Violencia de género

Violencia de género (474)

Dominicana: Plan Nacional Contra la Violencia de Género: ¿fin de los feminicidios? 
Por Mercedes Alonso Romero
(Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)

Santo Domingo, noviembre (SEMlac).- Tras realizar un diagnóstico basado en más de siete planes nacionales ejecutados por diferentes instituciones, el Ministerio Público presentó, en la voz del procurador general de la República Jean Rodríguez, un Plan Nacional contra la Violencia de Género, con el cual buscan enfrentar los delitos relacionados a la violencia de género y reducir los feminicidios.


SEMlac tuvo acceso al documento, en el cual se plantea que fue necesario efectuar un levantamiento interno sobre la capacidad instalada en las diferentes dependencias del Ministerio Público, incluyendo instalaciones físicas, personal y procesos; además de estudios e investigaciones en torno a los agresores y las víctimas.


"Como podrán ver, después de haber agotado un proceso riguroso y metódico, estamos presentando un plan nacional cuyo elemento diferenciador es que está enfocado a la acción con medidas concretas y con visión integral", expresó Jean Rodríguez y sostuvo que los objetivos están orientados a "prevenir, generando conciencia; a perseguir, fomentando las denuncias ante las autoridades competentes; y a garantizar, mediante lineamientos de actuación, una atención a las víctimas más efectiva".

Persecución penal


De acuerdo a lo informado por el procurador, una de las propuestas fundamentales de este plan es lograr mayor efectividad en la persecución penal, por lo que incluye la implementación de una guía para la atención e investigación y un programa de capacitaciones para los fiscales con casos prácticos y la evaluación de los resultados. 


Pero, por encima de todo, se instruyó la prohibición absoluta de la entrega de citaciones, órdenes de protección y de arrestos a los imputados por parte de las víctimas, erróneo hecho que propició muchos de los asesinatos cometidos. 


Un trabajo publicado por Listín Diario el sábado 18 de noviembre refiere que la mayoría de los hombres responsables de los 111 casos de feminicidios del pasado año escaparon de la justicia, 23 por ciento se suicidó, según el informe "Feminicidios en República Dominicana durante 2016".


Agrega que unos 144 niños perdieron a sus madres, menores que se describen como "víctimas invisibles de los feminicidios", en quienes los síndromes de estrés postraumático, trastorno del apego, problemas cognitivos, retraso en el aprendizaje del lenguaje y problemas de conducta y sociales se multiplican.


El informe citado por Listín Diario puntualiza que de los 144 niños y niñas huérfanos por esta causa, 116 son menores de edad entre los 20 días de nacidos y los 17 años.

En marcha el plan 


El Plan Nacional contra la Violencia de Género fue presentado el pasado 8 de noviembre por Jean Rodríguez, en el Auditorio de la Procuraduría General de la República, y contó con la presencia de representantes de los ministerios de Educación, Salud Pública, Mujer, Cultura, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) y la Policía Nacional. 


El procurador general expuso "que se pondrán en marcha una serie de acciones en coordinación con el Ministerio de Salud Pública para detectar el problema a tiempo, a través de la implementación de un protocolo en los más de 2,600 mil centros de salud que identificarán los posibles agresores y víctimas, reportando una alerta al Ministerio Público que recibirá la debida atención".


Con la vinculación de los actores restantes, el máximo representante del Ministerio Público concluyó "que esta lucha es a largo plazo y es una lucha de todos, que involucra al gobierno, a las más altas autoridades e instituciones del Estado, muchas de ellas representadas aquí, la clase empresarial, los medios de comunicación, la sociedad civil, y las asociaciones de mujeres que hacen una gran labor apoyando a las víctimas".
El fortalecimiento de la "atención al usuario prestada por la Línea Vida" se consolida con la extensión de los horarios de servicio, en lugar de ser de 8 am. a 5 pm., y solo en el Distrito Nacional, abarcará 24 horas los 365 días del año, con cobertura nacional.


Las medidas asumidas incluyen la apertura de 14 nuevas unidades de atención a víctimas de violencia de género; adecuación de las 19 existentes y la extensión del horario de atención a usuarios de todas las unidades, las cuales trabajarán hasta las 12 de la medianoche, logrando que incluya a todo el territorio nacional.


Protestas


Este primero de noviembre, la capital dominicana fue escenario de una gigantesca marcha convocada por el Ministerio de la Mujer, donde se dieron cita titulares de instituciones públicas, privadas, ministerios; así como hombres y mujeres que enarbolaron la consigna: "Detener la violencia contra las mujeres también es cosa de hombres".


La ministra de la Mujer Yanet Camilo llamó a ser "embajadores de paz para detener la violencia de género que afecta a todas las familias dominicanas: Estamos esperanzados porque hemos logrado que autoridades públicas y privadas, sociedad civil u organizaciones sin fines de lucro nacionales e internacionales se hayan unido a este proyecto que busca una mejor masculinidad", subrayó.


Esta marcha dio inicio a las actividades conmemorativas al mes de la no violencia contra la mujer. República Dominicana se aproxima a similares estadísticas que la ubicaron en 2014 como el tercer país de Centroamérica y el Caribe con mayor tasa de feminicidios. 


El mes de octubre del presente año concluyó con 170 asesinatos de mujeres, por causa de violencia de género o violencia intrafamiliar. ¿Podrá la ejecución del Plan Nacional contra la Violencia de Género detener esta tragedia nacional?

Nicaragua: Cyber activismo y agresiones sexuales, un estallido que no va a parar
Por Sylvia R. Torres
(
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)

Managua, noviembre (SEMlac).- Durante las últimas semanas, las redes sociales Facebook y Twitter han estado activas con el hahstag, o el organizador de conversaciones de Twitter, #YoTeCreoCinthia. El mensaje surgió luego de que, en julio de 2017, Cinthya Zeledón Rocha denunciara, a través de un blog, que su ex amigo Néstor Tellería la violó, cuando ella tenía 17 años. 


El mensaje se fue viralizando, con lo cual se multiplicaron tanto las expresiones de apoyo y testimonios de amistades de Cinthya que habían oído la denuncia en pequeños círculos, o de mujeres que, aunque no la conocían, se identificaban con ella y ofrecían su respaldo. De igual manera se pronunciaron defensores del acusado, que señalaban a la joven de feminista, mentirosa, de haber consentido la relación, de ser busca fama, culpable por haber tomado cervezas con Tellería y otros insultos impublicables.


La joven interpuso una denuncia por violación, pero antes de que la acusación siguiera su curso en los juzgados, Tellería contraatacó con una contra demanda por injurias y calumnias. Para las personas entendidas en Derecho, la aceptación de la causa que empezó a ventilarse en los juzgados, antes que el juicio por violación, constituye una anormalidad, ya que el sistema judicial se rige por una máxima que dice: primero en tiempo, primero en derecho.


Esto provocó encendidos debates y la discusión saltó a los medios tradicionales de comunicación y a las calles. Cnthya fue citada como acusada. Las redes se incendiaron con el mensaje escrito o pequeños videos con mensajes como "Yo te Creo Cynthia" o "Si nos tocan a una, nos tocan a todas". Mientras tanto, el día en que la víctima fue citada como acusada, grupos de mujeres con carteles se apostaron en las afueras del juzgado a manifestar su apoyo a la joven.


Cinthya expresó en su blog Ciudadana inconformista que su decisión de publicar una denuncia se fortaleció al ser invitada a participar en una investigación sobre el tema y asistir a talleres sobre violencia. Es un asunto de coherencia, escribió: "si tengo herramientas para hablar de la violencia en contra de las mujeres, con una mirada en las mujeres de mi generación, tengo que hacerlo, porque si no lo hago yo, ¿quién?".


Un informe del Instituto de Medicina Legal reportó haber realizado 5.596 peritajes por delitos sexuales. Pero no todas las agresiones de este tipo son denunciadas. Este año, después de hacerse pública la denuncia de la joven mujer, otras ocho jóvenes que habían preferido callar hicieron denuncias similares. 


El 10 de noviembre, Néstor Tellería, acompañado de su familia, ofreció un desayuno conferencia de prensa para dar su versión del caso, mostrando mensajes cruzados con la joven después de la agresión, lo mismo que felicitaciones por su cumpleaños. Según Cinthya, la violación tuvo lugar en un bar, mientras ella estaba inconsciente. Después de tomar tragos con el joven, ella despertó en un cuarto de hotel, sola, llena de sangre y con algo pegajoso sobre su cuerpo. 


"Después del evento -dijo-- intenté asumir la postura de la mujer fuerte frente a mis amigas. No quería que me vieran llorar, no quería que se sintieran culpables por algo que estaba incluso fuera de mi propia voluntad. Les dije que ya no me sentía un pedazo de basura, una vagina con patas, un cuerpo abusado. 


"Les dije que fue durísimo sobrevivir. Que acercarme a nuevos espacios, nuevas experiencias, nuevos lugares de pensamiento, fue lo que me dio herramientas para poder contarles. Les dije: ahora me siento distinta, valiente, apoyada. Voy a hablar para que otras no callen".


Durante una comparecencia en el programa radial "Cuerpos Sin-vergüenzas", Gema Manzanares, feminista del grupo EnRedadas, dijo que las jóvenes prefieren denunciar por vía de las redes sociales, pues muchas estas "hartas" de que el sistema no les haga justicia. 


"En Facebook y en Twitter tu mensaje llega al público, sin mediaciones de periodistas machistas, que se mofan de las víctimas y las descalifican con preguntas como: ¿por qué no lo dijiste antes?, o ¿para qué te expusiste al tomar licor en compañía de hombres? Este tipo de cuestionamientos quita el foco sobre el agresor y lo coloca sobre la víctima, tratando de escarnecerlas", señaló. 


"Las mujeres -continuó-- optan por denunciar en las redes, porque es una plataforma que llega a múltiples personas y crea indignación social. Al mostrar la cara de los agresores, estos reciben una sentencia social, porque las instituciones no dan respuesta a las denuncias de las mujeres".


Por su parte, Yahaira Gutierrez Orozco, del Observatorio de Violencia, quien también asistió al programa "Cuerpos Sin-vergüenzas", agregó que después de la experiencia obtenida con la denuncia de Cinthya ha aprendido que la acción colectiva tiene fuerza, aunque haya personas que le resten importancia al cyber - activismo.


La denuncia de Cinthya ha tenido un efecto ola, una solidaridad inesperada, dijo, y ha dejado lecciones. "He aprendido que, tras una denuncia de este tipo, aunque haya una reacción de apoyo a la denunciante, también existirá mucha gente que apoyará al agresor. Este no tiene ni que abrir la boca, ya tiene un público que lo defiende. En el caso de los medios tradicionales, muchos de los periodistas son hombres y, para para los machistas, el hecho de que Cinthya hable con firmeza y tenga fuerza indica que no fue violada. Ellos tienen un lenguaje de presunción eterna, pero las mujeres no tienen el beneficio de presuntas. Siempre son culpables de la violencia".


EnRedadas desarrollará el año próximo una escuela feminista itinerante, para enseñar a las jóvenes a defenderse del acoso digital. Mientras tanto, desde el Observatorio trabajan en el desarrollo de una plataforma virtual que permita hacer visible el acoso callejero y sexual, hacer denuncias con seguridad y educar sobre el tema. Como resultado, esperan contar con un Mapa de la violencia e impulsar cambios sociales. Por ejemplo, dice, mostrar los puntos donde ocurren más denuncias y que se tomen medidas al respecto. 

México: La Alerta de Violencia de Género es ineficiente
Por Sara Lovera
(Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)

Cd. de México, noviembre (Especial de SEMlac).- El mecanismo de aplicación para la Alerta de Violencia de Género (AVG), vigente en 12 entidades del país, necesita una reforma que lo haga más específico, sancione a las entidades que no cumplan, defina quiénes son las autoridades que deben realizar las acciones en cada entidad y fije tiempos, o nada avanza, dijo a SEMlac Laura Pedraza Álvarez, de la organización Articulación Ciudadana para la Equidad y el Desarrollo (ACED AC).


La representante de ACED AC informó que esta organización está trabajando en un monitoreo de la situación de la violencia feminicida en las primeras seis entidades del país con declaratoria de AVG.


De acuerdo con la organización, dado el carácter de emergencia de la AVG, hay desconocimiento de las autoridades para aplicarla; no hay recursos ni rendición de cuentas, se multiplican reuniones sin sentido y hay graves pendientes, lo que impide efectividad en la AVG y ralentiza las acciones que demanda la ley.


Hoy es urgente que la declaratoria de AVG sea obligatoria y vinculante; que se rindan cuentas y se sancione con celeridad a culpables, o bien reciba sanciones por no cumplir los mandatos de la Alerta. Hasta ahora depende solo de la voluntad de las autoridades en turno, agrega ACED.
El monitoreo que realiza esta organización, con apoyo del Fondo de Violencia del Instituto de Desarrollo Social (Indesol), arrojó, en primera instancia, gran disparidad en la aplicación de las AVG.


Otras acciones urgentes son: indicadores de proceso, de resultado y de impacto, que permitan ver los avances en cuanto a las acciones realizadas, los resultados y, finalmente, si es que el problema está siendo resuelto a través de estas acciones.


Encontraron que, pese a que las autoridades reportan acciones, se desconoce si son las adecuadas para abordar la problemática en cada entidad.
Desde su perspectiva, no existen plazos claros para llevar a cabo las medidas que den cumplimiento a las recomendaciones. La falta de especificidad en cuanto a tiempos lleva a que incluso la elaboración del Plan para establecer las medidas tome más de seis meses posteriores a la declaratoria de AVG.
Según ACED, para exigir el cumplimiento de las AVG y hacer efectiva la protección de los derechos de las mujeres, la movilización de la sociedad civil es fundamental, pues a menudo las organizaciones demandantes no tienen el reconocimiento suficiente.


Alertas de Violencia De Género: virtudes y retos


En su proyecto "Observatorio de violencia de género en seis entidades de la República con declaratoria de AVG: Estado de México, Morelos, Michoacán, Veracruz, Nuevo León y Chiapas durante 2014 - 2016", ACED busca sistematizar información respecto a las Alertas declaradas en el país. Algunos de los hallazgos realizados a partir del monitoreo de información y del acercamiento con las organizaciones solicitantes, son esclarecedores.


Explica que la AVG es un mecanismo creado por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) en 2007. Al igual que las órdenes de protección, buscan la defensa de los derechos de las mujeres. (Ver infografía al respecto en: https://goo.gl/4dXPMV y Panorama sobre la Alerta de Violencia de Género en México enhttps://goo.gl/RNEbP5).


Concluyen que el mecanismo de AVG ha sido empleado por las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para hacer visible la violencia feminicida en México. Las principales virtudes de las AVG incluyen: primero, hacer que las autoridades reconozcan una problemática no atendida e incluso a veces negada; segundo, difundir en la sociedad la gravedad de una problemática normalizada, que no genera la indignación necesaria.


La AVG pone en la mesa los pendientes de las autoridades en materia de prevención y erradicación de la violencia feminicida, de ahí que sea necesaria la voluntad política de esas autoridades, de modo que se puedan poner en marcha acciones que contribuyan a afrontar la problemática.


Hoy es ese uno de los principales obstáculos que enfrentan las organizaciones solicitantes y el propio mecanismo.


La implementación de las medidas de la AVG puede llevarse a cabo de múltiples formas, de acuerdo a distintos aspectos: los recursos con los que cuenta cada entidad federativa, la voluntad política de los actores involucrados, así como la aceptación o no de la participación de las organizaciones solicitantes, quienes pueden aportar desde su experiencia en el trabajo directo con las problemáticas.


Avances y no avances


En Nuevo León, Arthemisas por la Equidad, la organización solicitante de la declaratoria de AVG, identifica acciones, voluntad política, recursos y coordinación entre autoridades para realizar las acciones contempladas en la Alerta. 


En el extremo opuesto, en Michoacán, Humanas sin Violencia, como solicitante, no forma parte del Grupo que da seguimiento a la AVG, debido a que el reglamento actual que regula este mecanismo excluye a la organización peticionaria.


En el caso de Chiapas, la organización solicitante Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas AC (CMDCH AC) es parte del grupo que da seguimiento. De igual forma, ha habido diálogo y recomendaciones para las acciones que se proponen, las cuales han sido retomadas en algunos casos por parte de las autoridades. 


Sin embargo, recientemente el CMDCH ha manifestado su salida de las mesas de trabajo debido a la "coordinación carente de metodología y conocimientos sobre género, derechos humanos, interculturalidad y multiculturalidad, aunado al desconocimiento del contexto prevaleciente en el estado", de acuerdo con un comunicado de la organización del 10 de octubre.


El CMDCH manifiesta que las reuniones han representado únicamente una pérdida de tiempo, por lo que solamente continuarán como parte del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM). Anteriormente ya habían denunciado la falta de poder de convocatoria con los municipios, puesto que no se había podido establecer reuniones con aquellos municipios con AVG.


En Veracruz, la situación se agrava debido al contexto de falta de recursos en la entidad. Aun cuando se ha detectado la coordinación entre instancias, este factor ha representado un importante obstáculo para la implementación de las medidas consideradas por la AVG.


En el Estado de México, las autoridades han aceptado la problemática presente en la entidad. Esto pese a que en un inicio hubo una gran resistencia para que se tramitara la AVG. Gracias a los recursos interpuestos por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) se logró que la AVG fuera declarada.


Aún queda un gran camino por delante para poder erradicar la violencia feminicida que afecta a las mujeres de la entidad mexiquense. A la fecha, la situación de la entidad mexiquense es tal que ha desplazado a Ciudad Juárez del imaginario colectivo como el lugar en donde ser mujer es un constante peligro. Sin embargo, la organización reconoce la puesta en marcha de actividades encaminadas a enfrentar el problema.


En el caso de Morelos, a dos años de la declaratoria, la Comisión Independiente de Derechos Humanos del estado de Morelos (CIDHM), en su carácter de solicitante, considera que ninguna de las medidas ha sido cumplida en su totalidad.


Lo anterior contrasta con la declaración que se realizó en abril de este año, cuando se afirmaba que se levantaba la AVG en siete de los ocho municipios contemplados en la declaratoria (ver Alerta de Violencia de Género en Morelos ¿vigente?https://goo.gl/P3TxQ7).


¿Cómo puede mejorarse el mecanismo y buscar que sea más eficiente para enfrentar la grave situación de violencia feminicida en el país?
El mecanismo debe ser más específico en cuanto a las acciones a realizar, establecer quiénes son los responsables de llevar a cabo tales labores. De acuerdo con las organizaciones consultadas, dado el carácter de emergencia de la medida, es fundamental que cada instancia conozca de manera precisa sus funciones para que estas se desarrollen de manera ágil.


  • Es fundamental que la declaratoria de AVG sea vinculante, que no dependa de la voluntad de las autoridades en turno. Urge establecer un mecanismo que sancione a quienes no cumplan con las obligaciones derivadas de las declaratorias de AVG.

  • Se necesitan indicadores de proceso, de resultado y de impacto, que permitan hacer visibles los avances en cuanto a las acciones realizadas; los resultados que estas tienen y, finalmente, si es que el problema está siendo resuelto a través de estas acciones. Pese a que las autoridades reportan acciones, se desconoce si son las adecuadas para abordar la problemática en cada entidad.

  • Establecer plazos de tiempo para llevar a cabo las medidas que den cumplimiento a las recomendaciones. La falta de especificidad en cuanto a tiempos lleva a que incluso la elaboración del Plan para establecer las medidas a llevar a cabo lleve más de seis meses posteriores a la declaratoria de AVG.

  • Los tiempos para declarar AVG deben ser más ágiles, debido al carácter de emergencia del mecanismo. Si bien hay plazos definidos para el proceso que requiere declarar una AVG, es fundamental que todo el proceso tenga tiempos definidos.

 

De la Redacción
(Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

México, septiembre (SEMlac).- La creación de la nueva Fiscalía General representa una oportunidad para tener una institución sólida y eficiente que logre disminuir los índices de violencia que se registran en México, siempre y cuando se entienda el fenómeno y se implementen políticas de impacto que sean evaluadas.
Así lo señalaron integrantes de organizaciones civiles durante el conversatorio "Contexto de Violencia en México: estrategias institucionales para combatirla".
En América Latina y el Caribe, cada 15 minutos cuatro personas son víctimas de homicidio, según cifras presentadas por el especialista Aram Barra.
En el caso de México, Edith Jaimes, directora de México Evalúa, señaló que la tasa actual de homicidios es de 17 por cada 100.000 habitantes, lo que ha superado la tasa registrada en 2011, que había sido considerado el año más violento en la historia moderna del país.
Sin embargo, para poder desarrollar respuestas eficaces a fin de combatir la violencia, es necesario entenderla, explicó Ana Pecova, directora de EQUIS Justicia para las Mujeres.
"No todas las víctimas son iguales. Hay factores como la raza, la clase, el origen étnico, el estatus migratorio, el género etc. que afectan la manera en la que las personas viven violencia y qué tipo de violencia viven."
Explicó que el género es uno de los principales factores. La violencia que viven las mujeres es muy distinta a la de los hombres. Uno de cada dos asesinatos de mujeres se da en el hogar de la víctima, mientras que sólo uno de cada cinco hombres muere en su hogar.
El 70 por ciento de los hombres mueren por arma de fuego mientras que esto ocurre solo en el 40 por ciento de las muertes de mujeres, quienes en su mayoría pierden la vida por golpes, estrangulamiento o envenenamiento.
"Por ello, las políticas públicas que se diseñan tienen que responder a esas especificidades. Las mismas medidas para reducir asesinatos de hombres, no servirá para disminuir número de asesinatos de mujeres", enfatizó.
Ximena Avellaneda, presidenta del Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos, Ana Lorena Delgadillo, directora Ejecutiva de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, y Adelaida Salas, directora de Ni Una Más Yucatán, coincidieron en que la procuración de justicia en este momento es lenta, ineficaz y llena de actitudes discriminatorios que revictimizan.
Por ello, dijeron, es necesario desarrollar instituciones sólidas, transparentes, que establezcan criterios claros para su operación y evaluación, que no sean solo "instituciones de papel". En paralelo, se tiene que atender el problema desde el origen y pensar en medidas de prevención explorando otras alternativas, ya que el modelo punitivo no es la respuesta al fenómeno generalizado de violencia.
Lo más importante, concluyeron, es que desde la sociedad civil organizada se desarrollen herramientas y mecanismos para exigir una efectiva rendición de cuentas y monitorear las políticas que se desarrollan e implementan.

 

De la Redacción
(Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

México, septiembre (SEMlac/Página3).- Oaxaca se encuentra entre los 20 estados con mayor número de mujeres desaparecidas, de acuerdo con una información de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señaló Yésica Sánchez Maya, directora jurídica de Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca.
Al participar en el conservatorio "Desaparición forzada en Oaxaca", para conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la feminista puntualizó que el informe sobre la "Situación de los Derechos Humanos en México" da cuenta de la grave crisis que atraviesa el país en esta materia.
Los casos de desaparición y desaparición forzada de mujeres y niñas suceden en diversas áreas del país, lo que ha generado alarma entre la sociedad civil, y llevado a que se presente un mayor número de solicitudes de alerta de violencia de género, expuso Sánchez Maya.
De acuerdo con la información, agregó que de 2011 a abril de 2015 se registraron 7.060 casos del fuero común de mujeres desaparecidas o extraviadas, siendo Tamaulipas en primer lugar con 1.170, seguido por el Estado de México con 1.007 casos; Oaxaca se ubica en el lugar 19 con un registro de 100 desapariciones.
De las denuncias presentadas ante la Procuraduría General de la República, en ese mismo lapso se tienen 125 casos, y es Guerrero el ocupante del primer lugar, con 33 casos. En esta lista no aparece Oaxaca.
En el evento conmemorativo del 30 de agosto, se tuvo presente la desaparición forzada de Daniela y Virginia Ortiz, indígenas triquis de las que no se ha sabido nada desde hace más de 10 años y que es un ejemplo claro de la omisión en el actuar de las autoridades.
Acompañada de Antonia, madre de Daniela y Virginia, así como de Emelia Ortiz, prima de las desaparecidas, y por la periodista oaxaqueña Soledad Jarquín, Yésica Sánchez aseveró que para las familias de las personas desaparecidas es una máxima prioridad saber la verdad de lo que les ha pasado.
El país atraviesa una grave crisis, con particular énfasis en desapariciones y desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, así como una situación de inseguridad ciudadana y el difícil acceso a la justicia, además de la impunidad que prevalece, dijo la feminista al sintetizar el informe de la CIDH.

Por Mercedes Alonso Romero
(
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Santo Domingo, septiembre (SEMlac).- Sus nombres son Emely Peguero, Dioskairy Gómez y Rosalinda Yan, con edades comprendidas entre los 16 y 18 años; sus cuerpos sin vida fueron hallados en menos de 24 horas en sitios diferentes, ultrajados y violentados.
Las redes sociales se visten de negro y muestran corazones rotos en alegoría al dolor intenso que sufren sus familiares; en tanto que la sociedad dominicana exige que caiga todo el peso de la ley sobre los ejecutores de tan horrendos crímenes.
Angustiosos días ha vivido la familia de Emely Peguero, cuyo cadáver fue encontrado cerca de la medianoche del pasado jueves 31 de agosto, en un saco, dentro de una maleta. El Ministerio Público informó que los exámenes forenses constataron que su muerte ocurrió como consecuencia de una hemorragia interna del útero, por aborto inducido, y un golpe contundente en la cabeza con hundimiento del cráneo.
También entre la tarde del jueves y primeras horas de este viernes tuvieron lugar los hallazgos de los restos de Dioskairy Gómez y Rosalinda Yan Pérez, reportadas desaparecidas por sus familiares días atrás.
Según informes policiales, Dioskairy Gómez había salido en la mañana del jueves en dirección a la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (Iteco), de Cotuí, en la provincia Sánchez Ramírez, ubicada al centro del país, a unos 105 kilómetros de la capital, donde estudiaba Sicología, cuando unos desconocidos la montaron en un carro sin placa.
Nunca llegó al centro de estudios; fue asesinada y quemados su torso y parte del rostro; así la descubrieron tirada en unos matorrales.
A Rosalinda Yan Pérez la hallaron enterrada en el baño de una casa en construcción en Nigua, San Cristóbal, a unos 28 kilómetros de la capital. Tenía las manos atadas y un trapo alrededor del cuello. Su expareja Julio César Luis García (Ángel) confesó haberla asfixiado, ayudado por otro criminal que le ayudó a amordazarla.
Familiares de la muchacha denunciaron que el exnovio cometió el hecho por venganza, pues llevaba meses separada y no quería mantener la relación con él. 
En el caso de Emely Peguero, el coordinador de la comisión constituida por la Procuraduría, Bolívar Sánchez, reveló que el novio de la adolescente embarazada, Marlon Martínez, quien guarda prisión preventiva, la asesinó y fue apoyado por su madre, Marlin Martínez, para desaparecer el cuerpo. A esta se le impuso tres meses de prisión preventiva, que deberá cumplir en la cárcel Rafaey-Mujeres, de Santiago, segunda provincia más importante del país.
En todos los casos se continúan las investigaciones; en tanto los residentes de las comunidades donde vivían estas adolescentes y la sociedad en general manifiestan su indignación y claman porque se haga justicia.
El país está de luto: los feminicidios, que una vez fueron calificados de "epidemia nacional", se han recrudecido en este período con fuerza inaudita; nada ni nadie puede explicar la ocurrencia de tantos actos de violencia y muertes contra la mujer en República Dominicana.

Por Soledad Jarquín Edgar
(Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)

México, agosto (SEMlac).- La violencia contra las mujeres de 15 años y más creció más de 20 puntos porcentuales en los últimos 10 años, lo afecta a seis de cada 10 mexicanas en la mayoría de los estados, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
La comparación de los resultados de la Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2006, 2011 y 2016, indican que cada vez que se aplica esta investigación, la cifra de mujeres que reportó sufrir al menos un episodio de violencia en su vida aumentó 22,9 por ciento.
La ENDIREH 2016 revela que 66,1 por ciento de las mujeres de 15 años y más ha sufrido al menos un episodio de violencia en su vida; la misma medición que realizó el INEGI en 2006 y 2011 arrojó porcentajes menores: 43,2 y 46,1 por ciento, respectivamente.
La Ciudad de México es donde se reportan los mayores porcentajes: el 79,8 por ciento de las mujeres mayores de 15 años denuncian haber sufrido al menos un episodio de violencia, 36,3 puntos porcentuales más de lo reportado en 2006 y 27,9 por ciento más que en 2011.
Le sigue el Estado de México con 75,3 por ciento; Jalisco con 74,1 por ciento; Aguascalientes con 73,3 por ciento y Querétaro con 71,2 por ciento.
Las entidades con los porcentajes más bajos, pero que aun así afectan a más de la mitad de las mujeres son: San Luis Potosí, con 56,7 por ciento; Tabasco, 55,8; Baja California Sur, 55,4; Campeche, 53,6 y Chiapas con 52,4 por ciento.

Coincide con Alerta
La encuesta del INEGI revela que la violencia contra las mujeres no es exclusiva de una región, sino que se extiende a las 32 entidades del país, con cifras que van de 79,8 por ciento en la Ciudad de México a 52,4 por ciento en Chiapas.
Incluso al hacer un comparativo de la encuesta con las Alertas de Género que el Gobierno Federal ha emitido en 12 entidades federativas, se revela que en dichas entidades más de la mitad de las mujeres denunciaron haber sufrido algún tipo de violencia al menos una vez en su vida.
El Estado de México, una de las 12 entidades con Alerta de Violencia de Género ocupa el segundo lugar en el país.
Le siguen los estados -con Alerta de Género y altos porcentajes de violencia contra las mujeres- de Michoacán con 65,5 por ciento; Morelos con 64,9 por ciento; Quintana Roo con 64,7 por ciento; Colima con 62 por ciento; Veracruz con 61 por ciento; Nuevo León con 59,3 por ciento; Sinaloa con 59,1 por ciento; Nayarit, 58,1 por ciento; Guerrero 57,5 por ciento; San Luis Potosí, 56,7 por ciento y Chiapas con 52,4 por ciento.
Lo anterior contrasta con los resultados de la Encuesta en 2011, pues solo en cinco entidades el porcentaje de mujeres que había sufrido violencia era superior a 50 por ciento, mientras que en 2006, sólo eran tres. Hoy en 17 estados la violencia contra las mujeres oscila entre 60 y 69 por ciento.

A Golpes
De los tipos de violencia que cuantifica el INEGI, la violencia física es la que más creció, al pasar de 23,6 por ciento en 2006 a 34 por ciento.
Le sigue la violencia emocional, al pasar de 46,1 al 49,9 por ciento entre 2006 y 2016.
En cambio, disminuyó la violencia sexual, al bajar de 43,6 por ciento a 41,3 por ciento en una década; mientras que la violencia patrimonial, económica y la discriminación decreció de 30,4 por ciento a 29 por ciento.
La Encuesta de 2011 se aplicó en 142.363 viviendas, del 3 de octubre al 18 de noviembre de 2016 y de acuerdo con el INEGI, tuvo una tasa de respuesta 85,7 por ciento, con cobertura geográfica nacional, urbana nacional y rural estatal.

Por Sylvia R Torres
(
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)

Managua, agosto (SEMlac).- Los hombres son los únicos responsables de su violencia, por lo tanto, los únicos que la pueden parar, dijo Martha Meneses, una de las participantes de la marcha del silencio contra los feminicidios, el pasado 24 de agosto.
Vestidas de rojo, mujeres nicaragüenses, en tres filas y en silencio, caminaron desde las instalaciones del Ministerio Público hasta las de la policía nacional, para protestar por la falta de acción estatal frente a los feminicidios. Una bandera de Nicaragua con la leyenda en rojo "Nos están matando" causó mucha conmoción.
María Teresa Blandón, líder del Movimiento Feminista, afirmó en su cuenta de Facebook que el Estado no les sirve a las mujeres, porque no les protege el derecho a la vida, les ha quitado el derecho a decidir sobre su cuerpo y tampoco reconoce el valor de su trabajo.
Es un Estado misógino, dijo. Solo en agosto de 2017, ocho mujeres fueron asesinadas. En lo que va de año ocurrieron 38 feminicidios, un homicidio y un asesinato. Las mujeres dicen percibir la sensación de que todos los días hay un caso.
Una saña creciente caracterizó estos crímenes, las mataron a cuchilladas, las estrangularon, las golpearon con tubos, las violaron y, a una de ellas, la decapitaron e hicieron desaparecer su cabeza.
Pese a que el gobierno nicaragüense se jacta de que Nicaragua es el país más seguro de Centroamérica, las mujeres no lo sienten así, opinó Eva Blanco, una enfermera de la occidental ciudad de León.
Marchas locales con el rojo de la sangre como emblema y cruces con las fotografías de las víctimas, se han desarrollado en Matagalpa, Estelí y otras ciudades del interior del país.
En 2012, el gobierno nicaragüense emitió, sin consultar a los movimientos de mujeres, una Ley Integral Contra la violencia, o ley 779, que contenía una definición amplia del feminicidio (asesinato por razones de género), así como la creación de instancias de apoyo psicológico, acciones de educación y comunitarias para prevenir y atacar la violencia.
La iniciativa, liderada por la presidenta de la Corte de Justicia, Alba Luz Ramos, fue rápidamente desmantelada por el gobierno de Daniel Ortega. Contra todo procedimiento legal, esa administración, a través de un reglamento, cambió la Ley, definiendo como feminicidio solamente los crímenes cometidos por las parejas o exparejas de las víctimas; además de introducir entre los procedimientos la mediación con el abusador.
Según las feministas, la promulgación de una ley de profundo contenido cultural en desafío a los patrones machistas no hizo más que avivar los sentimientos de inseguridad y miedo por parte de la población masculina. Muchas personas, incluidas mujeres, rechazaron la Ley 779, sin siquiera haberla leído.
La vocera del colectivo feminista 8 de marzo, uno de los más antiguos en el este de la capital y en el municipio de Esquipulas, en Matagalpa, declaró que, en una investigación realizada en 2012, ellas encontraron que las mujeres que denuncian la violencia no buscan separarse, sino que sus maridos cambien; que las mujeres están más vulnerables cuando no tienen vínculos con los familiares y o las redes de apoyo.
Instaron a las mujeres a reconocerse como grupo, de manera que comprendan que la violencia que sufren no es íntima, sino parte de un problema público, que debe tener respuestas públicas.
Berta Inés Cabrales, Dora María Téllez y otras líderes reclamaron por la indolencia de las autoridades. Desaparecidas las comisarías y los fondos de cooperación para el funcionamiento de los centros de servicio del movimiento de mujeres, las víctimas de violencia no saben dónde ir.
La pasada semana, los familiares de Sonia Aguirre han pedido la solidaridad del movimiento de mujeres para impedir que salga en libertad Pedro Jiménez, quien decapitó y escondió la cabeza de su compañera.
El defensor de este feminicida alega que él ya cumplió la mitad de su condena, ha demostrado buena conducta y, por lo tanto, es apto para reintegrarse a la sociedad.
Por esta razón, instaron a las mujeres a no quedarse calladas ante la violencia machista y demandaron la reinstauración de las Comisarías de la Mujer, borradas sin previo aviso de las estructuras de la policía, tal y como estaban establecidas antes de los cambios a la Ley 779.

Por Mercedes Alonso 
((Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)

Santo Domingo, agosto (SEMlac).- La realidad para las parturientas haitianas no puede ser más abrumadora; sobre todo si se añade a su estado de gravidez el propósito de atravesar la frontera dominico-haitiana, guiadas por grupos de individuos que trafican y les cobran para traerlas a dar a luz en hospitales dominicanos.
Esto ha sido motivo de denuncias y comentarios en medios de prensa y redes sociales, y este 25 de agosto el periódico El Nacional informó que mandos militares acordaron establecer un plan para regular la entrada por la frontera de las embarazadas de procedencia haitiana que vienen a parir aquí.
Aunque no se ofrecieron detalles a la prensa acerca de cómo se evaluarán esos casos que arriban a los centros asistenciales, ni si el Ministerio de Defensa lleva a cabo una investigación para determinar cuánto pagan para ser transportadas hasta suelo dominicano, sí se confeccionó un documento cuyo contenido prevé afrontar dicha situación.
El pasado 17 de mayo, El Nacional publicó las declaraciones del director del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Nelson Rodríguez Monegro, quien dijo que el gobierno dominicano invierte anualmente más de 5.000 millones de pesos (106 millones 382.979 dólares) en atenciones a gestantes haitianas, "muchas traídas por mafias para que alumbren en hospitales del país".
La República Dominicana presenta una de las más altas tasas de mortalidad materna: 119 muertes por cada 100.000 nacimientos vivos, por lo que ocupa el cuarto escaño en la región con muertes por esta causa, según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), antecedida por Bolivia, el propio Haití y San Cristóbal y Nieves.
La ministra de Salud dominicana, Altagracia Guzmán Marcelino, afirmó que 30 por ciento de las mujeres que mueren en el país por complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto son haitianas indocumentadas que cruzan la frontera ilegalmente para recibir asistencia sanitaria, publicó el digital Acento el pasado 9 de agosto.
Detalló que las principales causas de las muertes son el trastorno hipertensivo del embarazo, parto y puerperio, las hemorragias y las sepsis. Y consideró que "la falta de un verdadero sistema de salud en la vecina nación de Haití es un caldo de cultivo para que las embarazadas crucen ilegalmente para buscar asistencia en República Dominicana, donde nunca se les ha negado, originando un aumento del gasto en salud", señaló.
Las investigaciones estadísticas de dicho ministerio revelan que ese 30 por ciento correspondiente a haitianas no posee datos de domicilio y nunca ha visitado un médico durante su estado de gestación.
"Cuando los inspectores de salud salen a buscar la dirección de esas mujeres, nunca las encuentran, lo que impide saber sus antecedentes de chequeo prenatal", aseveró la ministra, quien dio a conocer, además, que el Ministerio ha creado una comisión que se reúne todos los jueves para analizar las causas de cada muerte materna, "y en cada caso se aplica el método de la auditoría médica y social, desde la aplicación de los protocolos establecidos hasta la calidad de los servicios que reciben".
"Las autoridades no pueden negarle atención a ningún ser humano, independientemente de su nacionalidad o estatus migratorio, aunque esto aumente el gasto del Sistema Nacional de Salud y Estado dominicanos", concluyó Guzmán Marcelino.

La salud es un derecho universal
Si bien el director del SNS, Rodríguez Monegro, reconoce que la salud es un derecho universal, y que quien demanda ese servicio debe ser asistido, objeta: "preocupa cómo embarazadas vienen desde Haití directamente a parir a los centros de salud dominicanos… Estas mujeres en gestación son ingresadas por la frontera por cárteles que integran haitianos y dominicanos".
Narra que "en meses pasados, a un hospital periférico de la provincia de Santiago se presentaron de manera simultánea, el mismo día y a la misma hora, 10 embarazadas haitianas que dijeron procedían desde su país".
Debido a la no capacidad del centro, debieron ser remitidas a otros centros de salud. "El hecho de que llegara esa cantidad de mujeres haitianas en embarazo a término, no es algo fortuito, y evidentemente tiene que haber una estructura que le está dando soporte a esa situación que está afectando a República Dominicana".
El director del SNS asegura que entre 80 y 90 por ciento de los partos en los hospitales de la región fronteriza corresponden a haitianas: "Pedimos a las Fuerzas Armadas y a la Dirección General de Migración, quienes están encargados de vigilar nuestra frontera y la entrada de extranjeros al país, a extremar los controles y regulaciones, pues cuando un extranjero llega a nuestros hospitales no tenemos otra alternativa que dar los servicios por razones humanas".

Un tema polémico y nada novedoso
El 25 de febrero del pasado año, el ex comandante general del Ejército de la República Dominicana (ERD), dio a conocer a El Nacional que "bandas de haitianos y dominicanos traficaban con grupos de mujeres embarazadas y niños desde Haití…".
Este 9 de junio, diputados y senadores discutieron sobre el tema y consideraron que el gobierno dominicano gasta al año 5.280 millones de pesos (112 millones 340 426 dólares), "en atenciones médicas tanto para las parturientas haitianas que viven en el país de manera irregular como las que cruzan para ser atendidas en hospitales…".
El senador por el oficialista Partido de la Liberación Dominicana, Manuel de Jesús Güíchardo Vargas, aseguró este jueves 24 de agosto que "en la frontera dominico-haitiana hay serias debilidades en los chequeos", lo cual diagnosticó como irresponsabilidad de los altos mandos militares.
El legislador citó entre las debilidades la existencia de redes "que tienen como negocio trasladar ciudadanas haitianas a los hospitales dominicanos a dar a luz, (…) Tenemos que esperar que las políticas del Estado en materia de inmigración se cumplan, por ejemplo: que la Dirección de Migración coordine acciones con el Ministerio de Salud Pública para que este fenómeno se reduzca", y resumió finalmente: "Somos dos países diferentes, nos separan muchas cosas, por ejemplo la cultura, el idioma, todo nos separa, inclusive hasta la forma de hacer negocios, porque a veces no nos entendemos".

Redes sociales denuncian
Las redes sociales como Facebook y Twitter han divulgado el paso de autobuses repletos de parturientas haitianas, que pasan casi diariamente para dar a luz en los hospitales públicos, con falsa creencia de que sus criaturas, por el hecho de nacer aquí, adquieren la nacionalidad dominicana, estatuto jurídico que dejó claramente establecido el Tribunal Constitucional, mediante sentencia No.168/13, decisión que ha sido cuestionada por los países que desean la fusión de la isla.
"También las mujeres haitianas alumbran en los centros de salud de la capital, aprovechando la generosidad de los médicos que prestan sus servicios, sin tener en cuenta que son ilegales, y consumen gran parte del presupuesto del Ministerio de Salud, destinado a los dominicanos. El 20 por ciento de la asignación económica de ese organismo es consumido por los indocumentados", exponen dichas redes.

Por Norma Loto
(
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)

Buenos Aires, agosto (SEMlac).- La historia de la niñez ha sido una tragedia, nunca han importado porque no se trata de sujetos públicos, reflexiona Sonia Almada cuando se le pregunta cuál fue el disparador para organizar el Primer Congreso Mundial "Violencias" hacia la Infancia y la Adolescencia, que se realizará esta semana en Buenos Aires.
"En los últimos años la crueldad sobre la niñez y la adolescencia ha aumentado severamente. Observamos un gran desinterés por la infancia y por eso queremos hacer un llamado de atención para crear políticas públicas para la contención, protección, apoyo de niños, niñas y adolescentes", refiere a Almada a SEMlac.
El Congreso se realizará durante los días 24 y 25 de agosto, reunirá a líderes humanitarios, sociales, académicos, religiosos y representantes de organismos internacionales y su propósito es debatir y colocar en la agenda pública los diferentes padecimientos que sufren la infancia y la adolescencia y sus consecuencias.
Almada es la presidenta de la Asociación Aralma, Centro de Asistencia, Investigación y Formación en Infancia y Adolescencia y Familias, y junto a la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, organiza el mencionado encuentro.
La presidenta de Aralma se refiere a las asimetrías naturalizadas históricamente y que solo son violencias contra la niñez. Es por eso, que Almada considera urgente "resignificar el concepto de infancia, que no sea un lugar destinado para que las personas adultas hagan los que deseen. Es necesario que los menores no sean propiedades de adultos, sino que sean de sí mismos. Por eso desde Aralma, hemos lanzado la campaña: "La voz de l@s Chic@s" porque sus deseos y sus derechos deben ser escuchados."
Desde los inicios de la humanidad la niñez ha sido receptáculo de múltiples malos tratos, pero "últimamente se le está utilizando de manera muy cruel, por ejemplo en conflictos armados. También hay miles de ellos en situación de tránsito y sin compañía en el mundo y la situación de vulnerabilidad lleva a que se les explote de diferentes maneras. Además, en Latinoamérica las carencias y la marginalidad son cada vez más atroces y desde los estados no hay ningún tipo de respuesta", explica a SEMlac la presidenta de Aralma.
Las violencias contra la infancia están en todas partes, pero están naturalizadas. En este sentido, la utilización de menores tanto para la venta de un producto como para mensajes políticos son un claro ejemplo de la modernidad, pero esa exposición es "una atrocidad", como lo califica Almada.
"El menor no puede decir que no, porque no tiene con qué decirlo", refiere Almada para luego enfocar en todos los derechos que cada adulto defiende como inalienables a su humanidad y lo grafica en una frase "se sabe que a los adultos no se les puede hacer cualquier cosa. Sin embargo, a la infancia se los puede mostrar en propaganda políticas y en las publicidades, incluso mostrando sus cuerpos desnudos".
"El cambio cultural se abre desde el debate. Pensar cómo se trata a la infancia: por qué se la utiliza, por qué tiene en la sociedad un lugar de "resto" (que se puede abandonar, pegar, humillar). Es un cambio que empieza por uno mismo y ponernos en el lugar de ellos. Es necesario abrir el debate y preguntarnos, por ejemplo: ¿qué pasaría si a nosotros como adultos, por cada error en nuestros trabajos nuestros jefes nos golpean"? Es impensable porque somos adultos, pero no es inconcebible una situación similar para menores porque son pensados como propiedad de adultos", concluye Almada.

Página 1 de 34
Volver