Reportajes y noticias de SEMlac

Del 9 al 15 de junio de 2008

América Latina: la cruda realidad de los niños que trabajan en el campo

Por: Zoraida Portillo

Lima, jun.- Juancito F. ya no puede ir al colegio. Los dolores de cabeza son cada vez más intensos y las náuseas casi no lo abandonan. Su mamá no sabe qué hacer porque en el establecimiento de salud le han dicho que todo está “normal”. “Mañoso será pues, si no quiere ir al colegio tendrá que trabajar”, dice Teresa, su madre, una campesina peruana de 43 años.

“Yo sí sé que le pasa, está intoxicado con tanto plaguicida”, dice con resignación Ana López, su maestra, mientras lanza un suspiro y pasea su mirada por los alrededores de su escuelita rural. Sus ojos cansados parecen saberlo todo.

“He visto tantas veces estos síntomas en mis alumnitos que no necesito ser experta, estos niños fumigan por largas temporadas, los padres creen que es un trabajo sencillo y los mandan a fumigar a ellos, sin saber el peligro al que los exponen”, dice. “A Juancito ya no lo van a mandar al colegio, lo obligarán a trabajar más y a fumigar más”, añade dolida.

Estamos en un caserío del Callejón de los Conchucos, en la vertiente occidental de los Andes peruanos. Aquí, como en numerosos poblados rurales de la región andina y del mundo en desarrollo, la fumigación es una actividad que forma parte de la cotidianeidad de cientos de niños y adolescentes campesinos. Lo que sus padres ignoran es que la exposición permanente a pequeñas dosis de plaguicidas altera sus procesos hormonales y resquebraja sus sistemas inmunológicos.

En consecuencia, muchos desarrollarán alergias, presentarán extrañas picazones en el cuerpo o hasta llagas y tendrán los extraños síntomas de Juancito, pero muchísimos más tendrán secuelas internas: trastornos neurológicos, déficit de atención, incapacidad o lentitud para aprender y hasta cáncer a diversos órganos con el paso del tiempo. Las niñas sumarán a esos riesgos, cuando estén en edad de concebir, abortos espontáneos, alumbramiento de bebés con trastornos genéticos, etc.

Así lo demostró un estudio realizado en la década de los 90 por el Centro Internacional de la Papa y el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC en inglés) de Canadá, en la provincia ecuatoriana de El Carhi, entre una población altamente expuesta al uso de agroquímicos en los sembríos de papa.

El estudio demostró que infantes y adolescentes de las áreas rurales están expuestos por varias vías a estos potentes agrotóxicos: los envases son almacenados en condiciones precarias dentro de las viviendas, participan o están presentes durante la fumigación y no toman las precauciones debidas para la eliminación de los envases, patrones que ellos mismos reproducirán más tarde cuando sean adultos.

Con razón la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como numerosas organizaciones no gubernamentales que velan por la salud de los menores de edad, señalan a los plaguicidas como uno de los peores peligros al que se enfrenta la infancia y la adolescencia en las zonas rurales de los países en desarrollo.

Lamentablemente no es el único problema. El transporte de fardos y cargas pesadas, el pastoreo y crianza de ganado, las extenuantes jornadas de trabajo, que a veces se extienden hasta más de 12 horas, y que incluyen la apertura de surcos, el manejo de maquinaria o guiar a las avionetas fumigadoras, son otras particularidades del trabajo infantil en el área rural.

Muchas veces los niños son retirados de la escuela por los propios padres porque necesitan mano de obra barata en el campo.

“De esta manera, lo único que consiguen es hacerse más pobres”, se lamenta la profesora López. “Yo lo he visto: los papás me dicen ‘qué hago señorita, lo necesito para que me ayude en el campo’ y se llevan al niño, lo hacen trabajar de sol a sol, se enferma, se convierte en una carga, es marginado y así va marcando su destino”, relata. “No hay cómo romper este círculo vicioso”, reflexiona.

Y aunque Ana no lo menciona explícitamente, las niñas llevan la peor parte pues ellas no sólo son retiradas más rápidamente de las escuelas que los varones, sino que además de las tareas agrícolas —generalmente deshierbe o apertura de surcos— deben combinar su jornada de trabajo con las tareas domésticas, entre ellas el acarreo de agua y de leña desde fuentes distantes a veces a varias leguas de distancia.

“Las chicas se embarazan muy rápidamente después que dejan la escuela y pasan de fungir de mamás de sus hermanitos a ser madres verdaderas y como ya no pueden ir al campo se llenan de hijos muy rápido”, señala López.

“A veces las encuentro, con su hijito a la espalda, las manos ocupadas con bostas de vaca o leña para cocinar, algunas me desvían la mirada, creo que sienten vergüenza, a mí se me encoge el alma”, dice.

“Sin posibilidad de asistir a la escuela y de jugar, sin formación y experiencia que les respalde, sin instrucciones precisas, ni conocimientos sobre las medidas de seguridad y a menudo utilizando herramientas diseñadas para manos de adultos, los niños son particularmente vulnerables a los riesgos que encierra el trabajo en la agricultura, la silvicultura, la pesca y en el procesado, transporte y comercialización de alimentos y productos agrícolas”, subraya la FAO en su último informe sobre la niñez rural, publicado en diciembre de 2007.

De por sí, la cantidad de menores de edad que trabajan en el área rural en condiciones riesgosas para su salud e integridad física es todo un desafío: 132 millones de niños y niñas entre los 5 y 14 años, según la FAO.

Por su parte, la OIT afirma que el 70 por ciento de niños que trabajan en el mundo lo hacen en el sector agrícola. Es decir siete de cada diez niños y con un agravante: cerca de 20 por ciento de los trabajadores infantiles tienen menos de 10 años, en promedio, de acuerdo con datos recopilados por el Programa Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil de la OIT.

En América Latina y el Caribe el porcentaje de niños rurales trabajadores ha descendido 16 al 5 por ciento entre 2000 y 2004, según la FAO. Más aún, el porcentaje de niños involucrados en trabajos peligrosos ha bajado en 26 por ciento. Paraguay, Bolivia y Perú ostentan las tasas más altas de niños trabajadores rurales.

Trabajo infantil vs. explotación infantil

Para caracterizar debidamente el problema, sin embargo, hay que comenzar por aclarar los términos pues los organismos internacionales no están en contra de todas las actividades que los niños realizan en el campo, muchas de las cuales obedecen a las particulares características del sector rural.

“Participar de cierta forma en actividades de subsistencia de la familia, en especial si no implica trabajos pesados o peligrosos, o no interfiere con la escolarización, es legítimo y puede ser importante para desarrollar habilidades necesarias para llegar a ser agricultor, pescador o silvicultor en la vida adulta”, aclara Eve Crowley, de la Dirección de Género, Equidad y Empleo Rural de la FAO.

“Por el contrario, no hay excusa para el trabajo infantil que puede resultar dañino, sea abusivo o suponga la explotación de los menores y les prive de su derecho a la educación”, añade.

De acuerdo con la OIT, el “trabajo infantil” es aquel que perjudica la salud del niño, impide que asista a la escuela y puede poner en entredicho su desarrollo y crecimiento futuros. Por lo tanto, aquellas tareas ligeras que no interfieren con su asistencia a la escuela son aceptables a partir de los 12 años de edad, al igual que los trabajos calificados de no peligrosos para los adolescentes de 15 y 16 años.

Al analizar la problemática de infantes y adolescentes que trabajan en el campo, un aspecto bastante dejado de lado por las estadísticas oficiales se refiere a la situación de los menores migrantes, la mayor parte de los cuales va a trabajar al campo, especialmente en las zonas fronterizas.

Ese es un problema que va en aumento en México, por ejemplo. Según el Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, cada año unos 150 mil menores intentan pasar la frontera.

De ellos, una tercera parte lo hace solo, sin la compañía de ningún pariente o amistad. Para el Centro, la principal motivación de esos niños es la económica y por ello un gran porcentaje de los 90 mil en promedio que logran trasponer anualmente la frontera se quedan trabajando en plantaciones agrícolas de los Estados Unidos, en precarias condiciones pues no existen ni como ciudadanos ni, legalmente, como personas.

En Guatemala, de otro lado, la edad promedio para comenzar a trabajar como jornaleros agrícolas es de 6 años, según informes de ONGs que laboran en ese país. No obstante, no existen estadísticas oficiales de cuántos menores trabajan en el campo, la mayoría de los cuales pertenecen a las etnias indígenas de ese país centroamericano.

“No nos gusta echar veneno (plaguicidas) porque huele feo y no nos deja respirar”, fue una de las respuestas que los niños trabajadores del campo de Nicaragua dieron a un grupo de educadores que realizó una encuesta entre 1,500 niños y adolescentes que trabajan. También se quejaron de las herramientas que tienen que utilizar “demasiado grandes y difíciles de manejar”. No obstante, niños al fin, reconocieron que “aprender a manejarlas da prestigio y reconocimiento dentro de los campesinos”.

Preguntados sobre los riesgos que confrontan, los encuestados señalaron el peligro de sufrir un accidente, el dolor y el cansancio que significa trabajar muchas horas agachados o en posiciones poco cómodas, el peligro de contraer enfermedades y el no poder asistir regularmente al colegio.

En el Perú, coincidiendo con su ingreso a la primaria, las niñas rurales se encargan del pastoreo del ganado, cuidado de animales menores, recojo de leña y acarreo de agua, etc., señala la Red de Acción Social por la Niñez. A medida que crecen, estas responsabilidades se incrementan, por lo que no disponen ya de tiempo ni condiciones adecuadas para continuar estudiando.

Como resultado, una de cada cuatro adolescentes entre los 12 y 17 años deja de estudiar. Otras 200.000 entre los cinco y 17 años nunca han ido a la escuela, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática.

México: El trabajo infantil no soluciona la pobreza

Por Sara Lovera

México, junio.- Una fuerte polémica sobre el trabajo de menores se genera en América Latina y las opiniones están encontradas en el sentido de si se trata de una franca explotación o de un derecho.

Del dato oficial de niños, niñas, y adolescentes trabajando en México, al menos un millón y medio realizan actividades económicas prohibidas, por lo cual sufren franca explotación laboral, de acuerdo con las leyes mexicanas. La mitad tienen entre 12 y 15 años.

Nadie se pone de acuerdo en torno a cuáles son las actividades realmente laborales. Las legislaciones mexicanas permiten el trabajo de menores a partir de los 14 años y se considera trabajo oculto y terrible el que realizan muchas niñas y niños en sus propios hogares, pues se les deja a cargo de sus familias haciendo trabajo doméstico.

Según el último informe de trabajo infantil, elaborado por un conjunto de organizaciones, encabezadas por Thais Desarrollo Social, urge el establecimiento de un Programa Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil.

La cifra oficial (correspondiente a 2002) indica que tres millones 300.000 niñas, niños y adolescentes trabajan y, de ese total, la mitad no acude a la escuela, según anota ese estudio y explica a SEMlac Norma Inés Barreiro, presidenta de Thais Desarrollo Social.

Barreiro informa que han desagregado datos cualitativos y cuantitativos, para ofrecer una visión muy seria de lo que está pasando, para desterrar el mito de que el trabajo de menores podría resolver problemas de pobreza, ya que los infantes trabajadores entran al círculo de la privación.

Agrega que se ha invisibilizado el problema del trabajo infantil, con datos y cifras sin valor, mientras no se atiende de manera global el sistema económico, el reparto de los bienes y la obligación del Estado para asegurar una infancia feliz.

Para el secretario de Desarrollo Social del Distrito Federal, Martí Batres Guadarrama, sacar a los niños y niñas de labores económicas sólo se resuelve con acciones del Estado. En la capital se ha contemplado en la ley el derecho a beca escolar, útiles y uniformes y, para los adolescentes, una ayuda económica que va de 30 a 60 dólares mensuales, a fin de que no abandonen la escuela.

Esos derechos han pasado a la ley, son universales, dijo vía telefónica a SEMlac.

Hoy día, los especialistas aspiran a desmontar un conjunto de mitos, entre ellos que el trabajo infantil es “natural” y “siempre ha existido y seguirá existiendo”, así como su supuesta contribución económica, aunque los estudios, según agregó, demuestren que reproduce la pobreza presente y futura de sus familias.

Otro mito es el relativo a la falta de consenso sobre las repercusiones de la incorporación temprana de las niñas y niños al trabajo, la falta de voluntad política y la escasa visibilidad del problema, tanto en políticas públicas como en las percepciones sociales.

Trabajan en todo

Las criaturas realizan toda clase de labores, desde el levantamiento de cosechas, comercio y acarreo de mercancías, hasta trabajo urbano marginal en calles y espacios públicos.

Una encuesta del oficial Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) indica que dos de cada tres niños y adolescentes declaró trabajar para ayudar a su familia, mantenerse a ellos mismos o continuar estudios.

El trabajo infantil se concentra en las regiones más pobres del país, como Veracruz y Chiapas; le siguen Puebla y el Estado de México. En quinto lugar se ubica Jalisco, una de las entidades aparentemente industrializadas.

Expertos sostienen que existe una infancia trabajando en el campo y la ciudad, niñas y niños de seis a 15 años, de los cuales un millón 800.000 realiza labores domésticas, una de las formas de trabajo oculto más dolorosas, de niñas principalmente.

Frente a esta realidad, otro grupo de organizaciones civiles prepara, a partir de una investigación de campo en todo el país, un diagnóstico sin “mitos” ni “datos falsos”, capaz de presentar una geografía seria, explica Jorge Viveros, director de la Unidad de Capacitación e Investigación Educativa para la Participación.

Queremos saber exactamente qué ocurre, pues las cifras se esconden o abultan, según cada actividad o lugar, a dónde se incorporan las criaturas a tareas laborales, prohibidas y permitidas, precisó Viveros a SEMlac.

En la capital

En el Distrito Federal, capital de la República, 9.000 niños trabajan en las tiendas por departamentos y todos van a la escuela. Las autoridades vigilan que sus derechos humanos sean respetados y 70 por ciento de ellos viven en hogares con padre y madre, por lo que, desde los 14 años, estos pequeños ayudan a familias precarias.

Así lo informó Dolores Unzueta, directora de Trabajo de Mujeres y Menores, del gobierno capitalino, quién admitió, sin embargo, que en los últimos 10 años, desde que ingresó un gobierno distinto a la capital, sólo se ha firmado un convenio de regulación del trabajo de menores.

Ello implica que otros miles de niños están desamparados y no hay forma de regular o vigilar su trabajo. Llama la atención que sólo 27 por ciento de estos menores que envuelven las mercancías en las tiendas de víveres, llamados “cerillos”, sean hijos de madres solteras. El 38 por ciento de los “cerillos” son mujeres y el 61, hombres.

Subregistro

Según el informe de Thais Desarrollo Social, el puro análisis de las cifras de INEGI demuestra que están subestimadas, pues no consideran a la población infantil de seis a 12 años, que realiza actividades económicas y domésticas, excluida del pleno ejercicio de sus derechos.

Y explica que el trabajo de los jornaleros agrícolas frecuentemente se desarrolla en el sector agro exportador de la economía, ligado a los Acuerdos del Tratado de Libre Comercio. Tres de cada siete niños entre seis y 11 años, de las familias jornaleras, se suman al trabajo asalariado. Se trata de 600.000 menores que trabajan hasta 12 horas diarias.

La cuarta parte de los niños jornaleros, sostiene Thais Desarrollo Social, nunca ha asistido a la escuela, 46 por ciento trabaja seis días a la semana y 35 por ciento no tiene descansos.

Otra realidad es la de los jornaleros agrícolas migrantes, que conforman un grupo heterogéneo y diverso desde el punto de vista económico, lingüístico y cultural, pero sobre todo vulnerable en términos educativos y sociales. Para ellos, la organización exige acciones coordinadas de los diferentes ámbitos de gobierno, con el fin de prevenir la explotación económica de la población infantil.

El trabajo en hogares de terceros se centra principalmente entre las y los adolescentes. El 3,5 por ciento de los hombres y 11,78 de las mujeres de 12 a 17 años de edad —de un universo de 10 millones— realiza trabajo doméstico excluyente: quehaceres en su propia casa, con una duración tal que obstaculiza el desempeño escolar.

Al respecto, Dolores Unzueta afirmó que las condiciones de desigualdad social están determinando procesos de cambio muy lamentables, que recaen principalmente en menores y mujeres. A su vez, Fernando Viveros agregó que hace años se sabe de las labores agrícolas en el norte, donde los niños reciben paga desde los seis años, por lo que puede afirmarse que los gobiernos han estado omisos, sistemáticamente, consideró.

Bolivia: Niños y niñas, mano de obra barata para producir castaña

Por Helen Álvarez Virreira

La Paz, junio.- El negocio de la castaña florece con la mano de obra barata de más de 6.000 niños, niñas y adolescentes que trabajan junto a sus familias en el norte amazónico de Bolivia. De ese total, más de 5.000 no ha sobrepasado los 14 años.

Un estudio del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), realizado por la investigadora Silvia Escóbar, puso en evidencia lo que ya se sabía por denuncias aisladas: que más de 3.000 niños y niñas trabajan ilegalmente y en condiciones de precariedad en la recolección y procesamiento de la castaña.

A ellos se suman 3.500 adolescentes que sufren similares condiciones, aunque por ley cuentan con derechos laborales.

La mayoría presenta altos índices de rezago escolar y, debido a este trabajo, otros enferman de malaria o parasitosis; pero el peor mal que padecen es constituirse en mano de obra barata para el mercado laboral en el norte amazónico de Bolivia.

Según el CEDLA, los empresarios castañeros saben que al contratar a una persona adulta para el trabajo de recolección y procesamiento de castaña, están contratando indirectamente a los niños, niñas y adolescentes que integran la familia. Y saben muy bien que mientras incorporen trabajo infantil, habrá un importante ahorro de costos laborales para las empresas. Este trabajo no es remunerado directamente, ya que el pago se efectúa por producto, a una sola persona.

De acuerdo con el trabajo de Escóbar, de aproximadamente 25.000 castañeros que desarrollan sus actividades en el norte amazónico boliviano, más de 5.000 no han sobrepasado los 14 años de edad, lo que equivale, aproximadamente, a 25 por ciento de mano de obra infantil y adolescente.

La investigación del CEDLA se desarrolló en los municipios Gonzalo Moreno, San Lorenzo y Puerto Rico, del departamento de Pando, además del municipio Riberalta en el Beni. La producción de castaña en Bolivia se concentra en ambos departamentos.

Ingresos familiares

Escóbar observó que las fases de la actividad castañera que demandan la participación de niños, niñas y adolescentes están en la recolección o zafra y el procesamiento o beneficiado. En la primera, se ha identificado que de 17.000 zafreros, 4.672 son niños, niñas y adolescentes; mientras que en la fase de beneficiado las personas menores de 14 años suman 1.812 de un total de 7.350 trabajadores fabriles, todos ellos dedicados al quebrado y selección de la castaña.

Gran parte de la producción de la castaña se destina al mercado externo, “en 2006 se han exportado 19.700 toneladas métricas del producto con un valor aproximado de 70 millones de dólares”, indica la investigación. Es decir, que el kilo de castaña exportada tiene un valor de 3,55 dólares. Con estos valores de venta y el precio que se paga por la fuerza de trabajo, se obtienen elevados niveles de ganancia, en una cadena en la que los trabajadores siguen siendo los más pobres de la región y del país.

Según Escóbar, cada familia genera tres cajas diarias de castañas recolectadas y una con cinco integrantes, logra quebrar 20 kilos por día. Estas entregas representan un ingreso diario familiar de 15,80 dólares.

Mano de obra dócil

Para la especialista del CEDLA, si bien la pobreza coadyuva a la persistencia del trabajo infantil en la zafra y beneficio de la castaña, la cultura impuesta por el capital es la principal responsable: “Los empresarios demandan mano de obra barata, dócil, que no se organice para mejorar sus condiciones de trabajo y que les permita generar ganancias elevadas, a través del pago de bajos salarios y sin beneficios otorgados por la ley”, indica el estudio.

Esta fuerza de trabajo, conformada por niños, niñas y adolescentes, es introducida en el mercado laboral con la finalidad de incrementar los magros ingresos que obtienen los trabajadores adultos. No existe fiscalización del cumplimiento de las normas vigentes por parte del Estado en relación con el trabajo infantil y adolescente, ni instituciones que velen adecuadamente por el ejercicio integral de sus derechos.

Los derechos a acceder a servicios adecuados de salud, educación, recreación y a una vida digna para muchos se han quedado en el papel. En el caso de los derechos laborales de los adolescentes, el panorama es peor, porque ni siquiera figuran como trabajadores directos en las empresas. Cumplen con todas las obligaciones de un adulto, incluso en el hogar. Trabajan en el bosque, en la fábrica y en la casa.

Intervención estatal

El Ministerio de Trabajo encargó la investigación al CEDLA para tener una idea cabal de la dimensión de la problemática del trabajo infantil en la producción de castaña.

Una de las primeras acciones que pretende realizar, a partir de los resultados, es reconformar la Subcomisión de la zafra de castaña, dependiente de la Comisión de Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil (CEPTI), con participación de los ministerios de Salud y Educación, Defensorías de la Niñez, Defensor del Pueblo, organizaciones de derechos humanos y otras, pues se requiere una intervención integral y concentrar todos los esfuerzos en un mismo objetivo.

La comisionada de la CEPTI, Eva Udaeta, prevé que para fines de junio se concluirá con esta tarea. Entretanto, ya designaron un inspector que, además de realizar una fiscalización en las zonas castañeras, iniciará una campaña de sensibilización para mostrar las consecuencias del trabajo infantil y de difusión de la normativa laboral para adolescentes.

También se ha iniciado la organización de mesas tripartitas entre trabajadores, propietarios y el Ministerio de Trabajo, para plantear soluciones a esta problemática que pasa también por la equidad salarial de las personas adultas y de una mejora integral de sus condiciones de vida. “De ahí su complejidad”, dice la Comisionada.

Un tema que preocupa especialmente a Udaeta es la educación de niños, niñas y adolescentes, ya que el trabajo infantil tiende a ocupar todo su tiempo y, a futuro, implica la reproducción del círculo de pobreza. Ella considera que el bono Juancito Pinto, un pago anual de unos 27 dólares a estudiantes de primaria de las escuelas públicas, está contribuyendo a la matrícula escolar. Sin embargo, eso no garantiza un aprovechamiento óptimo.

Además, hay otras situaciones que deben verse de manera simultánea, como el embarazo y la paternidad precoces que se da entre adolescentes involucrados tanto en la producción de castaña como en otras actividades propias de personas adultas.

Como comisionada, a Eva Udaeta también le interesa hacer visible una situación derivada de la actividad agrícola temporal, y es que los niños, niñas y adolescentes que no participan directamente de la zafra se quedan como responsables del hogar, sin importar la edad.

Ella verificó que hay pequeños jefes y jefas de familia de siete u ocho años. En el caso de las mujeres, generalmente se quedan a cargo de todas las actividades domésticas y el cuidado de las y los hermanos menores.

Guatemala: Cohetes, café y piedras persisten en el trabajo infantil

Por Alba Trejo

Guatemala, junio.- Desolladas, callosas, irritadas y a veces mutiladas, así tiene sus manos la niñez trabajadora de Guatemala. Pese a los convenios firmados y leyes promulgadas, los y las niñas siguen cortando café, picando piedra, manipulando la pólvora o torteando frente al fogón como hace siete años, cuando el gobierno decretó la existencia y prevención de las peores formas de trabajo infantil.

Contrario a lo que parecía ser una medida de rescate a su condición de trabajo riesgoso, un millón de niñas y niños son ahora una fuerza laboral en la Población Económicamente Activa (PEA), la cuarta parte de los cuatro millones de la PEA informal registrada en Guatemala.

Tal hecho preocupa a los defensores de los derechos de los infantes, que coinciden en que ello refleja lo poco que se ha hecho por la niñez trabajadora.

Niños indígenas y no indígenas aportan a este país centroamericano su mano de obra, desde los seis años de edad. Con su labor, dice la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Guatemala, colocan a esta nación en el quinto lugar mundial de exportación de azúcar y el octavo en la de café.

Guatemala posee 14 millones de habitantes, seis son pobres y un millón vive en extrema pobreza, de acuerdo con la encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2006. Más de la mitad de la niñez trabajadora vive en esos hogares, con cinco hermanos y un dólar para comer, vestir y movilizarse.

A esa pobreza se suma el anuncio del Programa Mundial de Alimentos (PMA), la semana pasada, del surgimiento de 300.000 nuevos pobres en este país.

La niñez trabajadora también padece desnutrición crónica. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) señaló que Guatemala es la nación latinoamericana con más alta desnutrición crónica y un millón de pequeños que padecen hambre desde que nacen.

Con esas condiciones —señala Nidia Aguilar, Defensora de la Niñez— imposible que los pequeños no se incorporen al trabajo. Agrega que callan ante los golpes, quemaduras o heridas graves, los pesticidas o las lesiones de piel porque necesitan aportar a su hogar. Se les dan dos dólares semanales por 47 horas trabajadas.

“Somos una sociedad que se aprovecha de la niñez y nos importa poco qué pueda ocurrirle una vez que aporten en la casa”, describe Aguilar.

Karina Javier, representante del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil de la OIT en Guatemala, aclara que, a veces, el pago se limita a alimentación, ropa y calzado.

Después de siete años, ni una sola de las peores formas de trabajo infantil ha sido erradicada o prevenida por las autoridades, a pesar de que Guatemala es signataria de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y el Convenio 182 de la OIT, sobre la eliminación de las peores formas de trabajo infantil.

Un ejemplo de la ausencia de programas de prevención y erradicación son las coheterías, que ocupan a 4.000 niños, indica Javier. La niñez fabrica cohetes y surte el mercado mexicano y salvadoreño, agrega.

Este trabajo es considerado por la OIT como una de las peores formas, junto a la recolección de basura, reciclaje de vidrio, elaboración de piedrín, cultivo y corte de brócoli, café, caña y tomate.

En el 2006 fallecieron 60 niñas y niños por la pólvora. Los médicos de los hospitales nacionales coinciden en que cuatro de cada 100 pequeños fallecen por quemaduras e intoxicación en coheterías.

A esa actividad se une el corte de café, uno de los empleos más antiguos, en el cual perdura la mano de obra infantil. UNICEF estima que 65.000 caficultores contratan a familias, principalmente indígenas, para la recogida del grano, pero los perjudicados son las y los niños que desgranan los arbustos todo el día y sin paga, remarca Javier.

Las niñas llevan doble carga porque cortan el grano, en la noche hacen los alimentos de los trabajadores y, en la madrugada, las tortillas, alimento típico guatemalteco a base de maíz.

Esta niñez no concluye el primer grado escolar. Del millón de niños que no acude a una escuela, el 31 por ciento lo hace por trabajo, según la ministra de Educación, Ana de Molina.

Pero no sólo en las fincas se irrumpe en la vida de la niñez indígena, el empleo doméstico en casas particulares también socava su infancia. En 2000, la Oficina de los Derechos Humanos del Arzobispado reportó 93.000 niñas, entre los 10 y 14 años edad, en esa situación.

El documento “La niñez Guatemalteca en Cifras”, de UNICEF, destaca que las niñas trabajan 13 horas diarias y ganan 50 dólares al mes por lavar, planchar, cocinar, limpiar y cuidar niños.

Aunque no existen datos oficiales de las y los niños picapedreros, la OIT señala que a partir de los cinco años ya tienen un martillo pesado en las manos para partir las rocas en pedazos. Este trabajo lo ejercen en cuatro o cinco horas, seis días a la semana.

Para Karina Javier, es una labor esclavizante. La niñez acarrea la piedra de los lechos de los ríos a las canteras, donde la pican sin protección.

El único de los trabajos erradicado parcialmente, según Miriam de Celada, ex representante de la OIT en este país, es el del mayor vertedero de basura. Cuatrocientos menores fueron retirados a cambio de comida y escuela, aunque todavía hay focos de barrancos donde son utilizados para seleccionar desechos.

Justo Solórzano, Oficial de Protección de la UNICEF, aseguró a SEMlac que no hay avances, y teme un incremento de niños en situación laboral debido a la escasez de alimentos que se avecina y, por tanto, el abandono de la escuela se agravará.

En tanto, iniciativas como “Mi Familia Progresa”, propuesta por el gobierno, resulta esperanzadora. El programa, que se basa en transferencias de 20 y 50 dólares mensuales a las familias, a cambio de enviar a sus hijos a la escuela, apoyará a los 45 municipios más pobres de Guatemala y beneficiará a 10.000 hogares.

República Dominicana: En la otra esquina del sol

Por Mirta Rodríguez Calderón

Santo Domingo, junio.- Medio millón es cifra de poca monta si se piensa en la población mundial, en las necesidades infinitas de la gente más desfavorecida, o si se manejan datos de las ventajas que derivan comerciantes de toda laya —incluidos los que trafican con personas—, como resultado de políticas y prácticas explotadoras de grupos humanos y de países.

Pero mencionar que 436.000 niños, niñas y adolescentes dominicanos de entre cinco y 17 años son trabajadores en una nación de ocho millones y medio de habitantes, puede convertirse en un dato inspirador de asombros y de rechazo, salvo que se conozcan los esfuerzos reguladores, las normativas, los estudios y el camino ya recorrido por instituciones y entidades de investigación y acción social, para identificar el problema, procurarle alivio y, cuando ha sido posible, intervenir para revertir una realidad indeseable, aunque casi seguramente imposible de eliminar.

Son agricultores, cosecheros de café y frutos menores, cortadores de caña de azúcar, limpiabotas; vendedores de agua envasada, durofríos o nieves de sabores (jugos de frutas congelados), frutas, flores y diarios; limpiadores de parabrisas, ayudantes de zapateros o de mecánicos, domésticas y aguateros. Aunque están entre los oficios peligrosos y prohibidos, algunos varones son mineros y leñadores.

Existen, sin embargo, dos grupos de infantes trabajadores y trabajadoras cuya presencia ha estado oculta o ignorada por mucho tiempo: los y las domésticos en hogares de terceros; y los niños y niñas nacidos en Haití o hijos de personas de esa nacionalidad, una parte de los cuales son inmigrantes ilegales.

La niñez de este último grupo es pedigüeña, se alquila a otros o por cuenta de sus propias familias, deambula y/o reside en las calles en muy alta proporción, y no pocos son violentados de muchas maneras, sin que pueda excluirse de ese panorama la explotación sexual.

El trabajo doméstico no es un juego

Para muchas personas traer niños del campo o acoger a los de su propia familia para que realicen los quehaceres hogareños significa “ayudarles”, según sacó a relucir un estudio regional en el cual se involucraron el Centro de Investigaciones para la Acción Femenina (CIPAF) y el Programa de Erradicación del Trabajo Infantil (IPET). Ya hay algunos resultados estimulantes de reversión.

Realizada en 2002, esta no es una investigación destinada a las gavetas y el olvido, sino que las entidades y estudiosas comprometidas han continuado la labor sobre esta realidad, cuya fenomenología más llamativa es que ni las personas que acogen menores para el trabajo doméstico, ni las madres y padres que les entregan para que trabajen en hogares de terceros, ni la propia infancia que cumple tal función, se consideran explotadores ni explotados.

El común de los juicios conduce a creer que familias que sacan a niños y niñas de su pobreza, los llevan a sus casas, los alimentan y, eventualmente, los mandan a la escuela y les ofrecen alguna ropa, están realizando un trabajo caritativo, expresivo de gran generosidad.

La verdad no es esa, sin embargo: entrevistas realizadas por Carmen Julia Gómez, Alina Ramírez y la directora ejecutiva de CIPAF, Magali Pineda, así como por Dabeira Agramonte, oficial del Programa IPET de OIT y la Secretaría de Trabajo Dominicano, evidenciaron que niños y niñas suelen sentirse tristes, se lamentan de dolores por el exceso de trabajo; por no ir, ir poco o en horario nocturno a la escuela, y no tener tiempo para los deberes escolares.

Sufren por no poder jugar, por vestir ropas usadas y carecer de posibilidades de cultivar la amistad con sus grupos de edades.

Para Magaly Pineda, entrevistada por SEMlac, “aunque el país ratificó la Convención para la Erradicación del Trabajo Infantil, esa Convención no se ocupa del trabajo infantil doméstico”.

“Cuando se hizo esa investigación, fue la primera vez que en América Latina se estudiaba esto. Porque lo más grave es que no lo consideran un trabajo, sino un acto de caridad. Y ahí se detectaron casos de niños que estaban en situaciones muy negativas. Se rescataron varios y varias familias también. Pero se encuentra resistencia porque se entiende como una oportunidad para el menor. Y muchos se niegan a echar una mirada a fondo al asunto”.

Dabeira Agramonte es la representante por la Secretaría del Trabajo y la OIT de los esfuerzos que se han venido realizando.

“Lo más satisfactorio es que se llamó a la reflexión y se hizo ver que lo que se consideraba una ayuda era algo que les pone en condiciones de explotación. El objetivo que tenemos por delante ahora es la sistematización de una experiencia piloto de atención directa a un grupo de trabajo infantil que aporte elementos para la definición de una estrategia nacional de intervención y fortalezca la capacidad de respuesta institucional pública y privada”, dice.

La analista, que es abogada, explica que en lo legal, durante todo este proceso, se estuvo discutiendo la modificación al Código de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y se incluyeron 10 artículos (ley 136-03). Uno define que ellos tienen las mismas garantías y derechos de quienes trabajan en cualquier otra actividad.

Con ser muy importantes, los juicios expresados a esta agencia estarían incompletos sin el punto de vista de la investigadora principal, Carmen Julia Gómez:

“De tantos problemas sociales sobre los cuales he investigado en cerca de 30 años, el trabajo infantil es el que más me ha impactado; y haber hecho algún aporte para crear conciencia sobre sus causas y consecuencias es la mayor satisfacción.

“Lo iniciamos cuando comenzaba el famoso nuevo milenio, pero en esta tierra de mis amores, pesares y sueños, la República Dominicana, encontré que la gente, los ricos, la clase media, los pobres, seguían creyendo que era bueno, que era correcto, que niños y niñas de corta edad pasaran largas horas de cada día trabajando en oficios domésticos, vendiendo en la calle o sembrando en el campo.

“Y no sólo eso, hasta los propios niños y niñas sometidos a esas condiciones creían que eso era normal. No olvido a un niño limpiabotas de Santiago, con ocho años de edad, cuando me dijo sin rabia: ‘yo no me siento mal haciendo esto, es lo que me toca’”.

El tránsito desde la otra esquina del sol

Los niños, niñas y adolescentes que vienen de Haití o de padres y madres haitianos constituyen la expresión más lamentable de la infancia trabajadora en suelo dominicano. Si viven en el país, salvo muy raras excepciones, lo hacen en tugurios o en bateyes.

Pero hay una “categoría” perversa, que son los niños traficados y alquilados para hacer de pedigüeños, lo que ofrece a sus explotadores ganancias conservadoramente estimables entre 15 y 20 dólares diarios por niño o niña. A veces se trata de bebés que se entregan a mujeres que los usan para conmover. De eso, sus madres —si lo son— apenas recogen de tres a cinco por ciento, y la propia infancia, sólo la comida.

Una parte de ellos consigue escapar y se queda a vivir en la calle, según fuentes directas de niños cuyo anonimato debe ser resguardado. Pero no es extraño encontrar, tarde en la noche, a niñas con sus ropas sucias y deterioradas, limpiando parabrisas.

La problemática de la población haitiana que viene a República Dominicana se pasea por foros internacionales y es motivo de enconados debates entre quienes les defienden, y el nacionalismo que les ataca.

Entre los primeros figura muy destacadamente el sacerdote jesuita Regino Martínez, director del centro para refugiados en Dajabón, la provincia fronteriza con Haití. Altísimo y delgado, este cura rebelde se ha visto envuelto en muchísimos episodios de lucha, con el común denominador de la defensa de los derechos humanos de esta población.

Preguntado por SEMlac sobre qué haría, si pudiera, para aliviar la situación de niños, niñas y adolescentes como grupo más vulnerable, Martínez declaró su especial preocupación por los que se hallan en la frontera. Algunos tienen padres y madres, van a la escuela y reciben atención, pero otros muchos “tienen la calle como hábitat mañana, tarde y noche...”.

Los hay que hacen algún tipo de trabajo, pero también quienes pertenecen a bandas. Especialmente en la frontera no tenemos instituciones que se ocupen de impulsar ningún tipo de proceso ni de acción para recuperarles, se lamenta.

“Si yo pudiera, crearía un centro binacional de acogida y acompañamiento a niñas y niños de la frontera norte. Incluiría lo escolar, la formación humana, técnica, recreación e interculturalidad. Es decir, ir relacionándoles con valores que trasciendan el racismo, la xenofobia y todo tipo de prejuicios”, añade.

Otra pregunta sobre esta situación, por lo general socialmente ignorada, la hizo SEMlac a MUHDA, el movimiento de Mujeres Dominico Haitianas, que tiene un trabajo valioso, sobre todo en bateyes: ¿cómo frenar el comercio de niños y niñas haitianas que los convierte en pordioseros o en cualquier otra cosa? La respuesta la aportaron Jenny Morón y Cristina Luis:

“Sabemos que estas redes de traficantes de niños y niñas desde Haití no trabajan solas, puesto que habiendo tanto control en la frontera, e incluso un llamado cuerpo de seguridad fronteriza, no sería tan fácil cruzar sin la ayuda de otras personas, y esto queda demostrado cuando los niños son recogidos y llevados a Haití y, al mes, ya están de vuelta.

En MUHDA creemos que hay que crear un verdadero sistema fronterizo que pueda detectar situaciones como esa; supervisar las conductas de la policía fronteriza al respecto; y hacer un acuerdo entre los dos países, que se cumpla realmente para que se identifique y capture a los que van a negociar con los niños y niñas.

Es importante que se llegue hasta las últimas consecuencias cuando se detecten casos. Pero nos parece que es imprescindible modificar la ley de trata y tráfico, porque deja un hueco para que puedan escapar estos traficantes.”

Perú: Trabajo infantil, tentáculos de la pobreza

Por Julia Vicuña Yacarine

Lima, junio.- De acuerdo con las estadísticas oficiales, uno de cada cinco menores entre seis y 17 años de edad, que trabajan, está excluido del sistema educativo peruano, situación que de no revertirse llevará a miles de niñas, niños y adolescentes a un futuro de postergación, discriminación y pobreza.

Según la Encuesta Nacional de Hogares del IV Trimestre de 20001 (ENAHO-IV), del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI), entre 1993 y 2001 el trabajo infantil (menores de 6 a 11 años) se multiplicó nueve veces, elevándose de 2,5 por ciento a 21,7 por ciento. En tanto, el trabajo adolescente (menores de 12 a 17 años) se elevó en algo más de dos veces, de 13,7 por ciento a 32,5 por ciento.

Kathia Romero, coordinadora nacional del Programa de Erradicación del Trabajo Infantil para Sudamérica (IPEC) de la OIT, dijo a SEMlac que aunque no cuentan con datos recientes sobre la cantidad exacta de niños que laboran, se estima que 70 por ciento de ellos se encuentran en las zonas rurales.

El trabajo infantil es un problema antiguo en este país sudamericano, pero recién empezó a ser tratado desde 2001, año en que Perú ratificó los convenios que establecen el rango mínimo de edad para la ejecución del trabajo infantil y sus peores formas.

Romero advirtió que, entre otras consecuencias, el empleo infantil “les resta horas de escuela a niñas, niños y adolescentes y les genera agotamiento, lo que no les permite acceder de manera satisfactoria porque entran en condiciones de desventaja frente al niño que duerme y come bien”, agregó.

También influye negativamente el hecho de que las escuelas a las que acuden las familias pobres no disponen de recursos suficientes y tienen limitadas y sobrepobladas sus aulas de clase, lo que imposibilita una educación personalizada.

Tampoco hay programas educativos que atiendan especialmente a esa población y no pocas veces el director y los profesores desconocen la problemática del trabajo infantil.

“En cierto modo hay marginación por desconocimiento y, otras veces, por excepción, porque igual terminan creándose diferencias con esa población que no recibe lo que necesita, ya sea por agotamiento o por sobreprotección, por creerse que ‘pobrecito esta trabajando’ y no logran un aprendizaje completo”, explicó.

Los resultados de una investigación realizada por la organización Tarea Asociación de Publicaciones Educativas en Independencia, distrito ubicado en zona norte de Lima Metropolitana, nuevo eje de desarrollo económico de la capital peruana, alertan sobre el alto índice de escolares de primaria y secundaria, 44 por ciento, que ha realizado una actividad económica fuera de su casa.

El estudio, que intentó tomar una radiografía de la población escolar de Independencia, comprendió a estudiantes de primaria y secundaria de 15 colegios, distribuidos en las seis zonas del distrito. Los resultados se darán a conocer el 24 de junio.

Jorge Chávez, educador y coordinador del Proyecto Fortalecimiento de Políticas y Estrategias Educativas Locales para la Prevención del Trabajo Infantil de Tarea, dijo a SeMlac que del total de escolares que tiene experiencia laboral, 26,8 por ciento son menores de 14 años.

“La problemática es mucho más compleja para el distrito de Independencia, porque en términos gruesos ese indicador se calcula en 12 por ciento para la Región Lima. Nos estamos preguntando qué tipo de trabajo realizan y estamos haciendo cruces más finos para saber si estas labores son peligrosas por la naturaleza de lo que realizan y por las condiciones en que se llevan a cabo”, explicó.

Según Chávez, otro hallazgo del estudio es que tanto los escolares que trabajan como los que no trabajan carecen de oportunidades recreativas, lo cual “peligrosamente se refleja en su afluencia de los menores al tragamonedas (ocho por ciento del total de las personas entrevistadas). Otra forma de entretenimiento es Internet”, agregó.

Para el educador, la situación de riesgo y violencia que existe en las calles y la ausencia de los padres hacen que la principal forma de entretenimiento de los escolares sea la televisión.

“Los indicios que estamos encontrando en esta investigación nos impulsan a considerar políticas y acciones para brindar oportunidades recreativas y formativas, más allá del tiempo escolar”, afirmó.

RECUADRO

Argentina: Trabajo rural infantil, la injusticia que perdura

Por Norma Loto

Buenos Aires, junio.- “Desde muy pequeña mis hermanos y yo migrábamos a Tucumán, 1.280 kilómetros de la Capital Federal, a las cosechas de la caña de azúcar. Eran duros aquellos viajes en carros, expuestos a la intemperie. Cuando llegábamos a la cosecha, la familia entera trabajaba para que la paga (a destajo) fuera mejor. Recuerdo lo infelices que éramos todos”.

Este es el relato de Ely, una mujer de 60 años que, durante toda su infancia, migró junto a sus padres desde la provincia de Santiago del Estero, 1.200 kilómetros al norte de Capital Federal, hacia las zafras del Tucumán. Estos recuerdos se remontan a casi medio siglo atrás; sin embargo, podrían ser actuales, ya que el trabajo rural infantil aún es un componente de la vida del campo argentino.

La secretaria de Igualdad de Oportunidades y Género de UATRE (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores), Carolina Llanos, define a SEMlac que “el trabajo infantil es aquel al cual se somete a los niños y niñas menores de la edad mínima requerida por la legislación nacional vigente (14 años de edad), a realizar tareas remuneradas o no, durante un gran número de horas diarias, en forma sistemática, bajo condiciones perjudiciales”.

Esta problemática se ha naturalizado tanto que, para muchos, es casi una cuestión cultural. La socióloga Susana Aparicio realizó un estudio que refleja que 13,3 por ciento de los menores que realizan trabajo rural tiene entre cinco y nueve años; mientras que 29, 6 por ciento corresponde a la franja de 10 a 13 años.

Según un estudio de la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (CONAETI), hay alta concentración de trabajo infantil en las provincias Chaco, Tucumán, Misiones y Mendoza. Allí se emplean menores en los cultivos y las cosechas de tabaco, yerba mate, algodón, cítricos, té, hortalizas, arroz, frutas, soja, entre otras.

En la zona noroeste de Argentina existen los períodos de cosechas de cítricos, tabaco, caña de azúcar y se calcula que allí están 194.000 infantes explotados laborablemente. Muchos de ellos lo hacen como parte de una economía familiar y otros contribuyen con su esfuerzo para incrementar la remuneración de sus padres, que reciben pago a destajo.

Estos menores se suman a una estadística total de América Latina y el Caribe, donde cerca de 20 millones de chicos son explotados laboralmente en diferentes áreas.

Muchas de estas cosechas y cultivos abarcan parte del período lectivo, lo cual implica una gran deserción escolar, pues el trabajo durante la niñez hace que la escuela se convierta en otro esfuerzo imposible de realizar.

Un sondeo realizado por la CONAETI, junto a la OIT y UNICEF reflejó que 10 por ciento de los muchachos más pequeños que trabajan en el ámbito rural no van a la escuela, y que la ha dejado 62 por ciento de los adolescentes.

Además, las condiciones en las que estos menores desarrollan las labores son altamente riesgosas, ya sea por inclemencias climáticas o por otros factores externos. “Entre las consecuencias más nefastas, está la intoxicación debido al uso de agroquímicos entre quienes trabajan en la fruticultura, tabaco, té y yerba mate, en el noroeste y noreste argentino”, manifiesta Carolina Llanos.

Esta profesional afirma que la exigencia de este tipo de trabajo muchas veces trae aparejadas afecciones en los cartílagos y en las articulaciones, que están en proceso de desarrollo. “Se ha comprobado la existencia de daños en el sistema músculo esquelético, dado que ni los músculos ni los huesos han completado su crecimiento hasta los 18 años en las mujeres y 21 años para lo varones”.

Hace un tiempo, la opinión pública se estremecía al conocer la situación en el norte de Santa Fe, donde los menores son utilizados como "banderas" para la demarcación de áreas de fumigación, la cual se realiza a través de pequeños aviones, llamados “mosquitos”.

Esta es otra de las prácticas comunes del trabajo rural infantil. Esa mala costumbre hace que los menores soporten una nube de plaguicidas e insecticidas.

El relato de un niño en esa situación fue reproducido por la ONG Pelota de Trapo: “Tiran insecticidas y mata yuyos que tienen un olor fortísimo. Cuando hay viento en contra, nos da la nube y nos moja toda la cara. Trabajamos desde que sale el sol hasta la nochecita”.

El peligro de ignorar esta realidad es desconocer que los plaguicidas son la causa más frecuente de muerte de los menores de las zonas rurales, incluso más que las enfermedades infantiles consideradas en su conjunto.

Una cuestión arraigada en la cultura

“!Machito como el padre!”, dice el Rogelio cuando mira con orgullo el esfuerzo de su hijo Martín, al cargar la caña. La costumbre, trasmitida de generación en generación, ha convertido a estas labores en parte de la cultura rural.

Según relata la representare de UATRE, “las condiciones de pobreza en que viven muchas familias, la precariedad laboral e ilegalidad, sumadas al hecho de que la satisfacción de los requerimientos de la vida cotidiana exigen grandes esfuerzos, obligan a las familias a recurrir al trabajo de todos sus integrantes”.

“Uno de los emergentes —continúa Llanos— sobre el que se pone especial énfasis es la existencia, por parte de la sociedad rural en general y de los padres en particular, de una valorización positiva del trabajo de los niños y niñas como una manera más óptima y mejor para la iniciación de un aprendizaje más eficaz, sosteniendo al trabajo a temprana edad como instrumento socializador.”

Aquella infelicidad, esta infelicidad

Todos los niños tienen derecho a una infancia feliz, dicen. Pero a veces la adversidad pega y pega, hasta naturalizarse. Escoger el relato de Ely sirve como muestra de esta injusticia.

Cinco años pasaron desde que esta corresponsal habló con ella. Y la dureza de su relato podría llevar a cualquiera a golpear las puertas de las instituciones para que las leyes se cumplan, para que la infancia goce de sus derechos. “Infelices éramos todos”, es la frase que Ely utilizó para resumir su situación. Ella ayudaba a sus padres, le parecía y le parece normal.

Quizás por esto olvida, por ejemplo, que no pudo terminar su escuela primaria; que las viviendas donde habitaba en época de zafra eran precarias y que “las noches eran tan frías que sentía cobardía para salir al baño (que estaba en medio del campo). Entonces me dormía esperando que saliera el sol, pero en las mañanas me despertaba mojada con mi orina”.

Aún existen muchas niñas y niños que sufren de esta manera, y todavía el Estado tiene una deuda que se hace esperar para terminar con esta inhumana situación.

Niños y Niñas: Crecientes proveedores en hogares nicaragüenses

Por Sylvia R. Torres

Managua, junio.- En 12 por ciento se calculó el aporte de la niñez, en 2006, a los ingresos totales de sus hogares nicaragüenses, a partir de labores desarrolladas principalmente en el sector informal y agropecuario, experimentando un crecimiento de 8,51 puntos porcentuales en tan sólo dos años.

La información proviene de una encuesta panel aplicada por la Fundación Internacional para el Desafío Económico Global (FIDEG), por encargo de la Organización no gubernamental internacional Save The Children-Noruega. En el país, el trabajo infantil está prohibido hasta los 14 años y existen restricciones para los menores de 16.

Aunque, según los compromisos internacionales, el tiempo de los niños y niñas debiera ser empleado en estudiar, capacitarse, entretenerse, en Nicaragua la infancia está sustituyendo a las personas adultas, que son las llamadas a proveer los ingresos necesarios para costear las necesidades básicas de las familias.

Sonia Agurto, investigadora del FIDEG, destacó que entre las causas de tal situación está la precariedad que experimentan muchos hogares del campo y la ciudad.

Los resultados del estudio de esta institución provienen de una encuesta panel que presenta altos niveles de certidumbre puesto que, desde 1995, se visitan anualmente los hogares de la muestra. Este enfoque permite registrar los cambios ocurridos al pasar el tiempo, para lograr un análisis representativo de toda la población urbana y rural nicaragüense.

La inclusión de niños, niñas y adolescentes en el mercado laboral ocurre tanto en el trabajo no remunerado, como en el asalariado. Entre 2004 y 2006, el porcentaje de niños y niñas que trabajan por cuenta propia subió de 2,9 a 3,4 por ciento, mientras que la mano de obra no remunerada se incrementó de 74 a 75,9 por ciento.

Según la investigación, estas cifras muestran que los negocios familiares dependen, en gran medida, de mano de obra infantil. El único segmento de trabajadores infantiles que disminuyó en el período estudiado es el de asalariados, que pasó de 22,8 por ciento a 20,4.

En este sentido, las investigadoras de FIDEG definen el trabajo infantil como aquel “que priva a los niños de su infancia, su potencial y su dignidad, y que es nocivo para su desarrollo físico y mental. Es decir, es un trabajo que interfiere en su escolarización, privándolo de la oportunidad de ir a la escuela, obligándolo a abandonar prematuramente las aulas, o exigiendo que intente combinar la asistencia a la escuela con largas jornadas de trabajo pesado”.

Los niños y niñas trabajadores realizan su actividad en su hogar o en otra vivienda, pero se encontró que un buen número de ellos y ellas, entre los seis y los 14 años de edad, labora en la vía pública, comercializando productos. En la calle, se agrega el riesgo de sufrir maltrato físico, robo y, en algunos casos, abuso sexual.

Otras manifestaciones del trabajo infantil están relacionadas con actividades domésticas, como el cuidado de niños, ya sean familiares o ajenos. Una investigación realizada en 2002 por el programa de la OIT encontró que, ante la creciente pérdida de valor del salario de profesionales de clase media bajo o de los obreros, las niñas —principalmente— estaban sustituyendo a las empleadas domésticas en tareas del hogar.

El estudio, realizado con la misma metodología en Centroamérica y República Dominicana, confirmó que casi 65 por ciento de las niñas dedicadas a la actividad reportaba síntomas de estrés, como dolor de cabeza e insomnio, mientras 23 por ciento tenía ganas de llorar “sin motivos”.

En 2006, el estudio del FIDEG reporta incremento en la participación infantil en el trabajo doméstico. “Mientras en 2004 el 21 por ciento del trabajo doméstico estaba siendo asumido por la niñez, en 2006 este porcentaje se incrementa a 31,6 por ciento, siendo las niñas a las que se les transfiere en mayores proporciones”.

Una típica historia

Una historia de la vida de una niña trabajadora se registra en la edición número cinco de 2002 del boletín Ángel de la Guarda, auspiciado por Save The Children:

“Aprendí a hacer los oficios domésticos, ayudándole a mi mamá. He trabajado como (trabajadora infantil) doméstica en casas ajenas (de terceros), pero me ha ido muy mal. También he lavado ropa ajena entre los vecinos, para ganarme algún dinero, y he estado en el cultivo de tabaco”.

“A los 13 años, unas tías me llevaron a trabajar a una plantación de tabaco, para ‘despalillar’ (arrancarle la vena a la hoja), pero no aguanté más de seis meses, por razones de salud. Me provocaba asco, mareos, debido al mal olor del tabaco curado fumigado”, explicó María Jesús. “No sé si es alergia o si es por mi anemia. Me han dicho que me faltan vitaminas”.

—¿Por qué has tenido que trabajar?— “Por necesidad, somos 11 hermanos y tenemos que respaldar a mi mamá”.

Un trabajo no visible, pero que cuenta

Al igual que el trabajo de las mujeres, el infantil no se contabiliza y, en muchos casos, no se retribuye. Un análisis de género hecho recientemente por Yordana Valenzuela, de la Universidad del Zamorano, para Chemonics/Cuenta del Milenio, Nicaragua, proyectó con cifras el aporte del trabajo frecuentemente tipificado como “ayuda”.

Al analizar la distribución por sexo de las actividades de cultivo, la investigadora encontró que las mujeres, niños y niñas de las familias que siembran plátanos, en el municipio de Chinandega, aportan aproximadamente 33 por ciento del total de las actividades agrícolas durante todo el año. De este total, tres por ciento corresponde a niños y niñas.

Reducir la pobreza, reducir el trabajo infantil

Según el estudio, la correspondencia de que a menores ingresos de los hogares mayor trabajo de la niñez, permite inferir que, entre 2004 y 2006, al agudizarse la crisis económica, se propició un círculo perverso y cruel en la vida de la infancia y los hogares nicaragüenses con menores recursos.

De esta manera, la mano de obra infantil y los pequeños negocios familiares donde ellos trabajan han servido como mecanismo de ajuste del mercado laboral, que tiene que echar mano a niños y niñas para funcionar con menores costos y sobrevivir.

La relación entre pobreza y trabajo infantil es directamente proporcional. En este sentido, cobra importancia fundamental el desarrollo de iniciativas destinadas a reducir la pobreza, toda vez que si las pequeñas empresas familiares reciben apoyo para mejorar su actividad, dependerían en menor medida de la invisible y no retribuida mano de obra infantil.

Con esto, como señala Maria Ivette Fonseca, de Save The Children-Noruega, “…niños y niñas deberían disfrutar de su niñez y adolescencia en condiciones que les permitan alcanzar su desarrollo como personas e insertarse al mercado laboral cuando les corresponda y en condiciones competitivas”.

A su juicio, la sociedad nicaragüense, y especialmente el gobierno, deben invertir en la educación de los niños, niñas y adolescentes para que, en su etapa adulta, puedan desempeñarse en empleos calificados y con ingresos dignos, que rompan la reproducción de la pobreza. Igualmente importante es asegurar que reciban el afecto y la protección necesaria que les otorgan sus derechos como miembros importantes de esta nación.

Uruguay: En espera ley de cuotas

Por Cristina Canoura

Montevideo, junio.- Tuvieron que transcurrir tres sesiones y 15 horas de discusiones para que el Senado uruguayo comunicara finalmente a las mujeres que tendrán que esperar hasta 2014 y 2015 para que las listas de las elecciones nacionales y las municipales, respectivamente, garanticen su representatividad por cuotas.

En efecto, el miércoles 28 de mayo, la Cámara Alta del Parlamento aprobó por mayoría la media sanción de una ley de cuotas que asegura la participación de una mujer cada tres integrantes de las listas en los comicios de la dirección de los partidos políticos, el Poder Legislativo, las Juntas Departamentales y las Juntas locales.

Llegar a un consenso llevó su tiempo. Desde el 14 de mayo, el tema estaba en el orden del día del Senado. La falta de acuerdo de los representantes de uno de los partidos opositores, el Partido Nacional, detuvo la discusión. Aceptaban las cuotas, siempre y cuando entraran en vigencia en las elecciones nacionales de 2014 y no en 2009, cuando finaliza el período del gobernante Frente Amplio.

En la sesión del 21 de mayo, las barras del recinto parlamentario se llenaron de mujeres ataviadas como las musulmanas. Con pañuelos que apenas dejaban ver sus ojos, quisieron apelar a la discriminación, aunque en el mundo musulmán la representación parlamentaria femenina es muy superior a la uruguaya.

El símil molestó a varios senadores del Partido Nacional, opuestos a la llamada cuotificación. Uno de ellos, Alberto Heber, argumentó que la política aleja a las mujeres porque su lugar natural e insustituible es el cuidado de la casa y los hijos, lo que les impide participar en reuniones nocturnas o viajar al interior del país. Otro, Carlos Moreira, reclamó a las uruguayas "que suden la camiseta" si quieren llegar a ocupar cargos electivos y demuestren su capacidad.

"A todos nos encanta tener en nuestras listas a mujeres vocacionales, inteligentes y estudiosas (…), pero, en todo caso, debemos coincidir en que mujeres así no abundan", sostuvo Moreira ante la Comisión de Constitución y Legislación del Senado.

En la sesión del 28 de mayo, los dos únicos legisladores que se opusieron a la ley de cuotas fueron los representantes del opositor Partido Colorado Isaac Alfie y Juan Justo Amaro.

Alfie argumentó que votar a favor de las cuotas era "un agravio" a las mujeres. "Si la voto, le hago un agravio a mi madre y a mi hija. Las discriminaría negativamente y las denigraría en su capacidad".

En tanto, Amaro calificó al proyecto de "engendro" y "desastre". "La participación en la interna de 2009 es una verdadera payasada, una solución salomónica. Tirar la cuota para 2014 es poco serio. La ley se dicta para 2009 o no se vota".

De los 28 senadores que concedieron la media sanción a la ley de cuotas, sólo cuatro eran mujeres. Un nuevo round espera la sanción completa, cuando en las próximas semanas la discusión se traslade a la Cámara de Diputados.

Cuba: Cruzada por los árboles

Raquel Sierra

La Habana, mayo.- Según los cronistas, cuando Cristóbal Colón llegó a Cuba, la isla podía caminarse de punta a punta sin ver el sol: los árboles se erguían en túneles de refrescante sombra. Pasados los siglos, varias son las vías para incrementar el área boscosa, que alcanza actualmente 24 por ciento del territorio cubano.

La Habana, con solo 0,4 por ciento de la superficie total, alberga a la quinta parte de los 11,2 millones de habitantes de la isla y tiene particularidades sociales y espaciales, que en ocasiones tornan complicado el programa de reforestación.

Para Isabel Russó, jefa del Servicio Estatal Forestal en La Habana, cada árbol es como un niño: lleva sus atenciones y cuidados, en dependencia de la edad.

"La capital dispone de 13 metros cuadrados de áreas verdes por habitante, mientras los municipios del perímetro urbano tienen 33. La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación considera aceptable 10 metros cuadrados por habitante", explica.

Desde 2000 hasta hoy, los índices de boscosidad de la provincia (áreas pobladas por árboles) crecieron de 4,03 por ciento hasta 5,53, dice Russó.

Sin embargo, uno camina por calles y calles de Diez de Octubre, una barriada densamente poblada, y raras veces encuentra un árbol, pese a la existencia de espacios para su crecimiento.

"Existen algunos parques en los barrios, privilegiados por la sombra, pero en la mayoría de los espacios hay un resplandor que molesta. No entiendo por qué tal rechazo hacia los árboles", se queja Yolanda Armas, licenciada en Letras.

"Resulta incongruente que las personas amen las plantas de jardín, mientras que al árbol hasta lo taladran y le echan queroseno para que muera. Se salva la ceiba, por el respecto que hacia ella inspira la religión yoruba; ni los podadores de la Empresa Eléctrica se atreven a tocarla", comenta.

"Creo que en los países fríos de Europa la gente cuida los árboles porque la mayoría del tiempo no ve nada verde; aquí, que los tenemos todo el año, no les prestamos la atención que merecen", dice Mayda Anido, graduada como técnica textil en la desaparecida Unión Soviética.

Según los expertos, no hay uniformidad en la presencia del arbolado, lo que está relacionado con el desarrollo urbanístico de la ciudad.

"En los primeros barrios, donde hoy está La Habana Vieja y Centro Habana, no hay espacio para los árboles. No sucede así en otras zonas, como El Vedado y Miramar, donde se concibieron paseos arborizados, al estilo francés", explica el master en ciencias Pedro Torres, profesor de la Escuela de Formación para el Turismo, Formatur.

De acuerdo con Russó, hay que ver el árbol como un diamante verde. "Es preciso saber cuáles especies deben plantarse y en qué lugares. Por eso, trabajamos en la capacitación de los decisores y la población, para que sepan los porqué de las cosas", considera.

"En la actualidad, una parte importante del arbolado de la capital es maduro. En no pocas ocasiones, los árboles están huecos y hay que saber manejarlos, porque una manipulación inexperta puede provocar accidentes fatales", explica la jefa del Servicio Estatal Forestal de La Habana.

El plan de reforestación de la ciudad, conocido como "Mi Programa Verde", incluye las principales nueve vías de acceso a la metrópolis, parques, avenidas, espacios vacíos, portales y áreas cuyos suelos no tengan condiciones técnicas para producir alimentos.

El programa es participativo y contempla el concurso de vecinos, colectivos obreros, organizaciones de masas, entidades locales del Ministerio de la Agricultura y la dirección de Servicios Comunales, que se incorporarán a la plantación de las posturas de árboles y a velar por su supervivencia, indicó.

"No son importantes solo los pequeños espacios, hasta en un sitio pequeño se puede crear un espacio verde. Hay que ver los múltiples beneficios de los árboles: producen oxígeno, absorben el polvo y el ruido y, en las zonas próximas al mar, el salitre", explica.

"Las personas rechazan los árboles a los que no les ven utilidad, a nadie se le ocurre cortar uno de mango o de aguacate", cree Sonia Peña, técnica forestal.

La reforestación está respaldada por la Empresa Forestal, de nueva creación, encargada de la producción de posturas, así como del manejo de unas 2.000 hectáreas forestales que, hasta ahora, estaban en manos de nadie.

"Una de las quejas más notables son las podas mal hechas. Cada árbol tiene su arquitectura, es preciso podarlos para evitar el contacto de las ramas con los cables eléctricos, pero no es cortar por cortar", agrega.

Experiencias pequeñas, pero valiosas

En la barriada del Cerro, una de las más antiguas de la ciudad, no fueron concebidos parterres para el arbolado. En su lugar, se acudió a portales para proteger a los transeúntes del sol.

Los espacios vacíos, en ocasiones resultado de derrumbes de viejas edificaciones, generalmente no se convierten en jardines o parques, sino en basureros, a diferencia del proyecto de rescate que se desarrolla en el Centro Histórico de La Habana, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Algunas iniciativas individuales, que devienen proyectos comunitarios, intentan salvar situaciones medioambientales desfavorables y así, colateralmente, contribuyen a solucionar otros problemas.

Dalia Reyes, de 61 años, decidió crear su propio jardín cerca del muro frente a su casa, que bordea el único tramo al aire libre del acueducto de Albear, considerada la obra más importante de Cuba en el siglo XIX y concluida en 1893 para llevar por gravedad el agua a La Habana, función que todavía realiza.

"Limpié los escombros y desyerbé. Salí a perseguir posturas, otras me las regalaron. Cada vez que encontraba un pedazo de ladrillo, lo cargaba y lo traía, para hacer una especie de barrera. Vivir en un barrio que no es de los más bonitos de la ciudad no quiere decir que uno deba estar rodeado de suciedad", dice Reyes, escoba en mano.

"En el Jardín de Dalia, como lo bautizaron los vecinos, hay rosas rojas, blancas y rosadas, mar pacíficos, lenguas de vaca y otras que ni sé cómo se llaman. Lo fui extendiendo y llegué a la cerca de una escuela vecina. Sembré framboyanes enanos y el año que viene debe parir el tamarindo", agrega Reyes.

Habla con modestia, pero reconoce que mucha miradas se han vuelto al lugar, después de empezar a cambiarlo. "Con este proyecto le pusieron luces a la calle, nos aprobaron dinero para hacer la acera y se dice que pavimentarán la calle. Es algo pequeño y alguien pudiera decir ‘no es para tanto’, pero si muchas personas lo hicieran, la capital se vería más bonita y con una mejor higiene ambiental", asegura.

A pocas cuadras de allí, el proyecto comunitario creado por Justo Torres ha hecho posible que hoy crezcan, en la Plaza de Reyes, una majagua y una palma. "Son pocos, pero hay espacio para más y queremos hacer que la gente se sume", dice este entusiasta de la naturaleza.

"Con solo esos dos árboles, vuelve la vida: han regresado las lagartijas, las abejas y hasta zunzunes (ave muy pequeña)", cuenta.

Una experiencia parecida emprendió Elías Martínez, en la periferia de la capital. Hace 35 años, cuando nadie hablaba de agricultura urbana, inició una finca en las áreas de una antigua fábrica de ladrillos.

"Sembré palmas, aguacate, guayaba y café. Mi familia creció allí. La tierra es mi madre", afirma.

Detener el deterioro

Cuba detuvo la deforestación de sus bosques a partir de 1959, cuando la cobertura boscosa alcanzaba 14 por ciento, luego de siglos de sobreexplotación y manejo inadecuado de sus reservas forestales.

En la actualidad, la isla exhibe dos millones 700.000 hectáreas de cubierta forestal, lo que representa 24,5 por ciento del territorio, proceso favorecido mediante la estrategia de sembrar más del doble de la cantidad de árboles que se talen.

En 2007, en el contexto de la campaña mundial "Plantemos para el planeta", Cuba se comprometió a sembrar más de 135 millones de árboles. Al terminar el año, se informó que fueron plantados 136,6 millones de árboles.

Registros de la Organización de Naciones Unida para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ubican a esta nación caribeña entre los pocos países que incrementan los bosques, proceso desarrollado a un ritmo de 67.000 hectáreas anuales y con el cual se pretende alcanzar, en 2015, un área equivalente a 29,3 por ciento del país.

La prioridad del estado cubano ha sido la reforestación de las cuencas hidrográficas, con el objetivo supremo de proteger sus caudales y hacer retornar a las zonas afectadas toda su biodiversidad.

Uno de los proyectos más sobresalientes en este campo fue el del Río Cauto, el más largo del país, que presentaba un elevado estado de deterioro.

Obel Carrazana, residente en la oriental provincia de Granma, una de las bañadas por las aguas del Cauto, sostiene que "durante años la gente vio al río como algo inmortal: talaba cuando quería o lavaban ahí los camiones, pero nunca se pensó que todo eso le hacía daño al río y sus orillas".

"Uno casi ni se daba cuenta. Las alertas de los científicos nos hicieron abrir los ojos y, poco a poco, la gente aprende a cuidar los árboles, que es también cuidar al río", dice este campesino de tez apergaminada por el trabajo bajo el fuerte sol.