Reportajes y noticias de SEMlac

Del 14 al 20 de julio de 2008

Perú: Siguen problemas para implementar aborto terapéutico

Por: Zoraida Portillo

Lima, julio.- El estado peruano continúa violando el derecho que por ley tienen las mujeres d este país a interrumpir su embarazo cuando éste pone en riesgo su vida, al negarse a elaborar el protocolo médico para este tipo de situaciones.

Así lo denunció el pasado 9 de julio Human Rights Watch, durante la presentación de su informe de 52 páginas, en el que señala que las autoridades peruanas deliberadamente se niegan a aprobar las directrices médicas para el aborto legal.

Angela Heimburger, investigadora de la organización, sostuvo que en el país existe tal desinformación sobre el aborto, que muchos sectores piensan que éste es ilegal en todas sus formas, lo que no corresponde a la verdad.

"El código penal de 1924 estipula, muy específicamente, que procede el aborto cuando la vida de la mujer esté en peligro o amenaza su salud", señaló la investigadora.

Pese a ello, a las mujeres que, amparadas en este derecho, acuden a los hospitales públicos en busca de ayuda, se las reprime y se las estigmatiza, subrayó.

Y relató el caso de una mujer en Arequipa (al sur del país) que hace 2 meses acudió al hospital del sector salud a que le practicaran un aborto porque sufría problemas cardíacos, pero los médicos se negaron a ello, por no existir un protocolo oficializado por el Ministerio. La mujer murió poco después.

Arequipa es una de las regiones que se opone más tenazmente a oficializar un protocolo médico para el aborto terapéutico. El obispo católico de esa ciudad ha amenazado con la excomunión a los médicos que lo practiquen.

"El estado está en la obligación de informar a los proveedores de servicios de salud que el aborto terapéutico está autorizado por la ley", añadió Heimburger, pero también reconoció que las autoridades se sienten presionadas por las autoridades eclesiásticas y sectores conservadores de la sociedad civil.

Las discusiones para elaborar el protocolo datan de varios años. Incluso, durante el pasado gobierno del ex presidente Toledo se llegó a tener un protocolo elaborado por los médicos de la Maternidad de Lima, pero tuvo que ser dejado sin efecto por una directiva del Ministerio de Salud.

Se conformó, entonces, una comisión multisectorial, con participación de representantes del estado peruano, del colegio médico y del de obstetrices, pero también de la jerarquía católica, que no aportó ninguna solución.

Heimburguer informó que el Ministerio de Salud le comunicó a Human Rights Watch, poco antes de dar a conocer su informe, que el problema (de elaboración del protocolo) "está en revisión".

Por su parte corresponsales de diversos medios de comunicación internacionales, entre ellos SEMlac, después de conocido el informe de HRW trataron infructuosamente de que alguna autoridad de Salud se pronunciara al respecto, pero fue inútil. Ninguna autoridad quiso dar declaraciones al respecto.

Se estima que en el Perú se practican más de 400 mil abortos clandestinos al año y está considerado como la tercera causa de muerte materna en el país.

Según el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, una de cada siete mujeres que se somete a abortos clandestinos tiene que ser internada de urgencia, por complicaciones que ponen en riesgo su vida, en hospitales públicos o clínicas particulares.

Asimismo, por cada mujer que muere al someterse a un aborto clandestino, otras 50 ó 60 terminan incapacitadas sexualmente para el resto de su vida, declaró al diario La República el doctor Luis Távara, Presidente de la Confederación de Derechos Humanos y Reproductivos de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología.

Para Human Rights, detrás de la alta tasa de abortos clandestinos se esconde también un problema de desigualdad social porque son las mujeres más pobres las que recurren a estas prácticas en las peores condiciones.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en América Latina y el Caribe se realizan anualmente alrededor de 3 millones 700 mil abortos ilegales. Aproximadamente el diez por ciento de ellos termina con la muerte de la mujer que se somete a esta práctica.

Por cada mil mujeres en edad reproductiva, se presentan 29 abortos no seguros y por cada cien mil nacimientos se producen 30 muertes por abortos inseguros, precisa la organización.

Cuba: Aprender a salir de la violencia

Por Raquel Sierra

Cárdenas, Matanzas, julio.- Los niños se portan mal y tienen problemas en la escuela. El novio de la hija se queda a dormir en casa... una realidad en hogares donde viven adolescentes. En ocasiones, ante situaciones como estas, comunes en diferentes geografías, los padres no saben si gritar, prohibir o aceptar. No pocas veces, hechos como estos están acompañados de diferentes dosis de violencia.

Tal vez el conocimiento sea un camino. Entender a las personas, sus necesidades de atención y afecto, conocer los métodos para el tratamiento y la solución de diferentes conflictos pueden ser vías para evitar la violencia o salirse de ella.

Así lo considera la psicóloga Valia Solís Peraza, del municipio Cárdenas, en la provincia de Matanzas, 140 kilómetros al este de La Habana. Esas conclusiones las saca de sus once años de experiencia en la atención médica. En ese tiempo, ha visto las más diversas gamas del maltrato en familias y parejas.

"En algunos casos, los hijos e hijas no quieren ver a los padres o, por ejemplo, siguen orinándose en la cama cuando ya pasó la edad en que ese fenómeno se considera normal. Si va más allá, puede encontrar madres agresivas o maestros que maltratan o humillan", explica.

"Vienen a la consulta por malos rendimientos académicos y resulta que son los adultos quienes no tienen los métodos adecuados, desconocen las necesidades e imponen castigos excesivos. Entonces, tratamos de que descubran por sí mismos las situaciones y les damos herramientas para que puedan enfrentarlas", agrega.

En opinión de Solís, hay múltiples maneras de dañar la integridad de alguien y "no se trata solo del golpe", explica, en alusión al desconocimiento casi generalizado de que también se ejerce violencia con las miradas, los gestos y las palabras hirientes y hasta con el silencio, entre otras muchas formas.

Aunque expertos y autoridades afirman que la violencia en Cuba es inferior a la de otros países de América Latina, en los últimos tiempos se ha reconocido la presencia de este problema al interior de las familias, sobre todo en sus manifestaciones psicológica y emocional. Una de las principales víctimas, en estos y otros casos, es la mujer.

De acuerdo con la doctora en Sociología Clotilde Proveyer Cervantes, profesora de la Universidad de La Habana, la forma más común de violencia experimentada por las mujeres, en todas partes, es la violencia psicológica infligida por su pareja. Al menos una de cada tres mujeres es objeto de violencia por parte de su pareja durante su vida.

La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer expresa que esta "constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre" y que ha "impedido el adelanto pleno de la mujer".

La Organización de las Naciones Unidas entiende por "violencia contra la mujer" a "todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada."

Caras múltiples

Después del divorcio, Claudia, de casi 50 años, encontró una nueva pareja. Había amor y comprensión, pero algo fallaba en la intimidad: temía desnudarse, pese a la insistencia de su pareja. Tras consultas y consultas con un psicoterapeuta, llegaron a la verdad: las ofensas y burlas de su ex esposo, sobre su cuerpo, habían dañado su psiquis, con consecuencias que rebasaron incluso el rompimiento del vínculo matrimonial.

A la hora de enfrentar la violencia, lo primero es descubrir los vericuetos detrás de los cuales se esconde. Como muchos expertos, María Caridad Pérez Santana, psiquiatra del Centro Comunitario de Salud Mental de Cárdenas, considera que "lo más difícil es identificarla".

"En muchas ocasiones, las mujeres se sienten deprimidas, angustiadas, presentan disfunción sexual y trastornos del sueño, pero no identifican cuáles son las causas de esos malestares físicos y psicológicos", apunta.

Contrario a lo que, con frecuencia, dice el sentir popular de que "a ella le gusta que la maltraten", las personas permanecen en ese círculo vicioso, sencillamente, porque no poseen los conocimientos, las herramientas y la autoestima necesarios para salirse de él.

Cuando una mujer decide romper con un pasado lleno de violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, "siempre hay pérdidas: de vivienda, de estatus económico, peligro de que los padres las vean de otra manera", indica la psiquiatra Pérez Santana.

"En esos casos, señala, la consejería se orienta a empoderar a esas mujeres de manera que puedan enfrentar el problema sin violencia. Siempre existe un daño, pero se debe trabajar la autoestima, hacerlas sentir capaces y valientes para el momento de la toma de decisiones".

Una manera práctica son los talleres que, para elevar la autoestima, se desarrollan en el Centro Comunitario de Salud Mental de Cárdenas y las tertulias de la biblioteca del Centro de Reflexión y Diálogo de ese territorio, lugar al cual "las personas sienten la necesidad de asistir y donde se trabaja mucho en educar sobre cómo vivir sin violencia", agrega la especialista.

La psicóloga Yenia Pupo Cruz también pondera las ventajas de la educación. "Hay que enseñar el valor del diálogo y la reflexión, hacer entender que, aunque haya criterios opuestos, eso no nos hace enemigos, y que en el tratamiento de las mujeres hay que incluir también a los hombres".

A su juicio, el hecho de que "el tema de la violencia fuera 'muy cerrado' y poco tratado hasta muy recientemente, provoca que sea más tardía la solución. Lo más importante es visualizar ese proceso, enseñar a identificar que un maltrato o un irrespeto dañan psicológicamente. Hay que aprender a decir las cosas y, sobre todo, buscar el estilo correcto de decirlas", enfatiza.

Pero, sobre todo, asevera, que las personas comprendan que hay formas de salirse del maltrato, como lo han demostrado quienes han acudido a los talleres y las consultas.

Uno de los obstáculos para salirse del círculo de la violencia pueden ser los prejuicios. Para María Caridad, está muy extendido el sentir de que "hay que tolerar al marido porque `es el padre de tus hijos´".

"En no pocos casos, las mujeres temen 'al qué dirán' y a enfrentar la realidad, no piden ayuda porque tienen miedo a las pérdidas, a que las vean como una mala mamá si denuncian al padre de sus hijos quien las maltrata", comenta Yenia Pupo.

Expertos indican que, pese a todos los programas desarrollados en la isla en los últimos 50 años a favor de la mujer y por la equidad de género, persiste la educación sexista y una violencia intrafamiliar creciente, que requiere un tratamiento más allá de la academia y de los estudios.

Según Pupo, contra este mal, que no pocas veces está oculto detrás de la puerta de cada hogar, se requiere de "educación en todos los sentidos, en la familia y en la sociedad, y decir `nos tenemos que meter, eso no puede pasar´".

Expertos consideran que la violencia física, psicológica o sexual está presente en la isla sin distinción de religión, nivel cultural, situación económica, color de piel, diferencias de edad o tiempo de relación de la pareja.

Por esa razón, aconsejan la sistematización de todas las investigaciones, valorar la posibilidad de realizar un estudio de prevalencia a nivel nacional, y que exista un banco estadístico que presente la realidad, la frecuencia de estos delitos y su real magnitud.

RECUADRO

Guatemala: Severas secuelas sicológicas en mujeres violentadas

Por Alba Trejo

Guatemala, julio.- Síndrome de Estocolmo doméstico, conductas compulsivas, vergüenza y congelamiento emocional son, entre otras, las secuelas psicológicas que los expertos han detectado en las guatemaltecas víctimas de la violencia intrafamiliar.

Tras un largo historial de agresiones, los psicólogos reconstruyeron la historia personal de al menos 250 mujeres agredidas y detectaron en ellas unas 30 formas de comportamiento negativo en su personalidad, entre estas, la autoestima negativa, la necesidad de controlar la conducta de otras personas, profundos sentimientos de incapacidad o dificultad de adaptación.

Las conductas de las atacadas fueron identificadas por el grupo de expertos de la gubernamental Fundación de Sobrevivientes de Guatemala, que analizaron a las mujeres que van hasta ese lugar para recibir ayuda, tras haber vivido en un hogar donde predominaban los golpes, las violaciones sexuales y las agresiones verbales.

Esta institución, que también apoya a las familias de las víctimas del feminicidio, es dirigida por Norma Cruz, quien indicó a SEMlac que la lista de secuelas se determinó tras un año de acercamiento a las agredidas, debido a que la gran mayoría repetía patrones similares de conducta.

Cruz comenta, además, que esas marcas psicológicas se encuentran, también, en las y los niños que han presenciado violencia intrafamiliar o el momento en que su madre era asesinada por su propio padre y ellos intentaron ayudarla.

En Guatemala, la situación de violencia intrafamiliar es un asunto grave. Por ejemplo, la Fiscalía de la mujer del Ministerio Público advierte que a ese lugar acuden, al menos, 15.000 mujeres al año a denunciar que sufren de violencia doméstica, mientras que la Procuraduría de los Derechos Humanos reporta al menos 3.583 niños y niñas maltratados dentro de sus hogares.

Esa cifra es pequeña, sin embargo, si se toma en cuenta que existe un subregistro debido a la cultura patriarcal que predomina en esta sociedad, indica Hilda Morales, del Grupo Guatemalteco de Mujeres.

Las guatemaltecas violentadas en sus propios hogares sufren incluso irritabilidad constante y depresión. El problema se agrava porque, cada vez, el número de mujeres lastimadas aumenta, señala Norma Cruz.

Un estudio sobre el perfil de la víctima de asesinato realizado por la Fundación de Sobrevivientes de Guatemala, que igualmente se acerca al agresor, concluye que en las guatemaltecas predomina el Síndrome de violencia doméstica. Las víctimas se autoculpan, guardan silencio sobre el maltrato, justifican cualquier golpe racionalizando los motivos de su agresor y apelando al vínculo afectivo que les queda.

Eso las puede llevar, incluso, a la muerte, porque ya ni se defienden del agresor, indica el documento.

El congelamiento emocional detectado en las mujeres violentadas de este país es otra de las conductas que prevalece en el comportamiento de las agredidas por sus parejas.

Cruz dijo a SEMlac que cada víctima recibe un promedio de 15 a 24 terapias psicológicas y la gran mayoría logra incorporarse a la vida normal después de haberse sometido a esos tratamientos.

Cristina Azurdia, del ministerio de Gobernación, señala que de 183 casos de muerte de mujeres con extrema violencia, 82 por ciento tenía un historial de violencia intrafamiliar y 10 por ciento ha sido asesinada por sus ex parejas o cónyuges.

Incluso -añade- no existe un sólo departamento, de los 22 que conforman el país, en donde no se registre muerte de mujeres; y advierte que el arma de fuego es el medio final que el agresor utiliza, después de golpear y violentar a su víctima, para asegurarse de dejarla muerta.

La red de la no violencia contra la mujer reporta que ya suman 3.500 las asesinadas brutalmente de 2000 a 2007. Carlos Castresana, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), advierte que esta nación ocupa el tercer lugar en asesinatos de mujeres en el mundo —precedido por México y El Salvador— y que la impunidad con la que se cometen esos crímenes alcanza el 98 por ciento.

Según el jefe de la CICIG, se ha conseguido resolver el dos por ciento de los casos de crímenes contra mujeres de las casi 2.000 víctimas registradas entre 2005 y 2007, lo que le hace pensar que se trata de niveles epidémicos contra ellas, sólo por el hecho de ser mujeres.

Las estadísticas reflejan que los actos cometidos por violencia intrafamiliar se logran resolver en menor medida, aunque se trate de un crimen anunciado, pero los casos donde los sindicados no pertenecen al entorno familiar están en la completa impunidad.

La ley contra el feminicidio, implementada en abril de 2008, castiga con penas severas e irrefutables el asesinato de mujeres y la violencia física, sexual y sicológica. En el caso de asesinato, con prisión de 25 a 50 años al agresor, y por las diferentes formas de violencia, con cárcel de cinco a 12 años.

En Guatemala, las mujeres constituyen el 51 por ciento de los 14 millones de habitantes; sin embargo, han estado excluidas históricamente de los beneficios del desarrollo, particularmente las residentes en el área rural.

México: Rescate a mujeres violentadas

Por Sara Lovera

México, julio.- ¿Cómo salir de la violencia? A Elda le costó 11 años plantearse la separación de su agresor. Yazmín aguantó nueve. Las dos gozan ahora de una protección que nunca imaginaron: reciben apoyo psicológico, acompañamiento legal y cuentan con una cantidad de dinero que les permitirá tener recursos para no cejar en el intento.

"No es mucho…apenas 1.500 pesos mensuales (150 dólares), pero eso ayuda a mi transporte para continuar los trámites de divorcio, ir a la psicóloga y asistir a las pláticas que me hacen más segura", dice Elda. Esa entrega es por tiempo indefinido.

Yazmín podrá permanecer tres meses en un albergue especial, con su hija, para "tomar una decisión definitiva" y no volver con él.

Se trata de un programa llamado de Reinserción Social que el gobierno del Distrito Federal, capital de la República, puso en marcha en junio último. "No es la panacea, ni se trata de una ocurrencia", dice Carmen Miranda, la responsable gubernamental de este proyecto, que fue anunciado como un Seguro contra la Violencia de Género.

En el Distrito Federal, el 66,8 por ciento de las mujeres mayores de 15 años reportaron haber recibido violencia al menos una vez en su vida y el 42,2 por ciento vive violencia reiterada de pareja.

La violación dentro o fuera del matrimonio ha colocado a esta ciudad de 18 millones de habitantes en el noveno lugar entre las 32 entidades del país. Entre 1995 y 2005, según la estadística del Servicio Médico Forense, 743 mujeres fueron asesinadas, más de la mitad a manos de sus compañeros de vida.

Según Carmen Miranda, esta decisión de estado se ajusta a la nueva Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia que, en el Distrito Federal, entró en vigor hace apenas dos meses. Es producto de un largo proceso de trabajo en el que se han colocado las propuestas de la sociedad y las instituciones para prevenir, atender y penalizar la violencia, iniciadas en 1984.

El programa busca prevenir el feminicidio y es parte de una política pública amplia.

Según la estadística oficial que se concentra en la Dirección de Igualdad y Diversidad Social de la capital, en 2007 más de 600.000 casos de violencia fueron reportados y atendidos de diferente manera en 11 instituciones gubernamentales.

La cifra real nadie la conoce. Llama la atención que los servicios públicos de salud capitalinos atendieron, sólo en 2007, 275.000 mujeres en sus centros de salud y hospitales, por lesiones producidas por los esposos.

La Secretaría de Salud capitalina reportó que el 83 por ciento de las mujeres que acudieron en busca de ayuda, por violencia, requirieron hospitalización.

Casi 100.000 mujeres, según el informe del Consejo Interinstitucional para atender la violencia de pareja, acudieron a pedir orientación, apoyo psicológico, legal o de techo, porque no podían volver a su casa.

Una mujer golpeada, disminuida, sin autoestima, no pide ayuda inmediatamente. Empieza arreglándoselas sola. "Yo creo que la mayoría, casi un 90 por ciento, viene después de ser golpeada, insultada o maltratada en reiteradas ocasiones, genuinamente atemorizada, porque fue amenazada o amedrentada con quitarle la vida a ellas y también a sus hijos e hijas. Por lo tanto, el proceso es difícil para la toma de decisión, para lograr salvarse", relata Pilar Sánchez, directora del Albergue para Mujeres que Viven Violencia.

En la ciudad de México, explican las funcionarias entrevistadas por SEMlac, existe una red institucional que atiende las denuncias que llegan, inicialmente a la Procuraduría de Justicia, a la Unidad de Prevención de la Violencia o el Instituto de las Mujeres, e incluso a través de un sistema telefónico llamado Locatel.

Se instituyó un Consejo de Atención y Prevención de la Violencia, que reúne a las distintas instancias, que actuaban desarticuladas hasta hace pocos años. Con muchas dificultades, se está armando una estructura que haga eficaz la denuncia policial con el apoyo psicológico, el tratamiento médico o psicosocial, ya que las instituciones se están ajustando, afirmó Concepción Martínez, coordinadora de la atención a la violencia de la Dirección de Igualdad.

No ha sido sencillo. Las víctimas de la violencia de género están en cada recodo de la geografía del Distrito Federal y se requiere un equipo técnico y la participación de una docena de organizaciones sociales y civiles que también atienden a mexicanas que viven violencia.

Lo que se ha iniciado, explica Carmen Miranda, es una plataforma que genere condiciones para que ellas puedan acceder al empleo, a educación, al servicio de guarderías, incluso al deporte y la cultura a través de un convenio de reinserción social que firmaron 16 diferentes dependencias, cuyo compromiso es erradicar, desde sus distintas responsabilidades, la violencia que viven las mujeres.

En este nuevo proceso, la experiencia y el trabajo de las Unidades de Prevención de la Violencia contra las Mujeres han sido fundamentales. Estas entidades nacieron hace casi 10 años y están regidas por ley. Es una de las 11 instituciones que intervienen en la atención y prevención, entramado con riesgos de burocracia.

Las actoras

Para quienes deciden parar la violencia y acuden a las instituciones, la cuestión está clara. SEMlac habló con seis de ellas: Beatriz vivió cuatro años de violencia. Estudió hasta la escuela secundaria. Está viviendo en el albergue: "Llegué porque estaba muy golpeada y, la verdad, del miedo recurrí a Inmujeres y pedí asesoría…me dijeron que podían ayudarme".

"No conté con mi familia, porque él iría ahí. Ahora me siento segura, pero no sé que voy a hacer cuando salga", indica. En el albergue sólo están tres meses. Para eso sirve después la beca de 1.500 pesos y, en algunos casos, una vivienda por un año.

Yazmín, otra de las víctimas, acudió al Centro de Apoyo a la Violencia de la Procuraduría. "Fui allá para que me asesoraran y, más que nada, yo sí quería estar en un albergue para un apoyo, una seguridad. Pero necesito salir de aquí con un empleo, para recuperar mi tranquilidad. Para eso sirve el seguro, según dicen". Ella todavía no tiene la beca, tendrá que solicitarla al salir del albergue.

Todas refieren haber encontrado un aliento, como dice Elda. Y para Lucía —que recibió de su compañero una cuchillada y este, al salir de la cárcel, la hostigó—, el refugio es una oportunidad para reencontrarse. Fortalecerse, apunta Pilar Sánchez, directora del albergue.

Lupita fue a la Unidad de Prevención, hace dos años, y desde entonces tiene apoyo terapéutico, y poco a poco decidió iniciar el procedimiento de divorcio. Alicia todavía vive con su agresor y considera que la ayuda económica puede ser muy valiosa: "sobre todo si la aprovechamos, o sea, si sabemos para qué la vamos a utilizar, no la malgastamos. Yo creo que lo que hemos vivido condicionadas por falta de dinero, ahora una puede salir, creo que hay que valorarlo y saber que sí sirve".

Carmen Miranda insiste en los factores que a estas mujeres les impiden salir de su situación de violencia: la falta de redes de apoyo, sociales y familiares, su papel de madres de familia y la dependencia económica.

"No es la panacea", repite, pero es un paso adelante: refugio, atención de las unidades y apoyo legal, apoyo económico y una vivienda. Sólo se han distribuido 50 viviendas. El programa pretende otorgar 500 al finalizar 2008.

Cuba: Nuevas medidas frente al envejecimiento poblacional

Por Dixie Edith

La Habana, julio.- En coincidencia con las celebraciones por el Día Mundial de la Población, el pasado 11 de julio, Cuba anunció medidas encaminadas a enfrentar el impacto del acelerado proceso de envejecimiento que atraviesa el país.

El ministro de Economía, José Luis Rodríguez, resumió la actividad científica, auspiciada por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), en saludo al Día Mundial de la Población, y anunció que, en estos momentos, se ejecuta en la isla un programa de reparación y ampliación de las capacidades en los círculos infantiles (guarderías).

La medida apunta a recuperar niveles de fecundidad y ritmos de crecimiento poblacional más favorables. Las mujeres cubanas no garantizan la tasa de reemplazo (al menos una hija que las sustituya en el rol reproductivo) desde 1878.

El también vicepresidente del Consejo de Ministros informó que, para el curso escolar que comienza el próximo septiembre, esas instalaciones de educación preescolar dispondrán de unas 9.300 capacidades adicionales, las cuales seguirán creciendo de manera progresiva durante los próximos años.

Hoy el 53 por ciento de las madres cubanas tienen vínculo laboral y el desafío es lograr una recuperación de los niveles de fecundidad, sin que las mujeres renuncien a la reinserción laboral y social alcanzada, precisó Rodríguez.

El tema del envejecimiento poblacional también fue ampliamente tratado durante el último período ordinario de sesiones del Parlamento, que coincidió con el Día Mundial de la Población.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Alfredo Morales Cartaza, presentó una propuesta de modificaciones a la actual legislación de seguridad social, que incluye el incremento progresivo, en cinco años, de la edad de jubilación.

Actualmente, las cubanas se jubilan a los 55 años y los hombres a los 60, con 25 años de servicios en los dos casos. La nueva propuesta eleva esos valores a 60 años de edad para ellas y 65 para ellos, con 30 años de servicios en ambos casos.

El incremento se realizaría poco a poco, durante siete años, desde 2009 hasta 2015, con el objetivo de afectar lo menos posible a los trabajadores próximos a las edades actuales de jubilación.

En 1980 arribaron a la edad laboral en el país 238.547 jóvenes, mientras el año pasado esa cifra descendió a 166.321.

Según proyecciones del centro de Estudios de Población y Desarrollo (CEPDE), de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), en 2020 la cuenta habrá descendido a 129.135.

De acuerdo con la actual ley de seguridad social, en ese mismo año podrían jubilarse 131.767 personas. De mantenerse esa legislación, vigente desde 1980, en 2020 serán menos los cubanos que arriben a la edad laboral que los que alcancen la jubilación.

Las modificaciones propuestas a la ley proponen, a la par, "nuevos beneficios como la modificación del cálculo de las pensiones, que propicia que la cuantía de la pensión tenga mayor correspondencia con el aporte, el salario y la permanencia laboral de aquellos trabajadores que se jubilen después de cumplir con la edad de 60 años o más las mujeres, y 65 años o más los hombres, y 30 años de servicios", informó Morales Cartaza.

Además, el proyecto incorpora, entre otros beneficios, que podrá percibirse más de una pensión de seguridad social, lo cual beneficia a menores huérfanos de ambos padres y a las viudas pensionadas. En el caso de los hombres viudos se otorga el nuevo derecho de optar por la pensión que le sea más favorable. Actualmente este beneficio es solo para las viudas.

Antes de su aprobación definitiva, las propuestas pasarán por un proceso de discusión en los colectivos laborales de la isla.

República Dominicana: Las mujeres se casan menos y enviudan más

Por Mirta Rodríguez Calderón

Santo Domingo, julio.- Cada vez las dominicanas acuden menos al matrimonio, a la vez que aumenta el número de viudas, separadas o divorciadas, de acuerdo con fuentes oficiales.

Entre centenares de indicadores que tipifican a la población del país y sus problemas, la Encuesta Demográfica y de Salud de República Dominicana (ENDESA), correspondiente a 2007, reveló que, con respecto a su anterior edición de 2002, el número de mujeres que se casa bajó a 15 por ciento, mientras que el dato de las viudas, separadas o divorciadas subió a 19.

El estado conyugal preferido de las dominicanas es el de unidas, comportamiento repetido en los últimos 20 años. Sólo que, a la fecha de la primera ENDESA, en 1991, ese porcentaje era de 33 por ciento y en la actualidad es de 42.

Si se relacionan los índices de unión o soltería con la prevalencia del VIH, resulta que menos del 10 por ciento de las personas casadas están infestadas, realidad que empeora para las divorciadas (1,2 por ciento) y sube sobremanera, a 3,8 por ciento, entre las viudas.

Este instrumento de mediciones y sus hacedores son muy prestigiosos. La encuesta se realiza cada cinco años, desde 1991, por el Centro de Estudios Sociales y Demográficos, que dedica a esto gran potencial de recursos humanos, más financiamiento foráneo.

Esta quinta edición incluye, entre sus capítulos, indagaciones relativas al empoderamiento o toma de decisiones de la población femenina, la violencia de género, las actitudes masculinas al respecto y otros aspectos tipificadores de esta nación caribeña de ocho millones 562.000 habitantes, el 50,2 por ciento mujeres.

En términos generales, los cambios del último lustro son apreciables. La tasa de fecundidad bajó de 3,0 en 2002 a 2,4 cinco años después. Aunque no puede establecerse una relación condicionante, lo cierto es que 73 por ciento de la población dominicana conoce y utiliza métodos de planificación familiar. De ese indicador, únicamente tres por ciento se atiene a la abstinencia o el retiro antes de la eyaculación y 70 por ciento emplea métodos modernos: esterilización, píldoras o inyecciones.

Entre 2002 y 2007, la mortalidad por 1.000 nacidos vivos creció un punto, de 31 a 32, mientras que las muertes de niños y niñas hasta los cinco años descendió de 38 a 36 por 1.000.

La manifestación más acusada expuesta por este instrumento de análisis tiene que ver con el número de menores de cinco años que sufre desnutrición crónica, rango que alcanza al 10 por ciento de la infancia. De ellos, dos por ciento la padece en fase aguda, tres por ciento tiene la llamada global, mientras cinco por ciento está en sobrepeso o es francamente obeso.

La violencia es más sofisticada

Un factor sociodemográfico que registra crecimiento es el de la violencia, que padece el 30 por ciento de todas las entrevistadas. Aunque los técnicos hablan de violencia doméstica, se sabe que la que se ejerce es, muy marcadamente, violencia de género.

En el último lustro dejaron de sufrir agresiones físicas seis de cada 100 mujeres: de 22 a 16 por ciento; las violentadas sexualmente fueron igualmente el seis por ciento, pero las que se declararon emocionalmente agredidas son muchas más, de 18 por ciento en 2002, ellas representan ahora el 26 por ciento.

Aunque la riqueza de elementos de ponderación dados a conocer por la Encuesta Demográfica y de Salud deriva muchísimas cuestiones que mueven a la reflexión y aun a la especulación, un índice novedoso es el de empoderamiento femenino y la forma en que fue medido; y otro el que acerca mucho más al país a cifras reales sobre la prevalencia de VIH sida.

La encuesta reveló que, entre las mujeres casadas o unidas que reciben remuneración en dinero, 17 por ciento gana más que su esposo o compañero, si bien el 70 por ciento gana menos. Acerca de cómo y quién decide sobre los gastos, 57 por ciento dijo que ellas; el 39 adujo que lo hacen de conjunto y el resto (pocas, por cierto), informó que es el esposo o compañero quien determina.

Según el propio documento estadístico. el hecho de que 57 de cada 100 dominicanas decidan autónomamente en qué gastar sus ingresos coloca al país a la par de Bolivia y Honduras, aunque por debajo de Colombia, donde 82 por ciento de las mujeres unidas toma estas decisiones.

Un panorama diferente se dibujó frente a la pregunta de cómo se gasta el dinero que recibe el esposo o compañero. El nueve por ciento de las mujeres dijo que son ellas quienes lo deciden, la cuarta parte aseguró que lo hacen ellos y en el 66 por ciento de las uniones lo determinan juntos.

Residentes en bateyes más infestados por sida

Otras revelaciones de la ENDESA 2007 han permitido contar con un panorama estadístico más completo sobre la prevalencia del Virus de Inmunodeficiencia Adquirida y su incidencia en la población.

Dato no por sospechado menos ingrato es la comprobación de que en los bateyes, donde residen las personas más pobres, mayoritariamente de origen haitiano, los niveles de infestación alcanzan cotas que cuadruplican las del resto del país.

En cifras concretas, 3,3 por ciento de los hombres de los bateyes y 3,1 de las mujeres lo padecen y estos porcentajes crecen con la mayor edad de las personas. Entre las mujeres de 45 a 49 años es del ocho por ciento y del nueve entre los hombres de 40 a 44 años.

El estudio incluyó la realización de la prueba de VIH a más de 51.000 hombres y mujeres. Los resultados indicaron que la prevalencia de VIH entre 15 y 49 años es de 0,8 por ciento, indicador que se comporta igual para hombres y mujeres. En las zonas urbanas el porcentaje es de 0,7 por ciento, pero en las áreas rurales sube al uno. Las mujeres entre 30 y 34 años son las más afectadas, junto a los hombres de 35 a 39 años de edad.

Al presentar la Encuesta Demográfica y de Salud 2007, la directora del CESDEM, Maritza Molina Achécar, subrayó que, aunque se han registrado mejorías en diferentes realidades del país, hay "apreciables desigualdades regionales y provinciales en relación con el acceso, calidad y disponibilidad de los servicios y los bienes de consumo".

La experta pidió a las autoridades de los sectores público y privado que intensifiquen esfuerzos para reducir la pobreza y las inequidades.

Bolivia: Lo diferente en la pantalla

Por Liliana Aguirre F.

La Paz, julio.- El primer festival de cine Gay, Lésbico, Bisexual y Transexual (GLBT) en La Paz se llevó a cado durante una intensa semana, del 3 al 10 de julio, durante la cual la pantalla de la Cinemateca Boliviana fue la ventana para conocer la historia de humanos que optaron por una identidad sexual diferente.

La muestra incluyó más de 30 proyecciones, entre películas, cortos y documentales, donde sus protagonistas develaron un sinfín de historias en las que abordaron diferentes temas como el amor, la discriminación, la migración, la violencia, la prostitución, el VIH-SIDA y el dolor, entre otros.

"Es el primer festival de este género en Bolivia y esperamos al año volver a realizarlo, ya que pretendemos abordar diferentes problemáticas en la sociedad, como son la homofobia, la migración, el VIH-sida, entre otras, para su reflexión", comentó el cineasta Diego Torres, quien organizó esta exhibición.

Torres remarcó que la organización del cine GLBT no hubiera sido posible sin la cooperación de la agencia holandesa HIVOS, el gobierno municipal de La Paz, la Cinemateca Boliviana y la Oficialía Mayor de Culturas, entre otras instituciones.

Entre las cintas que se proyectaron se encuentran "La ley de la noche" (Bolivia), "Dos patrias Cuba y la noche" (Cuba-Alemania), "Risk, Strech or Die" (Alemania), y "Juchitan paraíso de las locas" (Canadá-México).

"Cortos y largometrajes, de diferentes países y realidades, tratan de hacer reflexionar al espectador de un tema vigente, que es la elección sexual de una persona y que, muchas veces, está elección diferente provoca la marginación por una sociedad poco tolerante e informada", opinó Malena, una de las asistentes al festival.

En el cierre de la muestra de cine GLBT, donde estuvo presente SEMlac, los organizadores y la comunidad homosexual en Bolivia dieron las gracias y explicaron su interés de difundir más sobre la problemática que suelen atravesar.

Además, actrices de algunos documentales nacionales, muchas de ellas transexuales, comentaron su alegría por la buena acogida que tuvo este evento.

"Queremos que la gente sepa más de nosotras, que además aprenda no sólo a tolerarnos, sino a aceptarnos y hasta apoyarnos", dijo Diana, quien es parte de la comunidad homosexual en Bolivia.

Perú: Mujeres expresaron su indignación por política del gobierno

Por Julia Vicuña Yacarine

Lima, julio.- "Me llamo hambre", dice a SEMlac. En su rostro ajado por 64 años de una vida nada fácil, se aprecia la indignación. Ella es una de las miles de mujeres que el 9 de julio se congregaron en la Plaza Dos de Mayo, en el centro de Lima, como parte de las actividades del paro nacional.

Ella había oído en la radio que la gente se movilizaría hacia la Plaza. Cogió una olla, la tapa y una cuchara, algunos soles para el pasaje, por si encontraba alguna movilidad. Estaba ansiosa de soltar su cólera, porque "ya estoy cansada de tanta promesa electoral".

Grande fue su sorpresa al encontrarse frente a su casa con un grupo de personas que con banderas y pancartas también iban al mitin. Se sumó al grupo y no se dio cuenta en qué momento empezó a vivar al paro, y a gritar "esto no es apoyo, esto es protesta".

"Estoy aquí solita en la brega, soy una ama de casa que tiene mucha indignación, y ya que no puedo pegarle a nadie, aunque sea grito, el dinero que pagan a los trabajadores es muy poco, la botella de aceite cuesta 8 nuevos soles (2.75 dólares), para hacer el aderezo de mi arroz derrito la grasa del pollo, se que hace daño, pero es mucho mas barato. El señor García realmente es una estafa", declaró a SEMlac.

La primera protesta nacional contra la política económica del gobierno aprista convocada por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), se desarrolló de manera pacífica en la capital peruana, donde las actividades y el transporte público fueron casi normales, aunque algunos choferes aprovecharon para incrementar sus tarifas en 50 céntimos y un nuevo sol (0.17 y 0.34 dólares).

Sin embargo, en el interior del país la protesta se dejó sentir con mucho vigor, no solo con la paralización de las actividades económicas, sino con bloqueo de caminos, movilizaciones y mítines que congregaron a miles de personas.

En Madre de Dios, al suroriente del país, sin embargo, la turba descontrolada incendió la sede del gobierno regional y realizó una serie de actos violentos que dieron pie a las autoridades del gobierno central para decir que los promotores del paro eran violentistas y no desean el progreso del país.

Otro hecho contraproducente se produjo en La Libertad, al norte del país, cuando, según las informaciones oficiales, un grupo de pobladores enardecidos se negó a dar paso a una ambulancia que llevaba a una parturienta en grave estado. La infortunada mujer, de 19 años, murió poco después.

La secretaria de Asuntos Femeninos del Centro Único Regional de Rondas Campesinas de La Libertad, Victoria Fernández, refutó las acusaciones de las autoridades y afirmó que se permitió el pase de la ambulancia que llevaba a Lucy de la Cruz Otiniano, la joven mujer, en dirección al Centro Médico de Santiago de Chuco apenas se percataron de la gravedad de la paciente.

Según relató a la cadena nacional Radioprogramas del Perú, los campesinos que mantenían bloqueada la carretera con la presencia del médico de la posta de Cachipaba, a quien identificó como Fernando, se acercaron a la ambulancia que llegó con la mujer y constataron su mal estado.

"Nos fuimos a mirar (la ambulancia), y el doctor que estaba con nosotros, y hemos podido ver la calamidad de esa paciente. De inmediato limpiamos las piedras y pasaron", afirmó. Según Fernández, la ambulancia sólo permaneció detenida por la turba durante dos minutos.

Sin embargo, el presidente regional de La Libertad, José Murguia, aseveró que debido al bloque de carreteras la ambulancia que transportaba a la joven madre estuvo cerca de dos horas esperando el pase.

El paro nacional se realizó en momentos que el país registra un crecimiento económico del 8,3, uno de los más altos de la región. La inflación del primer semestre marcó 3,51 por ciento, situación que contrasta con el sueldo mínimo que reciben los trabajadores 500 nuevos soles (177 dólares) y la pobreza golpea al 40 por ciento de la población.

Para cientos de personas ese día constituyó en una jornada de protesta y salieron a las calles para hacer evidente su rechazo a las políticas del presidente Alan García.