Diversidad sexual

Diversidad sexual (191)

De la Redacción
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Huajuapan de León, Oaxaca, México, julio (SEMlac/IGAVEC Noticias).- Fernanda Barrios Jiménez, mujer transgénero originaria de Putla Villa de Guerrero, obtuvo su acta de nacimiento con nombre femenino, luego de un proceso administrativo jurisdiccional que se ventiló ante un juez de primera instancia de ese municipio, el cual duró poco más de un año.
Ella es la primera mujer trans en la entidad oaxaqueña que recibe este documento de identidad por parte de la Oficialía Registro Civil en Putla de Guerrero, de acuerdo con la resolución del juez, con la cual dejará de recibir tratos discriminatorios por su condición de género, los que sufría al realizar los diferentes trámites personales usando su nombre masculino, según explicó.
Por otra parte, la misma agencia informó que en respaldo a la asociación civil "Diversisex" del Istmo de Tehuantepec, el senador de la República por el Partido del Trabajo (PT), Benjamín Robles Montoya, se comprometió a legislar para que en todos los estados se realicen modificaciones al Código Civil y con ello facilitarles a las personas transexuales y transgénero el cambio de nombre y género.
Al ofrecer una conferencia de prensa en compañía de las integrantes de esta asociación que preside Biiniza Carrillo Medina, el legislador federal sostuvo que siempre velará por el absoluto respeto a los Derechos Humanos, por ello impulsará una serie de acciones que los garanticen.
Ante la falta de esta atención en las entidades federativas, la mayoría viaja a la capital del país para poder realizar el trámite correspondiente, lo que resulta una pérdida de tiempo y de dinero, pero que por necesidad tienen que desembolsar.
Recordó que en 2015, el Legislativo aprobó modificar el Código Civil para cambiar la identidad de género en personas transgénero en la Ciudad de México, hoy un grupo de personas transgénero y transexuales piden al Congreso del Estado de Oaxaca aprobar este tipo de trámites para realizar cambios de sus propias identidades, informó.
Robles Montoya se comprometió a impulsar que en Oaxaca, pero también en otras entidades del país, se aprueben modificaciones al Código Civil a efecto de que pueda realizarse el cambio de identidad de nombre y género sin contratiempo.
El también Comisionado Político Nacional del PT en Oaxaca refirió que llevará esta petición a la máxima Tribuna en nombre de la comunidad transgénero y transexual, a fin de que los Congresos estatales tomen cartas en el asunto y realicen las modificaciones pertinentes.
Las Oficialías del Registro Civil de cada estado y particularmente de la entidad oaxaqueña deberán próximamente realizar este trámite, por ello exhortó a los diputados locales a legislar lo más pronto posible porque así lo demandan las y los oaxaqueños.
En tanto, la presidenta de la asociación "Diversisex", Biiniza Carrillo, reconoció el respaldo de Benjamín Robles en este tema; y enfatizó que el senador siempre ha mostrado respeto y total apoyo a la comunidad.

Por Gabriela Ramírez
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México, julio (SEMlac).- Por primera vez, organizaciones civiles participan en una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exponer la situación que viven las personas de la comunidad lésbico, gay, bisexual y trans (LGBT) en México.
El pasado jueves 6 de julio, José Luis Gutiérrez Román, de la organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL); Fátima Gamboa Estrella, de EQUIS Justicia para las Mujeres; Jessica Marjane, de la Red de Juventudes Trans; Laura Hernández, coordinadora del Consultorio Virtual de Derechos Humanos y Servicios Legales, de Letra S, y Óscar Ramírez Siordia, quien fue privado injustamente cinco años de su libertad por el homicidio de su pareja; participaron en la audiencia 163 del período extraordinario de sesiones de la CIDH, que tuvo lugar en Lima, Perú.
En esta sesión dieron cuenta de la situación de derechos humanos que viven las personas LGBT en México, país que ocupa el segundo lugar a nivel mundial, sólo por debajo de Brasil, en cuanto al mayor número de homicidios por prejuicio respecto de la identidad o expresión de género de las personas. Estos crímenes no dan lugar a ninguna investigación o son objeto de investigaciones viciadas, guiadas por estereotipos y prejuicios.

Violencia en aumento
De enero de 2014 a diciembre de 2016, 202 personas LGBTI, o percibidas como tales, fueron asesinadas en México, presuntamente, por la orientación sexual, la identidad o expresión de género de las víctimas. En promedio, esa cifra significa 67 asesinatos por año y alrededor de seis al mes.
Del total de homicidios señalados, 108 corresponden a mujeres trans (travestis, transgénero y transexuales), 93 a hombres gays u homosexuales y uno relativo a mujeres lesbianas. De acuerdo con Letra S, 2016 fue el primer año en el que el número de mujeres trans asesinadas fue mayor al de hombres gays.
Respecto a las desapariciones de mujeres trans, el Centro de Apoyo a las Identidades Trans ha documentado a través de medios locales de comunicación nueve casos: dos en el 2017; cuatro en el 2016; con un caso en 2010, 2013 y 2015, respectivamente. Solo en dos de estos hechos se reporta que fueron localizados los cuerpos sin vida, aunque hasta la fecha no se tiene información sobre las investigaciones que las instituciones han realizado.
A esto se suma la violencia contra las y los defensores de derechos LGBTI ya que de los crímenes denunciados, solo el dos por ciento son resueltos y del 98 por ciento restante no existe siquiera averiguación previa.
Es importante destacar que a la falta de un registro que contenga datos sobre los crímenes cometidos por prejuicio, se suma la ausencia de un registro general de personas LGBT, el cual permitiría la elaboración de políticas públicas diferenciadas efectivas, pues ello traería la posibilidad de cubrir las necesidades específicas de este grupo.

Acceso a la justicia
Durante la audiencia, Fátima Gamboa, coordinadora del Área Legal de EQUIS Justicia para las Mujeres, señaló que a pesar del incremento de asesinatos de personas LGBTI, las autoridades están fallando en implementar políticas públicas diseñadas para proteger el derecho a la vida de estas.
"Las autoridades sistemáticamente fallan en investigar con perspectiva de género y de diversidad sexual. No desarrollan líneas de investigación necesarias para clarificar delitos y fincar responsabilidades, por lo que la impunidad en estos casos persiste".
Además, dijo, las autoridades están fallando en el otorgamiento y ejecución de medidas de protección a víctimas, ofendidos y testigos, ya que, al emitirlas, no se consideran los contextos específicos que pueden estar viviendo las personas LGBT.
Si bien existe un Protocolo emitido por la Procuraduría General de la República para atender estos casos, este no es vinculante, solo interpela a las autoridades federales, no locales; y no se aplica de manera sistemática. "Emitir Protocolos no es suficiente. Lo que importa es que estas injusticias ya no se cometan y en este sentido es que las autoridades fallan".

Urgente un trabajo conjunto
El comisionado Francisco José Eguiguren Praeli, relator sobre los derechos de las personas LGBTI, consideró necesario hacer un trabajo intensivo para terminar con ésta violencia.
Explicó que no se trata sólo del trabajo de las autoridades, sino que el Estado debe tomar un rol activo, que debe hacer campañas masivas, realizar esfuerzos en los sectores educativos y en medios de comunicación para fomentar el respeto a la diversidad y a la orientación.
En esta sesión, se solicitó a la CDIH dar seguimiento a la situación de derechos humanos de personas LGBT en México y realizar una visita para examinar las formas en las que se vulneran los derechos humanos de esta población, así como solicitar al Estado mexicano que aporte, en el plazo de un mes, respuesta a las preocupaciones presentadas.
Al Estado mexicano han solicitado, entre otras cuestiones la creación de un Registro Nacional de Casos de Crímenes por prejuicio, el cual permitirá conocer en qué condiciones se dieron los homicidios en contra de personas LGBT y cuál es el estatus jurídico de las investigaciones.
Además, contemplar acciones con presupuesto sobre diversidad sexual en el Plan Nacional de Desarrollo en cumplimiento con la Agenda 2030 y la homologación de los tipos penales en los Códigos de las entidades federativas que son aplicables en casos de homicidios de personas LGBT, atendiendo a los criterios que esta Comisión Interamericana ha emitido.
Igualmente, el reconocimiento del derecho al matrimonio igualitario a nivel federal y local.

Por Lirians Gordillo Piña
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La Habana, julio (SEMlac).- Jorge y Abraham, Anet y Anais, Mónica y Elizabeth, Paquito y Migue aspiran a casarse algún día. Sus historias de amor se enfrentan a la precariedad legal que viven relaciones no heterosexuales en Cuba.
Las cuatro parejas son protagonistas del documental Sí quiero, de Raymond Rodríguez González, que intenta "provocar un diálogo reflexivo" acerca de los derechos de personas homosexuales, en específico la legalización del matrimonio igualitario en la isla del Caribe.
El documental, resultado de la tesis de licenciatura en Periodismo de Rodríguez González, busca sensibilizar a un público general y superar cualquier resistencia homofóbica. Por eso utiliza el testimonio y la historia de vida como recursos audiovisuales.
Aparecen en primer plano cuestiones comunes a cualquier pareja, como recordar el primer encuentro, disfrutar un café, debatir sobre las tareas domésticas, hacer planes y cumplir sueños.
En el país las ceremonias simbólicas son un espacio de reafirmación para gays y lesbianas, ante la imposibilidad de reconocer legalmente sus vínculos afectivos. No obstante, los retos de la vida cotidiana les demuestran la necesidad de un respaldo jurídico.
Sí quiero deja ver la falta de protección legal en cuestiones patrimoniales, de herencia, el reconocimiento de las familias homoparentales y el acceso a la reproducción asistida, entre otros derechos humanos.
"Necesitamos leyes que nos protejan", afirma Anet ante la cámara.
La oftalmóloga, de 35 años, comparte la crianza de su hijo pequeño con Anays, una bioquímica de 24 años. De manera relajada y en un espacio íntimo, la pareja expone vivencias personales y procesos relacionados con la aceptación familiar y social, la convivencia diaria y la crianza del pequeño.
El activista Francisco Rodríguez Cruz (https://paquitoeldecuba.com) es otro de los protagonistas del filme y aceptó dar su testimonio como ejercicio de consecuencia.
"Desde el activismo se está planteando dar mayor visibilidad a las personas LGBTIQ (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales y queer), por eso debemos dar nuestro testimonio, además de ayudar a un estudiante y colega", dijo Rodríguez Cruz a SEMlac.
La ausencia en los medios estatales de estas realidades y problemáticas no solo interesa a activistas, también preocupa a estudiantes de periodismo de la Facultad de Comunicación (Fcom) de la Universidad de La Habana.
"Me parece muy importante, como periodista, como ciudadano o como realizador, explorar temas que son omitidos en el debate público, sobre todo cuando afectan a muchas personas desde ámbitos legislativos y emocionales", afirma Raymond Rodríguez González.
En Fcom aumentan los ejercicios de clase y tesis de licenciatura que se acercan a temas complejos de la realidad, incluyendo la homofobia.
Para Maribel Acosta, periodista y profesora de la institución universitaria, no es fortuito que el documental sea un recurso frecuente.
"La afectividad, la complicidad y la emocionalidad que aporta el audiovisual es prácticamente insustituible y sobre todo genera mucha empatía", declaró Acosta a SEMlac.
Pendiente a una proyección pública, Sí quiero se suma al debate sobre matrimonio igualitario en Cuba, por el momento visible en redes sociales y blogs de activistas. Las demandas revelan posturas diversas entre quienes reclaman el matrimonio como figura legal y quienes denuncian su carácter opresor como instrumento patriarcal.

 

Por Lirians Gordillo Piña
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La Habana, mayo (Especial de SEMlac).- Mientras Yuris termina su tesis, Arcelio reorienta su vocación hacia la Medicina. Ambos jóvenes son sobrevivientes del acoso escolar homofóbico que, silenciosamente, pervive en las escuelas cubanas.
Yuris Enriques Delgado es una joven trans a punto de graduarse en Licenciatura en Informática de la Universidad de Camagüey, a más de 500 kilómetros de La Habana. Su historia es poco común y en ella aparecen estrategias personales que le garantizaron el camino a la educación superior.
"Mi familia me apoyó siempre, nunca me discriminó. Mis amistades también han sido muy importantes porque eran las personas con las que compartía, dialogaba y a quienes exponía mis criterios y dudas", dijo Enriques Delgado a SEMlac.
Hace apenas dos años, asumió públicamente su identidad de género femenina. Esperar, más que una estrategia o casualidad, fue fruto de la sobrevivencia.
"En este país necesitas estudiar y tener nivel medio para poder tener un empleo. Es cierto que las escuelas propician que haya discriminación y se viven muchas dificultades; pero creo que uno tiene que marcar sus metas, no importa los obstáculos", afirma.
Además del apoyo familiar y de sus amistades, la joven camagüeyana reconoce la apertura de las máximas autoridades y del alumnado en su universidad. 
Una realidad que no vivió Arcelio Espino Ochoa en la oriental provincia Las Tunas. Él siempre quiso ser fiscal militar e ingresar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), pero las "sospechas de ser homosexual" fueron suficientes para descartarlo.
"Por las preguntas que me hicieron, pude darme cuenta de las intenciones del tribunal. Me preguntaron si había estado con mujeres o con hombres. Fue un momento muy duro, me sentí derrotado, aplastado e impotente porque, por una sospecha de que fuera gay, me estaban tronchando mi vida", declaró Espino Ochoa a SEMlac.
"En nuestro país la educación es un bastión de la Revolución y si excluimos a la población LGBTIQ (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales y queers) entonces no cumplimos con la consigna de una sociedad con todos y para el bien de todos", sostiene el estudiante de Medicina.

¿Qué dicen las investigaciones?
Activistas y especialistas cuestionan la ausencia de estudios sobre deserción escolar por acoso homofóbico. Investigaciones cualitativas revelan que es la población trans la más afectada por este tipo de violencia.
"En la mayoría de los/las adolescentes la desvinculación escolar se produce por el rechazo que su imagen corporal travestida provoca en la comunidad escolar", afirma la investigadora Yohanka Rodney.
Rodney participó en el panel "Resultados investigativos y retos futuros para la prevención del bullying homofóbico y transfóbico en el contexto educativo", realizado el pasado 19 de mayo en la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona (UCPEJV), como parte de las actividades académicas de la 10ma. Jornada Cubana contra la Homofobia y Transfobia.
Según la doctora en ciencias, existe evidencia científica sobre acoso escolar homofóbico y transfóbico en Cuba desde 1996.
El estudio "Bullying o acoso escolar. Un acercamiento desde el estudio bibliométrico de la producción científica en el contexto cubano", muestra la presencia de esta problemática en publicaciones científicas, académicas, medios de prensa especializados y espacios del activismo social.
A esta sistematización se le suma el "Estudio preliminar sobre el bullying o acoso escolar homofóbico en algunas escuelas de la capital", que realizó un grupo de investigadoras de la UCPEJV en 2015.
En el estudio participaron 130 estudiantes desde el nivel primario hasta la enseñanza técnica profesional. También se incluyó una pequeña muestra de jóvenes que cursan estudios pedagógicos.
Las conclusiones del pilotaje muestran que, para la mayoría del estudiantado, la escuela es un lugar seguro. Pero poco más del 25 por ciento la considera insegura para "los flojitos, afeminados y varones que parecen mujeres".
En su intervención, Rodney presentó algunas expresiones frecuentes del lenguaje homofóbico en el ámbito escolar.
"Tortillera, pan con pan o pan con salsa, marimacha, flojito, pajarito, cherna, falta de junta, desfondada, mariquita, mariposa" son insultos frecuentes que sufren en mayor medida un "niño que se comporta como una niña" y un "niño que se siente atraído sexualmente por otro niño", expuso la estudiosa.
"En general es evidente que varones homosexuales o percibidos como tal son el blanco principal por encima de las muchachas percibidas como lesbianas", concluye la investigación.
El baño resultó el lugar más inseguro, seguido por el receso y el camino a casa. También las investigadoras encontraron que el acoso escolar homofóbico puede arreciarse por ser negro o negra, tener menos ingresos económicos y bajo rendimiento escolar, entre otros rasgos.
Recientemente, Rodney alertó sobre las consecuencias del acoso escolar homofóbico y transfóbico en el artículo "Época de sensibilidad humana y transformaciones profundas".
"Las consecuencias del acoso escolar son variadas, pues causa dolor, daño y humillación para los niños, niñas y adolescentes, afecta su aprendizaje, su desarrollo y su futuro. Impacta a las víctimas, sus agresores, a los espectadores y a la escuela donde ocurre, afecta la salud mental, produce un detrimento progresivo de la autoestima y habilidades sociales, a la vez que produce en las víctimas una creciente preocupación acerca de su seguridad personal", afirma la pedagoga en el texto publicado por el periódico Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba (PCC).

Más allá de la voluntad…
"No puedes enfrentar con violencia a alguien que te está violentando, porque solo se genera más violencia y no se llega a nada. Posiblemente, el más perjudicado es uno mismo. Oídos sordos a ciertos comentarios. Hay que apoyarse en las amistades y apostar por el respeto", opina Yuris Enriques Delgado.
Ella y Arcelio Espino Ochoa forman parte de la Articulación Juvenil por la equidad social, una iniciativa que reúne a jóvenes de distintas provincias del país, grupos y organizaciones cubanas.
Ambos jóvenes han encontrado en el activismo la manera de contribuir al cambio y de apoyar a otras personas.
"Creo que hay que trabajar y el activismo puede hacer mucho. Hace falta llegar a las instituciones", afirma Espino Ochoa.
Blogs personales, colectivos de activistas y grupos en las redes sociales comparten por estos días historias de vida, comentarios y criterios que reclaman la inclusión plena de personas homosexuales y transgénero en los espacios escolares y sociales.
La estratega educativa y de comunicación que lidera el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) también apuesta por incidir en las instituciones educativas con la campaña "Por escuelas sin homofobia ni Transfobia. Me incluyo".
Hasta el próximo 2018 la campaña prevé distintas acciones para debatir sobre el bullying en las escuelas, cómo detectarlo y abordarlo desde la perspectiva del estudiantado y el profesorado.
Para Mariela Castro Espín, directora del Cenesex, se trata de ser conscientes de la responsabilidad social y profesional "de tener herramientas para manejar el acoso escolar homofóbico".
"Tenemos que generar espacios emocionales amables porque, a través de las emociones, aprendemos cosas que a veces no sabemos verbalizar. Un espacio acogedor donde se aprende la solidaridad y el cariño, el respeto a los límites y al deseo de cada uno", dijo Castro Espín durante la sesión científica en la UCPEJV.

Por Lirians Gordillo Piña
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La Habana, mayo (SEMlac).- Especialistas afirman que la ausencia de un estándar jurídico uniforme crea incertidumbre y afecta a las personas intersexuales y trans, quienes sufren marginación por la cultura patriarcal y binaria.
"El derecho les niega la libertad de asumir su identidad de género intersexual, obligando a la persona a seleccionar uno de los dos estereotipos sexuales para obtener reconocimiento legal", afirma la abogada Patricia Otón Olivieri.
Otón Olivieri participó en el panel Tangencias de la orientación sexual, la identidad de género y la intersexualidad en el derecho de familia, junto a la jurista Esther Vicente.
Las profesoras titulares de la Facultad de Derecho e integrantes del grupo INTERMUJERES de la Universidad Interamericana de Puerto Rico compartieron avances y pendientes en la agenda LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales).
El panel formó parte de las sesiones de la IX Conferencias internacional de Derecho de Familia, IV Escuela Ibero-latinoamericana de Derecho de Familia y otras disciplinas afines y el III Congreso Centroamericano y del Caribe de Derecho de Familia, celebrados en La Habana del 10 al 12 de mayo.
La presentación también se incluyó en el programa de la X Jornada Cubana contra la Homofobia y la Transfobia, que se efectúa en la isla en el mes de mayo.
Durante su exposición, Otón Olivieri presentó controversias entre la intersexualidad y el derecho de familia y propuso alternativas para comprender estas realidades desde una perspectiva de derechos humanos.
Según la experta, la intersexualidad plantea múltiples retos al sistema jurídico, social y político, pues cuestiona los fundamentos de la definición de sexo, reta la cultura binaria y el poder médico que dictamina cuándo "una persona no es normal, está enferma, padece de una condición que debe ser atendida/corregida conforme a la norma femenina o masculina".
La práctica y la experiencia cotidiana demuestran la pervivencia del enfoque médico sobre la intersexualidad. En este enfoque prevalece la asignación de sexo lo más rápido posible y enfatiza en la apariencia externa de los genitales para conformar el cuerpo de él o la infante, según el binomio masculino-femenino.
"Se ofrece un mínimo de información a los padres y al menor para evitar traumas psicológicos", apuntó.
Mientras, otros dos modelos se abren paso. Uno intermedio o alternativo apuesta por el poder de la patria potestad y pone énfasis en la necesidad de divulgar la información completa a los padres para que estos decidan si el tratamiento quirúrgico u hormonal es lo mejor para su infante.
El modelo de moratoria completa desde las ciencias jurídicas "apuesta por la autonomía de la voluntad y el reconocimiento de la capacidad evolutiva del menor. Este enfoque evita los tratamientos quirúrgicos y hormonales que no sean necesarios por cuestiones de salud, hasta que la persona pueda consentir".
Otón Olivieri se manifestó contraria de las cirugías, pues violan el derecho a la autonomía del cuerpo y son altamente cuestionadas por afectar negativamente el disfrute y placer sexuales, por resultar una esterilización involuntaria, ser dolorosas, crear tejido cicatrizado, provocar incontinencia urinaria, resultar en complicaciones médicas de largo plazo y terminar en una asignación de sexo que luego puede no corresponder con la identidad de género que eventualmente asumen las personas.
Según datos estadísticos de la Organización Intersex Internacional en un informe publicado en abril de 2015, el 1,7 por ciento de la población es intersexual, 0,5 por ciento de la población presenta genitalidad ambigua y aproximadamente dos por ciento de los nacimientos vivos son de infantes intersexuales. Las cirugías "correctivas" genitales se realizan en uno o dos por cada 1.000 nacimientos vivos.
Para la académica, el derecho puede contribuir a disminuir la presión social de definir a infantes intersexuales como niñas o niños, mujeres u hombres.
"Otra opción es eliminar mediante legislación la clasificación por sexo y permitir que la persona sea quien determine su identidad de género cuando decida hacerlo. Utilizar la clasificación, si se quiere, de ser humano o persona, sin especificación del sexo en los documentos oficiales del Estado", propuso Otón Olivieri.

 

Por Lirians Gordillo Piña
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La Habana, mayo (SEMlac).- Educar en el respeto a la diversidad y la plena inclusión de personas homosexuales y transgénero es un reto que asumen activistas e instituciones que luchan contra la homofobia en Cuba.
"Cada vez más personas comprenden que la homosexualidad no es una enfermedad, en tanto las fobias sí lo son; que la homosexualidad no es peligrosa, en tanto la homofobia y la transfobia sí lo son", dijo Mariela Castro Espín el pasado sábado 13 de mayo en La Habana.
La directora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) reconoció los resultados, aprendizajes y apoyos recibidos durante estos 10 años de Jornadas cubanas contra la homofobia celebrados en la isla desde 2007.
"Contamos con el trabajo de más de 3.000 activistas por la salud y los derechos sexuales que se han formado en todo el país", reconoció la diputada a la Asamblea Nacional de Poder Popular, órgano legislativo cubano.
Castro Espín intervino al finalizar la Conga contra la homofobia, popular pasacalle que da inicio a actividades culturales y de debate en el Pabellón Cuba, una institución cultural ubicada en una céntrica avenida, muy cerca del Malecón habanero.
Hasta el próximo año las acciones de esta "estrategia de transformación social" liderada por el Cenesex se centrarán en espacios educativos con el lema ¡Por escuelas sin homofobia, ni Transfobia! ¡Me incluyo!
Activistas de Argentina, Estados Unidos y Cuba compartieron experiencias sobre el bullying homofóbico en las escuelas, durante un panel de intercambio.
Ernesto Betancourt Oliva, integrante de la red Humanidad por la Diversidad (HxD), reconoció las garantías históricas del gobierno socialista cubano y los pasos recientes en el ámbito político y legislativo nacional.
"La Cuba de hoy no es el país de hace 40 años; hoy contamos con resultados y adelantos concretos. Pero no podemos callar ante la ocurrencia de bullying en las escuelas. Tenemos que apoyarnos y respaldarnos en las políticas que están trazadas por el gobierno y el Partido Comunista de Cuba (PCC)", dijo Betancourt Oliva.
El activista planteó "proponer al Ministerio de Educación implementar un proceso de acompañamiento a chicas y chicos trans para que no abandonen la escuela".
Pero antes de la solución es necesario reconocer el problema y para ello activistas y especialistas reclaman de la investigación social.
Visibilizar la magnitud del acoso homofóbico escolar depende mucho de la investigación. La doctora en Ciencias Pedagógicas Yohanka Rodney reconoció como reto de hoy contar con un estudio que aporte datos sobre la magnitud del acoso homofóbico en las escuelas.
Rodney insistió en la importancia de la sensibilización y el conocimiento como herramientas para que ley y práctica confluyan.
"Todo depende también de la formación, la sensibilización y la capacidad de los territorios y las escuelas para enfrentar estas situaciones", dijo la especialista.
El activista argentino Dario Árias sabe de las tensiones entre avances legales y discriminación social.
Durante el intercambio, Árias relató que en su país, a pesar de los adelantos legislativos en materia de diversidad sexual, hoy se vive un retroceso de 15 años con el gobierno de Mauricio Macri.
Ante estos retos, la feminista y diputada argentina Karina Nazabal destacó las potencialidades del activismo y su responsabilidad de acompañar a los colectivos en desventaja, con el apoyo a su inclusión en los espacios laborales y educativos.
"El activismo puede y debe intervenir en estos asuntos", dijo Nazabal.
En el panel también se presentó el trabajo del colectivo Sero Project, una organización que lucha frente a la criminalización de las personas que viven con VIH en Estados Unidos.
Durante el día se realizaron otras actividades habituales, como las celebraciones ecuménicas y de amor, la presentación de artistas trans y la Fiesta por la Diversidad.
La Jornada Cubana contra la Homofobia y la Transfobia tendrá su acto central el próximo 17 de mayo en Santa Clara, a más de 260 kilómetros de la capital, en el centro del país. El programa se extenderá hasta el 26 de mayo. 

De la Redacción
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La Habana, mayo (SEMlac).- La X Jornada Cubana contra la Homofobia y la Transfobia se enfoca en el acoso escolar homofóbico, una de los problemas menos visibles pero más dañinos en la sociedad, anunció en la mañana del 3 de mayo, en conferencia de prensa, Mariela Castro Espín, directora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex).
Aunque dijo no tratarse de un problema grave en las escuelas cubanas, la directora del Cenesex sí consideró necesario llamar la atención sobre este tipo de acto discriminatorio, que ocurre en los espacios de socialización escolar.
La escuela tendrá un espacio protagónico este año, dijo, porque es una de las instituciones más importantes de la sociedad y, aun siendo baja la incidencia del bullying o acoso escolar homofóbico y transfóbico, se trata de un comportamiento discriminatorio muy dañino.
Uno de los puntos clave, junto a la educación de la población, es la formación del profesorado en estos temas, señaló la directora del Cenesex. En particular, se trata de ofrecer herramientas metodológicas para prevenir este problema en las escuelas, que son el lugar idóneo para que niñas y niños aprendan a quererse y respetarse, argumentó.
Alcides Roca Zayas, especialista del Departamento de Salud Escolar del Ministerio de Educación y coordinador del Programa de Educación de la Sexualidad con Enfoque de Género y Derechos, agregó que estos esfuerzos buscan el desarrollo de una vida sana, responsable y feliz.
El funcionario precisó que las instituciones educativas serán el espacio idóneo para promover acciones no discriminatorias y en contra de la violencia, en favor de los derechos sexuales y humanos de sus estudiantes.
La X Jornada Cubana contra la Homofobia y la Transfobia se extenderá hasta el 20 de mayo con el lema "Por escuelas sin homofobia ni transfobia: me incluyo". Las sedes principales de las actividades serán La Habana la ciudad de Santa Clara, a 280 kilómetros de la capital.
Como ya es habitual, el programa de este año incluye exposiciones de arte y fotografía, presentaciones de libros, música y la tradicional y esperada gala cubana contra la homofobia y la transfobia, que se realizará el viernes 12 de mayo, en el teatro Karl Marx, de la capital cubana.
Este año, además, se realizará el Festival de Cine por la Diversidad, del 4 al 12 de mayo, en el Pabellón Cuba, a la par de actividades y encuentros académicos. 
Junto a la directora del Cenesex estuvieron también en el encuentro con la prensa el subdirector de esa institución, Manuel Vázquez Seijido, y la actriz y cantante transexual chilena Daniela Vega, quien celebró el trabajo en las instituciones escolares para que se entienda la diversidad humana como algo positivo.

 

 


Por Tamara Vidaurrázaga Aránguiz
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Santiago de Chile, enero (SEMlac).- Vicente tiene 23 años y se encuentra en tránsito hacia la identidad de género que eligió, aunque nació niña y fue bautizado como "Camila".
Los trámites a los que ha sido sometido para cambiar su identidad han sido tortuosos, lentos e irrespetuosos del momento que vive, porque en Chile no existe Ley de identidad de género y, quienes requieren cambiar su identidad, deben hacerlo utilizando la normativa para cambio de nombres que existe en el país.

El tránsito de Vicente
Ya a los cinco años Vicente sentía incomodidad. No le gustaba que le pusieran faldas ni vestidos y se negaba a salir de la casa si lo vestían de rosado, pidiendo que le regalaran los juguetes que veía en manos de niños. "Recuerdo que jugaba con las barbies de mis hermanas, pero siempre pedía que me regalaran autos, soldados o juguetes "de niño".
A veces aceptaban regalarme ciertas cosas, pero siempre diciendo que eran de niño y que no eran para mí. Ahí, de cierta manera, comencé a notar que no era como el común de las niñas, que no calzaba con el modelo. Veía a los niños y quería ser como ellos, vestirme como ellos y jugar con sus juguetes", indicó a SEMlac.
Siendo adolescente notó cambios corporales incómodos, que evidenciaron su desarrollo hacia una mujer, identidad que no se ajustaba con cómo se autopercibía. Insatisfecho con su cuerpo femenino, cada vez fue más introvertido, cuestión que se exacerbó al notar que le gustaban las mujeres "entonces comencé una lucha interna como para hacerme hetero. Recuerdo que pasaba mucho tiempo pensando en eso, me angustiaba pensar el tema del pololeo", recuerda.
A los 21, por primera vez una amiga le señaló que, tal vez, era una persona trans, abriéndosele un mundo nuevo con la posibilidad de transitar hacia una identidad de género con la que se sintiera más cómodo, a pesar del miedo al rechazo y el maltrato.
Sin embargo, esta decisión sería solo el comienzo de un largo proceso para transformarse en quien deseaba ser. "Me presenté como trans en mi familia y comunidad cercana. Empecé a investigar sobre los procesos, las hormonas, operaciones". Luego vendrían los trámites legales que implican hacer una rectificación del acta de nacimiento como si se tratara de cualquier cambio de nombre, pero exigiéndosele que diera pruebas de que era un hombre y no la niña inscrita al nacer.
Hace más de un año Vicente está siendo asesorado por la Clínica Jurídica de la Universidad de Chile, y debió presentar dos testigos que dieran fe de conocerlo hace más de cuatro años con su actual identidad. Luego vendría el peritaje físico y psicológico en el Servicio Médico Legal, procedimiento voluntario pero que aumenta las posibilidades del cambio de identidad.
"El examen físico se basó en preguntas de mi cuerpo, como si tenía malformaciones, algún daño en extremidades. Un chequeo de todo el cuerpo. Aparte se me pidió mostrar los pechos y la vagina (…) Luego de esto, me dieron hora para el peritaje sicológico. La entrevista duró cerca de media hora, donde el perito me preguntó por violencia infantil, abusos, orientación sexual, rendimiento académico. En todo momento muy hostil, frio y distante".
"Hizo hincapié en que si me gustaban los hombres no había problema en decirlo, si me habían abusado lo podía decir, si tenía algún familiar homosexual, casi como presionando a darle una razón para escribir en el informe que había una causa traumática para ser trans o algo así", relata Vicente.
Tras estos trámites, debió someterse nuevamente al examen psicológico porque el primer perito se encontraba en proceso de sumario, y la experiencia fue todavía más brutal cuando ni siquiera lo llamaron por su actual nombre y lo hicieron callar cuando quiso explicarle sobre su niñez.
"A veces te da rabia e impotencia ver que te ponen tantos obstáculos para poder ser quien quieres ser", indica. Actualmente, Vicente se realizó un tratamiento hormonal y una mastectomía para que su cuerpo se parezca más a su identidad de género, si bien señala que no se auto percibe como un hombre sino como una persona trans, más allá de los binarismos impuestos que obligan a tomar la decisión de ser hombre o mujer.

La normativa actual
En Chile no existe una normativa específica que permita cambio de nombre y género para las personas trans, y solo existe una ley que autoriza cambios de nombres y apellidos en ciertas causales, como aquellos irrisorios o que puedan producir humillaciones, por lo que cuando una persona trans quiere realizar este cambio, depende del criterio del juez y no hay garantía de este derecho.
Según el informe "Cartografía de los derechos trans en Chile", realizado por OutRight Action International, con apoyo de Fundación TranSítar y Organizando Trans Diversidades (OTD Chile), y disponible en https://www.outrightinternational.org/sites/default/files/TransRpt_Chile_SP.pdf, acceder al cambio de nombre y sexo "requiere que el demandante presente una petición a un Tribunal Civil, junto con diagnósticos psicológicos y psiquiátricos, y certificados que acrediten tratamientos quirúrgicos o farmacológicos".
Estos incluyen la histerectomía (remoción de los órganos reproductores femeninos), mastectomía (remoción de las mamas) y tratamiento hormonal para hombres trans, e implantes mamarios, vaginoplastia, y tratamiento hormonal para mujeres trans.
Los tribunales civiles requieren que el demandante presente exámenes médicos, diagnósticos y pruebas de cirugías del Instituto Médico Legal para poder proceder con la rectificación. También se requiere de testigos que acrediten ante el tribunal que el solicitante vive como varón (o mujer), que ha sido conocido y reconocido por su nombre de varón (o de mujer) por lo menos durante cinco años. El Tribunal toma la decisión final, y puede rechazar ambas solicitudes, aprobar solo el cambio de nombre y rechazar la rectificación de sexo, o modificar ambos.
En el país se cuenta también con una Ley Antidiscriminación que incluye la orientación sexual y la identidad de género como motivos prohibidos de discriminación, y cuyo objetivo fue crear un mecanismo legal apropiado para restablecer los derechos en casos en los que las personas se enfrenten a actos de discriminación arbitraria.
Sin embargo, el informe indica que esta tiene dos limitaciones: primero que "el juez puede retirar el carácter arbitrario de la discriminación, y establecerla como razonable si el acto está protegido por otro derecho fundamental de la Constitución (por ejemplo la libertad de religión), por lo tanto, el juez puede no considerar el contexto ni ponderar los hechos para tomar su decisión", cuestión que redundaría en que los jueces en vez de combatir la discriminación la promuevan.
Como segunda limitación, que exista falta de claridad sobre los entes y procedimientos responsables de definir, implementar y monitorear la efectividad de esta ley.

La ley de identidad de género
En materia internacional, los Principios de Yogyakarta disponen que los Estados deben "tomar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra naturaleza necesarias para que se respete plenamente y se reconozca legalmente la identidad de género definida por cada individuo", entendiendo el género como "la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente respecto de sí misma, que puede o no corresponder con el sexo asignado al momento de nacer".
Sin embargo, esto no se aplica todavía en este país, como se indica en la Cartografía de los derechos trans, en la que se recomienda la aprobación de una Ley de identidad de género que regule casos como el de Vicente.
Con estos fines, en 2013 se presentó un proyecto que va en esta dirección y que, de convertirse en ley, asegurará que la identidad de género se reconozca como un derecho humano, y ayudará a garantizar la igualdad ante la ley de las personas trans, independiente del cuerpo que tengan, por lo que no exigiría transformaciones corporales para llevarse a cabo.
Después de dos años de presentar y revisar reformas en el Congreso, en noviembre de 2015 la Comisión de Derechos Humanos del Senado aprobó un texto final, con 15 artículos más otros dos de carácter transitorio, que permitirá rectificar las partidas de nacimiento de las personas trans. En el caso de mayores de 18, bastará hacer el trámite en el registro civil, mientras en el caso de los menores de edad tendrían que realizar la gestión en los tribunales de familia apoyados por sus progenitores.
Esto último ha significado una discusión, puesto que parlamentarios de derecha han señalado que los niños y niñas no tienen clara su identidad sino hasta mayores, mientras que organizaciones como TranSítar, que trabaja con niños niñas y adolescentes trans, indican que debieran remitirse al mismo trámite administrativo que las personas adultas, y que -incluso- entre los 14 y 18 años no debieran requerir del acuerdo de los adultos responsables, ya que tendrían edad para discernir su propia identidad.
Para Niki Raveau, directora de Fundación TranSÍtar, "la Ley de identidad de género significa que un derecho humano fundamental como lo es el derecho a la identidad -negado a un sector de la población- será por fin reconocido y devuelto".
"Esta ley debe tomar en cuenta el derecho a la autopercepción identitaria y fuero interno: la población transgénero de todas las edades debe tener derecho a legalizar su identidad sin tener que pasar por jueces ni peritajes absurdos y anacrónicos", indicó a SEMlac.
En la Cartografía, Niki indica que "nuestra Fundación cuenta con niñas y niños perfectamente capaces de afirmar su género ya desde los cuatro y cinco años de edad. Niñas y niños trans saben perfectamente quiénes son. Son los jueces y el Estado de Chile quienes no conocen ni saben quiénes son las niñas y niños trans".
TranSíTar es una organización en que se comparte "una visión no binaria del género, en construcción permanente y donde la niñez es la voz principal. Nuestro principal objetivo es visibilizar la niñez y juventud trans: darle un rostro cultural y resaltar la construcción identitaria transinfantil, tanto como una Revolución del Género, así como la necesidad urgente y real que es. Consideramos que somos más que una demanda en torno a una ley: nuestro objetivo es hacer comunidad, reconocer nuestras luchas históricas y tomarnos todos los espacios que nos estaban siendo vetados", explica Niki.
Mientras la Ley no sea un hecho, menores de edad no podrán rectificar sus nombres, lo que implica una abierta discriminación por ejemplo en los establecimientos educacionales que pueden definir si aceptan o no llamarlos por sus nombres sociales; mientras que las personas adultas deberán seguir exponiéndose al proceso vivido por Vicente, siendo patologizadas antes de permitírseles definir cuál es el género con el que se identifican de manera más cómoda.
Para Niki, es importante comprender que la ley de identidad de género es solo un avance en torno a derechos fundamentales para la comunidad trans, pues "devolverá un derecho fundamental que faltaba, quedando aún pendiente, además de los procesos idóneos para alcanzarla, todo lo que refiere a salud, educación y ámbito laboral, respecto a los cuales no se pronuncia la legislación, a diferencia de legislaciones avanzadas de países como Malta y Argentina".
"Las personas trans somos más que una demanda en torno a una ley. Existimos desde siempre y esta ley es un paso más en la necesaria conquista de espacios", indicó a SEMlac.


Por Dixie Edith
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La Habana, diciembre (SEMlac).- "Ya no hay judío ni pagano, esclavo ni hombre libre, varón ni mujer, porque todos ustedes no son más que uno en Cristo Jesús".
Las palabras de la carta o epístola del Apóstol Pablo a los gálatas, contenida en la páginas del Nuevo Testamento, fueron el eje para la primera predicación de una nueva comunidad cristiana en La Habana.
Creada justo el pasado 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, el núcleo capitalino de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana (ICM) celebró la unión de cristianas y cristianos desde una vocación "absolutamente inclusiva", al decir de la pastora Elaine Saralegui, líder de esa iglesia en la isla.
ICM en Cuba, nacida hace pocos meses en Matanzas, llegó con un ministerio abierto y positivo para las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI), aseguró Saralegui.
De ese modo, se ha convertido en la primera institución religiosa en el país que apoya y valora a las familias homoparentales, bendice las uniones amorosas sin distinción por orientación sexual o identidad de género y permite que las personas LGBTI accedan al ministerio pastoral.
Además, acoge a practicantes de distintas religiones y denominaciones del cristianismo, o a personas que han sufrido discriminación o rechazo por motivos diversos.
"Nosotros nos conformamos como iglesias porque somos un grupo de personas que estamos entendiendo de manera diferente la sexualidad, la identidad de género y la espiritualidad", ha explicado Saralegui a SEMlac.
Quizás por eso, en la más reciente reunión celebrada en el Centro Oscar Arnulfo Romero (OAR), participaron no solo cristianos de diferentes comunidades de Cuba y los Estados Unidos, sino también activistas por los derechos de las personas LGBTI.
Tras un primer homenaje a Fidel Castro, "una persona valiosa que ya no está entre nosotros", al decir de Saralegui, la predicación estuvo a cargo de la reverenda Raquel Suárez, de la Iglesia Ebenecer de Marianao, también en La Habana.
La Carta a los Gálatas ha sido muy usada por feministas cristianas y también por otras comunidades transgresoras y habla de la libertad cristiana, comprometida con la justicia, detalló Suarez.
Se trata de carta escrita por San Pablo de Tarso a la comunidad cristiana o Iglesia de Galacia, cuyo argumento principal aboga en favor de la libertad cristiana, en oposición de las enseñanzas de los judaizantes, quienes insistían en que la observancia de la ley ceremonial era una parte esencial del plan de salvación y promovían criterios de exclusión.
Para Suárez, construir una comunidad cristiana en el espíritu de la Carta a los Gálatas y a partir del respeto a nuestras diversidades es emprender un camino de transformación personal y comunitaria que entraña mucha responsabilidad y mucho trabajo, agregó.
"Con la experiencia de ustedes podemos enseñar, educar y ofrecer un modelo de Iglesia diferente no solo por la inclusión, sino también por otras causas justas", aseveró la reverenda Suárez.



 


Por Mercedes Alonso Romero
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Santo Domingo, noviembre (SEMlac).- Un total de 28.611 niños y niñas, hijos e hijas de parejas constituidas por dominicanos o dominicanas y de otras nacionalidades, deberían tener acta de nacimiento en el país; pero no han podido acceder a ese derecho, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI-2012), en la cual se resalta que 25.655 poseen madre o padre haitiano.
El Centro para la Observación Migratoria y Desarrollo Social en el Caribe (Obmica), y el Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas (Mudha) han llamado a restaurar el derecho a la identidad y nacionalidad de hijos e hijas de parejas mixtas, informó a SEMlac la oficial de comunicaciones de Obmica, María Scharbay Martínez, quien entregó un documento.
En ese texto ambas partes se pronuncian por la afirmación del presidente dominicano, Danilo Medina, durante su discurso de juramentación el pasado 16 de agosto, cuando dijo que "un niño sin documentación es un niño sin identidad y sin futuro".
"Nuestro compromiso es alcanzar un ciento por ciento de registro oportuno y disminuir sensiblemente los niveles de subregistro tardío", afirmó el mandatario.
Tanto Obmica como Mudha confían en que se cumpla el compromiso de Medina de coordinar, con la Junta Central Electoral (JCE), la implementación de un sistema universal de documentación civil para toda la población dominicana.
"A la vez animamos a que se haga un esfuerzo especial para que se esclarezcan los procedimientos que conduzcan a la obtención de la nacionalidad, en caso de hijos e hijas de parejas mixtas, garantizando así el respeto del artículo 18 de la Constitución", señala el documento.
La abogada de Mudha, Jenny Morón, criticó que "no se le entregue el papel de cama a la madre por ser extranjera". En tal sentido, la socióloga Allison Petrozziello recomendó que el Ministerio de Salud Pública instruya a su personal sobre el relleno correcto del certificado de nacido vivo.
Petrozziello puntualizó la necesidad de que la JCE adiestre a sus oficiales sobre la correcta implementación del artículo 28 de la Ley de Migración, que permite que el padre dominicano o madre dominicana haga el registro de su hijo o hija.
"Recomendamos que se habilite el carné de regularización para fines de declaración de los menores, al igual que lo han ido habilitando para otros fines, tales como la inscripción en la seguridad social", indicó la socióloga.
Desde el 2014 Obmica y Mudha trabajan la temática de "parejas mixtas" a través de acompañamiento legal, comunicaciones e incidencia, a fin de buscar soluciones para que las familias puedan inscribir a sus descendientes en el registro civil dominicano sin impedimento.
Actualmente, la iniciativa es apoyada por la Unión Europea y ambas organizaciones han hecho un llamado al Ministerio Salud Pública y a la Junta Central Electoral para trabajar unidos y avanzar en la garantía de los derechos del niño y la niña, independientemente del lugar en el mundo en que haya nacido.

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