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República Dominicana: Críticas en Consejo de Derechos Humanos

Por Mirta Rodríguez Calderón

 

Max Puig, miembro de la Misión Interinstitucional de Derechos Humanos de República Dominicana.

Santo Domingo, diciembre (Especial de SEMlac).- Diciembre ha comenzado intenso para República Dominicana donde, aparte de muchas lluvias y mucho calor, la sociedad civil obtuvo victorias al conseguir, después de una movilización popular sin precedentes, que el gobierno diera marcha atrás a la concesión de una zona privilegiada del país para que un consorcio minero instalara una contaminante cementera.

 

La acción popular forzó a que el Ejecutivo pidiera el juicio de una comisión de expertos de Naciones Unidas, cuyo informe desaconsejó ese proceso, para regocijo de sectores aferrados a la defensa del ambiente y las aguas.

 

Mientras, alrededor de la fecha de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el consejo que observa y supervisa su implementación, reunida en Ginebra, acaba de conocer el Informe de unas 100 páginas de República Dominicana, al cual 38 naciones le formularon interrogantes, observaciones, críticas y recomendaciones.

 

Entre los temas primordiales estuvieron la sanción total de las interrupciones de embarazo y su relación con la mortalidad materna, la discriminación de las personas migrantes procedentes de Haití, las ejecuciones extrajudiciales practicadas en presencia policial, el tratamiento a gays y lesbianas y la violencia de género.

 

Además del informe oficial del país, la organización no gubernamental Colectiva Mujer y Salud, con apoyo de otras fuerzas del movimiento de mujeres, presentó un "informe sombra" o alternativo que responde al mismo tema, con una mirada diferente, que ya es común en estos foros internacionales.

 

Zobeida Cepeda, abogada entrenada en la dinámica del sistema de Naciones Unidas, interesó a numerosas representaciones diplomáticas en Ginebra sobre los problemas reales de la sociedad dominicana, en particular de las mujeres.

 

Fuentes consultadas por SEMlac asumen diferentes posiciones, algunas extremas, respecto al proceso que acaba de darse en Suiza. Para Dense Paiewonski, vicepresidenta de la Colectiva Mujer y Salud, ni las preguntas ni las recomendaciones tendrán ningún saldo positivo, como no sea el de apuntalar la complicidad gubernamental con la iglesia y determinados sectores y funcionarios del país.

 

Su escepticismo e incredulidad difieren, sin embargo, con el criterio de la colega y abogada feminista Susi Pola, respecto a lo acontecido en Ginebra.

 

"Los reportes de lo allí ocurrido son excelente material para que hagamos conciencia, con el pueblo dominicano y su dirigencia, de que los asuntos de las mujeres como ciudadanas, y del género en general, son motivo para cuestionar a los países en niveles internacionales: eso significa que no se puede decidir sobre nosotras sin que haya consecuencias universales."

 

En el foro, la representación de los Países Bajos hizo referencia al alto índice de mortalidad materna y la gran cantidad de muertes de mujeres por causa de abortos clandestinos, en tanto la delegación de Eslovenia significó que el aborto está prohibido en todas las circunstancias, aun en aquellas que atentan contra la salud y la vida de las mujeres.

 

España expuso, por su parte, que "la práctica de abortos clandestinos atenta contra la vida de gran cantidad de mujeres", y planteó la necesidad de que se garantice, mediante medidas legislativas, el aborto en condiciones de salud e integridad física y mental, especialmente de las adolescentes que cursan embarazos no deseados.

 

Entre otros temas que involucran a República Dominicana, Eslovenia planteó la existencia de leyes que perpetúan la discriminación basada en el género respecto a la seguridad social, el derecho a la propiedad, el acceso a los puestos de trabajo y la situación de las madres solas.

 

Francia, Canadá, Bélgica y Estados Unidos hicieron preguntas y sugerencias sobre la discriminación contra nacionales haitianos y personas domínico-haitianas; el acceso de esta población a servicios de salud, educación, justicia y documentación de identidad.

 

Alentaron a ratificar la convención internacional de protección a todos los trabajadores migrantes y sus familiares, a crear marcos jurídicos adecuados y a desarrollar políticas y prácticas no discriminatorias contra las personas migrantes.

 

Reino Unido enfatizó en la necesidad de capacitar a agentes del orden en temas de derechos humanos, al expresarse sobre matanzas ilegales, que aquí llaman "intercambio de disparos" en ausencia de investigaciones transparentes e independientes.

 

Hubo un reclamo al país para desarrollar programas de no discriminación contra nacionales haitianos, personas con discapacidad, mujeres y GLBT (gays, lesbianas, transgénero y transexuales). Zobeida Cepeda dijo que, a su entender, "es la primera vez que un organismo de la ONU da sugerencias de este tipo al país".

 

"Francia cuestionó, además, los arrestos arbitrarios, la impunidad a los responsables, la falta de capacitación para atender la violencia doméstica. Alentó a ratificar la convención contra la tortura y a crear un mecanismo nacional de derechos humanos", relató Cepeda.

 

Otros puntos tratados aludieron a la necesidad de aumentar los esfuerzos para combatir la explotación sexual contra mujeres y niñas (Italia) y de reducir el tráfico de mujeres y niñas (Eslovenia).

 

El reporte definitivo del Consejo de Derechos Humanos respecto a República Dominicana se conocerá en marzo de 2010, con una revisión de lo sucedido con las 74 recomendaciones, de las cuales el representante oficial dijo que adoptaban 43 y estudiarán las 31 restantes.

 

Recomendaciones rechazadas; un nuevo terreno de acción

Para Lourdes Contreras, académica y figura reconocida en el movimiento progresista dominicano, la posición del Consejo de Derechos Humanos no tendrá mayores repercusiones porque habrá interés oficial en que así sea.

 

"Pienso que, una vez más, se hacen evidentes incapacidades del Estado dominicano frente a la defensa de los derechos humanos, y las incoherencias de su práctica ante la necesidad de un sistema de atención integral a la violencia contra las mujeres", dijo a SEMlac, lo que en su opinión se expresa "en la evasión a considerar las raíces culturales del problema, el fraccionamiento desde el que actúan las instancias llamadas a ser garantes de derechos".

 

Respecto a qué hacer hacia el futuro, la directora del Centro de Estudios de Género de la Universidad Tecnológica de Santo Domingo subrayó: "Entiendo que para las organizaciones sociales en el país, están aquellas consideraciones del Informe que no resultaron del agrado de la delegación oficial, en especial las relacionadas con la impunidad frente a las ejecuciones extrajudiciales como práctica institucionalizada de la Policía Nacional, y la defensa de los derechos humanos de las personas con indefinido estatus legal, lo que tiene graves consecuencias en la trata y el tráfico de personas".

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