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Zoraida Portillo

Perú: Grupos sociales denuncian al Estado por incumplir convenio de la OIT

Zoraida Portillo

 

Zebelio Kayap.

Lima, agosto (SEMlac).- Organizaciones indígenas y de la sociedad civil denunciaron ante las Naciones Unidas al Estado peruano por incumplir en trece aspectos el Convenio 169 sobre de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), suscrito hace 15 años por el país.

 

Los puntos más saltantes de la denuncia son la falta de participación de los pueblos indígenas en las políticas públicas, la falta de mecanismos de protección real de los territorios indígenas y la titulación de terrenos comunales como si fueran individuales.

 

El convenio 169 tiene dos postulados básicos: el respeto de las culturas, formas de vida e instituciones tradicionales de los pueblos indígenas, y la consulta y participación efectiva de estos pueblos en las decisiones que los afectan.

 

En el documento titulado Informe Alternativo 2009 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en el Perú, las organizaciones indígenas formulan también 33 recomendaciones, entre ellas la necesidad de crear una Ley Marco de Consulta a los pueblos indígenas —un anteproyecto ha sido presentado por la Defensoría del Pueblo al Congreso, pero aún no ha sido debatido— y el reconocimiento a los pueblos indígenas y no sólo a la figura de comunidad nativa, como es actualmente.

 

También se pide que el Congreso derogue los decretos legislativos vinculados a la Amazonía y una consulta previa —real y participativa— ante cualquier legislación que involucre a los territorios indígenas.

 

El informe fue presentado el 11 de agosto a la directora del Departamento de Normas Internacionales de Trabajo de la OIT, en Ginebra (Suiza), Cleopatra Doumbia-Henry. La OIT informará al gobierno peruano acerca del contenido del documento, para que éste conozca las demandas de los pueblos indígenas y por qué consideran que se están vulnerando sus derechos.

 

El Perú tendrá hasta noviembre para responder los cuestionamientos. De momento no ha habido ninguna reacción de las autoridades.

 

Este es un capítulo más del enfrentamiento entre el estado peruano y las comunidades indígenas, principalmente amazónicas, y que tuvieron un desenlace fatal el 5 de junio en la localidad de Bagua, al noroeste del Perú, con un trágico saldo de 24 policías y 10 nativos muertos y cientos de heridos principalmente indígenas.

 

El encargado de temas indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Hernán Coronado, señaló, en conferencia de prensa, que si el Perú no cumple con responder, "podría ser sujeto de una condena internacional, porque supone el incumplimiento de un tratado del que Perú es parte".

 

"El Estado tiene la obligación de responder a las recomendaciones y observaciones que le haga la OIT respecto de que no existe una institución representativa de los pueblos indígenas, que no se ha implementado el derecho a la consulta y que no se ha identificado las situaciones urgentes de vulneración de derechos relacionados a los recursos naturales", reiteró.

 

"Las implicancias son también jurídicas. Los pueblos que se sientan afectados o la sociedad civil podrían usar esto como argumento jurídico de que sus derechos han sido amenazados ante un tribunal internacional, que en este caso sería la Corte Interamericana de Derechos Humanos", añadió.

 

Zebelio Kayap, presidente de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa, dijo que a pesar de que el Perú ha suscrito el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, "todavía prima la discriminación porque no se ha optimizado las relaciones entre los pueblos indígenas y el resto del país, incluyendo al Estado y a la sociedad en general".

 

Según el dirigente indígena, no existe educación en pluriculturalidad en el país. "A pesar de que todos somos iguales, nos seguimos discriminando, todavía se piensa en los pobladores indígenas como ciudadanos de tercera categoría", acotó.

 

Esta semana podría ser decisiva para encontrar una salida a los reclamos de las comunidades nativas. De acuerdo con Salomón Awanash, representante de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), si el gobierno no cumple con los compromisos adquiridos con los pueblos amazónicos, podrían dejar la mesa de diálogo y retomar sus medidas de lucha.

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