 |
Reportajes y noticias de SEMlacdel 28 de mayo al 3 de junio de 2007
Argentina: Aborto, el derecho negadoPor Norma Loto
Buenos Aires, mayo.- Ana María Acevedo es una joven argentina que falleció el 17 de mayo porque le negaron su derecho al aborto terapéutico, contemplado por la legislación argentina en caso de que la vida de la madre esté en riesgo.
Relatar la vida de Ana María es, quizás, hablar de dolor e injusticia. La joven vivía en Vera, un pueblo situado al norte de Santa Fe (provincia ubicada 475 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires). Sólo tenía 20 años, tres hijos nacidos mediante cesáreas y era analfabeta.
En octubre de 2006, los médicos comprobaron la existencia de un tumor en su maxilar e iniciaron con ella una terapia que incluyó radiaciones, pero dos meses después le detectan un embarazo de cuatro semanas. Ante esta situación, los padres de la joven solicitan un aborto terapéutico para que su hija pudiera acceder al tratamiento contra el cáncer.
El pedido fue elevado a un Comité de Bioética, que expidió su negativa y aconsejó que Ana María continuara la gestación hasta las 24 semanas, para así practicarle una cesárea y luego comenzar con el tratamiento oncológico, pues aseguró que tanto la madre como el embrión no corrían riesgo.
Desde aquel momento, la vida de la joven se convirtió en un martirio, porque le negaron, precisamente, el derecho a la vida. También le habían negado la ligadura de trompas, permitida por la legislación de esa provincia y que había solicitado en 2006, debido a la incompatibilidad sanguínea con sus tres hijos nacidos por cesárea.
Ana María estuvo obligada a soportar su embarazo y, a la vez, los fuertes dolores del cáncer que corroía su cuerpo. Finalmente, en abril fue sometida a una cesárea y su niña logró sobrevivir apenas 24 horas. Luego de soportar las más indolentes de todas las miserias, Ana María murió el 17 de mayo.
Todas por Ana María“El día que falleció, nos autoconvocamos en la puerta del Hospital Iturraspe para repudiar el accionar del Comité de Bioética y del director del nosocomio, el doctor Andrés Ellena”, relata a SEMlac Luciana Basso, integrante de la Multisectorial de Mujeres en Santa Fe, una organización que apoyó y difundió este doloroso hecho.
“Tras mucho persistir, conseguimos una entrevista con Ellena, quien insistió que el hospital hizo lo correcto y el Comité de Bioética había tomado la mejor decisión”, dice Basso a SEMlac.
La Multisectorial de Mujeres de Santa Fe afirma que el dictamen del Comité de Bioética no es vinculante y que el médico responsable de la salud de la joven pudo haber practicado el aborto terapéutico.
El Código Penal argentino contempla el aborto terapéutico para evitar un peligro para la vida o la salud de la madre.
“El insensato y autoritario accionar de estos funcionarios de salud ha ignorado el Artículo 86 del Código Penal, priorizando el valor abstracto de una potencial persona por sobre la existencia real de una joven mujer”, dice el comunicado emitido por esa organización.
Un reciente comunicado de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto manifiesta su repudio a la nefasta injusticia cometida contra Ana María Acevedo, al argumentar que es necesario “terminar con la impunidad para quienes no cumplen con su misión de salvar vidas, porque ponen por delante sus creencias personales y terminan haciendo abandono de personas”.
Perú: Las que se embarazan se juegan la vidaPor Julia Vicuña Yacarine
Lima, mayo.- La maternidad, evento que debiera ser motivo de alegría y celebración, se convierte en dolor y muerte para muchas familias en Perú. Aquí, cada 8 horas muere una mujer por causas asociadas a la maternidad, lo que equivale a que se produzcan al año 1.258 muertes maternas.
“Estas muertes innecesarias de mujeres son un indicador del mal estado del sistema de salud de nuestro país y del poco poder social y económico de las mujeres”, afirma Rossina Guerrero, coordinadora del área de Salud Sexual y Reproductiva del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX).
Para la especialista, las estadísticas expresan discriminación e injusticia, porque “las cifras más elevadas de muerte materna se dan entre las mujeres de menores recursos económicos, entre aquellas que viven en zonas rurales y que poseen menores oportunidades para lograr educación formal”.
Una realidad dramática en el país es el aborto, que presenta una tendencia creciente en los últimos seis años, al elevarse el número de embarazos no deseados.
Cada año 2,096 peruanas quedan embarazadas, de las cuales 813 tienen embarazos no deseados ni planificados, debido a la insuficiente provisión de métodos anticonceptivos en los establecimientos públicos de salud, señala un reporte del Movimiento Manuela Ramos.
A consecuencia de embarazos no deseados, muchas mujeres recurren al aborto clandestino pese a que ponen en peligro su salud y sus vidas porque es practicado en condiciones de insalubridad por profesionales que lucran con la vida de las mujeres.
Según la demógrafa Delicia Ferrando, de Pathfinder Internacional, en el año 2004 se practicaron en Perú más de 400 mil abortos clandestinos, muchos de éstos, en condiciones de insalubridad.
Para reducir los casos de muerte materna representantes del Poder Ejecutivo, del Congreso y de las más importantes entidades de cooperación internacional firmaron la semana pasada una alianza nacional para lograr que la maternidad sea saludable y segura en todo el país.
El propósito es acercarse cada vez más a la cifra considerada como parte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que establece como máximo permitido al 2015 la muerte de 66 madres por cada 100 mil nacidos vivos. Actualmente Perú tiene una tasa de 185 por cada 100 mil nacidos vivos.
Firmaron la Alianza Nacional para una Maternidad Saludable y Segura en el Perú, representantes del Ministerio de Salud; los congresistas Daniel Robles López, del Grupo Parlamentario Peruano sobre Población y Desarrollo; Güido Lombardi, de la Comisión Especial Multipartidaria de Seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio; María Sumire, de la Mesa de Mujeres Parlamentarias Peruanas; la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS); el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA); CARE Perú y UNICEF.
El director de programas de Care-Perú, Jay Goulden, destacó que reducir la mortalidad materna no es un asunto únicamente técnico, sino político, y que en la medida en que ésta se convierta en una prioridad pública, se podrá conseguir ese objetivo.
“Junto con el esfuerzo de reducir la mortalidad materna, un programa de esta naturaleza permite disminuir la principal causa de la mortalidad infantil hoy, que es la neonatal y perinatal”, manifestó por su parte el representante de UNICEF en el Perú, Mario Cavero.
Rossina Guerrero, sostiene que el respeto, goce y protección de los derechos humanos de las mujeres, entre ellos la salud, implica medidas concretas por parte del Estado.
“El Ministerio de Salud debe emitir un protocolo nacional que regule el aborto terapéutico, cuya legalidad data de hace más de 80 años”, explica.
Este 28 de mayo, diferentes organizaciones de mujeres, sociales y feministas, volverán a llamar la atención al gobierno y a los legisladores por una ley integral de salud sexual y reproductiva, que garantice el acceso al aborto terapéutico, así como la vigencia real del Estado Laico, establecido en la Constitución de la República.
Cuba: Artistas apuestan por la prevención del VIH/SidaPor Dixie Edith
La Habana.- Movilizar a artistas, intelectuales y otros líderes de relevancia nacional en la prevención del VIH/Sida es propósito declarado de más de 40 proyectos socioculturales en Cuba, identificados oficialmente por el Ministerio de Salud Pública.
El centro cultural El Mejunje, en Santa Clara, a unos 300 kilómetros de La Habana; el capitalino Teatro Espontáneo y experiencias audiovisuales de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de Los Baños y el Instituto Superior de Arte se incluyen en la lista, presentada por la doctora Nereida Rojo Pérez, durante un taller regional convocado por la UNESCO en la capital cubana.
Rojo, de la Escuela Nacional de Salud Pública, ubicó los antecedentes de ese trabajo en experiencias conjuntas desarrolladas en la isla, durante la última década, con el auspicio de esa organización de Naciones Unidas, en busca de un enfoque cultural en la atención del VIH/Sida.
Sin embargo, según la estudiosa, las primeras experiencias evaluadas demostraron que, aunque los mensajes resultaban intelectualmente comprensibles, no eran asimilados ni ocurrían los “cambios esperados en el comportamiento de la población”.
De esta forma, se fue en busca de proyectos que, mediante la obra artística, transmitieran valores, creencias, percepciones y conocimientos en torno al VIH/Sida.
Se trata de realizar las labores de prevención a partir “de procesos de reflexión, motivación y autoaprendizaje de forma vivencial, del estudio de la realidad para el desarrollo de la propuesta creativa, incluida la convivencia en la comunidad”, señaló.
Similares vivencias y experiencias expusieron artistas y especialistas de 14 países de América Latina reunidos en el taller regional El teatro y las artes visuales, un enfoque novedoso frente al VIH y el SIDA en América Latina y el Caribe.
Teatristas, realizadores de audiovisuales, profesionales de la radio y artistas involucrados en acciones comunitarias mostraron sus proyectos y reflexionaron sobre el papel que debe desempeñar la cultura en la prevención del VIH/Sida.
Además del quehacer cubano, se expusieron las experiencias de colectivos como el mexicano Centro de Estudios para el Desarrollo ITZAM NÁ; el venezolano teatro Delphos; el Centro Cultural Pyepoudre, de Haití; el jamaicano teatro ASHE o la dominicana Red de Jóvenes por siempre.
Desde el teatro convencional al de vanguardia, de los títeres al videoclip, de la radionovela a la telenovela, de los cantos vudú al rap, del documental a la ficción, los artistas participantes vinieron movidos por una certeza y accionar comunes.
Hoy día, el concepto de cultura no sólo engloba a la creación artística, sino también los modos de vida, tradiciones, creencias, normas, prácticas sociales y hasta a la representación de la salud y la enfermedad, reconocen los especialistas.
El taller también sirvió para presentar la Red SIDACULT-net, una red destinada a la prevención y atención del VIH/Sida, integrada por creadores, promotores, gestores, comunicadores e instituciones culturales, sociales, de comunicación y de salud.
Un desafío trascendió de los debates: la necesidad y manera de conjugar el rigor estético de la obra de arte con el didactismo que demanda la prevención.
Para Leonila Argüello, del nicaragüense Colectivo de Mujeres de Matagalpa, se trata de buscar el equilibrio. “A veces cuidamos mucho la estética y nos olvidamos del sentimiento, de que nuestro mensaje es para seres humanos e involucra las emociones y el entendimiento. No es fácil equilibrar la calidad y la calidez. A veces no van de la mano. Debemos actuar, ante todo, con el corazón”, enfatizó.
Bolivia: Entre la dignidad y lo baratoPor Helen Álvarez Virreira
La Paz, mayo.- La cercanía del invierno se hizo sentir a inicios de mayo. La noche del lunes 7, la temperatura cayó hasta llegar a seis grados centígrados y, simultáneamente, al menos medio millar de personas, a las que denominan “ropavejeros”, se acomodaba como alfombra humana para pasar la noche a la intemperie, en la plaza de los Héroes, la más céntrica de la ciudad de La Paz.
Así acompañaron a 12 de sus compañeros, entre hombres y mujeres, que iniciaron una huelga de hambre. Se trata de una medida de protesta contra el gobierno, por comenzar a aplicar el decreto que prohíbe la venta de ropa usada proveniente de Estados Unidos y Europa.
Horas después y antes de que salga el sol, muy cerca de ahí, centenares de mujeres también enfrentaban el frío amanecer y abrían los puestos donde venden prendas nuevas que confeccionan con sus propias manos, con ayuda de sus familias. Ellas son “las mañaneras” y forman parte de un numeroso sector conocido como “los confeccionistas”.
Desde las cinco de la mañana comienzan a colgar la ropa, antes de llegar los clientes, a los que les venden a precio de mayorista hasta las 10, aproximadamente.
Estos dos sectores tienen varias cosas en común: la mayoría son mujeres; muchas de ellas, jefas de familia y de la tercera edad; trabajan por cuenta propia en condiciones precarias; perciben ingresos de sobrevivencia y no tienen otra fuente de trabajo. Sin embargo, el primero está matando al segundo.
En abril de 2006, el gobierno promulgó un decreto prohibiendo la importación de ropa usada a partir del 21 de abril de 2007 y dio de plazo hasta el 8 marzo de 2008 para la venta de esas prendas. Además, estableció la reconversión productiva para que quienes se dedican a esta actividad puedan incursionar en otra, con una capacitación y la entrega de préstamos para la compra de equipos. Ahora los “ropavejeros” protestan y los “confeccionistas” festejan.
Trabajo para milesLa venta de ropa estadounidense usada se ha masificado en los últimos 10 años, tiempo en el que los diferentes gobiernos en Bolivia han permitido la libre importación y comercialización de esas prendas que antes llegaban en calidad de donación, aunque incluso así ya eran vendidas, sobre todo en las ferias campesinas.
Y es que esta actividad informal ha absorbido parte del desempleo causado por las medidas de ajuste estructural de las décadas del ochenta y noventa, y ante la incapacidad oficial de crear fuentes de empleo. Según el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, el Estado sólo genera el 12 por ciento de los puestos laborales que se necesitan en el país y se estima que el desempleo afecta al 9,5 por ciento de la Población Económicamente Activa en 2007.
La asociación de las “mañaneras” tiene más de 6.000 integrantes y detrás están sus familias, señala su secretaria general, Martha Guzmán. En los últimos años también se han incorporado varones que se han quedado sin trabajo a causa de la aplicación del modelo neoliberal.
La Organización Nacional de Vendedores de Ropa Usada y Prendería de Segunda Mano tiene más de 250.000 afiliados, de los que también dependen sus familiares, y de ellos, el 60 por ciento son mujeres y personas de la tercera edad, afirma René Poma, secretario general de la ciudad de El Alto.
Calidad versus precioLa señora Melma –prefiere no dar su apellido- paga 10 bolivianos (1,25 dólares) por prenda a las personas que cosen y “podría ser más”, pero las ventas han bajado; ella gana un poco más de eso. El problema es que “ahora la gente quiere ropa de cinco bolivianos (0,62 dólares) y es ropa llena de enfermedades”, dice.
Una chamarra de su producción, con doble cara e ideal para el clima invernal, cuesta 65 bolivianos (unos ocho dólares), pero una usada, estadounidense, puede costar 20 ó 30 bolivianos y una de cuero, 40 (cinco dólares).
La cuestión no es el precio, sino la calidad, señala Poma. “Si fuera un buen trabajo, la gente compraría ropa nueva aunque sea más cara”, comenta. Pero Melma defiende la calidad de la mano de obra nacional, apreciada incluso en el exterior.
Actualmente se pueden encontrar avisos en varios lugares de la ciudad de El Alto pidiendo costureros para llevarlos fuera del país. Sin embargo, algunas compradoras consultadas creen que, si bien la confección es buena, a veces hay descuido en el acabado final y destacan la calidad de las telas y los diseños de las prendas usadas.
¿Y la dignidad?Cientos de “ropavejeros” de todo el país llegaron el martes 7 a La Paz y marcharon por las calles exigiendo una ampliación de tres años para vender prendas a medio uso y anunciando que no se irán hasta conseguir su propósito. Los transeúntes los abuchearon y hasta les lanzaron basura; pero lo cierto es que la clientela abarrota sus mercados y galerías.
En general, la gente de a pie se opone a que continúe la venta de la ropa usada por un tema de dignidad. “Creen que tenemos que usar su basura”, “Bolivia se ha vuelto un país basurero”, son algunas afirmaciones, pero también hay quienes reconocen que así han podido capear la crisis económica.
En el área rural, donde la pobreza afecta al 70 por ciento de la población, se vende prácticamente ropa vieja a 1 boliviano (algo más de 10 centavos de dólar) e incluso tres prendas por el mismo precio; mientras que a las personas de clase media y media alta les ha permitido vestirse barato y con ropa de afamadas marcas: una blusa de marca puede costar 30 bolivianos (casi cuatro dólares), cuando el costo de una nueva fácilmente llega a los 30 dólares.
De hecho, las boutiques de las zonas más exclusivas de las ciudades fueron las que comenzaron a vender ropa usada seleccionada, obviamente sin decirlo, como si fuera nueva, según el estudio Mercado Kantuta ¿un mercado campesino?, realizado en 2003 por Gabriela León, Humberto Valdez y Víctor Hugo Vásquez, del Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB).
¿Quiénes ganan?El gobierno sostiene que son los importadores los que más ganan en este negocio y que ellos están obligando a los minoristas a marchar.
El Viceministerio de la Pequeña y Mediana Empresa calcula que un dirigente gana más de un millón de bolivianos (125.000 dólares) en tres meses, mientras que hay minoristas que perciben unos 400 bolivianos al mes (50 dólares), como la señora Mery Arana, secretaria general del Sector Villa Fátima, que aglutina a más de 150 mujeres, entre madres solteras, viudas y de la tercera edad.
Una investigación del periódico La Prensa, en la ciudad de Oruro, por donde ingresa toda la ropa usada, revela que tres familias dominan la importación y que el mercado Kantuta es el centro de las operaciones.
Según el estudio del PIEB, los grandes comerciantes se denominan “farderos”, en alusión a la forma en que llegan las prendas, en fardos. Se clasifican en tres: los importadores, con un capital mayor a 50.000 dólares y que incluso han formado empresas; los no importadores trabajan con montos superiores a los 20.000; y los del interior, que tienen más de 2.000.
Los “farderos” importadores no sólo distribuyen su mercadería a todo el país, sino que también la venden a comerciantes peruanos y argentinos para los que guardan los fardos con ropa de primera calidad.
De acuerdo con un estudio del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, cada año ingresan al país más de 8.000 toneladas de ropa usada por valor de 40 millones de dólares, de las cuales el 93 por ciento es ilegal.
Entre 2000 y 2005, la economía boliviana perdió más de 500 millones de dólares (seis por ciento del PIB) por esa importación; los sectores más afectados fueron la industria textil (312 millones de dólares), el comercio (80 millones) y la agricultura (32 millones).
Poma sabe que los más beneficiados por el trabajo de los “detallistas” son los importadores, que han lucrado en nombre de la pobreza del país, pero los justifica al señalar que, como cualquier otro gremio, necesitan que alguien traiga la mercadería del exterior.
El está de acuerdo en la reconversión productiva, siempre que puedan seguir con el negocio por tres años más, mientras se capacitan y acceden a créditos.
Martha Guzmán y la señora Melma coinciden en que tanta gente no puede quedar sin trabajo y que su actual situación no sólo es culpa de ellos, sino de los gobiernos de turno. Por ello, proponen que los “ropavejeros” comiencen a vender la producción nacional y les recomiendan aprovechar esta oportunidad que ellas no tuvieron cuando se iniciaron en la actividad textil.
Sin embargo, no hay diálogo entre los dos sectores y ambos presionan a las autoridades con medidas de protesta y amenazas de radicalización; mientras, ya comenzó el decomiso de la mercadería usada que sigue ingresando por las fronteras.
Con sus 63 años a cuestas, la señora Arana, además dirigenta de la Federación Departamental de Adultos Mayores, no está dispuesta a ceder, pues no cree que, a esta altura de su vida, la reconversión le sirva. Una noche durmió en la vía pública junto con sus compañeras y sus hijas, y rodeada de cientos de comerciantes del resto del país.
Ella amaneció vigilada por la policía, que trata de evitar el bloqueo de las calles, en tanto la señora Melma ya estaba lista para trabajar, esperando tener más clientela y que se acabe de una vez la venta de ropa usada.
Colombia: Menores bajo toque de queda en un tercio de BogotáPor Ángela Castellanos
Bogotá, mayo.- Del fenómeno de la delincuencia juvenil urbana no escapa Bogotá y, en sus populosas zonas empobrecidas, la criminalidad tiene rostro adolescente. Por eso, desde este mes y hasta fin de julio, los menores de 18 años de tres localidades de la capital colombiana deberán estar bajo techo entre las 11:00 de la noche y las 5:00 de la mañana.
La medida fue decretada por Luis Eduardo Garzón, alcalde mayor de Bogotá, como un mecanismo para disminuir los homicidios y otros delitos perpetrados en las localidades de Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar, zonas que concentran el 30 por ciento de los cerca de siete millones de residentes de la capital.
Según la alcaldía mayor de Bogotá, entre enero y abril se registraron en esta ciudad 433 asesinatos y 3.024 casos de lesiones personales, lo que representa un promedio de 25 diarias, y justamente fueron las tres áreas incluidas en el decreto las más golpeadas por estos delitos.
La coercitiva disposición sorprendió, al haberla establecido un alcalde del izquierdista Polo Democrático, quien la defendió argumentando que las lesiones personales “se fomentan por el consumo de alcohol y la presencia de menores en ‘chiquitecas’ (discotecas para chicos)”.
A principios de año se aplicó el toque de queda temporal con buenos resultados. Las pruebas se hicieron en la localidad de Suba, otra zona con altos índices de criminalidad, y en el área de Ciudad Bolívar, donde se redujeron los homicidios a la mitad, según informó la alcaldía.
“Para nosotros, es fundamental esta medida, pues la mayoría de los delitos son cometidos por menores, especialmente las lesiones personales y los homicidios, aunque también por jóvenes entre 23 y 28 años”, afirmó a SEMlac Damiana Patricia Amézquita, alcadesa de la localidad de Kennedy, donde habita un millón 200.000 personas, de las cuales 30 por ciento no alcanzan los 18 años.
Debido a las dimensiones poblacionales de Bogotá, para efectos político-administrativos, la capital está dividida en 20 localidades, cada una de las cuales cuenta con un alcalde o alcaldesa de elección popular.
Los menores que sean encontrados en las calles durante el toque de queda, serán llevados a las comisarías de policía hasta que sus padres vayan a buscarlos y, si bien no serán sancionados debido a su edad, sus progenitores deberán cumplir una sanción de tipo pedagógico como, por ejemplo, barrer las calles”, explicó Amézquita.
“Esta medida también beneficia a los propios menores de edad, ya que evita que estén expuestos a la violencia, fruto de peleas callejeras y a violaciones”, puntualizó la alcaldesa.
Con esta restricción, la Alcaldía Mayor busca reducir la violencia en Bogotá, cuyos indicadores señalan una tasa de homicidios de 17,7 por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con datos del gobierno capitalino.
Violencia: Adultos se vacunan para dejar de maltratar a niñas y niñosPor Helen Álvarez
La Paz.- Niñas, niños y adolescentes de la ciudad de El Alto, en Bolivia, “vacunaron” a todos los adultos verdaderamente dispuestos a dejar de maltratarlos y a quienes nunca quisieran hacerlo. La inmunización consistió en ingerir una pastilla de chocolate y el compromiso se selló con el registro de nombre, apellidos y firma.
Con un gran entusiasmo y vestidos para la ocasión, con barbijos (mascarillas) y guantes, pequeñas y pequeños vacunadores instalaron sus puestos en el campo ferial de la Prefectura, el 12 de mayo, y comenzaron su labor desde las nueve de la mañana, durante la Primera campaña de vacunación contra el maltrato de niñas, niños y adolescentes, organizada por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la ciudad de El Alto y promovida por Eco Jóvenes.
Entre enero y marzo de 2007, la Defensoría atendió 4.590 casos de delitos contra los derechos de niñas, niños y adolescentes. El año pasado abrió 17.496 sumarios, de los cuales, en 9.788 casos (60 por ciento), las víctimas fueron mujeres menores de 18 años.
Los objetivos de esta singular actividad son sensibilizar a la población sobre las consecuencias de la violencia contra la infancia y lo injustificables que resultan esas agresiones; y conformar una red de instituciones a fin de aglutinar esfuerzos, que, por ahora, están dispersos, para velar por los derechos de la niñez y adolescencia durante las 24 horas del día.
Participaron diferentes unidades de la Policía Nacional, Defensa de Niños Internacional, el Defensor del Pueblo, ANNI Bolivia, centros de albergue y centros culturales, entre otros.
Chile: Cadena perpetua por feminicidioPor Johanna Ortiz
Santiago de Chile, mayo.- Alfredo Cabrera Opazo fue condenado a cadena perpetua por el parricidio de su hija Javiera y a ocho años por el homicidio frustrado de su ex pareja Claudia Neira. Esto significa que pasará, como mínimo, 40 años en la cárcel, antes de optar por algún beneficio que le permita salir en libertad.
El 19 de diciembre de 2005, Cabrera Opazo lanzó a su hija por la ventana de un séptimo piso, tras intentar matar a la madre atacándola con un elemento cortante.
Aun cuando la defensa intentó probar que no se encontraba en plenas facultades mentales al atentar contra Javiera y su madre, el Cuarto Tribunal Oral estimó, por unanimidad, que Cabrera Opazo era totalmente responsable del crimen de su hija.
La abogada querellante, Patsili Toledo, expresó, fuera del tribunal, que esta condena marca un precedente en el país para los juicios que afrontan la violencia contra las mujeres.
Tras la sentencia, Claudia Neira declaró sentirse tranquila y dijo esperar que esta fuera una señal para los golpeadores y asesinos de mujeres en el país. Ella participa en grupos que defienden los derechos femeninos y durante todo el proceso fue acompañada de cerca por diversas organizaciones, como Memoria Feminista.
Ese colectivo declaró que “luego de esta sentencia, la condena no ha terminado, ni las acciones contra el feminicidio y la violencia estructural contra las mujeres, tampoco”.
En lo que va de 2007 ya se han reportado 18 asesinatos de mujeres en Chile, confirmó la ministra del Servicio Nacional de la Mujer, Laura Albornoz, el 16 de mayo, al inaugurar una casa de acogida para mujeres maltratadas, una de las estrategias del gobierno para evitar que una chilena muera cada semana en manos de algún hombre con quien tiene o tuvo una relación íntima.
Según estadísticas de Carabineros de Chile, en 2006 se registraron 2,138 denuncias por violencia intrafamiliar, catalogada como de lesiones graves, menos graves o gravísimas, mientras que se cuentan en 93,691 las denuncias estimadas como de lesiones psicológicas o leves.
Guatemala: Una tortilla con sal, alimento de los más pobresPor Alba Trejo
Guatemala, mayo.- Guatemala es un país que vive con hambre y eso se debe a que el 80 por ciento su población, que se encuentra en situación de pobreza extrema, sólo ingiere una tortilla con sal al día para saciar su apetito.
En este país del área centroamericana, con 14 millones de habitantes, 1,25 millones de niñas y niños padecen de desnutrición crónica, porque no existe la capacidad adquisitiva para obtener los nutrientes recomendados, indicó Irma Palma, oficial del Programa Mundial de Alimentos (PMA).
Sin embargo, es la población de descendencia maya, que conforma el 60 por ciento de la ciudadanía guatemalteca, la más afectada por el hambre.
Ellos habitan el occidente del país y tienen que cultivar sus tierras con maíz y fríjol para generar la comida que, de forma racionalizada, ingieren por ocho meses del año. El resto del tiempo -cuatro meses para la nueva cosecha-, tienen que encontrar la forma de subsistir para comer, agregó a SEMlac la oficial del PMA.
En esos sitios, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, la población vive con menos de un dólar al día, y eso incluye el alimento, transporte y medicina, muchas veces para cubrir los gastos de una familia con hasta seis hijos.
De acuerdo al PMA, hay siete millones de infantes menores de cinco años en toda Centroamérica, y, de estos, 2.5 padecen de desnutrición crónica. La mitad de ellos, es decir 1.25 millones, viven en Guatemala, el segundo país más rural de América Latina, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Los descendientes mayas se ven más afectados: 74 de cada 100 indígenas son pobres, y 39 de cada 100 viven en condiciones de extrema pobreza, de acuerdo con un informe elaborado por el organismo internacional de los derechos humanos Human Right Watch.
La salud también es un factor que mantiene en alerta a entidades como el Fondo Unido para la Infancia (UNICEF) y el PMA, que advierten sobre la insuficiencia alimentaria que enfrenta la población maya.
Entre las enfermedades detectadas por la Encuesta Nacional de la Salud Materno Infantil se mencionan las infecciones respiratorias, parasitismo intestinal, trastornos diarreicos, problemas de la piel, anemias y conjuntivitis.
El PMA señala a seis de los 22 departamentos guatemaltecos como los sitios donde existe mayor índice de desnutrición, tanto en madres como en hijos. Sololá y Quiché, por ejemplo, son dos lugares ubicados en el occidente donde 76 de cada 100 habitantes, entre quichés y kaqchiqueles, padecen desnutrición crónica.
Esas cifras, entre otras, ubican a Guatemala en el primer lugar de las naciones de Latinoamérica y el Caribe con la mayor desnutrición crónica y en el sexto a nivel internacional, según la lista elaborada por el Estado Mundial de la Infancia 2006.
Entre los esfuerzos para paliar este flagelo, UNICEF, el PMA y el Ministerio de Salud promueven actualmente un cereal llamado “Vitacereal”, un producto que contiene soya, maíz y proteínas y busca nutrir a las mujeres embarazadas, a quienes están en período de lactancia y a niñas y niños de seis a 36 meses.
El propósito es “lograr que los futuros ciudadanos tengan un mejor rendimiento escolar”, señala Palma, al referirse a este alimento que se reparte en bolsas por las áreas más vulnerables a la desnutrición crónica, a la par que se instruye a las madres sobre cómo administrarlo.
El Vitacereal puede ser consumido como atol (una bebida caliente) o papilla, y su base fundamental es el maíz, grano alimenticio histórico de la cultura guatemalteca. De acuerdo con especialistas del Instituto Nacional de Nutrición, este alimento contiene micronutrientes y una mezcla de vegetales que brindan la proteína similar a la de origen animal.
Argentina: Niñas y niños contra el hambrePor Norma Loto
Buenos Aires, mayo.- Era viernes 18 de mayo y en las calles de Buenos Aires se vivía un ruidoso clima de fiesta: llegaban los niños y niñas que integraban la Marcha de los Chicos del Pueblo, que se manifestaban contra el hambre en la Argentina.
La demostración fue organizada por el Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, un frente creado en 1987 y que agrupa a unas 400 organizaciones del país que trabajan con niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Partió de la ciudad de Puerto Iguazú, provincia de Misiones, ubicada en el nordeste argentino, a 1.640 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires.
Esta cuarta marcha (las anteriores fueron en 2001, 2002 y 2005, desde diferentes puntos geográficos de la Argentina) contó con la adhesión de 300 organizaciones cívicas, sindicales y destacadas personalidades del ambiente artístico e intelectual.
“Más de la mitad de nuestros niños menores de 18 años se encuentran viviendo en la pobreza. Decenas de niños menores de cinco años mueren cada día a causa de la miseria”, dice el comunicado que emitieron los organizadores. Según datos de UNICEF, en Argentina el 49,5 por ciento de los menores de 15 años son pobres.
El trayecto cubierto por la manifestación fue de 4.600 kilómetros y contempló las ciudades de Formosa, El Dorado, Santa Fé, Rosario, Zárate, entre otras. El 14 de mayo los Chicos del Pueblo estuvieron en la ciudad de Santa Fe, provincia a 475 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, y allí recibieron el saludo de Queca Koffman, madre de la Plaza de Mayo.
“No está el gobernador en esta tribuna, pero está el pueblo. Estamos quienes asumimos la responsabilidad de nuestras niñas y niños. Las Madres nos vamos a ir muy tranquilas dejando vivos los sueños de nuestros 30.000 desaparecidos”, afirmó Koffman.
Finalmente, el 18 de mayo llegaron a la ciudad de Buenos Aires y caminaron hasta Plaza de Mayo, donde cantaron el himno nacional argentino, pero de espaldas a la Casa de Gobierno como un claro símbolo de protesta.
En medio de la multitud, Jennifer M., una joven de 23 años que reside en la localidad bonaerense de Florencio Varela, dijo a SEMlac: “Nos manifestamos contra el hambre, la pobreza, la falta de acceso a la educación y las carencias del sistema de salud”.
Por su parte, Alberto Morlachetti, coordinador de la Marcha, señaló: “Construir una sociedad de semejantes no admite espera, porque la única materia prima no renovable son nuestros hijos: texturas del futuro. En los caminos, los niños nos dejaron un legado: Los pibes (niños/as) no marchan porque son felices. Marchan por la felicidad, al igual que los pájaros que no cantan porque amaneció, sino para que amanezca”. |