Luz Stella Salas Atehortua, viuda de uno de los muertos en la explosión de 1977.

Bogotá, julio (SEMlac).- A 36 kilómetros, una hora y media después de abandonar Medellín —la segunda ciudad de Colombia después de Bogotá—, el bus descarga a varias pasajeras en una de las dos entradas que conducen a la plaza principal de Amagá. Ya no hay neblina, pero el día está opaco, tristón.

Amagá, el pueblo que el pasado 14 de junio sufrió la explosión de la mina San Fernando y que hoy siente la pérdida de 73 seres queridos, es un lugar de viudas, un sitio por el que camina la orfandad y la falta de posibilidades distintas a la minería para sus habitantes, que se encuentran tan hundidos como las minas mismas.

La carretera central queda atrás, el pueblo se inicia con la larga calle empinada que sale desde una de sus esquinas. Con alto volumen de los altoparlantes se escucha el tango "Misterios del corazón", de Valiente y Cáceres. Un hombre se asoma por una ventana y busca conversación a esta transeúnte, que sigue el descenso durante el cual observa la resaca de las pasadas elecciones presidenciales, con carteles desleídos alusivos a Juan Manuel Santos, ganador de la contienda.

El movimiento es el de un domingo cualquiera: los negocios abiertos, las cantinas con el cruce de música, copas y botellas; la gente va y viene, el centro cultural cerrado, no hay cine, la iglesia acoge a sus creyentes y al lado la emisora Voz de Amagá, hasta donde llega Luz Stella Salas Atehortua, viuda de uno de los muertos en la explosión de 1977 en la que perdieron la vida 86 mineros. Ella participa cada ocho días en el programa Despertar Minero.

Paul Mc Auley, sacerdote británico

Lima, julio (SEMlac).- La máxima instancia de la iglesia católica peruana sentó su posición frente a las críticas y amenazas de funcionarios del gobierno por la defensa de religiosas y religiosos a favor de las poblaciones nativas y denunciando la contaminación ambiental.

"Las denuncias no nos van a desanimar para seguir en nuestras tareas", dijeron los obispos de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) en una conferencia de prensa realizada el viernes 16 de julio, en su sede institucional.

Aunque no quisieron pronunciarse sobre si existe una campaña de grupos conservadores y sectores del gobierno para desacreditar a religiosas y religiosos que apoyan las reivindicaciones sociales, sí dijeron que es doloroso que señalen a extranjeros que viven por muchos años en el país y son queridos como si fueran peruanos.

Con esa declaración se alude a la expulsión del sacerdote de nacionalidad británica Paul Mc Auley, a quien se le conminó a abandonar el país por realizar labores de agitación (Ver: Perú: Expulsado sacerdote por defender derechos de nativos amazónicos).

Paul John Mc Auley, sacerdote católico

Lima, julio (Especial para SEMlac).- Un nuevo capítulo de los enfrentamientos entre el gobierno y los defensores de los indígenas y el medio ambiente comenzó a desarrollarse en el Perú con la decisión de las autoridades de expulsar del país al sacerdote católico, de nacionalidad británica, Paul John Mc Auley, bajo la acusación de soliviantar a la población amazónica.

Los indicios apuntan a que Mc Auley no sería el único religioso al que se le revocaría la visa de residencia en el país. El vicepresidente de la república y también congresista, almirante Luis Giampietri, ha pedido la expulsión del sacerdote italiano Mario Bartolini, párroco de un poblado de la selva.

"Cualquier político se quedaría chico con este señor. Yo he revisado sus discursos y allí se insulta al Presidente (...) Lamentablemente, utiliza al pueblo católico para sus fines", declaró a un diario local y agregó que los extranjeros que tienen este tipo de actitud "no son dignos de permanecer en el país".

Y el ex ministro de justicia y congresista oficialista Aurelio Pastor ha anunciado que las actividades de diversos sacerdotes "que se entrometen en la vida pública del país" ya ha sido puesta en conocimiento de la Conferencia Episcopal Peruana.

Reunión Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos en Oaxaca, México

México, mayo, (SEMlac).- Sesenta defensoras de derechos humanos de ocho países mesoamericanos, con múltiples experiencias y trayectorias de vida, diversidad de temas y derechos para defender y una realidad: la defensa de los derechos humanos, en esta parte del continente, es para las mujeres una labor de alto riesgo, con sesgos de género, criminalizada, perseguida, invisibilizada y, en ocasiones, cuestionada por sus compañeros de trabajo y parejas.

En la ciudad de Oaxaca, en el sur de México, se llevó a cabo del 23 al 25 de abril, la Reunión Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos, un espacio de encuentro para reflexionar y analizar juntas los contextos en los que realizan su trabajo; lo específico de ser mujer realizando esta labor; las formas de ataques que sufren y las estrategias que han construido para mantenerse a salvo y continuar.

Expertas en la materia de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia y México son impulsoras de movimientos por los derechos sexuales y reproductivos, la despenalización del aborto y el respeto a la diversidad sexual. Abogan por los derechos colectivos de los pueblos indígenas y se oponen a megaproyectos que atentan contra el medio ambiente.

Demandan también la aparición, con vida, de las mujeres desaparecidas, la excarcelación de presas y presos políticos y luchan contra la violencia y el feminicidio. Las defensoras impulsan, en sus países, procesos de democratización, por la justicia social y una cultura de la equidad.