Perú: Ejército usa soldados adolescentes en lucha antisubversiva

Por Zoraida Portillo

Lima, abril. (Especial de SEMlac).- La presencia de un menor de edad entre los soldados que murieron víctimas de un ataque de Sendero Luminoso, el pasado 9 de abril, ha puesto de manifiesto que el ejército peruano está reclutando adolescentes pobres para el servicio militar.

Todos los sectores de la opinión pública —e incluso el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)— han reaccionado con estupor y acerbas críticas frente a las evidencias de que esta es una práctica frecuente en los lugares más remotos del país.

El escándalo estalló cuando Irene Macedo, madre de Robinson Macedo Sima, uno de los 14 soldados abatidos por remanentes del movimiento subversivo Sendero Luminoso (SL), denunció que su hijo fue reclutado a la fuerza por miembros del ejército, cuando tenía 16 años. Cuando murió, tenía 17 años.

"En la Plaza de Armas de Pucallpa (una ciudad de la selva peruana) fue subido a la fuerza a un camión", declaró a los medios. Desde entonces, su familia le perdió el rastro hasta la Navidad pasada, cuando la llamó por teléfono para decirle que se encontraba en la base antiterrorista en Pichari (Cusco), distante casi 1.000 kilómetros de su hogar.

El martes pasado (14 de abril), Irene recibió el ataúd con lo que quedó de su hijo luego que su cuerpo fuera dinamitado durante una emboscada tendida por miembros de SL a una patrulla militar que se dirigía a pie en una de las zonas más "calientes" del Valle del río Apurímac y Ene (VRAE), donde los remanentes de la organización subversiva aún se mantienen en actividad con un número de combatientes que oscilaría entre 100 a 150 hombres y mujeres bastante bien armados.

El VRAE está ubicado en una zona estratégica —entre los Andes y la Amazonía—, resulta casi inaccesible y es la zona más próspera del Perú en lo que a producción de cocaína se refiere, por lo cual los analistas prefieren denominar "narco-terroristas" a los senderistas, debido a la alianza que sostendrían con los narcotraficantes que se abastecen allí del producto.

Se estima que en la zona existen unas 17.000 hectáreas de hoja de coca. Incluso los Comités de Autodefensa —surgidos en los 90 para combatir a SL— son productores de coca, según el "senderólogo" Carlos Tapia. Su radio de influencia es de unas 200.000 personas, según estimados oficiales.

Tapia dijo que era inaceptable desde todo punto de vista no sólo que el ejército reclute menores de edad sino que, además, los envíe a una zona altamente riesgosa, sin el debido entrenamiento contrasubversivo, a luchar contra personas que, en muchos casos, tienen más de 20 años de experiencia de combate.

Las leyes peruanas establecen que la edad mínima para poder servir en el ejército es 18 años. Sin embargo, a raíz del escándalo desatado, el primer ministro, Yehude Simon, anunció que se está preparando una norma para evitar que soldados menores de 21 años sean destacados a zonas de emergencia como el VRAE.

"Se trabajará (en esas zonas) solamente con soldados preparados y reenganchados al ejército", subrayó.

Compleja problemática social

Sin embargo, detrás de esta práctica se esconde un complejo trasfondo social, pues la mayoría de adolescentes reclutados o asimilados voluntariamente al ejército son muchachos muy pobres, semi analfabetos y muchos, nativos indígenas, que ven en el ejército la posibilidad de escapar de su situación de pobreza.

Así lo ha reconocido el propio defensor del Pueblo de Ayacucho, Jorge Fernández Mavila, quien en declaraciones a la Coordinadora Nacional de Radio admitió que muchos adolescentes mienten sobre su edad para ingresar al ejército y escapar así del hambre y la miseria que los rodea.

Linder Pinedo, padre de un soldado menor de edad, dijo que su hijo fue reclutado con engaños y a sabiendas de que no tenía aún 18 años. "Me contó que le habían ofrecido ayudarlo en sus estudios y por eso aceptó, pero todo fue un engaño, nunca lo ayudaron y lo mandaron muy lejos a combatir terroristas", expresó. También dijo que una vez dentro del ejército, ya no supo cómo salir.

En poder de la Defensoría del Pueblo existen 120 quejas de padres de familia a nivel nacional, cuyos hijos fueron reclutados aparentemente en forma arbitraria por efectivos del ejército. Los muchachos fueron enviados a cuarteles de Ayacucho y Cusco principalmente, lugares distantes de sus lugares de origen pues la mayor parte procede de la selva.

Por su parte, la Defensora del Pueblo de Ucayali, ciudad amazónica, detalló que el año pasado, su oficina atendió 54 quejas sobre soldados adolescentes, mientras que en lo que va del año se han atendido 22 casos de adolescentes entre los 14 y 17 años que ingresaron al ejército. De estos, 15 ya retornaron con sus familias.

Denunció que el reclutamiento se realiza públicamente, pues por ejemplo, en Pucallpa, Puerto Maldonado y Tingo María, los miembros del ejército se instalan en las plazas más concurridas a realizar la leva informal.

Todas éstas son ciudades amazónicas, conformadas mayoritariamente por habitantes rurales en situación de pobreza extrema, muchos de los cuales son nativos ashaninkas que han migrado desde el interior de la selva, huyendo de la pobreza y esperando alcanzar un mejor nivel educativo para sus hijos.

Ante las evidencias presentadas por los propios organismos estatales, el ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz, no ha tenido más remedio que admitir, tácitamente, que el ejército recluta menores de edad. Dijo que muchos muchachos mienten sobre su edad, porque les interesa ingresar al servicio militar y "tentar fortuna", dado que en su mayor parte son muy pobres.

"El problema se complica porque muchos no tienen DNI", añadió y luego trasladó la culpa a los padres de los supuestos menores de edad reclutados a la fuerza pues, según dijo "si saben que están en el ejército, deberían pedir que se les dé de baja".

En un comunicado del Ejército, emitido el 15 de abril, se señala que "muchos jóvenes provenientes de áreas rurales, particularmente de la selva, no cuentan con la documentación debida que permita una plena identificación y verificación de edad. En muchos casos son recibidos bajo la presunción de buena fe, mientras regularizan su documentación".

Y acto seguido aclara que la leva no existe como método de captación, sólo el reclutamiento voluntario.

De esa manera, los altos mandos intentan deslindar responsabilidades, pues el Ministerio Público viene evaluando la posibilidad de denunciar al ejército por el delito de secuestro, dado que se trata de menores de edad supuestamente reclutados a la fuerza, o con engaños, y a cuyos familiares se les niega información sobre su paradero.

La excusa de falta de documentos también ha caído por los suelos, pues la Defensora del Pueblo de Iquitos, principal ciudad de la selva peruana, demostró que gracias a la tecnología, en tres horas es posible rastrear las partidas de nacimiento de los menores de esa jurisdicción.

"Las Fuerzas Armadas están para cumplir con las disposiciones legales y no se puede permitir una infracción. Se dará con esa persona (que permite el ingreso de menores de edad) para las sanciones que correspondan", afirmó el ministro Flores-Aráoz.

No obstante, la denuncia sobre la presencia de soldados adolescentes en el ejército peruano no es nueva. En 2003, la entonces congresista Julia Valenzuela encontró, en la base militar de Iquitos, a varios menores, hasta de 14 y 15 años, sirviendo en el ejército. Uno de ellos, de 14 años, incluso tenía tuberculosis.

Los soldados adolescentes fueron filmados en los campamentos militares y las imágenes trasmitidas por televisión, pero la denuncia cayó en el olvido. Se espera que la muerte del joven Robinson sirva esta vez para erradicar, de una vez, para siempre esta práctica, reprobada y sancionada internacionalmente.