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Reportajes y noticias de SEMlacDel 29 de septiembre al 4 de octubre de 2008
México: Infancia y juventud abandonadasPor Sara Lovera
México, octubre.- Un reporte sobre la situación de la juventud y la infancia, en 38 municipios de la frontera norte de México, muestra que, a pesar de los avances económicos del norte del país, la adolescencia carece de derechos, no tiene destino seguro al no estudiar ni trabajar y muchos de ellos migran solos o están expuestos al control de instituciones civiles y judiciales.
Así lo confirma el estudio denominado "La Infancia Cuenta en la Frontera Norte 2008", presentado el pasado 11 de septiembre a la opinión pública.
El informe, elaborado por la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), tiene como mensaje central que mayores ingresos no son, por fuerza, sinónimo de mejor calidad de vida, ni de mejor situación en los derechos de niños y niñas.
Esa idea es un estereotipo, afirmó Gerardo Sauri, director ejecutivo de la REDIM, al señalar que pensar que el norte de México tiene mejores condiciones que el sur distrae la mirada de asignaturas pendientes como es la población adolescente, en temas como educación, salud y violencia.
Por ejemplo, el porcentaje de jóvenes de 16 a 19 años que no estudia ni trabaja es más alto que la media nacional (10,7 por ciento) en 35 de los 38 municipios fronterizos en el norte.
En Sáric, Sonora, representan a tres de cada 10 adolescentes. Así mismo, Baja California es la entidad con mayor porcentaje de menores de edad puestos a disposición de instituciones de función jurisdiccional, con 31,8 por ciento.
Sauri destaca los retrocesos en derechos como el registro de nacimiento pues, de acuerdo con los datos del reporte, el porcentaje de niños y niñas registrados antes de cumplir un año de edad, en el período 2000-2005, disminuyó en 20 de los 38 municipios, de 85,0 a 81,8 por ciento en promedio.
Nashieli Ramírez, presidenta del Consejo Directivo de la REDIM acentúa, a su vez, la importancia de dirigir las miradas hacia la frontera, pues su ritmo de crecimiento y mecánicas económicas y sociales la convierten en un espejo de lo que puede suceder en los centros urbanos del país en un futuro.
También se refirió al tema de los niños y niñas migrantes no acompañados. Según cifras del Sistema Nacional de la Infancia y la Familia, el año pasado, durante siete meses, se registraron 7.000 casos, 117 de los cuales eran niños y niñas cuyas edades iban de los 0 a los 15 años.
"La Infancia Cuenta en la Frontera Norte" es un reporte especial del proyecto La Infancia Cuenta en México, que enfoca su mirada a los derechos de niños y niñas en los municipios de la frontera norte del país.
Esta investigación consta de 21 indicadores y ya fue presentada en Nuevo León, Chihuahua, Sonora y Baja California.
Migración y "desestructuración" familiar, un mito que buscan romperPor Helen Álvarez Virreina
La Paz, octubre.- Mientras se mantenga el concepto tradicional de familia, el impacto de la separación en niños, niñas y adolescentes, como consecuencia de la decisión de emigrar, tendrá efectos tan negativos como ahora, pues "los que se quedan" vivirán siempre bajo el estigma del desamparo y de la "desestructuración familiar", y a muchas mujeres las acusarán de abandono de familia.
Carla Espada sabe lo que es vivir la angustia de estar lejos y a punto de perder a su hija, porque su ex pareja la denunció por abandono. El hombre nunca asumió su paternidad, ni en lo económico ni en lo moral, pero reclamó su derecho a la custodia de la pequeña de un año y seis meses, cuando supo que la madre de la niña había emigrado a España.
Una defensoría municipal de la niñez, de la ciudad de La Paz, lo apoyó. Ella se separó del hombre que la agredía y que nunca se interesó en conocer a su hija. La falta de oportunidades laborales hizo que decidiera emigrar, cuando su bebé tenía seis meses, con la esperanza de ahorrar y regresar a Bolivia. Su mamá y su hermana se quedaron con la niña, ya que vivió con ellas desde que nació. Esa era la familia que tenía.
Pero el hombre se presentó ante la Defensoría de la Niñez de la zona Sur de la ciudad de La Paz, donde inició un proceso por abandono de menores y logró que la pequeña, que ya tenía más de un año, fuera arrancada de los brazos de su abuela y de su tía, e internada en un hogar de niños y niñas abandonadas. Dos días después, fue entregada al padre que era un completo extraño.
En su impotencia y desesperación, Carla acudió a la Embajada de Bolivia en España en busca de ayuda, pero sólo encontró indiferencia. Entonces consiguió dinero para el pasaje, dejó su trabajo y en cuatro días ya estaba de regreso en La Paz para recuperar a su hija.
Carla Espada no se conformó con recobrar a la niña, también denunció a los tres funcionarios que tomaron esas decisiones. Además, en su peregrinar por las oficinas de la Defensoría de la Niñez, ha conocido a otras mujeres y a sus hijos e hijas que han resultado víctimas de la institución que debía protegerlas.
En mayo, aprovechando el Día de la Madre, junto con el movimiento feminista Mujeres Creando, organizaron una caminata y una protesta en las puertas del municipio.
El propósito de la acción fue entregarle al alcalde de La Paz, Juan del Granado, una carta cuestionando que las defensorías condenen a las madres que emigran, para poder enviar dinero(a) sus hijos e hijas, y más bien respaldan a los padres, omitiendo antecedentes como la irresponsabilidad y acatando normas que ignoran que hay varios tipos de familia, incluso a riesgo de ocasionar un daño irreparable en niños y niñas.
Las remesas en la miraEl director nacional del Área Psicosocial de la Asociación de Cooperación Bolivia-España (ACOBE), Wilge Arandia, está consciente de que este tipo de situaciones, además de la separación, están generando otros traumas en niños, niñas y adolescentes.
Para la organización, es un dilema la forma en que otras instituciones tratan las situaciones derivadas de la migración, como la custodia de menores, por ejemplo.
Una dificultad está en las mismas normas, dice a SEMlac, y su aplicación al pie de la letra por parte de funcionarios que no consideran otros aspectos.
Por ello mismo, ACOBE está promoviendo encuentros con las diferentes instituciones involucradas en la temática para debatir sobre situaciones complejas, como el hecho de que algunos padres disputen la administración del dinero que envían las mujeres para sus hijos e hijas y hasta obtengan la custodia, acusando a la madre de abandono.
Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), correspondientes a 2006, las remesas en Bolivia suman 860 millones de dólares al año, monto que constituye el segundo ingreso más importante del país. Cada familia promedio recibe entre 50 y 300 dólares al mes.
Se calcula que unos tres millones de bolivianos y bolivianas están afuera del país y más de la mitad son mujeres.
Carla Espada cree que el dinero que ella enviaba fue lo que motivó a su ex pareja a pedir la custodia de la niña. La certeza se la da el hecho de que el hombre no volvió a aparecer. Como antes, él no aporta para su crianza. Ella no ha podido conseguir trabajo y todavía tiene pendiente la deuda que contrajo para regresar.
Un concepto cuestionadoEl concepto que existe de familia es lo que está en cuestión, dice Carla Espada, y el criterio de las y los funcionarios que deciden sobre la situación de los niños y niñas que se quedan cuando sus madres emigran. "Son personas que actúan sin criterio y sin juicio", porque, en su caso, la niña se quedó con la abuela y la tía, es decir con la familia que tuvo desde que nació.
"Partimos de que la familia está constituida de diversas maneras, pero la sociedad resalta la familia nuclear (padre, madre e hijo). Es imposible hacer entender a alguien que vive con su abuelo que forman una familia, cuando en el colegio se festeja el Día de Padre y el Día de la Madre. Mucha gente vive con su hermano mayor, y eso es una familia", sostiene Arandia.
El problema es similar cuando se trata de hacer entender a las y los investigadores de los efectos de la migración en la niñez que el concepto impuesto de familia nuclear quedó atrás hace mucho tiempo, y no precisamente por los procesos migratorios, sino por una serie de factores, entre ellos el machismo.
Es un gran reto el que se asuma que hay una diversidad de familias. Él está consciente de que el concepto debe ser revisado para estudiar los efectos de la migración. Su equipo, aseguró, trabaja actualmente en ese aspecto, pues ese puede ser un punto de partida para tratar de forma más efectiva el trauma de la separación que se da sobre todo en madres, hijos e hijas, y que se busca apaciguar con bienes materiales.
"¿Desestructuración familiar?"Arandia cuestiona las investigaciones que mencionan que las familias están desestructuradas por efecto de la migración, porque no existe necesidad de introducir el factor migratorio para darse cuenta de que muchas familias sí están "desestructuradas", si se considera un modelo único de familia impuesto en las sociedades.
Esto se da porque "cada investigador está contaminado de ciertos principios y valores". "Nosotros estamos tratando de cambiar esa idea porque también son valores que se nos han inculcado desde el colegio, estamos en ese plan de reflexionar para no hablar de esta desestructuración familiar como efecto de la migración", explicó.
Arandia disertó en el seminario "Los efectos de la migración de padres y madres, en las diversas esferas de la vida de niños, niñas y adolescentes", organizado por ACOBE, la Asociación de Migrantes Bolivia-España, Comunidad de Madrid y UNICEF.
Los representantes del Defensor del Pueblo, la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Pastoral de Movilidad Humana, la Fundación Encuentro, el Instituto de Terapia e Investigación, el Ministerio de Salud, Preadolescentes y la Fundación Inclusión Social en el Mundo hablaron sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, su protección y la prevención de los efectos de la migración, entre otros tópicos.
Frente a la posición de Arandia, está la de otras entidades que trabajan en el marco de la familia nuclear. La UNICEF planteó específicamente la "desintegración familiar" como uno de los riesgos de la migración para la niñez y adolescencia, y la generación de una "familia ampliada" -por lo general, abuelas, tías, hermanas y hermanos- que no les garantiza seguridad física ni emocional.
El organismo internacional cuestiona además la situación irregular de la custodia, cuando niños y niñas se quedan bajo el cuidado de familiares que no sean el padre o la madre.
Carla Espada dejó a su hija con su mamá y su hermana porque sabe que sí son garantía de seguridad, a diferencia del padre. Lo que quiere ahora es tener la custodia legal de la niña, pues no la tiene, y que su ex pareja no tenga derechos sobre ella. Además, está atenta al curso del proceso que inició contra los funcionarios municipales, porque no quiere que su caso quede en la impunidad ni que a otras madres les pase lo mismo.
Guatemala: Una mujer al frente de la Policía, entre estigmas y discriminaciónPor Alba Trejo Guatemala, octubre.- Los titulares de los medios de comunicación no pudieron reflejar más claro la discriminación de género que persiste en Guatemala: "Una mujer a cargo", "Nombran a mujer para dirigir la Policía Nacional", "Designan a una mujer como titular de la Policía Nacional Civil", "Una mujer dirigirá policía de Guatemala".
Con esos enunciados, los periódicos, telenoticiarios y radioperiódicos informaban a la población el cambio de autoridades en el máximo cuerpo de seguridad de este país centroamericano, dirigido hasta ahora por hombres.
Los medios de comunicación retroalimentaron la convicción de la sociedad guatemalteca de que las mujeres no tienen la capacidad de dirigir un cuerpo de seguridad conformado por 21.000 hombres, señala Hilda Morales, del Grupo Guatemalteco de Mujeres.
"Pero si hubiera sido un hombre, seguramente titulan con su nombre y apellido", destaca Morales.
Se trata de Marlene Blanco, una Comisaria General con 22 años de experiencia en la institución de seguridad y que ahora, junto con la directora de la Policía de Nicaragua, Aminta Granera, se convierte en la segunda centroamericana que enfrentará, dentro de un organismo donde predomina el machismo, el reto de combatir la corrupción y el crimen organizado.
Blanco conoce bien la Policía Nacional Civil. Fue jefa de personal de la Dirección de Investigación Criminal, ha trabajado en el Comando Antisecuestros, fundó la Oficina de Atención a la Víctima y laboró como subdirectora de la Unidad de Prevención del Delito.
Mario Mérida, quien fuera vice ministro de Seguridad, señaló que ella está obligada a realizar un buen trabajo porque "su fracaso será el fracaso del género femenino".
"Yo siempre hice una broma de mal gusto, que era mejor trabajar con mujeres porque olían mejor, pero no, era broma, porque las mujeres son capaces de todo y no se les ha reconocido realmente su trabajo", comentó este ex militar.
Marlene además llega al mando de una institución que debe combatir, entre otros delitos, los secuestros, asaltos y asesinatos que tiene de rodillas a este país conformado por 14 millones de habitantes y en donde hay 6.000 homicidios al año.
"La Policía de Guatemala pasa al mando de una mujer enamorada de su uniforme", fue otro de los titulares que encabezó la primera plana de un diario extranjero, algo que -según Blanco- demuestra que esta nación no termina de aceptar que una mujer pueda combatir la delincuencia y enfrentarse a una entidad machista a la que los mismos hombres han desprestigiado.
La columnista Dina Fernández señala que es el momento de demostrar el poder de cambio de las mujeres. "Yo sé que un cromosoma no es fundamento del carácter, la integridad, la inteligencia, la preparación académica y la capacidad de ejecución, pero varias investigaciones respaldan que las mujeres en la vida pública, por lo general, se conducen con mayor honestidad, son más responsables en el trabajo y saben plantarse con mayor valentía cuando hace falta", escribió Fernández.
Para el activista en Derechos Humanos Miguel Ángel Albizurez, el nombramiento de una mujer al frente de la Policía es una garantía de firmeza y de honradez.
El Salvador, Honduras y Guatemala mantienen cifras más altas de violencia en la región, mientras Panamá, Nicaragua y Costa Rica garantizan una vida más segura a sus ciudadanos.
República Dominicana: La libertad de expresión afronta riesgos y agresionesPor Mirta Rodríguez Calderón
Santo Domingo, octubre.- "No nos callaremos, somos la voz del pueblo", es la más reiterada reafirmación de un centenar de periodistas que ha debido reaccionar de manera muy enérgica a una cadena de agresiones de segmentos de la justicia que les han sometido o violado sus derechos profesionales e, inclusive, a acciones arbitrarias de individuos a sueldo.
Los casos son numerosos: 38 en los dos últimos meses, según han denunciado Mercedes Castillo, presidenta del Colegio Dominicano de Periodistas; Olivo de León, del Sindicato de Profesionales de la Prensa, y muy destacadas figuras que participaron la semana pasada en una marcha, bajo una lluvia intensa, con colegas vestidos de negro.
El clima de los últimos días en casi todo el territorio dominicano ha agregado perfiles sórdidos a un ambiente de gran conflictividad social, con aumentos desmedidos en la canasta básica; huelgas de médicos por salarios justos; asaltos y atracos numerosos; expansión del uso y expendio de droga y de arrestos y asesinatos de narcotraficantes.
Entre el personal periodístico agredido, los casos más notorios han sido los de Nuria Piera, Huchi Lora y Alicia Ortega, quienes hacen periodismo investigativo.
Un juez autorizó el allanamiento de las oficinas de los dos primeros para retirar de allí documentación y grabaciones todavía no utilizadas acerca de la leche carente del contenido proteico necesario, que se había estado suministrando en el desayuno escolar, vendida a la Secretaría de Educación para esos fines por la empresa Lácteos Dominicanos.
Ortega fue enviada a tribunales por un funcionario disgustado a causa de sus informaciones. A esto se agrega la pateadura dada a Vianko Martínez por el guardaespaldas de un promotor artístico, cuando el primero intentaba entrevistar a un artista; y la situación de Octavio Vázquez, a quien le quemaron su casa en Cotui, a unas dos horas de Santo Domingo.
Por haber denunciado que una persona ligada al narcotráfico había sido puesta en libertad está siendo acosado, por un diputado y una jueza, el profesional Manuel Antonio Vega. Y aunque el hecho mantiene perfiles oscuros, hace dos meses fue baleado y muerto el camarógrafo Normando García, mientras cargaba gasolina en un Servicentro de Santiago de los Caballeros, la segunda ciudad del país.
El presidente del Sindicato de la Prensa, Olivo de León compendió, en cifras, el estado de cosas. Destacó que sólo en el Cibao (la meseta central del territorio dominicano), en lo que va de año, se han presentado 35 casos de agresiones; ha habido 16 en el Distrito Nacional; 15 en la región Norte; cuatro en el Sur y dos en el Este.
Aunque también ha habido pronunciamientos vigorosos de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el gremio periodístico nacional parece hallarse en disposición de lucha en defensa de sus propios derechos y de la Ley de Libertad de Expresión, que más de una vez ha sido desafiada aquí.
Preguntada por SEMlac del porqué de estos desmanes, la presidenta del Colegio Dominicano de Periodistas, Mercedes Castillo, dijo que lo atribuye tanto al temor como al autoritarismo de ciertos sectores con poder: "Las dos cosas están presentes porque lo hacen para atemorizarnos. Fíjate que ya están sometiendo a la justicia a los medios, pensando que con eso nos callarán. Ayer yo estuve en Hato Mayor -una municipalidad próspera hacia el Este del país- y un canal de televisión y una emisora ya están acusados para que entreguen los videos del periodista Manuel Antonio Vega y la cinta magnetofónica. Si se traslada eso a nivel nacional, donde en cada pueblo hay dos y tres canales de TV, la situación se convertiría en muy peligrosa. Por eso, estamos reaccionando para que se nos respete".
¿Tiene perspectivas esta lucha de los periodistas y las periodistas? "Claro que tiene perspectivas, porque esto es una lucha también de toda la sociedad…", aseguró la profesional, dos veces elegida Presidenta del Colegio de Periodistas.
Ultraje a todo el periodismoRodeado de sus compañeros de labor, que le han defendido solidariamente, Vianko Martínez dijo a SEMlac que, con él, el periodismo todo ha sido "ultrajado, vilipendiado, atropellado, pateado y agredido". Al referirse a los factores que están creando esta situación, afirmó el criterio de que "detrás de esto hay una combinación de elementos del poder económico, del poder político, del poder social. Por mí esta lucha no se va a caer".
¿Este será el momento apropiado?"Creo que ha llegado la hora de frenar este clima de intolerancia, esta ola de violencia que hay contra los periodistas y, en sentido general, en la sociedad. Hay que decirle no a la violencia en todas sus manifestaciones y creo que estamos en un buen momento para conseguirlo".
El periodismo dominicano ha aportado a la defensa de la verdad un número importante de mártires. El padre de Nuria Piera, hoy acosada, fue asesinado. También lo fueron Orlando Martínez, director de Ahora, que enfrentó desmanes del régimen del entonces presidente Joaquín Balaguer, quien gobernó por 12 años, hasta 1996.
Todavía el año pasado fue ultimado Juan Andujar, reconocido por sus denuncias al narcotráfico. Tales crímenes ni siquiera han sido esclarecidos.
En el presente, las diferentes agrupaciones de profesionales de la comunicación están presentando un frente común para frenar lo que denominan "el terror judicial" que, supuestamente, se alía con otros poderes para incoar procesos contra colegas, los que se ven interrumpidos en sus funciones, tienen que nombrar abogados defensores y, con frecuencia, pierden sus empleos porque los empresarios no quieren verse "en problemas".
De ahí el valor añadido de las opiniones que ofreció a SEMlac el propietario del canal 49, el ingeniero José del Carmen Cubilete, quien también es presidente de la Asociación de Plantas de TV, que agrupa a 37 canales. Entre los propietarios de esos canales, hay seis que además lo son de diarios. Preguntado si había sobornos y dinero tras estos casos de agresiones a periodistas, éste respondió: "Esto yo no debía ni decirlo, pero cada día vemos personas ligadas a determinados poderes que tratan de adquirir medios de comunicación".
¿Esa sería la razón?"Más que esa. Pero si no libramos esta lucha, nuestra identidad como dominicanos no valdrá nada. Si no tenemos esta libertad de prensa, si no conservamos esta autoridad para poder hablar sobre lo que ocurre, dejaremos de ser. Pero hay mucha presión de la parte judicial…"
¿Usted cree que está transitando dinero detrás de estas agresiones?"Yo no me atrevería a decir tanto, pero si sé que hay poder detrás de todo esto".
El ingeniero Cubilete ha sido 16 años representante de los dueños de plantas de TV y persona reconocida por su defensa de los canales nacionales frente a la masiva presencia de los telecables de televisión foráneos.
Una marcha de la sociedad dominicana La protesta de las y los periodistas fue acompañada por mucha gente del pueblo. Pero también hubo apoyo de la ex vicepresidenta de la República Milagros Ortiz Bosch; de la ex Secretaria de la Mujer Yadira Henríquez; del cantautor Víctor Víctor; de las presentadoras Milagros Germán y Tania Báz; y de otras personalidades, alarmadas por los riesgos que implica para la democracia esta vesania contra quienes son los ojos y la voz del pueblo, como lo significaron los agredidos.
Recursos publicitarios fueron puestos en función de la protesta. Además de carteles escritos a mano, hubo pancartas y grandes bandas de plástico con los rostros de los colegas maltratados. La mayoría llevaba bandas amordazándoles; todas y todos vestían de negro.
La manifestación terminó en la Puerta de El Conde, sitio vinculado a muchos acontecimientos históricos, que da acceso al Parque Independencia, donde se halla la llama eterna de los tres Padres de la Patria : Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella. Grande fue el enojo cuando se comprobó que habían sido cerradas las rejas de acceso.
Cuba: Violencia sin palabrasPor Dixie Edith
La Habana, octubre.- No hablar puede ser una manera de ejercer la violencia dentro de la familia y en Cuba ocurre, sobre todo, contra las personas mayores, indican especialistas.
Teresa Orosa Fraiz, máster en Gerontología y jefa de la Cátedra del Adulto Mayor de la Universidad de La Habana, asegura que las principales manifestaciones de violencia contra ancianas y ancianos en la isla "son de carácter relacional, lo que le llaman maltrato psicológico".
"Nuestra cultura no se caracteriza por maltratar físicamente a las adultas y adultos mayores, en sentido general. Más bien se produce maltrato emocional, verbal. Se le responde de forma inadecuada a la persona mayor o, simplemente, no se le dice nada, no le tienen en cuenta", detalló Orosa a SEMlac.
A pesar de que no existen prácticamente datos estadísticos sobre la ocurrencia de cualquier forma de violencia intrafamiliar en Cuba, diversas historias familiares confirman el criterio de esta experta.
"En los últimos tres años mi familia ha permutado la casa donde vivimos en dos ocasiones y nunca me pidieron opinión", explicó a SEMlac Amalia Ramos, de 74 años.
Tras los cambios de vivienda, e incluso de municipio, Ramos perdió amistades y hasta la práctica sistemática de ejercicios físicos, pues donde reside actualmente no existe ningún espacio que ofrezca esta opción a las personas mayores.
Para Antonio Pardo, un mecánico jubilado de 82 años, la situación es más tensa: "Mi hijo decidió venir desde Las Tunas a trabajar a La Habana y me trajo con él. No pude negarme porque no tengo más familia, pero ahora vivo en un cuarto piso, no puedo bajar las escaleras sin ayuda y me paso el día solo", contó.
En la dirección de Asuntos Humanitarios de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, la especialista en investigación social Gladys Martínez Noa y Elaín Calañas Puerta, han sido testigos de historias similares.
"En nuestro trabajo cotidiano con personas mayores hemos observado muchos tipos de violencia, sobre todo de violencia por omisión", precisó Calañas, quien se desempeña como jefe del Servicio de Rehabilitación y Fisioterapia de esa institución.
"Hay casos en los que la familia no los toma en cuenta a la hora de asumir decisiones concretas, por ejemplo, cuando van a mudarse, y una persona mayor fuera de su medio se pierde, entra en crisis", explicó.
Una investigación del Grupo de Estudios sobre Familia, del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS), del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), definió en 2006 la violencia intrafamiliar.
Para los autores de Violencia intrafamiliar en Cuba. Aproximaciones a su caracterización y recomendaciones a la política social es "todo acto u omisión intencional, que tiene lugar en el ámbito de las relaciones interpersonales en la familia y es capaz de producir un daño físico, psicológico o patrimonial (…), causando irrespeto a los derechos individuales".
El maltrato a las personas mayores se describió por primera vez en 1975, en revistas científicas británicas, empleando una expresión que podría traducirse como "abuelita golpeada".
Desde entonces, la preocupación por el tema ha aumentado, en línea directa con el incremento de los niveles de envejecimiento poblacional.
Según datos de Naciones Unidas, en 2025 la población mundial de 60 o más años llegará a ser de unos 1.200 millones de personas.
"Las personas de edad deberán poder vivir con dignidad y seguridad y verse libres de explotaciones y de malos tratos físicos o mentales", reza uno de los Principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad, aprobados en su resolución 46/91, del 16 de diciembre de 1991.
"La violencia contra las personas mayores es hoy una prioridad de la Organización Mundial de la Salud", confirmó a SEMlac el doctor Enrique Vega, asesor regional en Envejecimiento y Salud, de la Organización Panamericana de la Salud.
"Abuso, maltrato y sobre todo abandono, incluso en las instituciones de cuidados a largo plazo, son temas que estamos siguiendo. El maltrato mental, verbal, es mucho más importante que el maltrato físico, aunque no hay estadísticas. Este es un fenómeno totalmente sub reportado, sub investigado", precisó Vega.
Resultados combinados de cinco encuestas, realizadas en la última década en países desarrollados, han permitido apenas estimar una tasa de maltrato de entre 4 y 6 por ciento en la población adulta mayor, si se incluyen el físico, el psíquico, el económico y el descuido, reveló el estudio del CIPS, que también alerta sobre la ausencia de estudios profundos y detallados.
En Cuba, esta violencia también se manifiesta privando a ancianas y ancianos de sus espacios propios: casa, habitaciones; o no reconociendo sus derechos dentro del hogar e, incluso, con el empleo inconsulto de sus ingresos por parte de sus descendientes.
También ocurre que "la familia se acomoda a que el anciano cumpla con el rol de buscar el pan, el periódico, y cuando tienden a salirse de ese rol, a cambiar de actividad, de rutina, pues los agreden", agregó Calañas.
Especialistas entrevistados de manera anónima para la investigación del CIPS coinciden en considerar a los ancianos y ancianas uno de los grupos más vulnerables frente a la violencia doméstica.
"La posición que pueden adquirir en la familia debido a su desventaja económica, es un factor susceptible de contribuir a ser receptor de múltiples agresiones", además de que muchas veces "no poseen protagonismo familiar desde el que ostentar poder. A esto se le añaden las desventajas físicas y psicológicas probables", cita el texto.
Estos expertos también opinaron que el maltrato contra los mayores puede ser una forma reactiva de responder a la violencia que ellos mismos ejercieron sobre sus familiares en edades menores.
Según el estudio del CIPS, para ancianas y ancianos "las consecuencias del maltrato pueden ser especialmente graves".
Cuba, que será en 2050 uno de los dos países más envejecidos de la región, precisa atender de manera urgente esas situaciones.
Según fuentes consultadas por el CIPS, en 2004 el Programa Nacional de Atención Comunitaria al adulto mayor brindaba servicios de alimentación a más de 42.000 personas mayores, de las cuales, a 70 por ciento se le subsidiaba su costo.
Igualmente, alrededor de 6.000 personas recibían "servicios de limpieza en el hogar, lavado de ropa y servicios de cuidados en su domicilio, a través de una auxiliar geriátrica".
A través de la Asistencia Social se brindan, además, de forma diferenciada, prestaciones en especie o monetarias de acuerdo a la situación socioeconómica en específico.
Pero la mayoría de los especialistas en el tema coinciden en que hace falta prepararse para el envejecimiento desde una cultura más inclusiva, integradora.
"Hay que aprender a envejecer y también hay que aprender a ser adulto mayor de esta época", opina la máster en gerontología Teresa Orosa.
La dirección de Asuntos Humanitarios de la Oficina del Historiador de La Habana ha generado programas socioculturales donde enseñan a las personas mayores a combatir estas situaciones, a romper esquemas y valerse por sí mismos cuando es posible.
"Se les da un abanico de soluciones, de salidas y, además, se les incorpora a actividades donde pueden participar y aportar determinada utilidad. Se les enseña a actuar, a intercambiar, a buscar soluciones de vida. Ellos aprenden y así van cambiando", explicó Calañas.
Para la asesora del director de esta oficina, Gladys Martínez Noa, algo "muy importante es que nosotros tratamos al anciano con dignidad. Se les enseña a valerse y esas actitudes los estimulan a incorporarse a nuestros grupos".
Feminicidio: Las mujeres mueren impunemente en PerúPor Julia Vicuña Yacarine
Lima, octubre- Víctimas de discriminación y violencia basada en su género, no pocas peruanas mueren asesinadas por sus esposos, convivientes o parejas sentimentales, revela el Informe nacional sobre Feminicidio en el Perú, coordinado por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM).
De acuerdo con un estudio realizado para este informe por el Centro de la Mujer Peruana "Flora Tristán" y Demus, entre enero de 2004 y julio de 2007, han muerto 403 mujeres. El 55 por ciento de ellas tenía entre 16 y 35 años al momento de ser asesinadas.
En los casos identificados, 40 por ciento de las mujeres fueron ultimadas por sus esposos, convivientes, o parejas sentimentales; el 14 por ciento resultó víctima de un familiar, principalmente de su padre o hermanos; mientras que 10 por ciento de los casos fue responsabilidad de la ex pareja o ex esposo, ante la negativa a reiniciar la relación.
Patricia Zanabria, coordinadora nacional de CLADEM Perú, dijo a SEMlac que este informe busca visibilizar, en espacios más amplios, la problemática de la violencia contra la mujer en su modalidad más extrema, que es el feminicidio.
"Queremos sensibilizar, pero también informar a la población de esta situación, que no la podemos medir en su total magnitud, porque se carece de estadísticas reales que puedan diferenciar la problemática, cuyas particularidades se diluyen en otros tipos de violencia y hacen que no se tomen las medidas efectivas del caso", señaló.
Para Zanabria, no se mira con la debida atención el feminicidio, "que tiene en la base la problemática de violencia hacia la mujer, la violencia de género y un enfoque desde una cultura patriarcal que limita y encasilla a las mujeres, no las considera en igualdad, en paridad con los varones y las deja desprotegidas y expuestas a una situación de riesgo".
Por su parte, Carolina Loayza, representante del Colegio de Abogados de Lima, declaró a SEMlac que, de acuerdo con el derecho comparado y la legislación internacional, aún no se ha tipificado el feminicidio. Sin embargo, señaló que esta problemática existe de acuerdo, con la experiencia internacional.
"Por ejemplo, el feminicidio es una práctica usual durante los conflictos armados, una forma de hacer la guerra. El enemigo piensa que, dañando a la mujer, se hace la lucha y eso no es aceptable. Creo que los Estados, al aprobar el Estatuto de Roma, han dado un gran paso, es un esfuerzo por prevenir y sancionar estas prácticas, pero se trata de un proceso largo que empezó desde el inicio del siglo XX y continuamos en el XXI", anotó.
El Estatuto de Roma fue aprobado en 1998 y entró en vigor el primero de julio de 2002. Es el primer instrumento internacional, no referido exclusivamente a las mujeres, que incorpora la perspectiva de género a lo largo de todo su articulado, complementado con normas sobre procedimiento y prueba, y otras sobre elementos de los crímenes, particularmente avanzada en materia de crímenes sexuales.
Entre los crímenes de lesa humanidad y de guerra que tipifica, incluye violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada y otras formas de violencia sexual.
Mía o de nadieSegún el Informe nacional sobre Feminicidio en el Perú, los agresores, luego de confesar su crimen, señalan estar arrepentidos de sus actos, pero responsabilizan a la mujer del hecho. El 34 por ciento de los atacantes cometió el homicidio amparado en los celos, el ocho manifiesta que la violencia se desencadenó ante la negativa sexual de la víctima, mientras que el 14 por ciento reconoce que fue por venganza.
Liz Meléndez, del Programa de Derechos Humanos del Centro de la Mujer Peruana "Flora Tristán" y una de las autoras del informe, dijo a SEMlac que el Estado peruano no toma conciencia de la gravedad del feminicidio que, día a día, cobra más vidas.
"Se debe crear un registro estadístico sobre el tema de asesinatos de mujeres, con las causales de violencia de género; actuar con la debida diligencia para atender, investigar y sancionar los casos de violencia familiar y prevenir la violencia contra la mujer y garantizar plenamente sus derechos, reconocidos en los derechos internacionales", afirmó.
Meléndez indicó que el término feminicidio está aún en elaboración y debate, y busca superar el concepto de homicidio, nombrando a los crímenes que atentan contra la vida de las mujeres y responden a condiciones permanentes de discriminación.
"Las bases de este problema son las estructuras patriarcales. Para prevenirlo debemos actuar desde las escuelas, trabajar con la educación y también se debe comprometer a los medios de comunicación para que no sigan difundiendo este problema de una manera pasional, porque romantizan la violencia o patologizan al criminal que pierde su responsabilidad individual", indicó. |