, el estado de México y la Ciudad de México", señala el informe de la mencionada Red.

Las madres asesinadas

Marisela Escobedo fue ultimada en la ciudad de Chihuahua el 16 de diciembre de 2010, a las puertas del Palacio de Gobierno, luego de hacer un plantón para exigir justicia por el feminicidio de su hija Rubí, ocurrido en 2008.
Un hombre intentó dispararle y Marisela corrió hacia el Palacio de Gobierno, pero los guardias no le abrieron la puerta y fue asesinada. Marisela buscó justicia para su hija Rubí, asesinada por su pareja Sergio Rafael Barraza Bocanegra. En un principio el agresor fue absuelto, pero luego se revocó esta sentencia absolutoria y Barraza fue condenado a 50 años de prisión. Sin embargo, él sigue en libertad.
Antes del asesinato de Marisela, y derivado de una serie de amenazas en su contra y de la opacidad en la investigación de la muerte de su hija, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 44/2013 contra el gobernador de Chihuahua, César Duarte.
Sandra Luz Hernández fue asesinada en Sinaloa el 12 de mayo de 2014. Un hombre, Jesús Fernando Valenzuela Rodríguez, le disparó 15 veces y un año más tarde fue absuelto por el Poder Judicial del Estado. Ella buscó por dos años a su hijo, Edgar García, quien fue raptado y desaparecido por una célula del Cártel de Sinaloa. Él trabajaba en la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa como mensajero del procurador Marco Antonio Higuera Gómez. Ni en el caso de su muerte ni en el de la desaparición de Edgar se ha hecho justicia.
Cornelia San Juan Guevara Guerrero murió en el Estado de México el 15 de enero de 2016. Buscaba a su hijo Oswaldo Espejel Guevara desde 2012, cuando fue secuestrado de su domicilio en Santa María Ajoloapan, estado de México. Las autoridades lograron capturar al asesino de Cornelia, de su hijo Oswaldo no se supo nada.
Emma Gabriela Molina Canto fue asesinada el 27 de marzo de 2017. Ella luchó por recuperar a sus tres hijos, secuestrados en 2012 por su padre Alberto Medina Sonda, un priista (Partido Revolucionario Institucional) acusado de corrupción en Tabasco. Dos hombres la abordaron en la puerta de su casa y la degollaron. Ahora su madre, la abuela Ligia Canto Lugo, ha comenzado un largo camino para exigir justicia.
Miriam Rodríguez Martínez resultó muerta a balazos en su casa el pasado 10 de mayo. Ella luchó por encontrar a su hija Karen Alejandra, desaparecida en 2012; y logró hallar sus restos en una fosa común y que encarcelaran a sus asesinos. Fue fundadora del Colectivo Desaparecidos de Tamaulipas.
La CNDH reportó en el informe especial de Personas desaparecidas y fosas clandestinas en México que de 2007 a octubre de 2016 hay 29.903 personas desaparecidas.
En este mismo período se han localizado oficialmente en México 855 fosas clandestinas. De estas se han inhumado 1.548 cadáveres. El 82 por ciento de los casos de desapariciones se concentran en 11 estados, de los cuales destacan: Tamaulipas como el de mayor número, con 5.563 casos; le sigue el Estado de México con 2.984.
Recientemente, el diario The New York Times publicó una entrevista con integrantes del Colectivo Solecito, un grupo de mujeres que han encontrado y ayudado a exhumar 263 cuerpos en una fosa ubicada en Veracruz. Ellas aseguran que cada noche, antes de dormir, en un grupo de WhatsApp escriben el nombre de cada uno de sus familiares desaparecidos y al final "él vive y todos viven". Ellas seguirán adelante hasta encontrarlos.

El mundo alza la voz
Luego del reciente asesinato de Mirian Rodríguez, la Unión Europea (UE) condenó al más alto nivel este crimen.
En un pronunciamiento, la portavoz de la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, declaró que este hecho se suma a una preocupante tendencia de asesinatos recientes y consideró "necesario garantizar investigaciones expeditas, exhaustivas e independientes sobre estos homicidios para llevar a los autores ante la justicia".
"Las autoridades también deben garantizar que se hayan adoptado todas las medidas preventivas necesarias para asegurar una protección eficaz para los defensores de los derechos humanos y los periodistas", añadió.
Amnistía Internacional (AI) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU-DH) también exigieron su pronto esclarecimiento.
ONU-DH recordó al gobierno mexicano que tiene la responsabilidad de garantizar que "todas las víctimas y sus familias sean eficazmente protegidas contra cualquier acto de agresión, máxime para quienes han solicitado al Estado el cumplimiento de dicho deber", y señaló que Tamaulipas es el estado con mayor número de desaparecidos en el país.

De la Redacción
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Tamaulipas, México, mayo (SEMlac).- Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, líder del Colectivo de Desaparecidos en San Fernando, Tamaulipas, fue asesinada por un grupo de personas armadas la noche del 10 de mayo, alrededor de las 22:30 horas.
De acuerdo con un comunicado de prensa de la Comunidad Ciudadana en Búsqueda de Desaparecidos en Tamaulipas, la mujer fue ultimada por un comando criminal que "llegó a la casa de la compañera y disparó en múltiples ocasiones hasta herirla. Miriam, como todas y todos la conocíamos, murió en el traslado al hospital en San Fernando".
Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez se convirtió en activista luego de la desaparición de su hija Karen Alejandra en años pasados, y decidió dedicar su vida a la búsqueda de personas en Tamaulipas.
El gobernador del estado mexicano de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, por medio de su cuenta de Twitter, envió sus condolencias.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó a través de un comunicado de prensa y solicita a las autoridades de esa entidad federativa la investigación profesional, pronta y exhaustiva del caso, para dar con los responsables y que respondan ante la justicia a fin de evitar la impunidad.
"Este Organismo Nacional subraya, una vez más, el incumplimiento de las autoridades de los tres niveles de gobierno en cuanto a su obligación de proveer seguridad pública para prevenir las posibles violaciones a los derechos fundamentales de quienes se desempeñan como defensoras y defensores y que están en situación de riesgo".
La CNDH esta? solicitando medidas cautelares en favor de la familia y de integrantes del colectivo que representaba.

Por Lorena Castellanos
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Mérida, México, mayo (SEMlac).- En lugar de festejar el Día de las Madres, que se celebra aquí el 10 de mayo, Ligia Canto Lugo estuvo llorando por la muerte de su hija Ema Gabriela Molina Canto el pasado 27 de marzo. Por ello acudió, junto a otras activistas, al Parque de la Madre, en el Centro Histórico de la ciudad, a manifestar una vez más justicia para ella, su hija y sus nietos.
Entre llantos y sollozos declaró ante los medios de comunicación que este día no sólo es doloroso para ella por no tener a su hija, sino también para sus nietos, quienes después de haber festejado sólo dos veces el 10 de mayo desde que fueron secuestrados por su padre, Martín Medina Sonda, no pudieron ver el rostro de su madre en el festival que hacen cada año en su escuela primaria.
Canto Lugo habló sobre la lucha de Ema Gabriela por recuperar y proteger a sus hijas e hijo, a pesar de las injusticias, de los delitos falsos en su contra, de haber sido encarcelada y de que las autoridades le impidieran salir del estado de Yucatán junto con los menores "para estar más segura".
Señaló una vez más a la familia y trabajadores de Medina Sonda como implicados en la autoría intelectual del feminicidio de Ema Molina, así como a Sandra Bermejo Burgos, jueza que en su momento entregó a los menores a la familia del exmarido de la occisa.
"Esto se venía manifestando, esto se venía señalando con toda la historia de violencia de que habíamos sido víctimas, ella en la cárcel, yo también en la cárcel, por un fabricación constante de delitos que nos sigue dejando en estado de indefensión".
Declaró haber recibido un llamado de la Fiscalía General del Estado (FGE) para preguntar sobre la posible participación de la familia de Medina Sonda a la que ella apunta como cómplices del delito, señalamiento que ha realizado desde el fallecimiento de su hija con antecedentes y pruebas que no se han incluido al expediente de investigación.
"¿Quién le devuelve la vida a mi hija? ¿Quién le devuelve su madre a mis nietos? ¿Quién va a hacer que mis nietos olviden que tuvieron que brincar el cadáver de su madre, pisar su sangre para pedir auxilio? ¿Quién les va a quitar el terror que ellos tienen también? Mi nieto abrazándome ¡abuelita no te acerques, te van a hacer lo mismo! Y lo peor es que dijo: mi papá".
Los hermanos de Ema Gabriela acompañaban a su madre, a quien se le unieron en llanto y con palabras de aliento, mientras sostenían sus manos.
"¿Cuántas mujeres hay viviendo todo eso? Hay muchas mujeres a las que les han despojado a sus hijos e hijas de manera injusta y que además les cortan su libertad, no les permiten sanar, las siguen persiguiendo, las siguen teniendo cautivas. Mi hija Ema Gabriela fue y es una mujer ejemplar y esto me hizo a mí como madre voltear a ver que lo que le hacían a mi hija no era el único caso, sino que ya es costumbre en nuestro estado", finalizó.

De la Redacción
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México, mayo (SEMlac).- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció un plan de 10 medidas de seguridad tras la muerte de la joven Lesvy Berlín Osorio Martínez en sus instalaciones.
"Ante el reciente hecho inadmisible y condenable de la muerte de Lesvy Osorio Martínez, es una prioridad tomar medidas para salvaguardar la integridad y bienestar de todos los miembros de la comunidad universitaria", señaló la UNAM en un pronunciamiento público.
Indicó que la Universidad Nacional está inmersa en la realidad de un país en donde campean la inseguridad y la impunidad, que ocasionalmente afectan el ambiente de tranquilidad que los universitarios requieren para realizar sus labores.
El cuerpo directivo académico de la Universidad Nacional demandó a la autoridad competente la continuación de las investigaciones que permitan el debido esclarecimiento de la muerte de Lesvy.
Los directores reconocieron el esfuerzo del rector Enrique Graue y anunciaron las siguientes acciones: Mantener la vigilancia permanente en las inmediaciones y en los accesos a las instalaciones universitarias por parte de elementos de seguridad pública.
Además, señalaron, se va a extender y reforzar la iluminación en distintas zonas de los campus; ampliar el número de cámaras de seguridad en los espacios identificados como vulnerables; instalar nuevas y modernas bases de vigilancia; y ubicar botones de emergencia en todos los puntos que sean determinados por las Comisiones Locales de Seguridad.
Igualmente se reforzarán los controles de seguridad en accesos y salidas en las sedes de las distintas entidades académicas; se va a controlar el ingreso a taxis sin pasaje; mejorar la seguridad en el transporte dentro de los campus; incrementar la vigilancia y el patrullaje por las noches en las instalaciones universitarias y continuará el combate permanente a la venta de droga dentro de nuestras instalaciones.
"Estas medidas podrán ser enriquecidas por las Comisiones Locales de Seguridad de la UNAM; algunas entrarán en operación de manera inmediata, mientras que otras se pondrán en marcha de forma paulatina", finaliza el pronunciamiento.

 

De la Redacción
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México, mayo (SEMlac).- Las universidades y escuelas de educación superior de México se han convertido en uno de los lugares más peligrosos para las mujeres: profesoras y alumnas viven violencia de género.
El pasado miércoles una mujer fue encontrada sin vida en Ciudad Universitaria. Los reportes policiacos informaron que el hallazgo se realizó a las siete de la mañana. Fue hasta las cinco de la tarde que la casa de altos estudios emitió un pronunciamiento al respecto.
No es la primera vez que la UNAM reacciona tarde. En 2013, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tuvo que emitir una recomendación (45/2013) por un presunto caso de acoso sexual y lesiones perpetradas por un profesor contra una estudiante de bachillerato y se solicitó al rector la reparación del daño a la menor, mediante atención psicológica y su colaboración en el trámite de queja ante la Contraloría de la UNAM, y la formulación de una denuncia ante la Procuraduría General de la República.
Posteriormente numerosas quejas han salido a la luz en donde las víctimas señalan que son acosadas, que hay hombres que las han grabado en los baños, que reciben amenazas o son objeto de bromas y chistes misóginos. Según un estudio de la propia universidad, cuatro de cada 10 estudiantes, personal administrativo o profesoras han sido víctimas de algún tipo de violencia.
Recientemente Marcelino Perelló fue acusado por declaraciones misóginas emitidas en un programa de radio universitario, el cual fue suspendido, pero sin embargo, este hombre que ahora enfrenta una acusación por apología de delito, sigue siendo profesor de esta institución pese a todos los pronunciamientos de mujeres y organizaciones para que sea destituido.
Según datos publicados en el portal Vice en abril de este año, obtenidos vía trasparencia, la Unidad para la Atención y Seguimiento de Denuncias dentro de la UNAM señala que del 2014 a 2016 se realizaron 75 denuncias por acoso sexual, es decir un promedio de 25 por año; pero ninguna persona fue sancionada por tales actos.
Pero no se trata sólo de la UNAM. El problema adquiere otras dimensiones cuando se miran los datos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) que señalan que de 600.000 casos de delitos sexuales que se estiman al año, más del 25 por ciento son denuncias de las estudiantes, es decir, más de 5.000 casos ocurren anualmente en instalaciones y campus de universidades.
Ante este panorama, cada vez más las instituciones diseñan y ponen en práctica protocolos para la atención de la violencia contra las mujeres. La Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad Veracruzana, la Universidad de Quintana Roo y más recientemente la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Iberoamericana cuentan con protocolos.
En la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) se llevó a cabo un proceso ejemplar en donde fue destituido de su cargo Enrique González Ruiz por hostigamiento sexual, pero ahora busca revertir esta resolución universitaria a través de la Junta de Conciliación y Arbitraje, y no sólo eso, sino que recientemente fue considerado dentro del proceso de selección para liderar el Colegio de San Luis.
De acuerdo con la abogada Andrea Medina Rosas, estos avances y su consolidación se enfrentan a constantes obstáculos, marcados por la falta de voluntad política de las diversas autoridades universitarias y de las autoridades educativas a nivel nacional, pues instancias encargadas de la coordinación de los centros e instituciones de investigación no otorgan validez a los procesos internos que las universidades y centros de investigación realizan para investigar y sancionar la violencia de género.
Medina Rosas señala que se construyen situaciones de impunidad, pues una investigación y sanción aplicada por un acto de violencia de género en una universidad no es tomado en cuenta como un referente que restrinja los cargos que se pueden ocupar, y al contrario, sin mostrar ningún cambio de actitud, la persona sancionada es premiada después con la posibilidad de trabajar o de representar a otras instancias educativas.
Tal parece que las universidades no están listas aún para dar respuesta a las demandas de seguridad de las mujeres que ahí estudian o laboran. Colectivos como Pan y Rosas o la Red No Están Solas han dejado en claro en diversas ocasiones que es muy difícil que las autoridades universitarias respondan de manera efectiva por lo que a las víctimas, al parecer, sólo les queda la opción de enfrentar largos procesos penales, o juicios laborales para acceder a la justicia.

De la Redacción
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México, mayo (SEMlac).- La Universidad Nacional Autónoma de México expresó su repudio a cualquier tipo de acto ilícito cometido en sus instalaciones, en referencia al hallazgo sin vida de una mujer el pasado 3 de mayo en los jardines aledaños al Instituto de Ingeniería de esa casa de altos estudios.
Según un comunicado de prensa emitido por la UNAM, el cuerpo fue descubierto, atado a una caseta de teléfono público. Personal de vigilancia de la institución dio aviso de inmediato a la agencia del Ministerio Público, la cual llevó a cabo las diligencias correspondientes.
"La Universidad Nacional expresa su repudio a cualquier tipo de ilícito cometido en sus instalaciones, mantendrá su disposición a colaborar con la autoridad competente y estará atenta a los resultados de las investigaciones", señala el texto.
Luego de unas horas, la mujer fue identificada como Lesvy Berlín Osorio Martínez, de 22 años.

La Procuraduría estigmatiza a la víctima
La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México informó a través de Twitter, el 4 de mayo, que la joven asesinada en Ciudad Universitaria el miércoles, se había reunido junto con su pareja y varios amigos en la UNAM, donde "estuvieron alcoholizándose y drogándose".
Indicó por el mismo medio que el "concubino" de la joven está siendo entrevistado en las instalaciones de la Procuraduría, y en las próximas horas se podrá ampliar la información sobre el caso.
Otras informaciones difundidas por la misma vía dan cuenta que el hombre decidió irse en la madrugada y fue seguido por la víctima con quien discutió y no se supo más de ella.
En los tuits de la PGJ, se destacaba también que la joven "ya no estudiaba e incluso debía materias.
Luego de que la Procuraduría General de Justicia de la CDMX diera a conocer esta información, mujeres comenzaron a inundar las redes con el hashtag #SiMeMatan, como una forma de reclamo ante la estigmatización que hace la dependencia de la víctima.
Periodistas, activistas, abogadas, estudiantes, lesbianas se unieron a esta protesta virtual.
"#SiMeMatan es porque me subía en el metro donde van los hombres. Porque vestía con ropa ajustada y provoqué mi muerte"; "#SiMeMatan sepan que era maestra y que enseñé a mis alumxs a denunciar y luchar por tener una vida digna"; "#SiMeMatan debió ser porque no debía estar hasta tarde en la calle y mucho menos sola", señalan algunos tuits.
Estos mensajes reflejan el hartazgo de las mujeres ante el hecho de que las instituciones de procuración de justicia y la sociedad estigmaticen y busquen culpar a las víctimas y no a los agresores. 
"¿Saben qué es lo peor del HT #SiMeMatan? Detrás de cada tuit hay una mujer aterrada porque sabe que sí la pueden matar", escribe una cibernauta.
Finalmente, este 5 de mayo el procurador capitalino Rodolfo Ríos se disculpó vía Twitter por los mensajes emitidos por el área de comunicación social de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) sobre la muerte de la joven encontrada en Ciudad Universitaria y los calificó de "inapropiados".
"Jamás la conducta, la vida privada o la condición social de una víctima afectará una investigación. He instruido rectificar este grave error", señala el titular en su cuenta.
Así mismo, el Procurador instruyó retirar de las redes esos comentarios que, asegura, "son contrarios a los protocolos y principios de la institución.
También en la cuenta oficial de Twitter de la PGJ, el área de comunicación social que encabeza María Elena Cárdenas Rodríguez pidió disculpas por ese "grave error".
Esto pone de manifiesto la urgencia de que el personal de esta instancia reciba capacitación en materia de perspectiva de género. Incluso en su propio portal en el directorio, es evidente la falta de uso de lenguaje incluyente.
En el 5º informe de labores de la dependencia que fue publicado en 2017, se describe que "se fortaleció el perfil de actuación de las y los servidores públicos en temas como tortura y Protocolo de Estambul; Derechos humanos de las personas con discapacidad; Feminicidio; Derechos de las víctimas de los delitos; Derechos de las personas pertenecientes a la comunidad LGBTTTI; Violencia de género y no discriminación; trata de personas; y Derechos humanos de los grupos vulnerables".
Sin embargo, no se da a conocer cuántas personas se han capacitado específicamente en temas con perspectiva de género ni las características de las capacitaciones, como duración y métodos de evaluación.

 

Por Sara Lovera
(
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México, abril (SEMlac).- "No olvido el día más difícil de mi vida, ese día cuando vi cómo me sacaban a mi hija muerta y después cuando yo estaba en la cama del cuarto del hospital, abierta, con sondas en la vagina, en mi vejiga, en mis venas y hasta en mi alma".
Carmen Rincón Cruz recuerda su experiencia 27 años después, ahora que se discute tipificar en todo el país la violencia obstétrica, que ocurre sistemáticamente y que ha llevado a la emisión de 41 recomendaciones en solo dos años por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Rincón Cruz, la primera mexicana en abrir un juicio contra un médico por lo que hoy se denomina violencia obstétrica, se convirtió en un ícono de los derechos reproductivos y todos esos años ha contribuido al cambio de prácticas y modificación de leyes, normas y visiones.
La violencia obstétrica abarca la muerte materna por descuido y falta de medicinas y aparatos en México o la mala atención, que sólo en las primeras 14 semanas del 2017 ha significado 166 decesos, es decir, siete cada día, principalmente en Chiapas, Estado de México, Guerrero, Veracruz y la Ciudad de México, según datos del Observatorio de la Mortalidad Materna.
Casi 30 años después de la denuncia y juicio penal contra el médico que descuidó a Carmen Rincón Cruz, la CNDH reconoce que el fenómeno es una violación a los derechos humanos y reproductivos de las mujeres. En todas sus recomendaciones, llama al Sistema Nacional de Salud a realizar reformas, capacitar al personal que trata con desprecio a las mujeres y a que reestructure su sistema de atención.
Hoy el análisis académico, de las quejas y de varias legislaturas, dejan en claro que hay maltrato médico por discriminación; cesáreas en exceso que dañan la salud de las mujeres; esterilización o colocación del DIU sin consentimiento y falta atención eficiente en clínicas y hospitales, escasez de medicamentos y personal deficiente en términos de conocimiento o prácticas.
Angélica Ramírez y Leticia Hernández, profesoras y académicas de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, dijeron que aunque no hay datos oficiales consolidados, se estima que una de cada cuatro mujeres embarazadas, en parto o puerperio enfrenta maltratos u omisiones del personal médico, enfermería o camilleros.
Esto a pesar de que desde 2014 el Senado de la República modificó la ley para sancionar la violencia obstétrica, con reformas y adiciones al artículo 6º de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para definir como delito toda acción u omisión por parte del personal médico y de salud que dañe, lastime, denigre o cause la muerte a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio.

Dar a luz, un riesgo para mujeres mexicanas

El parto es todavía un riesgo en México. Las recomendaciones de la CNDH dan cuenta de la muerte de bebés por mal servicio; también de parturientas; secuelas y discapacidad de mujeres, la mutilación de otras y con frecuencia se anula capacidad de reproducción de las afectadas al extirparles la matriz. La mayoría de las afectadas tenían entre 21 y 40 años, pero hay otras de 13 y 14 años.
La CNDH informó que recibió 122 quejas de febrero de 2015 a marzo de 2017. De ellas derivaron 41 recomendaciones: 24 al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), casi el 50 por ciento, las demás a hospitales generales de los estados o a la Secretaría de Salud. Del IMSS especialmente los hospitales o clínicas de las zonas rurales de Chiapas, Oaxaca, Tamaulipas, Durango, Jalisco, pero también Estado de México y de la Ciudad de México.
Las quejas se repiten: "no se la puede atender", "falta mucho tiempo para el nacimiento, vuelva en cuatro horas"; "no se queje, no se quejó cuando estaba en la cama con el papá", "si quiere téngalo usted sola"; "espere no hay personal, se fue de vacaciones, está ocupado, espere a que realmente tenga dolor".
Ese volumen de recomendaciones, involucra más de siete millones de pesos (350.000 dólares) que IMSS, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Secretaría de Salud y los gobiernos, especialmente de Chiapas, Oaxaca, Morelos y Puebla, deben aportar para reparar el daño a las mujeres y las familias quejosas.
En cada una de las recomendaciones, la CNDH identificó varios derechos violados, entre ellos, la libertad reproductiva y el derecho a la salud, identificó que de manera reiterada se violentan las normas de actuación y trato, pero en forma preocupante la falta de infraestructura en los hospitales, incluidos algunos de zona en la capital del país o en la capital de otras entidades como Estado de México, Tamaulipas o Durango.

México en los primeros lugares
En noviembre pasado, la Cámara de Diputados presentó un análisis que señala que México ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en el uso de la práctica de cesárea sin indicación médica, en los sectores público y privado, lo que puede constituir violencia contra las mujeres.
A este tipo de práctica, señala el estudio, se exponen, en promedio, más de 6.800 mexicanas al día, debido a que se registran alrededor de dos millones 500.000 nacimientos anuales, de los cuales 475.000 son de madres adolescentes.
Elaborado por del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (Coceameg), el informe expone que hay un incremento de quejas sobre tratos inhumanos, principalmente hacia las mujeres indígenas, donde escasean servicios de salud. Algunas dan a luz en patios de hospitales o en la calle.

Testimonios
Tres mujeres perdieron sus productos en el Hospital General Regional 251 en Metepec, Estado de México; Hospital General de Zona 46 en Gómez Palacio, Durango, y Hospital General de Zona 197 en Texcoco, Estado de México, respectivamente.
Los expedientes de queja CNDH/4/2016/2889/Q; CNDH/4/2016/4881/Q, y CNDH/4/2016/4333/Q señalan que los médicos tratantes incurrieron durante el desempeño de sus funciones en conductas y omisiones que configuraron violaciones a los derechos humanos de las agraviadas y sus hijos recién nacidos.
La CNDH determinó que en los estados de Puebla e Hidalgo violentaron derechos de una indígena náhuatl e hija, por lo que hizo recomendaciones directamente a los gobernadores de esas entidades.
La Recomendación 58/2016 señala claramente que se violaron los derechos a la salud, al consentimiento informado en servicios de anticoncepción y a la libertad y autonomía reproductiva en esas entidades.
La afectada acudió al Hospital Integral de Puebla porque su bebé estaba a punto de nacer. Allí, un servidor público le comunicó que sería conducida al Hospital General de Huachinango porque no se contaba con ginecólogo, anestesiólogo ni pediatra. Sin embargo, el traslado no se realizó por no existir las condiciones materiales ni de personal para llevarlo a cabo.
Un día después, la víctima llegó por su cuenta al Hospital General de Hidalgo, donde fue internada y dio a luz una niña que presentó complicaciones que le produjeron inestabilidad cardiorrespiratoria y la muerte.
Se constató la responsabilidad de varios médicos del Hospital General de Hidalgo por la inadecuada vigilancia y dilación en el trabajo obstétrico al momento de practicar una operación cesárea a la víctima de 21 años de edad, quien presentaba 31 semanas de embarazo, lo que desencadenó graves complicaciones que causó la pérdida de la vida de la recién nacida.
Además, se determinó que a la paciente se le colocó el DIU (dispositivo intrauterino, método de planificación temporal) sin su consentimiento informado, lo que constituye un acto de violencia obstétrica y una afectación a su libertad y autonomía reproductiva.
Para Hidalgo, se recomendó reparar el daño a las víctimas, que incluya compensación y rehabilitación; se otorgue atención médica de seguimiento a la mujer y su esposo en el Hospital General de Tulancingo o algún otro centro de atención médica, perteneciente a la Secretaría de Salud de esa entidad federativa.
También, que se imparta en ese hospital un taller de capacitación y formación en materia de derechos humanos de las mujeres en materia de salud, así como de la observancia de las Normas Oficiales Mexicanas relacionadas con el tema, una recomendación reiterada en los 41 casos analizados.
Lo mismo sucedió cuando murió una bebé por falta de atención en Chiapas, donde la CNDH emitió una recomendación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
En la Recomendación 50/2016 la CNDH pide al titular del IMSS, Mikel Andoni Arriola Peñalosa, se repare el daño ocasionado a la pareja por la pérdida de su hija, que incluya una compensación, atención médica, psicológica y tanatología, además de diseñar e impartir un curso integral de capacitación y formación a todos los servidores públicos adscritos a ese hospital, Hospital Rural de Oportunidades No. 8 (HRO-8) en Bochil, Chiapas.

De la Redacción
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México, abril (SEMlac).- Procuradores y fiscales de las zonas noreste y noroeste de la República mexicana acordaron crear una Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia de Género.
La entidad atenderá los asuntos de violencia contra las mujeres, trata de personas y, en particular, el feminicidio.
Luego de deliberar durante tres días y analizar diversos temas de relevancia para la procuración de justicia, entre los cuales estuvieron la Violencia de Género, Trata de Personas y Tratamiento Especial de Feminicidio, llegaron a ese acuerdo los titulares de las fiscalías y procuradurías en la Primera Sesión Ordinaria 2017 de la Conferencia de Procuración de Justicia.
Realizada en la ciudad de San Luis Potosí, participaron procuradores y fiscales de los estados de Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas.
En un comunicado, la Procuraduría General de la República (PGR) anunció que también se instaurará un sistema de divulgación en las procuradurías hacia los usuarios de la procuración de justicia sobre los beneficios del procedimiento abreviado.
Asimismo, se realizará capacitación permanente del personal relacionado en la materia, y habrá protocolos de actuación que refiere cooperación entre las diversas instancias a través de la inteligencia regional.
Los programas de capacitación se darán dentro del marco del Sistema de Justicia Penal Adversarial, así como el seguimiento de esas acciones.
En cuanto a delitos del orden común propusieron analizar y, en su caso, proponer que dentro del catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa se incluya el delito de robo, que atañe al fuero común.
Otros puntos son la atención de los agentes del Ministerio Público en los casos médicos legales de donación de órganos, el nuevo modelo de procuración de justicia, así como un diálogo abierto sobre problemas regionales en torno al tratamiento punitivo de los delitos de alto impacto.

Por Zaira Hernández
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Oaxaca, México, abril (SEMlac).- Estadísticas de los Servicios de Salud de Oaxaca, México, revelan que la muerte materna sigue presentándose en mayor medida entre mujeres de 20 a 34 años de edad, en edad productiva y reproductiva.
De acuerdo con el jefe de la Unidad de Medicina Preventiva, Miguel Ángel Solano, en lo que va de este año han ocurrido ocho decesos, mientras en 2016, fueron 32 muertes maternas en Oaxaca. En todos los casos la pobreza es un factor determinante en la existencia de la muerte materna y muestra un signo de inequidad y de desigualdad.
Solano mencionó que las principales causas son hemorragias, trastornos hipertensivos que año tras año cobran la vida de una mujer que está en proceso de gestación.
Las muertes presentadas este año corresponden a municipios de Valles Centrales, Mixteca, Sierra Sur y Tuxtepec. 
Explicó que no existe vigilancia prenatal en los dos primeros trimestres y muchas mujeres carecen de un embarazo planeado, con la constante de las que llegan a la clínica o al hospital en los últimos días del nacimiento.
En este punto ubicó la importancia de las campañas gubernamentales para llevar a las comunidades la importancia del chequeo y vigilancia.
En Oaxaca existe una red que pareciera no está funcionando porque se siguen dando los casos. "Existe una red que debe funcionar, donde interviene la autoridad municipal, el Comité de Muerte Materna, y el Sector salud en sus diversas siglas", expresó el jefe de la Unidad.
Urge el fortalecimiento en la capacitación a médicos, a difundir la importancia de las consultas prenatales, la ingesta de ácido fólico y los estudios de laboratorio para revertir los indicadores.

Por Zaira Hernandez
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Oaxaca, México, abril (SEMlac).- La muerte de Leticia y Jenny son dos feminicidios que se suman a la gruesa lista de mexicanas asesinadas en Oaxaca en lo que va del gobierno de Alejandro Murat.
La fiscal especializada en Delitos cometidos contra la Mujer por Razón de Género, Rosario Villalobos Rueda, reportó que son 36 las oaxaqueñas asesinadas por distintas causas en este lapso.
La estadística desglosa para enero 14 casos entre homicidios, feminicidios, homicidios calificados, homicidio doloso, homicidio doloso con arma de fuego y suicidio; en enero fueron cinco casos, igual número para febrero y 11 en marzo.
En total, durante este cuatrimestre se han presentado 11 feminicidios, delito que se explica en el Artículo 411: "Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo".
Además, la ley en materia penal hace referencia que este delito será sancionado por una pena de 40 a 60 años de prisión y multa de 500 a mil salarios mínimos (25 a 50 dólares).
La funcionaria de la Fiscalía General explicó casos recientes como el de Leticia en la Ciudad de Juchitán de Zaragoza en la región del Istmo, cuyo expediente 1403/JU/2017 se inició por el supuesto delito de feminicidio.
Asimismo, la muerte de Jenny de Matías Romero, quien el 27 de febrero fue agredida por su pareja y dejó de existir poco más de un mes después, pese a que estuvo internada recibiendo atención especializada.
La funcionaria precisó que existen investigaciones avanzadas y otras en proceso para que los culpables sean castigados por el delito que cometieron. También se llevan adelante campañas para evitar la violencia familiar, que es la antesala del feminicidio.
No obstante, precisó que no todos los casos son catalogados por feminicidio, y es que dentro de esos, siete están en el rubro de homicidio doloso por arma de fuego.
Diversas organizaciones no gubernamentales en Oaxaca urgen al Gobierno Estatal diseñe las estrategias para disminuir las estadísticas en muerte de mujeres.

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