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Colombia: Indígenas en riesgo de extinción por efectos del conflicto armadoPor Ángela Castellanos Aranguren
Bogotá, julio (Especial de SEMlac).- El conflicto armado que vive Colombia está poniendo en riesgo no solamente la vida de los indígenas, sino la supervivencia misma de algunos pueblos aborígenes, ya que las amenazas y ataques los están forzando a dejar sus territorios, que les son vitales para su vida espiritual y material.
En vísperas de conmemorarse el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, el próximo 9 de agosto, los aborígenes colombianos tienen más motivos de preocupación que de celebración.
"La situación de los derechos humanos de los indígenas de Colombia es grave, crítica y profundamente preocupante", sostuvo en su informe el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los derechos de los pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen, tras su visita a Colombia en marzo de 2004.
Hoy, cinco años después, las condiciones de aproximadamente un millón de aborígenes colombianos no presentan mejorías.
De las 80 etnias, "hay 12 pueblos en vías de extinción, es decir que tienen menos de 500 integrantes, debido al desplazamiento forzado y a la guerra misma", afirmó a SEMlac Dora Taverá, Consejera para la Mujer y la Familia de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC.
Por ello, James Anaya, actual Relator Especial de la ONU para las Libertades y Derechos Fundamentales de los Pueblos Indígenas, visitó Colombia entre el 23 y el 27 de julio pasado.
Los indígenas colombianos presentaron al relator testimonios y pruebas de las amenazas, persecuciones y asesinatos de aborígenes por parte de los actores legales e ilegales del conflicto armado, como represalia a negarse a tomar partido en el conflicto armado, reafirmar la neutralidad y defender sus territorios.
Para las mujeres indígenas, la presencia de militares y grupos guerrilleros en sus territorios ha generado graves y nuevos problemas. "La militarización ha traído violencia sexual, así como embarazos no deseados, abortos y enfermedades de transmisión sexual", aseguró la dirigente indígena, perteneciente a la etnia Pijao.
Como consecuencia, muchas familias se han visto obligadas a huir para proteger la vida de sus integrantes. Según la ONIC, 26 por ciento de la población indígena desplazada son mujeres.
En 2008 la Corte Constitucional emitió el Auto 092, mediante el cual ordenó al Estado crear programas especiales para atender a la población femenina desplazada por el conflicto interno, en razón del impacto desproporcionado que éste tiene sobre ellas. No obstante, para algunas organizaciones no gubernamentales y para la ONIC, el Estado no lo ha cumplido cabalmente.
"Sentimos que el Estado ha dado un lento cumplimiento, y consideramos que debe hacer programas para las desplazadas que verdaderamente las beneficien y tengan en cuenta sus necesidades", afirmó a SEMlac Adriana González, directora para Colombia de la Liga Internacional por la Paz y la Libertad, LIMPAL.
Este año, la Corte Constitucional promulgó el Auto 004, que ordena al gobierno hacer dos planes: uno de garantías de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, y otro de salvaguardia para 34 grupos de aborígenes que están en riesgo de desaparecer.
Ya el gobierno ha convocado a representantes de los indígenas para consultarles sobre cómo deben ser garantizados sus derechos y qué necesitan los pueblos amenazados para sobrevivir. "Esperamos que los planes no sean asistencialistas y que ahora sí haga algo que nos sirva", añadió Tavaré.
La madre tierraAdicionalmente, la organización de los indígenas de Colombia advierte que los están despojando de sus territorios ancestrales.
Según Tavaré, no es una coincidencia que los suelos ricos en hidrocarburos, maderas y minerales —donde viven indígenas y afrodescendientes— sean el lugar donde se agudizan las violaciones de derechos humanos de sus habitantes.
"Es un mecanismo para sacarnos y quedarse con estas tierras, que son ricas, y allí instalar megaproyectos de las multinacionales, pues somos un obstáculo", indicó.
Pese a que la explotación productiva en territorios indígenas debe ser previamente consultada con los aborígenes, Tavaré afirma que en esas consultas las empresas no les dicen la verdad sobre el impacto y tratan de engañarlos, para obtener la viabilidad del proyecto.
Adicionalmente, la ONIC sostiene que la constitución de resguardos para las comunidades aborígenes que no tienen tierras no avanza. "Le hemos presentado propuestas al gobierno para compra colectiva de tierra, pero dice que no tiene dinero; y algunas tierras —baldíos— que nos han dado no son aptas para cultivar".
AnalfabetismoA nivel social, la educación es quizás el derecho más vulnerado. Según la organización Minority Rights Group Internacional (MRG), con sede en Londres, el 31 por ciento de los indígenas colombianos son analfabetos, es decir, casi tres veces más que el resto de la población.
En el informe "El estado de las minorías y pueblos indígenas en el mundo 2009'", MRG agrega que 72 por ciento de los indígenas de Colombia mayores de 18 años no ha completado la educación primaria, mientras en los cursos de postgrado, menos de uno por ciento de los estudiantes matriculados son aborígenes.
La escolarización de los infantes indígenas, dice el informe, es interrumpida o abandonada por razones de discriminación y también debido al reclutamiento forzado de menores por parte grupos ilegales armados. |
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