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Reportajes y noticias de SEMlacDel 7 al 13 de abril de 2008
Perú: Mujeres prefieren parto por cesáreaPor Zoraida Portillo
Lima, marzo.- Las limeñas de los sectores económicamente más favorecidos prefieren dar a luz por cesárea y no por parto normal y eso se refleja en las estadísticas, que hacen de la capital peruana una de las ciudades de América latina con los porcentajes más altos de cesáreas, reveló un estudio.
Mientras en América Latina el promedio de partos por cesárea es de 33 por ciento, de acuerdo con cifras de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en Lima el promedio es de 58 por ciento (unos 13.000 casos anuales).
Sin embargo, por lo menos un 30 por ciento de esas cesáreas no están justificadas clínicamente y se hacen atendiendo a otras razones.
Así lo revela una investigación del economista Alejandro Arrieta para el Instituto de Salud de Ritgens, Estados Unidos, dado a conocer recientemente por el diario El Comercio. Para sus conclusiones, se basó en las encuestas nacionales demográficas y de salud familiar que periódicamente se realizan en el Perú.
Las cesáreas injustificadas representan un gasto de 6,7 millones de dólares anuales, que son trasladados a los propios pacientes a través de primas de seguro más caras, menores coberturas de seguros y encarecimiento de los servicios de salud en general, asevera la investigación.
La mayor parte de las cesáreas injustificadas se realiza en las clínicas privadas donde, sin embargo, se atiende tan sólo a siete por ciento de parturientas, reveló el estudio.
Cuando el texto fue difundido, a mediados de enero, causó revuelo en los círculos médicos y hospitalarios. Muchos especialistas en salud reproductiva salieron a desmentir la información en diversos medios, aunque sin ir a las cifras de fondo, sino aduciendo que “cada caso es especial y no se puede generalizar”.
Una de las advertencias del estudio de Arrieta es que las cesáreas injustificadas aumentan el riesgo de muerte de la madre, por tratarse de un procedimiento de alta cirugía, y condicionan el uso de tratamientos con antibióticos.
Hoy, con el correr de las semanas, muchos médicos están dispuestos a aceptar que, en efecto, se practican muchas cesáreas a pedido de las propias parturientas, especialmente primerizas, que sienten pánico a dar a luz de manera natural.
“Son mujeres que pueden pagar el alto costo de una césarea (que oscila entre 1.500 y 3.000 dólares) las que exigen este tipo de procedimiento. Obviamente, las posibilidades de que una mujer cesareada pueda dar a luz posteriormente de parto natural son mínimas, todo lo cual tiende a aumentar el porcentaje de cesáreas practicadas en Lima”, dijo a SEMlac el jefe de Obstetricia y Ginecología de una clínica de primer nivel de Lima.
El especialista, sin embargo, pidió mantener su nombre en reserva, “porque estas no son cosas que se comparten fácilmente con la prensa ni se admiten en voz alta”, reconoció.
Mariela Saco-Vértiz admite haberle pedido a su ginecólogo una cesárea para dar a luz a su bebé. “¿Qué quieres?, una crece escuchando historias escalofriantes sobre el momento del parto, que si fulana se rasgó, que si la otra estuvo 12 horas sin dilatar, que el bebé era muy grande... yo no quería pasar por eso y le dije a mi médico: ‘pago lo que sea, pero no doy a luz natural’. Menos mal que me hizo caso...”
El caso de Jeanette Aguirre es al revés: “yo hubiera querido tener el dinero suficiente para dar a luz en una clínica, con cesárea, pero no fue así y tuve que ir al Rebagliati (el hospital de la seguridad social), me hicieron sufrir horas, me gritaron, me trataron pésimo. Definitivamente, si tengo otro hijo, ahorraré para ir a una clínica y que me hagan cesárea”, dice con convicción.
En Lima es un secreto a voces que en las clínicas es mucho más fácil dar a luz con cesárea a la primera complicación, mientras que en los hospitales públicos muchas veces esta decisión es tomada demasiado tarde, cuando la vida de la madre y del bebé –especialmente de este último– ya está en serio riesgo.
Periódicamente, los medios de comunicación dan cuenta de denuncias de madres que perdieron a sus criaturas al dar a luz en un hospital público, aparentemente porque la decisión de practicar una cesárea se habría tomado demasiado tarde. En esa situación ¿cómo hallar el justo medio?
“Cada caso es un mundo particular. No podemos apegarnos tanto al protocolo, hasta poner en riesgo la vida de la madre y de su hijo; hay que ser flexibles”, dice nuestro entrevistado.
Sin embargo, le hacemos notar que, a juzgar por los rumores y por los propios testimonios de muchas parturientas, las clínicas privadas sí son bastante flexibles en practicar cesáreas a pedido de la paciente.
“Esos son los casos que yo llamo ‘humanos’, que no están protocolizados, pero si viene una paciente y me dice que no está preparada, que se muere de miedo de dar a luz, es mi deber explicarle los riesgos de una cesárea, si ella persiste, pues ¿quién soy yo para oponerme a su voluntad? Es ella la que va a parir, yo no; es a ella a la que le va a doler, no a mí”, responde.
“Es cierto que las mujeres están optando exageradamente por las cesáreas, sin que haya una justificación clínica”, señala la decana del Colegio de Obstetrices, Tula Zegarra.
En su opinión, las futuras madres parecen haber olvidado que la mejor manera de traer una nueva vida al mundo es por la vía natural, que el embarazo y el parto deben ser vistos como un proceso fisiológico para el cual es necesario prepararse física y emocionalmente.
La solución, para algunos especialistas en salud pública, estaría en una supervisión más eficaz de la Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud. Actualmente la ley prohíbe a esa entidad intervenir en las clínicas privadas. Su accionar se limita a supervisar el funcionamiento de los hospitales públicos y pertenecientes a la seguridad social.
En declaraciones a la prensa local, su presidente, Martín Tantaleán, admitió que la Superintendencia sí es consciente del elevado número de cesáreas que se practican en la actividad privada, pero que de momento no pueden hacer nada porque la ley se los impide.
“Creo que hay otros problemas de salud pública más importantes que atender --por ejemplo, los niños desnutridos--, que el número de mujeres que optamos por hacernos una cesárea, ¿por qué se meten?, ¡es nuestro cuerpo! y si tenemos, felizmente, los medios para eso, pues qué bien”, opina Mariela cuando le comentamos estas declaraciones.
Pero en este, como en otros casos de salud pública, no siempre tener dinero es garantía de estar procediendo adecuadamente. La Decana del Colegio de Obstetrices cree que, para poder desterrar ideas erróneas en torno al parto y las cesáreas, se requiere una sostenida campaña de información y divulgación pública.
“Una cesárea es un procedimiento mayor, que conlleva más riesgo de muerte para la madre que el parto natural. Es importante informar debidamente a las parturientas para que desmitifiquen algunas ideas erróneas sobre el parto natural”, señaló.
Venezuela: Embarazo adolescente, ¿dolencia de las mujeres?Por Aline Castellanos
Caracas, abril.- Yurimi baja la voz y, como en secreto dice: “es que yo pensé que no me iba a pasar nada; que las primeras veces no pasa nada”. Pone las manos en su vientre y sonríe. En tres meses, Yurimi, de 15 años, dará a luz. Ella quiere que sea niña, “para consentirla” y ponerle los vestiditos que eran de ella y que su mamá guardó.
La muchacha acaba de abandonar la escuela secundaria, cosa que, según dice, no le importa demasiado. Su novio, de 19 años, hace dos meses que no la llama por teléfono. “Le dio miedo, creo, así son los hombres.” Y luego, con una seriedad que casi choca con su rostro infantil, lanza una frase típica de las caraqueñas: “pero yo voy pa´lante, con él o sin él, a mi hija no le va a faltar nada”.
Su casa, en un barrio caraqueño, es humilde, pequeña, donde habitan ella, su mamá, tres hermanos pequeños y una prima. La sobrevivencia corre a cargo de las tres mujeres, que se alternan para atender una tienda y un puesto donde se alquilan teléfonos celulares.
En Venezuela, una de cada cinco mujeres embarazadas es adolescente. El país ocupa el primer lugar en América Latina en embarazo precoz, con 20 por ciento de embarazos adolescentes, por encima de Nicaragua, que hace algunos años ocupaba el primer lugar latinoamericano, y muy por encima de Chile, con el porcentaje más bajo de la región: 10 por ciento.
Con orígenes como la falta de acceso a información y métodos anticonceptivos, abuso y violación sexual, falta de perspectivas de vida, pobreza y violencia, los embarazos de cientos de miles de Yurimi son, según el Centro Latinoamericano Salud y Mujer (CELSAM), absolutamente prevenibles; más aún cuando resultan no deseados. Del total de embarazos en Venezuela, 50 por ciento no son deseados, de acuerdo con esta organización.
El fenómeno, calificado de grave por la Asociación Venezolana para una Sexualidad Alternativa (AVESA), no constituye un tema prioritario de la agenda de salud del gobierno federal, al decir de Mercedes Muñoz, presidenta de la organización, en entrevista con SEMlac.
“No hemos tenido un gobierno al cual le represente un asunto prioritario la sexualidad, informar, dotar de mecanismos para acceder a métodos anticonceptivos y frenar la violencia contra las mujeres”, señala.
Para Muñoz, sin embargo, los logros de las mujeres en los límites jurídicos y en el diseño de políticas de gobierno son incuestionables: “tenemos leyes y políticas públicas muy completas que abordan los temas de derechos femeninos, principalmente en lo que respecta a una vida sin violencia”, dice en referencia a la recién aprobada Ley contra la violencia hacia las mujeres.
Sin embargo, considera que la aplicación de estas políticas aún tiene carencias, “porque se aplican conforme a las voluntades, no como una política de Estado”.
La gravedad del fenómeno estriba en que, por la corta edad de las embarazadas, se incrementan los riesgos de mortalidad y morbilidad materna; se eleva el costo social que implica la deserción escolar, el incremento de madres solteras y hogares sustentados sólo por mujeres, y se da continuación al círculo de la pobreza y la violencia, entre otros, señalan los informes de CELSAM.
Sobre la mortalidad materna adolescente, aunque en Venezuela no se cuenta con datos oficiales recientes, a nivel de América Latina, las defunciones por complicaciones obstétricas en mujeres entre 10 a 19 años ocupan entre el segundo y cuarto lugar del total de muertes femeninas.
Para las madres adolescentes, los riesgos más frecuentes son preclampsia, eclampsia, partos prematuros, productos pequeños, anemia, hipertensión arterial, endometritis puerperal, septisemia neonatal, abortos y desproporción fetopélvica debido a la inmadurez de la pelvis y dificultades respiratorias en el recién nacido.
Un problema que acompaña al embarazo adolescente es el aborto, añade Mercedes Muñoz. Tampoco hay una cifra certera, debido a su prohibición legal, pero por los datos que se tienen a partir de las adolescentes que llegan a los hospitales con complicaciones de un aborto incompleto, y por las cifras de mortalidad, se presume que tales complicaciones originan la tercera parte de la mortalidad adolescente femenina.
Los riesgos sociales están asociados tanto a la repetición de la pobreza y la violencia, como a la reproducción de estereotipos de género. “Tenemos una cultura de feminización del embarazo y de la crianza de los y las hijas”, señala Muñoz, en la que es la mujer la que se embaraza y es la mujer la que cría a los y las hijas.
En Venezuela, al menos 60 por ciento de las madres son solteras y muchas de ellas fueron madres adolescentes, indica. El embarazo se mira como un fenómeno exclusivamente femenino, en el que el papel del hombre se reduce a la procreación, remarca Muñoz.
Tal situación genera una paternidad irresponsable, fenómeno que tampoco tiene una política de Estado que trate de revertirlo.
Especialistas en salud sexual y reproductiva consideran que las causas del embarazo adolescente se encuentran en factores como la falta de educación sexual y de acceso a métodos anticonceptivos; la inestabilidad familiar; el abuso y violación sexual; y una permanente influencia mediática que propicia una actividad sexual temprana.
Además, añade Muñoz, “tras el embarazo adolescente se encuentra también la falta de empoderamiento de las mujeres, que carecen de elementos para decidir sobre su sexualidad y su reproducción. Basta mirar la cifra del total de adolescentes con vida sexual activa: sólo 10 por ciento ha usado alguna vez un método anticonceptivo, y no de forma sistemática”, añade.
En un ambiente de pobreza, el embarazo adolescente no hace sino perpetuarla: el abandono paterno -que es común-, la deserción escolar, la falta de empleos de medio tiempo, de centros infantiles (guarderías), entre otros, inciden en que la pareja o la madre adolescente, tenga menos asideros para acceder a una vida digna, señaló en sus conclusiones el Congreso Venezolano de la Mujer.
Así, mujeres como Yurimi, por ser adolescentes embarazadas y vivir en un contexto de pobreza, son más vulnerables personal y socialmente. Un atenuante en Venezuela parece ser la cobertura sanitaria que se estableció con la administración del presidente Hugo Chávez. La atención a la salud, en todos sus niveles, es pública y gratuita.
“Si bien la OPS afirma que “la fecundidad adolescente es más alta en países en desarrollo y entre clases sociales menos favorecidas, haciendo pensar que se trata de un fenómeno transitorio porque, de mejorarse las condiciones, podría descender”, el hecho de que Estados Unidos tenga la tasa de embarazo adolescente más alta de los países industrializados (11,1 por ciento, según la OPS) coloca el tema de la inclusión de la sexualidad dentro del concepto de ciudadanía”, afirma Muñoz.
La sexualidad, no obstante, no ha sido incluida dentro de este concepto, insiste Muñoz, por lo que –a su juicio- hace falta una política de educación sexual de carácter masivo y emergente.
Y añade: “El enfoque del fenómeno es insuficiente, hay una satanización de carácter moral, no una explicación de tipo social. Se dice que las adolescentes ‘salen’ embarazadas porque andan de locas; no se mira el fenómeno en toda su dimensión social. El embarazo adolescente es una dolencia de la ciudadanía de las mujeres, y una lucha que está pendiente”, asegura.
Chile: Prohibidos métodos de anticoncepciónPor Patricia Cocq
Santiago de Chile, abril.- Las mujeres chilenas no podrán acceder más a tradicionales métodos anticonceptivos como el dispositivo intrauterino (conocido como la “T de cobre”) o las píldoras anticonceptivas que contengan levonorgestrel, además de la Píldora de Anticoncepción de Emergencia (PAE).
Este hecho está recogido en el fallo del Tribunal Constitucional que se filtró a la prensa el pasado 2 de abril. ¿La razón? Un recurso presentado por parlamentarios y parlamentarias de sectores conservadores, tendiente a declarar inconstitucionales las Normas Nacionales de Regulación de la Fertilidad, acogido por votación de cinco a cuatro.
Desde hace un año se encontraba en debate el recurso presentado por 36 legisladores de derecha, que se denominan Pro Vida y señalan que las normas sobre salud sexual y reproductiva, vigentes desde septiembre de 2006, serían inconstitucionales, pues avalarían métodos abortivos como la PAE, el dispositivo intrauterino y las pastillas que contengan levonorgestrel.
Esta arremetida conservadora se impulsó desde que, en ese mismo año, fuera autorizada la distribución de la Píldora Anticonceptiva de Emergencia en los consultorios públicos de salud chilenos, a todas las mujeres que la solicitaran desde los 14 años en adelante y sin autorización de sus padres.
Frente a la nueva resolución, que se oficializará el 22 de abril y afectará a tres millones 358.196 chilenas, existen variadas reacciones, sobre todo desde el movimiento de mujeres, que ya estaba realizando movilizaciones para hacer sentir su descontento con el fallo.
El Movimiento en defensa de la Anticoncepción, constituido en marzo, representa la voz del descontento de las chilenas en rechazo al control que, a través de este fallo, se quiere ejercer sobre sus cuerpos y su derecho a determinar sobre su salud sexual y reproductiva.
Adriana Gómez, vocera del movimiento, comentó a SEMlac que “Chile ha retrocedido medio siglo respecto a las políticas de salud reproductiva. Las mujeres no podrán acceder a un derecho humano básico: decidir sobre su cuerpo, pues un grupo de parlamentarios y un grupo de jueces así lo decidieron”.
Sobre las consecuencias de esta prohibición Gómez se preguntó: “¿Qué sucederá ahora en un país donde ya existía un alto porcentaje de embarazos no deseados o inoportunos? ¿Cómo controlarán su sexualidad y la reproducción las mujeres que van a los consultorios y que un porcentaje mayoritario preferían la T de cobre, por su alta eficacia, durabilidad y escasos efectos colaterales? ¿Se esconderán estas mujeres de los controles regulares, por temor a que se les retire la T?”
Según estudios dados a conocer por la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, al no existir estos métodos anticonceptivos la tasa de abortos podría alcanzar la cifra de 275.000 al año, superando a la cantidad de nacimientos.
Frente al fallo, el movimiento de mujeres prepara grandes movilizaciones en busca de revertirlo y llamar la atención de la opinión pública ante este nuevo atropello a los derechos humanos femeninos y a la soberanía que reclaman sobre sus propios cuerpos.
Argentina: Cristina, el campo y el caosPor Norma Loto
Buenos Aires, abril.- A tres meses de haber iniciado su gestión, la presidenta argentina, Cristina Fernández, enfrentó la primera crisis que caldeó los ánimos de amplios sectores de la ciudadanía: el paro de actividades por tres semanas en el campo, tras el anuncio gubernamental de una nueva imposición de retenciones móviles a las exportaciones del sector.
Esta noticia desencadenó una protesta de la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales, Confederación Intercooperativa Agropecuaria y Federación Agraria, que son las entidades que concentran las actividades rurales del país. La protesta se extendió por tres semanas y se cristalizó con cortes de las rutas y los caminos que unen diversos puntos de la nación.
Este mecanismo de protesta estuvo destinado, especialmente, a impedir el paso de camiones transportadores de alimentos, lo que trajo aparejado un profundo desabastecimiento de la provisión diaria familiar.
Para la ciudadanía, es difícil entender este conflicto en su totalidad, ya que se ponen en juego diferentes intereses. En Argentina, históricamente, el campo fue un sector protagónico del crecimiento. El aumento internacional de los alimentos ha generado una subida significativa de las exportaciones y de las ganancias de ese sector.
Pero, en paralelo a los grandes y poderosos productores agropecuarios que acumulan grandes riquezas, en Argentina también existe otro campo, el de los pequeños productores, que necesita ser escuchado.
Sin embargo, el momento más caliente de esta crisis no se vivió en el campo, sino en las ciudades, donde grupos de manifestantes se convocaron en Plaza de Mayo y otros puntos de Buenos Aires y del país para protestar en contra del gobierno.
Esta manifestación sucedió luego de que Cristina Fernández afirmó que los cortes de rutas realizados por esos grupos eran “los piquetes de la abundancia, los piquetes de los sectores de mayor rentabilidad”.
“Es lamentable que en nuestra Argentina ocurra lo que está pasando. Los representantes del campo siempre fuimos con propuestas, nunca nos escucharon y nos tuvieron a las vueltas. Como mujeres productoras y argentinas, pedimos a la Presidenta respeto por quienes labraron la grandeza de este país”, dijo a SEMlac Norma Susana Olego de Huerta, ex coordinadora de Mujeres Federadas, espacio perteneciente a la Federación Agraria Argentina.
Consultada durante el conflicto, Olego manifestaba a SEMlac su descontento con las nuevas medidas y solicitaba a la Presidenta la revisión de su postura y las disposiciones.
En tanto, el premio Nobel de la Paz 1980, Adolfo Pérez Esquivel, manifestó a la agencia ALAI que los grandes productores rurales y empresas transnacionales se enriquecen a través de la soja y las exportaciones ganaderas, privilegiando el capital financiero sobre el capital humano.
“Las retenciones son necesarias para que el país salga del pozo en que lo han sumergido los sectores canallas que lo han saqueado con total impunidad, generando el hambre, la miseria y pérdida del patrimonio del pueblo”, dijo.
El 25 de marzo se escucharon los sonidos de las cacerolas, nuevamente convertidas en icono de protesta social, como ocurrió en 2001, cuando en el país se desataba una crisis política, económica y social.
Esta vez, la mayoría de los manifestantes eran vecinos de la zona norte de la ciudad de Buenos Aires, del sector de gran poder adquisitivo y que no están vinculados al campo, pero que sí son opositores a las políticas de gobierno.
Esta expresión no fue espontánea, ya que desde el día anterior cadenas de correos electrónicos y mensajes de textos de teléfonos celulares convocaban tomar la Plaza como símbolo de repudio a las políticas oficiales.
Días después, en un acto realizado en la Casa de Gobierno, la Presidenta dio a conocer una serie de medidas más flexibles y beneficiosas para los pequeños productores. Pero este anuncio no obtuvo la total satisfacción del sector rural, por lo que el paro y los cortes de rutas siguieron.
El primero de abril, cuando la paralización alcanzaba su vigésimo día, desde el gobierno se convocó a todo el país a respaldar a la Cristina Fernández. Desde temprano, en la mañana, empezaron a llegar los microbuses repletos de personas provenientes de diferentes puntos del país y todos con un solo destino: la Plaza de Mayo.
Según algunas fuentes, allí se congregaron cerca de 70.000 personas. Alrededor de las 18:00 horas, la mandataria se dirigió a la multitud y, tras su saludo, dijo: “Tal vez, además de ser votada, tenga otro pecado: el ser mujer, pero de los dos me siento orgullosa de ser mujer, la primera que gobierna la República Argentina en nombre del voto popular”.
También recordó que, al momento de asumir la Presidencia, sabía que por ser mujer toda gestión sería más difícil, “pero que no se confundan con mi aparente fragilidad, tengo ejemplos de mujeres que vencieron a lo que ningún hombre podía vencer”, remarcó. Luego pidió a los protagonistas del paro rural el levantamiento de la medida.
Finalmente, el 2 de abril, las asociaciones del campo anunciaron una tregua por 30 días, pero sin dejar de lado el estado de alerta y movilización.
Esta fue la primera crisis del gobierno nacional, que mantuvo en vilo a toda la población. Hubo desabastecimiento y caminos cortados y, mientras faltaba la comida para la población, se arrojaban a la basura alimentos que se pudrían luego de pasar días en los camiones detenidos por los cortes.
En definitiva, en estas tres semanas se vio la peor violencia existente en un país, aquella que hace enfrentar al pueblo contra el pueblo.
Bolivia: Instituciones piden abolir la esclavitud de indígenas guaraníesPor Liliana Aguirre F.
La Paz, abril.- La Defensoría del Pueblo, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) y las iglesias Metodista y Ekklesia pidieron a ganaderos y latifundistas del departamento de Santa Cruz, Bolivia, respetar los derechos humanos de familias indígenas guaraníes, que viven esclavizadas dentro de las haciendas, en pleno siglo XXI.
Los guaraníes son un grupo étnico de las tierras bajas de Bolivia, que también se encuentran en Paraguay, Brasil y parte de Argentina.
“Una de las principales características de este pueblo es el ser nómadas y vivir de la recolección; sin embargo, en la actualidad se encuentran cautivos y sometidos a trabajos por más de 12 horas sin salario, acceso a la salud o educación e, inclusive, coartados del derecho de expresarse sin que el capataz les brinde el permiso”, explica el informe de la Defensoría del Pueblo.
Ante esta situación, que vulnera tanto el capítulo de Derechos Humanos y la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de Naciones Unidas, el pueblo guaraní solicitó al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) la titulación de una Tierra Comunitaria de Origen (TCO) en la provincia Camiri, del departamento de Santa Cruz.
Pero grupos irregulares allanaron las oficinas del INRA, obligaron a los funcionarios a abandonar la ciudad y secuestraron a una comisión gubernamental, encabezada por el ministro de tierras, Alejandro Almaraz, quien pretendía dotar de terrenos a los guaraníes.
“No es posible que en pleno siglo XXI grupos de poder defiendan la existencia de relaciones de servidumbre, promuevan la esclavitud, desplieguen el racismo y el odio al indígena y vulneren flagrantemente la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, señala el comunicado de la APDHB.
Este problema es de conocimiento de la comunidad internacional, la Organización de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se han pronunciado en contra de las relaciones de esclavitud y se encuentran alarmadas por la situación de los guaraníes.
No obstante, la situación de mujeres y hombres de esta etnia sigue sin ser resuelta y, a juicio del Defensor del Pueblo de Bolivia, Waldo Albararcín, para solucionar este problema se debe “convocar a todas las instancias gubernamentales, ONG y movimientos sociales a coadyuvar en el restablecimiento del diálogo entre las partes involucradas para resolver la controversia de forma pacífica y consensuada.”
Por otro lado, en 2007 el gobierno nacional de Bolivia dio a conocer un reglamento en el que prohibía la esclavitud y establecía sanciones para cualquier individuo que violara esta norma, por atentar en contra de los derechos humanos. No obstante, la esclavitud y las relaciones de servidumbre siguen vigentes en el país.
Cuba: Agua, jabón y cepilloPor Ilse Bulit
La Habana, abril.- Ni el detergente ni la TV conquistaban los hogares habaneros. Cercana estaba todavía aquella noche iluminada por los fuegos de artificio de los vecinos del Barrio Chino, en celebración de la derrota japonesa. Y chinos eran, precisamente, quienes colmaban de gigantescas palomas blancas de tela las azoteas de las otroras mansiones de los primeros señores ricos de la Habana Vieja.
Ellos eran los alquimistas de esas sábanas blancas lavadas en misteriosos procesos de jabones derretidos y agua hirviente, puestas a secar al sol y viento y sostenidas en las largas sogas por unos “palitos de tendedera” en forma de alicates de madera, nunca copiados por los carpinteros criollos.
Las cubanas siempre prefirieron los otros, los de presión. Las divisiones raciales y financieras proponían hasta los nombres comunes. A las lavanderías de los cantoneses se las llamaba “tren de lavado”, ahora conocidos en los anuncios como locales para la limpieza de los coches. Eran tintorerías, las de propiedad de españoles o sus descendientes. Ante los vecinos, entregaba prestigio la llegada del repartidor de la ropa, mejor uniformado y, más aún, en camioneta anunciadora.
Quienes permanecían apegados a las viejas costumbres; de cuando en el rincón último del patio las negras esclavas hervían las ropas a base de leña para después, las más preparadas, plancharlas en otro local destinado a ese fin; preferían las lavanderas particulares bajo el decoro de no mezclar las telas familiares con las impurezas de otras gentes.
La frase “lavar para afuera” recogía las penurias de una mujer gallega, negra, mestiza (las ganas de sostener a la familia no tienen color ni raza) que, con la fuerza de sus brazos, ganaba lo necesario para la sopa diaria y la fiesta de los zapatos nuevos para los chicos.
Acostumbraban habitar en casas de vecindad de multiplicadas habitaciones y personas, con inmensos patios centrales de vida en común. Allí se lavaba en largos lavaderos o en tinas individuales mientras se hablaba de los hijos, se escudriñaban los defectos de los demás, se reía o se reñía. Mientras, los jabones cumplían su labor, ahorrándose ellos mismos hasta las astillas que, después de hervidas, volvían al uso en reciclado a lo antiguo.
El jabón amarillo era el preferido. Duraba más. Pero algunas marchantes exigían el blanco por su olor refrescante. La lejía para clarear y burlar las manchas, el añil envuelto en una bolsita y en la dosis exacta para imprimir al blanco cierta firmeza; porque las sábanas y fundas blancas, bien blancas, eran el símbolo de la señora de casa perfecta, ya rica, ya pobre.
Después venía el planchado, la etapa sudorosa, encerrada en la habitación y con el regaño a los niños de no abrir ni puertas ni ventanas porque “un aire” entrado de sopetón se alojaría en los pulmones. Esa habitación, convertida en horno, se adelantaba a los descubrimientos sobre el vapor en lucha contra el estrés.
Mantenerse doblada sobre una tabla o mesa, haciendo presión con una pesada plancha de hierro en sábana tras sábana, durante horas y horas, y con un ojo puesto sobre el anafe, en vigilancia de que la llama del carbón no perdiera fuerza; propiciaba miradas enrojecidas, dolor en la cintura y futuras dolencias musculares. Ni un minuto libre para el desconocido estrés.
Algunos niños crecieron con estudios superiores, gracias a aquellas telas de hilo o algodón, bordadas con iniciales o no, invitadoras en la noche al sueño reposado o al legalizado o pecador encuentro erótico. Aquellas lavanderas desgastadas, que pudieron acariciar los diplomas, adoraban los jabones que, a cambio de cuartear sus manos, pagaron moneda a moneda el futuro de sus hijos.
Los artificios químicos modelaban a su antojo las grasas animales, la sosa, en nuevos jabones de diferentes marcas. La competencia hacía brotar, con la espuma, un valor agregado.
La radio anunciaba que algunas pastillas contenían cápsulas con premios. Tenían en cuenta las necesidades de quienes elegían la marca, las lavanderas: bates de madera, guantes, pelotas para el juego favorito de los pequeños y hasta la casa anhelada de los pobres. La madre de familia con esposo obrero, o la lavandera de oficio soñaban, mientras restregaban las ropas a fuerza de nudillos o cepillos de cerdas duras.
Cuando, en los años ochenta del pasado siglo, el cantautor cubano Gerardo Alfonso trasladaba la imagen habanera de las sábanas blancas a una popular canción, todavía simbolizaban que sus dueñas estructuraban un hogar limpio y bonito, a pesar de su pertenencia a programas de estudio y horarios laborales.
Ya en los inicios del XXI, comenzaban las de colores a desplegarse como banderas en balcones y azoteas. Primero tímidas y con el señuelo de no necesitar el planchado por sus telas mezcladas de algodón y derivados químicos; después, obligadas, por ser las únicas en venta, casi siempre a pesar de su caluroso abrazo para el clima caribeño.
Sostenidas también por decisiones de mercado, en su condición de mayor economía para los bolsillos, en los últimos meses retornaban a volar como palomas las blancas, de algodón, en patios y alturas capitalinas.
Si las planchas de hierro desaparecieron a mitad del siglo anterior, las eléctricas estaban en período de extinción, frente a una cubana a la que, con lavadora moderna o con los usos de la fuerza de sus puños, como sus antecesoras, no le alcanzan las 24 horas del día para actuar como madre, abuela, hija, profesional, obrera, estudiante y amante.
Colgadas en los balcones están las sábanas blancas y sus hermanas coloreadas. Secas por el sol y el aire, sin alisarse por el calor de las planchas, visten las camas de chicos y adultos. Comprobado está que del Sahara llegan a Cuba las arenas del desierto. Y pueden llegar también, quién sabe, moléculas dañinas engendradas en una atmósfera agredida cada día más. Y las sábanas ya no defienden su pureza con el fuego salvador de aquellas planchas. |