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Perú: Dos meses después, heridas no cicatrizanPor Zoraida Portillo
Lima, agosto (Especial de SEMlac).- Cumplidos dos meses del enfrentamiento entre pobladores nativos de la amazonía y policías, en la localidad de Bagua, que dejó un saldo de 34 muertos (ver: Perú: desconcierto impera entre nativos tras masacre), solo se ha avanzado en un 30 por ciento con los objetivos establecidos en el acta suscrita entre los Apus (jefes de los pueblos indígenas) y las autoridades del gobierno.
Así lo señalan los propios nativos integrantes de las Mesas de Diálogo Nacional.
De acuerdo con el acta suscrita el 22 de junio por el entonces primer ministro Yehude Simon, se conformarían cuatro mesas de diálogo: Comisión de la Verdad sobre los sucesos de Bagua; estudio de decretos considerados inconstitucionales por la Defensoría del Pueblo y los pueblos indígenas; establecimiento de mecanismos de consulta previa, y desarrollo sostenible de la Amazonía.
Si bien tres de estas mesas vienen funcionando con cierta regularidad, hasta el momento el gobierno no ha cumplido con designar a los integrantes de la Comisión de la Verdad, que investigará lo ocurrido en el enfrentamiento. El nuevo primer ministro, Javier Velásquez Quesquén, militante del partido de gobierno, no parece muy interesado en el tema, como sí lo estuvo su antecesor.
"Estamos avanzando muy lentamente, tenemos cerros de propuestas en salud, educación, desarrollo sostenible, pero a veces sentimos que es un diálogo de sordos, que quieren reducir a una mínima expresión a las organizaciones amazónicas agrupadas en la AIDESEP…" dijo a SEMlac Diógenes Ampan, nativo awajún y coordinador de la Mesa 4, sobre Desarrollo Sostenible.
AIDESEP son las siglas de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, que agrupa a casi 70 por ciento de las comunidades campesinas y nativas de la extensa selva peruana. Aun antes de los enfrentamientos de Bagua era objeto de una campaña de desprestigio por parte de algunas autoridades, por su defensa cerrada de la tierra y de los valores que consideran propios de su cultura.
"Para nosotros, la tierra es sagrada y si alguien trata de que cambiemos eso, si la tratan de contaminar amparándose en el desarrollo forestal, turístico, no lo vamos a permitir", añade Ampan.
Daysi Zapata, Presidenta en funciones de AIDESEP, opina que "la demora del Ejecutivo en presentar la lista de personas que podrían integrar la comisión investigadora es una clara muestra de que no se tiene interés en que se conozca un hecho que lleva dos meses sin aclararse".
Zapata dijo a SEMlac que, de continuar las dilaciones en la instalación de la Comisión, los apus tendrán que decidir nuevas acciones para obligar al gobierno a honrar su palabra.
Descontento generalizado entre las partesAsí las cosas, el ministro de justicia Aurelio Pastor, tuvo una criticada presentación en Ginebra, ante el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación Racial, el pasado 5 de agosto, al responsabilizar a los indígenas de la muerte de 24 policías, sin hacer referencia a los nativos muertos.
"Espero que esa no sea la posición del gobierno. Le pido al ministro Pastor que tenga más cautela. A mí me gustaría sentarme con él y dialogar de estos puntos", señaló a una radio local Carlos Navas, alcalde del centro poblado de Imasita, en Bagua, al norte del país, donde ocurrieron los cruentos sucesos.
Daysi Zapata fue más directa: "Pastor es un racista", dijo al ser requerida por SEMlac.
La Conferencia Episcopal Peruana, que agrupa a todos los obispos católicos del país, también salió a desmentir al ministro por haber inculpado, durante su presentación en Ginebra, a un obispo como instigador de los hechos de violencia.
"Dicha declaración no coincide con la realidad de los hechos acontecidos el día 5 de junio de este año en la ciudad de Bagua, donde la Iglesia Católica no tuvo ninguna participación, ni en el operativo, ni en el desenlace de tan lamentables hechos", afirma en un comunicado.
Los obispos recuerdan que, ese mismo día, el Presidente de la Conferencia Episcopal, conjuntamente con la Defensora del Pueblo, suscribió un pronunciamiento conjunto lamentando el desenlace violento y llamando "al cese de la violencia, a la atención humanitaria inmediata de heridos y a restablecer el canal de diálogo que nunca debió de ser interrumpido".
Asimismo, señalan que aceptaron participar en el equipo de diálogo, conjuntamente con los obispos de las zonas afectadas, los presidentes regionales y los apus, por pedido del entonces primer ministro Simon, para lograr una solución pacífica.
Y como si ello no bastara, también los familiares de los policías caídos durante la refriega le han pedido al ministro Pastor "dejar de tomar el nombre de sus seres queridos y atribuirse lo que no le corresponde para pretender reparar la imagen del Estado ante la comunidad internacional".
En una conferencia de prensa el jueves 6, y visiblemente indignadas, viudas, madres, padres y hermanos de los policías caídos el 5 de junio denunciaron que el gobierno se viene aprovechando de sus muertes para sacar réditos políticos, mientras que se niega a atender las obligaciones económicas derivadas de dichas muertes.
Y coincidieron con los nativos en la necesidad de instalar una Comisión de la Verdad que investigue a fondo lo que realmente ocurrió en Bagua. Uno de los familiares llegó a decir que uno de los jefes del operativo no estuvo presente porque se encontraba 'borracho'.
Inmediatamente, voceros de la Policía Nacional salieron a desmentir las acusaciones y señalaron que las demoras que se han producido en indemnizar a las víctimas se deben a 'trabas burocráticas' y no a falta de voluntad por parte de las autoridades.
El informe de Amnistía InternacionalEn medio de estos dimes y diretes, Aministía Internacional (AI) dio a conocer su informe sobre los sucesos de Bagua, fruto del trabajo realizado en el lugar de los hechos durante dos semanas en el mes de julio.
Allí señala que "la policía hizo uso excesivo de la fuerza, maltrataron a personas indefensas e hicieron uso indiscriminado y desproporcionado durante la represión a los miembros de las comunidades amazónicas".
"Los miembros de las fuerzas del orden hicieron uso de armas de fuego de forma indiscriminada y desproporcionada en contra de personas que se encontraban desarmadas, lo cual provocó una gran cantidad de personas heridas; las mismas que, según los partes médicos, sumaron unas 200, de las cuales 82 resultaron heridas por arma de fuego, 41 presentaban contusiones y 22 contusiones o quemaduras por gases lacrimógenos", afirma.
En el informe, al que tuvo acceso SEMlac, también se lee que a las cifras anteriores "habría que sumarles el número aún no determinado de comuneros que resultaron heridos y que por temor a las represalias decidieron volver a sus comunidades sin haber recibido ningún tipo de asistencia médica".
Según Amnistía Internacional "el Estado peruano tiene una gran responsabilidad tanto con los pueblos indígenas y los pobladores de Bagua, como con los policías".
El gobierno ha acusado a AI y a otras organizaciones no gubernamentales de "sacar la cara" solo por los indígenas, sin decir nada sobre los policías muertos; sin embargo, los familiares de éstos han dando un desmentido categórico al haber contratado los servicios del Instituto de Defensa Legal (IDL), una de las ONGs más fustigadas por el régimen, para que los defienda en sus reclamos contra el estado peruano.
Alberto Chirif, antropólogo y catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, comentó a SEMlac que, dos meses después de la refriega en Bagua —y a pesar de las dilaciones en instalar la Comisión de la Verdad— "el movimiento indígena de la Amazonía se ha fortalecido".
Para el especialista, la negativa gubernamental no debe extrañar pues expresa la "contaminación moral" que se vive en el Perú, en cambio es digno de encomio el que poblaciones urbanas, alejadas de la selva y que vivían de espaldas a la dura realidad amazónica hayan expresado una solidaridad abrumadora y un interés por conocer lo que sucede en esa parte del país.
"Esto me da pie a pensar que sí es posible construir un país con todas las razas y culturas que nos habitan", sentenció.
Algo de lo dicho por el especialista se reflejó en la presentación del Anuario Indígena 2009 durante la Feria Internacional del Libro la primera semana de agosto en Lima. Pese a que auditorio era muy amplio se vio copado de personas que escucharon atentamente el enjuiciamiento que hicieron los especialistas sobre la realidad de los pueblos indígenas en el Perú y el mundo.
Posteriormente se volcaron a comprar un ejemplar de anuario, que se agotó en pocos minutos. Se trata de la versión en español del informe que anualmente presenta a las Naciones Unidas el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA, por sus siglas en inglés).
En medio del entusiasmo, se escuchó a alguien exclamar: "el tema indígena está de moda". Inmediatamente Diógenes Ampan nos comentó: "eso es lo que nos disgusta, que nos tomen como una moda, las modas pasan; necesitamos que la población entienda que los pueblos nativos existimos incluso antes de la formación de la nación peruana y tenemos que tomar parte en el desarrollo, pero de una manera justa, equitativa y sostenible". |
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