Reportajes y noticias de SEMlac

Del 11 al 17 de febrero de 2008

Perú: Maltrato infantil: cicatrices indelebles

Por Zoraida Portillo

Lima, feb.- Tiene 7 años y se llama Solange. El martes 5 de febrero sorprendió a los curtidos policías de una comisaría de Lima cuando, acompañada por una amiga de 9 años, denunció a su propia madre, Gloria Reyes de 36 años, por maltratos. Y como prueba mostró sus piernas quemadas por un tenedor caliente, en castigo por haber roto los pasadores de sus zapatos.

La menor refirió que no era la primera vez que su madre le propinaba semejantes torturas y fue por eso que, aconsejada por su amiga –quien le dijo que nadie tiene derecho a maltratar a un niño–, se atrevió a denunciarla.

En medio de todo Solange ha tenido suerte: la fiscalía de la familia como medida precautoria le quitó la patria potestad a la maltratadora madre y confió a Solange a su abuelo materno, quien corroboró los maltratos, motivados –según dijo– “por la frustración que siente (su hija y madre de la menor) por haber sido abandonada por su pareja y tener que hacerse cargo, sola, de la crianza de sus hijos”.

De confirmarse los maltratos, la madre no sólo perderá la patria potestad de Solange sino que podría enfrentar hasta 8 años de cárcel por lesión grave.

Miles de niñas y niños peruanos no tienen la suerte de Solange. No tienen a una amiga que los aconseje para que no se dejen maltratar, ni saben que disponen de una red de entidades públicas y no gubernamentales adonde pueden acudir directamente a denunciar los abusos. A ellos no les queda sino seguir viviendo con sus agresores, con todos los traumas emocionales y psíquicos que acarrea.

Según la ONG Acción por los Niños, diariamente siete menores son maltratados solo en Lima, 5 de ellos a manos de sus padres. A nivel nacional, la organización internacional Save The Children estima que un tercio de infantes y adolescentes peruanos son víctimas de maltrato.

El número total de niñas y niños maltratados no se conoce, pero la UNICEF estima que sobrepasan los 4,500 los menores que son maltratados físicamente en sus hogares.

No obstante, especialistas como María Teresa Mosquera, Directora de Acción por los Niños, creen que la cifra es mayor porque muchos casos no son denunciados a las defensorías municipales de la niñez y los adolescentes, sino directamente al ministerio de la mujer y a los juzgados de paz. Y muchos más no llegan a conocimiento de nadie. Se quedan en las cuatro paredes del hogar.

De lo que sí no quedan dudas es de la huella profunda que tales maltratos dejan en las víctimas. El psiquiatra Freddy Vásquez asegura que el maltrato infantil en sus diversas variantes –verbal, físico o sexual– es la principal causa de suicidio infantil.

Ese, es un dato alarmante en una ciudad como Lima donde tan solo el Instituto de Salud del Niño atiende en promedio anualmente 600 niñas y niños con depresión, un tercio de los cuales constituyen casos severos que presentan ideas suicidas e intentos de llevarlo a la práctica.

El Código Penal peruano contempla hasta 15 años de prisión efectiva para los progenitores o tutores que maltraten a los menores. En caso de daños leves, la prisión es de 150 días hasta 2 años. Pero ni la severidad de las penas logra detener el abuso que, por el contrario, va en aumento.

Un estudio realizado en el Perú por las Naciones Unidas en el 2004 arrojó que el 41 por ciento de los progenitores, hombres y mujeres, golpea a sus hijos como una manera de corregirlos. Asimismo, encontró que el 80 por cientos de los padres golpeadores fueron maltratados en su infancia. En el caso de las mujeres, 56 por ciento de las maltratadoras sufrieron, a su vez, maltratos durante su infancia.

“Uno de los problemas más serios que enfrentamos es que para mucho padres no existe ninguna falta si golpean a sus hijos, porque consideran que es parte de la disciplina que deben imponer”, dijo a SEMlac Clarisa Ugarte, policía de una comisaría limeña.

Ella recordó un caso que le tocó atender, en San Martín de Porres –distrito del llamado “cono norte” de Lima. Una maestra denunció los maltratos que había descubierto en una de sus alumnas, a consecuencia de los cuales tenía una seria lesión en la columna que le impedía sentarse.

Cuando llamaron a los progenitores, admitieron que castigaban a la menor porque era “incorregible”, ¡pero denunciaron a la profesora ante el Ministerio de Educación “por meterse en lo que no le importa”! “Ellos aducían que era la profesora la que estaba en falta por entrometerse en asuntos familiares”, recuerda Clarisa.

Para la psiquiatra Gabriela Trelles, los padres que reaccionan con violencia contra sus hijos lo hacen para descargar frustraciones. “Maltratan a sus hijos porque saben que son indefensos... no actúan con maldad, más bien buscan que sus hijos alcancen lo que ellos no pudieron lograr”, explicó en declaraciones a un diario local.

Sea cual fuere el motivo, el caso es que la violencia contra los niños, niñas y adolescentes está obligando a la sociedad civil a salir de su indiferencia y tomar acciones concretas.

Así, por ejemplo, el pasado 20 de enero se conformó la primera red de promotores voluntarios para detectar casos de violencia en dos provincias de los Andes centrales: Huancayo y Andahuaylas, y en San Juan de Miraflores, un distrito del cono sur de Lima.

Conformada en principio por 300 hombres y mujeres de diversas edades y condición social, ellos no sólo estarán atentos a cualquier caso de maltrato, sino que promoverán los derechos de niñas, niños y adolescentes, defendiéndolos y protegiéndolos, especialmente a aquellos que viven en zonas rurales o urbano marginales.

La novedad de esta red es que los promotores son en su mayoría mujeres quechuablantes. “Con ello se garantiza una mejor efectividad y concentización”, declaró Carmen Barrantes, de EverChild Perú, la entidad que las capacitó.

RECUADRO:

Cuba: Abuso sexual: Desterrar los secretos más dañinos

Por Sara Más

La Habana, febrero.- El niño es todo movimiento; sus manos no paran mientras juega con el muñeco de peluche, pero escasamente levanta la cabeza y habla en tono muy bajo.

Cerca, en la misma habitación alfombrada, limpia y colmada de juguetes para escoger, un hombre le habla con calma y confianza. Poco a poco pasan las primeras tensiones y el niño responde a sus preguntas, le cuenta un secreto muy bien guardado: le dice todo lo que le hizo su amigo, el vecino, más de una vez, a unas puertas de su casa.

Así comienza y transcurre una de las entrevistas grabadas en el Centro de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en la capital cubana, donde se recibe y ofrece atención especializada a menores de edad que han sido víctimas de algún tipo de abuso sexual.

“Esa exploración se graba. Es importante para poder esclarecer el hecho. Al niño se le entrevista una sola vez, para evitar victimizarlo nuevamente”, explica Niurka Ronda, perito forense y directora de la institución, adscrita al Departamento Nacional de Menores del Ministerio del Interior y que radica en una casa de un apartado reparto residencial de La Habana.

El propósito de tal proceder es obtener una prueba documental grabada, que sirva para presentar al tribunal, ante el cual se evita por todos los medios que comparezca la niña o el niño agredido. Una instrucción del Tribunal Supremo ampara la legalidad de esa exploración como prueba.

Pero es también una forma de atender, tratar y aliviar a las víctimas infantiles del abuso sexual, en sus más diversas variantes. “Son niños que llegan con grandes dificultades en el proceso de comunicación, distraídos y con alto nivel de ansiedad”, explica Grether Ortiz Antón, especialista del centro.

La intervención con juegos, manualidades, contactos con animales afectivos y otros entretenimientos ayudan a diluir tensiones, facilita la comunicación y hace que los entrevistados hablen con fluidez.

En funcionamiento desde hace tres años, el centro abrió sus puertas por vez primera a la prensa nacional y extranjera a finales de enero último, durante la celebración en la capital cubana de una Conferencia Regional de Protección Infantil. Próximamente abrirá otro similar, en la oriental ciudad de Santiago de Cuba, y luego otro al centro de la isla.

Sus espacios están dotados con modernos equipos de audio y grabación, que permiten mantener el clima de confianza y monitorear las entrevistas desde una habitación aledaña, en presencia de otros especialistas, el abogado de la defensa y un fiscal que vela por los derechos del menor. Para ello ha contado con la colaboración de la organización no gubernamental británica Child Protection Development Trust.

“La entrevista es muy importante, sobre todo en los casos de abuso lascivo, en que no hay prueba; sólo el testimonio del niño. Son delitos en solitario, únicamente queda el daño vivido por el niño, su testimonio de lo que le sucedió”, comentó Ronda durante un recorrido por sus instalaciones, en el que participó SEMlac.

El abuso sexual consiste en obligar o persuadir a un niño o niña para que participe en actividades sexuales adultas, frente a las que no puede dar un consentimiento informado.

La norma jurídica cubana lo define como "cualquier contacto sexual entre un adulto y un niño sexualmente inmaduro, con el fin de obtener una gratificación sexual del adulto”.

O bien, “cualquier contacto sexual con un niño realizado a través del uso de la fuerza, amenaza, o el engaño para asegurar la participación del niño; o también el contacto sexual para el que el niño es incapaz de ofrecer su consentimiento en virtud de la edad o de la disparidad de poder y la naturaleza de las relaciones con el adulto".

El Código Penal recoge este tipo de actos bajo el título Delitos contra el Normal Desarrollo de las Relaciones Sexuales y contra la Familia, la Infancia y la Juventud. El texto establece distinciones entre agresiones sexuales, abusos sexuales, acoso sexual y exhibicionismo, y recoge igualmente las figuras de explotación sexual y corrupción de menores.

De acuerdo con fuentes oficiales, el 34 por ciento ocurre en menores de 6 a 10 años y 31 ciento entre los 11 y 13 años, con mayor incidencia en las niñas (75,9 %).

Estos casos suponen menos del cinco por ciento del total de los hechos delictivos denunciados y en el 90 por ciento los victimarios suelen ser identificados y procesados. Las condenas pueden oscilar entre cuatro y 30 años, y hasta la pena de muerte.

Sin embargo, otros muchos casos no llegan a conocerse nunca. Con razón a este tipo de acto se le llama “el secreto mejor guardado”, pues niñas y niños que lo han padecido suelen callar o les ocultan a sus padres y familiares lo que le sucede. A veces por temor a las amenazas de que son objeto, otras porque piensan que no van a creerles o se sienten culpables.

La mayoría de las personas asocian la violencia sexual estrictamente al acto de violación cometido por desconocidos, en lugares apartados y oscuros, lejos de la vista pública.

Sin embargo, hay otras formas de abuso sexual que tienen entre sus víctimas a menores de edad, fundamentalmente del sexo femenino.

Contrario a lo que muchos creen, el abuso sexual contra menores de edad acontece frecuentemente en los mismos espacios donde transcurren sus vidas cotidianas y a manos de personas conocidas, según confirman varios estudios parciales realizados en Cuba durante los últimos años.

En opinión del psiquiatra Cristóbal Martínez, jefe del grupo nacional de psiquiatría infanto-juvenil y colaborador del centro, “hay que hacer énfasis en la prevención, porque todo ese daño puede evitarse en la medida en que se logre reducir ese delito”.

El especialista insiste en la necesidad de favorecer los factores protectores que disminuyen la probabilidad de maltrato; en este caso, relaciones afectivas de buena calidad, reciprocidad e interacción con el niño o niña, así como enseñarles a desarrollar destrezas sociales y no emplear la violencia como vía para solucionar conflictos.

“Lo importante, ante todo, es detener el abuso. Si no se denuncia, continúa”, asegura Martínez y puntualiza que a los niños hay que escucharlos con atención. “La sociedad a veces tiende a culpar a la víctima. Muchos piensan, incluso, que el castigo es por su bien, y tienen dificultad para hablar de esto por miedo o por lealtad.

“Hay que creer en el niño, darle confianza y garantizarle apoyo, ayudarle a valorar su cuerpo, porque cuando una persona es objeto de abuso sexual, pierde el valor de su cuerpo. A veces basta con escucharlo; otras, cuando el sistema familiar está desestructurado, hay que hacer terapia familiar”.

Bolivia: El cambio social se hace esperar

Por Helen Álvarez Virreira

La Paz, febrero.- Bolivia se encuentra en uno de los momentos más críticos de su historia y, ante cualquier intento por hallar una salida a la complejidad política, social y económica, se encuentran más bien nuevos obstáculos que impiden crear espacios para construir el cambio social que se esperaba con la Asamblea Constituyente.

Aunque por primera vez Bolivia tiene un presidente que emerge del sector indígena, el más invisibilizado y discriminado a pesar de constituir la mayoría de la población, la situación todavía no ha cambiado. Evo Morales triunfó por mayoría absoluta en las elecciones presidenciales del 2005 y generó expectativas de transformación que se han ido desmoronando.

El gobierno y sus opositores, instalados en las regiones más ricas del país, se han enfrascado en una pugna de poder que refleja décadas de contradicciones e inequidades, y que margina a la población.

Esta vez, las banderas de la disputa son el proyecto de Constitución Política del Estado, que defiende la administración gubernamental, y el de estatutos autonómicos de los cuatro departamentos donde ganó el Sí a las autonomías, en julio de 2006, que se han constituido en un bastión de resistencia al proceso de cambio.

La gran debilidad del gobierno, que ya cumplió dos años, es su fragmentación ideológica, que se evidencia en los permanentes desacuerdos entre las mismas autoridades. Su fortaleza es que mucha gente aún cree en su proyecto, porque no encuentra otra alternativa.

Mientras, los opositores, representados por los prefectos (gobernadores) de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Cochabamba, y el comité cívico de Santa Cruz, se han cohesionado y fortalecido, a partir de errores gubernamentales, en la demanda concreta de las autonomías departamentales.

SEMlac recurrió a tres mujeres para profundizar sobre la problemática boliviana: María Galindo, integrante del movimiento feminista Mujeres Creando, y las politólogas Jimena Costa y Helena Argirakis.

Ellas coinciden, en general, en que la Asamblea Constituyente es un escenario perdido de construcción social, debido, principalmente, a la partidización del cónclave; también concuerdan en que la Constitución que llegue a aprobarse será transitoria porque no responde a las expectativas de la población.

Respecto a las autonomías departamentales, éstas son vistas como un proceso imparable, impulsadas por una elite que pretende resguardar privilegios.

Galindo considera que todo lo avanzado hasta ahora se declare como preconstituyente, para iniciar una discusión seria y abierta, aunque es consciente de que eso es lo último que promovería el gobierno; por ello, la única salida que ve es la resistencia y la construcción de un sujeto social desde las mujeres. Costa, por su parte, cree que debería llamarse a una nueva Asamblea Constituyente en unos dos años.

Sociedad del caudillismo

Galindo ve dos aspectos fundamentales en el devenir nacional. Por un lado, el caudillismo de la sociedad boliviana, que ha sido “un eje histórico y de frustración en el país”, y, por el otro, una crisis en los movimientos sociales, que desde la implantación del neoliberalismo han respondido a una lógica de “cliente”.

La historia del país, dice, ha sido una sucesión de caudillos. “Por ejemplo, el MAS (Movimiento al Socialismo, el partido de gobierno) no es un proyecto político ni ideológico, sino un proyecto complejo con una serie de fragmentos de ideologías, de supuestos lugares de participación social, pero su eje es Evo Morales y luego él se volverá el eje de todo el proceso. Vamos a ir a una frustración histórica en la medida en que Evo Morales termine de consolidar su relación de caudillo con la sociedad”.

La estructura caudillista también puede verse en la actuación de los movimientos sociales; en octubre de 2003 hubo “un sentido de mucho triunfalismo”, cuando una revuelta popular derrocó al entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, pero esto sólo sirvió de palestra para que algunos dirigentes accedieran a cuotas de poder.

Galindo opina que los movimientos sociales están en crisis: tienen capacidad para movilizar grandes grupos, pero no para generar propuestas ni construir un tejido social, y tampoco para la discusión política. Y para ella, esto resulta contradictorio porque los dirigentes apuntan al poder, pero están solos y sin postura política. Sin embargo, hablar de la crisis de los movimientos sociales es “políticamente incorrecto”, reclama.

El MAS ha contribuido a esa crisis, ha entendido su lógica y ha logrado cooptar y matar a los movimientos; pero el poder político “se está dando cuenta que sin ellos no tiene brazos ni piernas”. Lo contrario está ocurriendo con los grupos de poder de las regiones opositoras, que han capitalizado un reclamo legítimo de la población contra el centralismo gubernamental, lo que les ha permitido enarbolar la bandera de las autonomías en nombre de todos y todas.

Estado inconcluso

Costa, por su parte, destaca otros aspectos: primero, que el Estado boliviano no ha terminado de construirse desde la revolución de 1952, es decir que hay una debilidad institucional; segundo, hay dos proyectos que pretenden ser hegemónicos pero ninguno responde a las necesidades e intereses de la población; y, tercero, existe una cultura política que no es plenamente democrática: “somos intolerantes, por eso avanzan los racismos y la discriminación de género, generacional y étnica”.

“Esta combinación es peligrosa y ha generado un escenario en el que nadie entiende si es que hay salida política”, y se exacerba por la crisis de mediaciones y liderazgos. “El único que aparece como líder es Evo Morales”, aunque él tiene más perfil de caudillo; además se retrae hacia una posición etnocéntrica andina.

Costa dice que el proyecto que intentó ser hegemónico durante 25 años de democracia en Bolivia correspondía a una derecha nacionalista y conservadora, “medianamente democrática”, que no ha logrado ser representativa de los intereses populares ni de movimientos sociales indígenas, pero sí de la clase media y de los empresarios.

“El proyecto del MAS también tenía la intención de constituirse en hegemónico y parecía tener las condiciones al inicio del período; pero también ha fracasado”, porque su discurso partió de la diferencia y no de la igualdad entre bolivianos.

Esos dos proyectos “no pueden constituirse en dirección y, por tanto, quieren ser de dominación. Estamos estancados entre una izquierda autoritaria y una derecha autoritaria, sin oferta democrática, que no tienen la capacidad de unir oriente con occidente, el norte con el sur, indios con mestizos”.

Sin embargo, en el marco de un proceso de cambio irreversible, ella cree que en este momento no se vislumbra una alternativa al MAS, pese a los errores cada vez más frecuentes del gobierno en la gestión pública y en el manejo de la economía. “Los que estamos en medio, que no somos del MAS ni de la oposición, que somos la mayoría del país, nos sentimos tremendamente preocupados”.

Debate por la dignidad

Por su parte, Helena Argirakis, en el programa radial Hilo y Aguja de la Fundación Unir, planteó, desde Santa Cruz, dos aspectos sobre la crisis que atraviesa Bolivia.

Primero, que durante años se produjo “una alternancia del poder”, pero entre una misma clase política y social, que tenía intereses comunes y “contribuía o respondía a un mismo modelo económico”. En ese escenario, el MAS se constituyó en “un fusible, una bisagra importantísima del proceso de cambio”, pero no en su dueño, y las autonomías departamentales se alzaron desde las élites como un sistema político y jurídico alternativo de resistencia a ese cambio.

Como un segundo aspecto, Argirakis señala que la disputa que se vive en el país no es ideológica, sino de derechos humanos y de dignidad humana. La pugna por el poder ha derivado en que se explicite el racismo, en que se ponga en evidencia la discriminación, la intolerancia, las visiones conservadoras y de retroceso. “Entonces más que un debate ideológico, (en Bolivia) está en debate un tema de humanidad e inhumanidad”, concluye.

Guatemala: Mujeres mayas entre la extinción y la conservación de sus trajes

Por Alba Trejo

Guatemala, febrero.- Es la resistencia a olvidar la historia milenaria, a que se extingan los colores sagrados, a que se abandone el significado de la vida, pero sobre todo, es la lucha a que se respete el derecho cultural, de identidad y autodeterminación que ellas tienen de portar su traje regional como parte del pueblo maya.

Las mujeres indígenas de Guatemala buscan mantener viva la utilización de su vestimenta y luchan por perpetuar su indumentaria ante lo que podría significar la pérdida de su uso. Las prendas culturales han comenzado a sucumbir en este país centroamericano por razones de pobreza, exclusión y racismo.

El Güipil ceremonial, el pot de diario, el corte, la faja y el perraje con el que protegen sus cuerpos y el de sus hijos, son prendas bordadas a mano por generaciones que representan la identidad del pueblo indígena. Ahora son reemplazadas, en algunos casos, por las blusas ajustadas, suéter, jeans y faldas.

El racismo persistente en la sociedad es una de las causas a las que se le atribuye la pérdida del uso del traje regional, el cual, según la antropóloga maya-k´iché, Irma Alicia Nimatuj, ha inducido a algunas mujeres a desprenderse del corte (prenda usada en la parte inferior del cuerpo) y güipil (en la superior) para ser aceptada en la población ladina (no indígena) en cualquier ámbito profesional, laboral y estudiantil.

En Guatemala, el 40 por ciento de los 13 millones de pobladores se consideran descendientes de los españoles, mientras el 60 por ciento restante lo conforman 23 etnias. Este país cuenta con 21 departamentos, de los cuales 14 están habitados por las diferentes culturas mayas, lo cual lo convierte en una de las naciones de Latinoamérica con mayor población indígena.

A pesar de que la población ladina es menor que la indígena, la discriminación pesa más que la aceptación, tanto así que el traje regional, principalmente en la mujer, es objeto de burla entre los hombres, quienes incluso cuestionan el uso de ropa interior bajo el corte de las mujeres, que les cubre hasta los tobillos.

La pérdida de las ropas regionales, a criterio de la doctora Barbara de Arathoon, directora del único Museo del traje indígena en Guatemala, conocido como el Ixchel en honor a la diosa maya de la fertilidad, se da mayormente en el hombre, y en algunas prendas de uso común en las mujeres. Este lugar conserva unos 6.000 trajes regionales desde el período colonial hasta la fecha.

La experta considera que la conservación de la ropa maya en la población femenina radica en que la mujer es más valiente que el hombre en este sentido, porque se opone al cambio, a usar jeans, blusas o vestidos de influencia occidental y por eso se pueden ver en el interior del país a indígenas con prendas únicas que han tejido con sus propias manos.

Explica que el hombre, al estar en contacto público, es vulnerable a la presión social y cambia su traje regional por playeras, camisas y pantalones comunes. De hecho, se escuda en la excusa de que cuando va a la ciudad se quita su vestimenta regional por el calor.

A la indígena, en cambio, le ha ayudado mucho estar en el seno doméstico porque al permanecer en la comunidad, conserva sus prendas originales y así puede enseñar a tejer los trajes a sus hijas. A criterio de Arathoon, aproximadamente un 35 por ciento de las niñas aprenden a confeccionar las prendas mayas.

Esta especialista admite que el uso completo del traje se ha perdido, por lo menos, en 200 sitios indígenas y sólo en 120 lugares se usan todas las piezas.

Las mujeres que son víctimas de la presión social reemplazaron el güipil por la playera, aunque siguen usando el corte, y cambiaron la faja gruesa bordada para ceñir su cintura, por una angosta que ahora usan bajo la cintura por moda.

La antropóloga Nimatuj se atreve a decir que quizás sea el perraje, una prenda usada en los entierros o para sostener a los hijos o cubrirse el vientre en el embarazo, la que ha desaparecido y ha sido sustituida por el suéter.

Barbara de Arathoon agrega que también el traje ceremonial ha sufrido abandono, tanto así que ya sólo las reinas indígenas lo usan en las ceremonias lo mismo que en las cofradías (grupos reducidos de indígenas que rigen los aspectos político-religiosos comunales). Esta vestimenta es una de las más importantes ya que contiene la mayor simbología indígena.

Los trajes ceremoniales son manuscritos de tela que cuentan entre hilos las historias de guerra, amor, trabajo, espiritualidad, y sus bordados van desde cruces, soles, animales, flores, lunas, estrellas y series onduladas que representan los límites del continente terrestre.

El documento Conquista de Guatemala señala que el traje regional surgió cuando los españoles obligaron a los indígenas a vivir en pueblos divididos y que, para identificarlos, pidieron a las mujeres que tejieran trajes con diseños inspirados en la enorme riqueza y variedad de los trajes típicos de la península Ibérica. Con el tiempo, los indígenas les pusieron su sello de comunidad y algo personal.

Nimatuj señala que además de ser una muestra de sincretismo, los tejidos indígenas son portadores de una historia de exclusión racial, cultural, social y económica a la que “hemos estado sometidos, pero al mismo tiempo resistiendo desde hace más de 479 años”.

Agrega la antropóloga, a quien en una ocasión le vedaron el acceso a un bar por vestir su traje regional, que la ideología dominante le ha enseñado y repetido una y otra vez a nuestros habitantes mayas que sus prendas implican “atraso” “subdesarrollo”, “falta de higiene”, “ignorancia”, “costumbrismo” y “uniforme colonial”.

Eso sigue ocurriendo en Guatemala, a pesar de que las penas por racismo y discriminación étnica oscilan entre tres y cuatro años, y una multa de 800 dólares estadounidenses. La legislación incluso pena cuatro tipos de discriminación: la exclusión, la restricción, la distinción y la preferencia.

Aunque Nimatuj señala que la discriminación es un aspecto que ha forzado a las mujeres mayas a desprenderse de sus vestimentas originales, también admite que la pobreza extrema las lleva a emigrar en busca de empleo y es ahí donde son más vulnerables.

En Guatemala, las empleadas domésticas son, en su mayoría, indígenas y en muchas de las viviendas estas mujeres están obligadas a usar uniforme en vez de su traje regional.

Otilia Lux de Cojtí, representante maya de Guatemala ante la UNESCO, ve que, además de discriminación, el traje tejido a mano ha ido desapareciendo también por razones económicas.

Actualmente un traje completo bordado en telar de cintura puede costar hasta 1.500 dólares estadounidenses, mientras que un güipil cuesta hasta 2.000 dólares estadounidenses.

Ello hace definitivamente inaccesible para la mujer maya tener una prenda bordada porque, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ella apenas alcanza a cubrir sus necesidades básicas diarias con un dólar.

La situación de la indígena en este país se encuentra en desventaja frente a la de la ladina. Las descendientes mayas apenas terminan dos años del ciclo escolar; entre los niños y niñas indígenas el índice de malnutrición es de 29 por ciento frente al 17 por ciento en los no indígenas, y la tasa de mortalidad es de 69 por ciento en los descendientes mayas frente al 54 por ciento de los que no lo son.

Hoy en día los hilos de seda de colores vistosos usados para tejer trajes simbólicos han sido sustituidos por otros elaborados a máquina, que resultan más baratos, y también la ropa usada proveniente de los Estados Unidos es mayormente accesible a los indígenas, lo que contribuye a ese desprendimiento cultural.

República Dominicana: Conflicto por huevos y pollos

Por Mirta Rodríguez Calderón

Santo Domingo, febrero.- Diferendos por casi un mes entre Haití y República Dominicana están acarreando pérdidas que podrían elevarse a 514 millones de pesos dominicanos (poco menos de 17 millones de dólares), como resultado de la prohibición del gobierno de Rene Preval al comercio de pollos y huevos por considerar que hay gripe aviar en la nación dominicana, hecho no comprobado.

Aparte de los daños materiales y las irritaciones recíprocas que ha llevado a misiones oficiales a encuentros en Haití, lo lamentable es la agudización de la precariedad alimentaria del lado haitiano, donde muchas personas que nutren con su presencia y productos el mercado fronterizo de Dajabón se han visto impedidas de conseguir medios de subsistencia y artículos imprescindibles.

Excesos ha habido muchos y una parte los han sufrido mujeres de una y otra nación que aspiraban a transitar con sus aves y huevos al lado haitiano, y con sus necesidades al territorio dominicano: las aves se han visto depauperadas y las posturas han sido escachadas.

Numerosos indicios referidos por la prensa nacional dominicana fijan el verdadero móvil de la situación en negociaciones de comerciantes y gobierno haitianos, que pretenderían favorecer importaciones de Estados Unidos.

En esa coyuntura, la alcaldesa de Dajabón, Sonia Mateo, decidió el cierre del mercado binacional que proporciona medios de vida a personas de ambos lados y, en especial, a mujeres que comercian con ropa usada y otros muchos bienes.

Durante dos lunes y viernes no funcionó el mercado, con consecuencias muy fuertes para la gente. Del lado dominicano se asegura que no hay gripe aviar, y del lado haitiano se sostiene la posición contraria.

Las cosas llegaron a extremos tales que, mientras los intereses ocultos ganan terreno, ambos gobiernos han pedido la presencia de expertos de la Organización Mundial de Salud Animal, que estarían por llegar al país.

Los productores avícolas dominicanos se preocupan, adicionalmente, porque se avecinan los tiempos de cuaresma, cuando una parte de la población se abstiene de consumir carnes por creencias religiosas. De ahí, que estén reclamando al estado compensaciones por sus pérdidas que involucran 15 millones de aves, más gastos de combustible, transporte y otros.

De los 150 millones de huevos mensuales que se producen en Dominicana, 30 millones se llevan a Haití, según dirigentes de las asociaciones de productores.

Se estima que cada semana llegan al mercado de Dajabón y otros sitios fronterizos, entre 13.000 y 15.000 haitianos para abastecerse de productos, y que de las vendedoras que se establecen en esa plaza el 59 por ciento son mujeres haitianas.

La cara feroz del hambre

Así las cosas, en la última quincena se reprodujo en varios medios un reportaje de Jonathan M. Katz, de la agencia Associated Press, dando cuenta de cómo la pobreza extrema en Haití obliga a las personas a consumir galletas de tierra elaboradas con una mezcla de barro, algo de grasa y líquido, y que luego cocinan de algún modo. Para muchas familias, ese resulta el alimento único en días enteros.

Testimonios reunidos por el reportero afirman que “no son desagradables”, a juicio de quienes tienen que comerlas.

Precisamente, en días recientes, la organización Solidaridad Fronteriza, inspiración de jesuitas, levantó la voz de alarma sobre el comercio y abuso de niños y niñas haitianas, en tanto un reportaje fílmico reveló cómo a muchas familias haitinas los tratantes las convencen de vender a sus hijos para que sean llevados a Estados Unidos, porque “usted tiene muchos hijos”, según se veía en ese video.

Poco más que decir. El pueblo haitiano, ciertamente, merece mucho más que comer tierra y vender a sus hijos e hijas.