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Honduras: Persecución política y policial a líderes y feministas en resistenciaPor Tacuazina Morales
Tegucigalpa, noviembre (SEMlac).- A pesar de las múltiples acciones realizadas en Honduras y América Latina por el día de la no violencia contra las mujeres y del informe presentado sobre el tema ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la represión y persecución política contra integrantes de organizaciones feministas hondureñas se ha agudizado y se expresa en allanamientos de moradas, detenciones ilegales y amenazas a su integridad física y corporal.
Evelyn Mejía, integrante de Feministas en Resistencia, fue una de las primeras afectadas: el 11 de noviembre: una fotografía suya, sacada de las manifestaciones pacificas, fue transmitida por un canal nacional, que la mencionaba como una de las "siete caras más buscadas" bajo el cargo de "boicot a las elecciones".
La emisora incluyó en la nota un llamado oficial a la población en general para que cualquier persona que la reconociera la reportara a las autoridades más cercanas para su captura y detención.
Luego, esta misma información fue transmitida por el canal 8, el medio oficial del régimen de facto establecido en este país desde junio pasado. Evelyn, ahora fuera del país, manifestó a SEMlac: "No tengo miedo que me agarren, lo que sí me preocupa son las violaciones a las que puedo estar expuesta y también que me puedan hacer desaparecer".
El 23 de noviembre fue detenida Merary Lavaire, lideresa de la red de mujeres jóvenes de la colonia Cruz Roja y activista de Feministas en Resistencia, actualmente en prisión preventiva y acusada de diversos cargos, entre los que se incluyen alteración del orden público.
Según fuentes de la resistencia, también resultó detenida Merlin Eguigure, reconocida activista del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, abordada por policías mientras se encontraba cenando, con el pretexto de citarla por una esquela de tránsito vencida.
Le solicitaron que abriera el carro y, al encontrar unos botes de tinta (sprays), fue llevada al Centro de Reclusión (CORE 7) y en la mañana del 27 de noviembre fue acusada por el Comando Especial de Policías (COBRAS) de "cargos agravados por daños a instituciones del Estado".
Ambas salieron en libertad el 28 de noviembre, gracias a los esfuerzos de abogadas de Feministas en Resistencia y compañeras del frente de Abogadas/os contra el golpe. Sin embargo, ese mismo día continuaron los allanamientos a las organizaciones, como sucedió con COMAL en Siguatepeque, una red popular de comercialización alternativa.
También se informó que otras dos integrantes del movimiento de mujeres a nivel nacional (departamento de Olanchito y Santa Bárbara) fueron objeto de persecución militar, requeridas ya sea por la policía o por militares que han llegado a sus casas a detenerlas, por ser parte del "movimiento de la resistencia".
Esta situación obedece a un mandato especial de las Fuerzas Armadas, según el cual todos los alcaldes y líderes de los municipios deben pasar a este organismo, "los nombres y direcciones de las personas que pertenecen al movimiento de la resistencia", para impedir que realicen acciones de "sabotaje" a las elecciones.
Por otro lado, en un programa de las fuerzas armadas, emitido el 26 de noviembre y transmitido por el canal del régimen de facto, un policía alentaba a la población a: "denunciar a los vecinos/as que trabajan en horas de la noche y a las personas que alojan personas extranjeras, así como cualquier acto que pueda considerarse sospechoso" a las autoridades policiales y militares.
Estos hechos recuerdan no solo a las dictaduras de América Latina, sino a las fuerzas nazis en Alemania, donde cualquier persona podía ser considerada "sospechosa" y detenida, sin ningún argumento de prueba, ya que en los casos de las detenidas y perseguidas, no existen pruebas verificables de los cargos imputados.
Las elecciones del 29 de noviembre en el marco de un régimen golpista e inconstitucional contaron con el aval de países como Estados Unidos, Perú, Colombia, Panamá, Canadá y Taiwán.
El Comité para la defensa de los derechos humanos había anunciado una fuerte represión en el marco de las elecciones, por lo cual quedó conformada una plataforma de acción de los derechos humanos, donde participan organizaciones feministas como el Centro de Derechos de Mujeres y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, con la finalidad de vigilar, apoyar y documentar los casos de violaciones a los derechos humanos en el marco del proceso electoral. |
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