Reportajes y noticias de SEMlac

del 2 al 7 de abril de 2007

Chile: El sida toca la puerta de las dueñas de casa

Por Johanna Ortiz

Santiago de Chile, abril.- Cuando se conoció el primer caso de VIH/sida en Chile, en 1984, la epidemia era sinónimo de hombre y homosexual. Hoy, las proyecciones del Ministerio de Salud hablan de 5,9 nuevas infecciones al día, con una tasa de contagio levemente mayor entre las mujeres.

El sida no hace distinción de sexos y, aunque en Chile la relación es cinco hombres por cada mujer viviendo con el virus causante del Síndrome de Inmunodeficiencia Humana, la brecha podría acortarse rápidamente si ellas no toman conciencia de su vulnerabilidad y no son dueñas de su sexualidad.

Así lo estiman las 32 mujeres que trabajan la prevención del VIH/sida desde servicios estatales y organizaciones no gubernamentales, asistentes al Coloquio “Una mirada ciudadana: urgencias y desafíos para las mujeres ante el VIH/SIDA”, realizado el 15 de marzo por Fundación Savia.

Mientras la iglesia se afana en predicar la abstinencia y la pareja única, más del 40 por ciento de las chilenas portadoras de VIH/SIDA son dueñas de casa que se creían a salvo de esta epidemia, según lo revela el estudio “Puertas adentro: mujeres, vulnerabilidades y riesgo frente al VIH/SIDA”, encargado por la Comisión Nacional de esa enfermedad.

Teresa Valdés, coordinadora de dicha investigación, estuvo presente en el coloquio y comentó que el principal factor de riesgo para las mujeres es la dependencia económica de sus parejas, acompañado de patrones culturales que las chilenas continúan reproduciendo, como estar pendientes de su familia y satisfacer los deseos del hombre, postergando su propio cuidado.

Valdés comentó a SEMlac que, para los hombres entrevistados, la infidelidad estaba naturalizada y, más allá de la dimensión moral de ese hecho, esta conducta pone en riesgo a sus parejas estables, pues las mujeres se sienten seguras.

Las asistentes al coloquio coincidieron en que la desigualdad de género es un factor clave a la hora de hablar de vulnerabilidad frente al VIH/sida, porque las mujeres no viven su sexualidad de manera libre y autónoma y, por lo tanto, ni siquiera tienen la capacidad para negociar el condón.

Al respecto, Sara Araya, de Vivo Positivo, señaló a SEMlac que “no se habla del condón femenino, cuando muchas de nosotras, que vivimos con el virus, tenemos parejas seronegativas e, incluso, con ellos es difícil negociar el condón”.

Pamela Eguiguren, investigadora del Observatorio Chileno de la Equidad en Salud de la Organización Panamericana de la Salud, manifestó a SEMlac que “el aumento del virus entre las mujeres es una señal de inequidad que es modificable y se relaciona con el menor control que las mujeres ejercen sobre su sexualidad”.

Por ello, hizo hincapié en que es preciso abordar este tema de manera integral, por lo que sería ideal una ley marco sobre derechos sexuales y reproductivos. Marcela Morales, de la Comisión Nacional del sida, coincidió en que “hay que visibilizar el tema de la equidad de género como un factor de vulnerabilidad”.

Cuba: Lesbianas por la maternidad: del teatro a la realidad

Por Marta María Ramírez

La Habana, abril.- Alejandra es una joven cubana que quiere tener un hijo. Ella cuenta con lo más importante: el amor de su pareja, Gabriela; un buen trabajo y una casa propia donde vivir en familia.

Sin embargo, su deseo depende, más que de los avances de las llamadas técnicas de reproducción asistida, del reconocimiento del derecho a la maternidad de las uniones de mujeres del mismo sexo y solas.

El conflicto de Alejandra y Gabriela, contado en la pieza teatral De Hortensias y Violetas, de la dramaturga cubana Esther Suárez y montada por el director Nelson Dorr, ha dado vida al debate entre cubanos y cubanas sobre el libre acceso a la fertilización asistida, independientemente de la opción sexual, desde que se estrenó, el pasado 9 de marzo, en la capital cubana.

“La obra canta al respeto de la libertad individual. La fertilización asistida, fuente de conflictos éticos y religiosos, es un espacio altamente teatral. Pero todo podía ser aún más útil si introducíamos el tema de la relación homosexual femenina”, afirma Suárez, quien obtuvo con este texto, en Italia, el premio del Concurso Internacional de Dramaturgia Femenina La escritura de la diferencia, en 2004.

La reproducción asistida está presente siempre que “el óvulo y el espermatozoide, o uno de los dos, se trabajen en un laboratorio”, explica a SEMlac el endocrinólogo Manuel Gómez, especialista del servicio de reproducción asistida del hospital gineco-obstétrico capitalino Ramón González Coro.

Cuando se trabaja un solo gameto, ya sea el óvulo o el espermatozoide, estamos ante una técnica de baja tecnología, y cuando se trabajan los dos, para formar el embrión que más tarde se transferirá al útero, ante una de alta tecnología.

Una historia cubana interrumpida

Aunque poco documentado bibliográficamente, quizá por la confidencialidad que amerita el empleo de estos procedimientos, algunos investigadores señalan que casi diez años después de que, en 1978, naciera Louise Brown, el primer bebé probeta del mundo, en Cuba nació el primer niño cubano procreado con este método, llamado Luis Moreno.

Así, la década del ochenta del siglo pasado marca en Cuba el inicio exitoso de la aplicación de los métodos de reproducción asistida de baja tecnología, como la inseminación intrauterina, y también de la fertilización in vitro, que es la única de alta tecnología aplicada en la isla.

La inseminación intrauterina se define como el depósito de espermatozoides de forma no natural en el tracto reproductivo de la mujer, especialmente dentro del útero, para conseguir la gestación.

Mientras, la fertilización in vitro se basa en la colocación de una cantidad de espermatozoides en contacto directo con uno o varios ovocitos, en un medio de cultivo.

“El servicio del González Coro comenzó en 1986 y fue pionero en estos temas, junto al Instituto de Endocrinología y el Hospital clínico-quirúrgico Hermanos Ameijeiras, el único que realizó la fertilización in vitro, hasta que en 1989 sobrevino la crisis económica”, cuenta Gómez.

El costo de la fertilización asistida de alta tecnología en el mundo se estima entre 5.000 y 10.000 dólares y, aunque la tasa de éxito ha mejorado con la experiencia en la aplicación de las técnicas, todavía se considera baja, si se compara con los recursos invertidos.

Durante el peor período de la crisis económica, conocido como “período especial”, el Ministerio cubano de Salud Pública financió a algunas parejas infértiles para que fueran tratadas en otros países, como Chile y España, según ha trascendido.

Sin embargo, con la revitalización económica también parecen beneficiarse estos servicios de salud. Fuentes bien informadas aseguran que, desde 2006, el Hospital Hermanos Ameijeiras, en la capital cubana, reabrió su consulta de fertilización in vitro para un primer grupo de pacientes seleccionado por personal especializado, en el cual ya se reportan gestaciones.

“Parece ser un interés del estado aumentar la posibilidad de aplicación de las técnicas de reproducción asistida, porque la demanda es mucho mayor que la oferta”, sostiene el endocrinólogo.

Leyes más justas

A Mariela y Carmen, una pareja de mujeres, los últimos tiempos las han marcado muy duro. Gracias a amigos médicos, la primera se sometió a la técnica de inseminación intrauterina.

“Armamos un show para que un amigo donara su semen como si fuera mi pareja, con la condición de que el hijo fuera mío y de Carmen. Quedé embarazada, pero el padre biológico empezó a reclamar la paternidad de nuestro bebé”, cuenta a SEMlac Mariela, quien finalmente optó por el aborto.

Entretanto, la dramaturga resuelve el conflicto de sus protagonistas, en De Hortensias y Violetas, con la reproducción natural, la solución más común entre parejas de mujeres homosexuales o solas.

“Debe existir un hombre que represente el embarazo. Aparentemente, no hay nada legislado, pero es algo que está en la sociedad”, reflexiona Gómez, quien asegura que se vería limitado a tratar a estas mujeres, sean homosexuales o madres independientes.

Pero Suárez opina que el proceso “carece de regulaciones jurídicas en nuestro país, por lo que los equipos de especialistas asumen responsabilidades que les exceden”.

Lo cierto es que, los métodos de reproducción asistida nunca fueron regulados ni desde el Derecho ni desde la Salud pública.

“Se consideró que el Código de Familia (1975) cubriría las cuestiones jurídicas esenciales que conllevan estas técnicas, como la posibilidad de que el hijo tuviera los vínculos filiatorios, siempre que se utilizara el semen del esposo”, aclara a SEMlac el profesor titular de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, Leonardo Pérez.

No obstante, desde 1990 se inició un proceso de modificación del Código de Familia, con el objetivo de actualizar el anterior.

“Hace ocho o nueve años se creó una comisión con la Federación de Mujeres Cubanas como oponente, formada además por psicólogos, profesores de Derecho, representantes de la Fiscalía y de la atención a menores, entre otros actores, para la redacción del nuevo código”, comenta Pérez.

Y adelanta que “inicialmente, en el anteproyecto se tenía previsto que el acceso a esas prácticas estaría regulado por la presencia de dos progenitores, o sea, hombre y mujer, aunque no se exigía el matrimonio, sino una unión estable”.

Según algunos expertos, la razón fundamental está en que el número de parejas infértiles en Cuba no es desdeñable.

Aunque no hay grandes estudios poblacionales sobre infertilidad, se considera que en la isla los índices se comportan similares a los países en vía de desarrollo, donde entre 12 y 14 por ciento de las parejas están afectadas.

“Como los reactivos y productos son caros y no se amortizan, porque el servicio es gratuito, creo que el ánimo del legislador ha estado en priorizar a parejas heterosexuales, antes que a mujeres solas o lesbianas”, advierte el profesor, experto en Derecho de familia.

Otra de las limitaciones para la reproducción asistida en la isla consiste en la ausencia de los llamados bancos de semen, por lo que las soluciones se complican no sólo para estas mujeres, sino también para hombres azoospérmicos, o sea, que no tienen espermatozoides en su semen, una de las causas de infertilidad masculina.

“En el Hospital gineco-obstétrico del municipio de Guanabacoa, La Fátima, existió un banco hasta hace un par de años. En Maternidad obrera de Marianao, otro, y este servicio también tuvo el suyo. De hecho, en el laboratorio del Hospital González Coro hay condiciones para echarlo a andar, si se pulen algunos detalles técnicos”, reflexiona Gómez, para quien es vital la solución de este problema.

Por el momento, hay que esperar a que se defina el nuevo Código de Familia, al que habría que añadir no sólo el conflicto de las uniones de mujeres del mismo sexo o solas, sino el de las viudas, que venían intentando las técnicas al momento de fallecer su cónyuge y quieren continuar con el tratamiento con semen congelado o con embriones logrados in vitro, una de las paradojas actuales del derecho en países como España y el Reino Unido.

En cualquier caso, el Código de Familia no va a resolver toda la situación, aunque Pérez asegura que “las personas legitimadas para acceder a las técnicas de reproducción asistida sí tienen que estar reguladas, a partir de un ordenamiento jurídico”.

Poder: Un largo camino para las mujeres de los países andinos

Por Zoraida Portillo

Lima, abril.- Las mujeres en la región andina han mejorado su acceso al mercado laboral, pero continúa la desigualdad en los ingresos; tienen mayor participación política y pública, pero a nivel familiar y social la violencia se intensifica y las víctimas no cuentan con mecanismos efectivos de respaldo que les aseguren justicia ni vigencia de sus derechos sexuales y reproductivos.

Esas son, grosso modo, algunas de las principales constataciones de la Comisión Andina de Juristas (CAJ) en torno a la situación de la mujer en los países andinos, contenidas en su informe anual 2006, dado a conocer recientemente.

Según esta prestigiosa ONG internacional, el adelanto logrado por ellas en la región andina “aún es desigual y volátil” y está caracterizado por avances y retrocesos en los seis países analizados: Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

Esas naciones están lejos de presentar una participación generalizada de las mujeres en las instancias de poder, señala el informe. Y prosigue: “Esta situación resulta aún más dramática cuando se toma en cuenta la debilidad de las organizaciones sociales y ciudadanas en las que las mujeres tienen una alta participación”.

La conclusión es tajante: los usos y costumbres presentes en estas sociedades les impiden ejercer debidamente sus derechos, sean éstos civiles, políticos, económicos, sociales e incluso culturales. El problema se agrava si se trata de los derechos sexuales y reproductivos, violencia basada en el género y participación laboral.

La situación no es uniforme en todos los países. Así, en derechos ciudadanos y participación política, Ecuador y Perú ostentan una mayor representación política femenina en el Congreso, cercana al 30 por ciento, mientras que Chile se ubica en el otro extremo, con sólo 18 por ciento de legisladoras.

Sin embargo, a nivel ministerial, Chile y Perú tienen más representación femenina: 45 y 37 por ciento, respectivamente, en tanto que Venezuela sólo alcanza un 16 por ciento de mujeres en el gabinete.

“Algo que se debe destacar es una progresiva tendencia a colocar mujeres en carteras ministeriales consideradas tradicionalmente ‘masculinas’, como Transporte, Defensa, Interior, Economía o Trabajo”, comentó a SEMlac, Cecilia Anicama, coordinadora del Área de Derechos Humanos de la referida entidad.

En lo que respecta a derechos sexuales y reproductivos, los temas más sensibles siguen siendo la anticoncepción oral de emergencia (AOE), o píldora del día siguiente, y la despenalización del aborto.

En cuanto a la AOE, el informe hace un pormenorizado recuento de las acciones seguidas en Chile, Perú y Ecuador para lograr su libre distribución y concluye señalando que “existe objetivamente un conflicto en el que se anteponen a las posiciones de un gran sector de la población, preceptos religiosos y/o culturales que cuestionan la libre aplicación de la AOE”.

“Existe una contradicción entre el discurso político y la vigencia de los derechos sexuales y reproductivos, y la píldora del día siguiente es un buen ejemplo, porque lo que constatamos en todos estos países es que no existen restricciones para que la usen las mujeres que tienen recursos económicos”, subraya Anicama.

En cuanto al aborto, el país más restrictivo sigue siendo Chile, donde tal práctica está prohibida bajo todos sus aspectos, pese a que una encuesta de la Corporación Humanas, con la colaboración de la Universidad de Chile, reveló que el 75 por ciento de las chilenas respalda la legalización del aborto terapéutico y otro 71 lo apoya si el embarazo es producto de una violación.

Violencia basada en el género bajo nuevo enfoque

Un aspecto al que el informe de la CAJ brinda una atención preferente es al de la violencia basada en el género, para el que propone un nuevo enfoque, que analice el marco del conflicto social dentro del cual ésta ocurre.

Bajo este análisis, se ha logrado visibilizar, por ejemplo, una mayor cantidad de casos de violencia basada en el género en hechos relacionados con desplazamiento y trata, además de la violencia familiar propiamente dicha, pero también una alta participación de mujeres en actos delictivos.

Colombia ocupa el primer lugar en las estadísticas de violencia de género de este informe, debido al elevado porcentaje de desplazadas que, en su gran mayoría, son viudas o huérfanas. La CAJ recoge cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, según las cuales el 52 por ciento de éstas sufre violencia en ese país, frente al 41 por ciento del promedio nacional.

Por otro lado, los hechos de violencia perpetrados contra la población femenina también han aumentado de manera alarmante. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo de Colombia, la cantidad de mujeres privadas de la libertad prácticamente se ha duplicado en cinco años, pasando de 2.630 reclusas en 1999 a 4.635 en 2004.

Los delitos en los que intervienen están relacionados con tráfico de drogas, hurtos y homicidios. “Llama la atención que quienes más participan en estos delitos son mujeres cabezas de familia; ello, por falta de empleo y capacitación laboral”, advierte el informe.

“En este contexto, los Estados (de la región andina) deberían orientar su política criminal a la adopción de medidas preventivas, tanto de la criminalidad contra las mujeres, como de su responsabilidad en actos delictivos”, recomienda.

Al analizar el caso de Venezuela, el informe nuevamente destaca la ambigüedad con que son tratados los temas de violencia de género en las esferas públicas.

Por un lado el Tribunal Supremo de Justicia de ese país derogó un artículo del Código Penal que reducía la responsabilidad penal de los hombres que asesinaban a su pareja y alegaban como motivo la infidelidad de la víctima, pero por otro, ese mismo tribunal declaró inconstitucional un artículo de la Ley contra la Violencia de la Ley y la Familia que permitía medidas cautelares, incluyendo la detención del agresor de la mujer o los menores de edad.

En cuanto a participación laboral femenina, Bolivia es el peor situado en las estadísticas. Allí, la ocupación formal femenina apenas llega al 31 por ciento, las mujeres sólo pueden acceder a la tierra por herencia, carecen de documentos de identidad para realizar transacciones de diversa índole y perciben, en promedio, el 35 por ciento de las remuneraciones de un varón por igual trabajo.

En el extremo opuesto se ubica Colombia, donde según datos oficiales, la tasa de desempleo tanto para hombres como para mujeres descendió en el primer trimestre de 2006.

El desempleo femenino, concretamente, había disminuido en 60 por ciento. No obstante, el subempleo en este grupo poblacional se duplicó en ese mismo período, lo cual, a juicio de los autores del estudio, es “un hecho preocupante”.

“Estos datos muestran que la preparación y el tiempo invertido por las mujeres para desempeñarse en la actividad que ellas desean, no les es de mucha ayuda, ya que terminan realizando tareas para las que no fueron debidamente preparadas, prueba de ello es el escaso margen de empleo que tienen con relación al valor”, anota el documento.

En Ecuador, la población desocupada es básicamente femenina y, las que están empleadas se ubican por lo general en el sector informal y en el trabajo doméstico. Este es el único sector que registra un mayor empleo de mano de obra femenina que masculina.

Llama la atención de los investigadores que, no obstante estas desiguales cifras, las mujeres aportan casi el doble de ingresos en relación con los varones. Para Anicama, la explicación está en la gran cantidad de familias donde la mujer asume la jefatura del hogar ante la ausencia de la pareja.

“Es ella la que realiza el mayor aporte económico, lo que conlleva a esta distorsión en las cifras, que ha sido advertida también por el PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) en sus informes sobre la región”, subraya la especialista.

“En resumen, yo diría que si bien la participación de la mujer en actividades económicas ha aumentado en las dos últimas décadas en la región andina, su papel sigue siendo de segundo nivel: no sólo gana menos que los hombres, sino que sus oportunidades de promoción son más escasas y tiene que conciliar su papel de agente productivo con el rol tradicional de ama de casa. Los estereotipos de género persisten fuertemente en la región”, concluye.

Uruguay: Diez años con un faro iluminando

Por Ángela Castellanos

Montevideo, abril.- Cuando la violencia oscurece la vida de los jóvenes montevideanos y su alegría parece estar al borde del naufragio, un faro brilla anunciando la promesa de tierra firme, gracias al esfuerzo realizado desde hace una década por un grupo de psicólogos, asistentes sociales y abogados.

Precisamente en este mes de abril, cuando se celebra en varios países el día de erradicación de la violencia sexual, nació en 1997 El Faro, un centro no gubernamental especializado en atención a adolescentes -hombres y mujeres- en situación de violencia física, psicológica o sexual.

Según El Faro, “se calcula que el 40 por ciento de las familias uruguayas sufre situaciones de violencia doméstica y/o sexual”; sin embargo, solamente hay tres organizaciones –todas no gubernamentales– especializadas en atender a adolescentes.

Inicialmente, El Faro se creó como el programa “Género, Juventud y Violencia”, de la organización Foro Juvenil, dirigido a mujeres adolescentes. Luego, con más apoyo financiero estatal y experiencia acumulada, se estructuró con mayor autonomía y amplió la cobertura a jóvenes de ambos sexos. Desde 2006 desarrolla también otros proyectos, como el de lucha contra la explotación sexual comercial de este grupo etario.

Los jóvenes que llegan a El Faro son remitidos por los liceos (centros educativos de secundaria), donde los profesores han detectado un comportamiento –indisciplinado o retraído– que, sospechan, pueda ser originado por una situación de violencia intrafamiliar que estén viviendo, o sufrida en el pasado.

“En el tema del abuso sexual, la mayoría (de los que se reciben en el centro) son padrastros hacia mujeres jóvenes, aunque también hay casos de padres biológicos. Y cuando es en varones, se refiere por lo general a un hecho sucedido en la infancia”, afirmó a SEMlac Andrés Jiménez, psicólogo de El Faro.

Se ha comprobado que el ciclo de violencia pasa de una generación a otra. “Cuando se devela el abuso, es una bomba dentro de la familia, y el embate más directo recae sobre la madre, pues implica pensar en romper con su pareja y, muchas veces, reactualiza su propia historia de abuso”, agrega Jiménez.

Generalmente, la historia había permanecido oculta. “Si lo contás, te mato”, “Si lo contás, tu madre se enfermará”, “sentía que se me iba a notar en la cara”, son testimonios dados por las chicas a psicólogos de la Casa de la Mujer de la Unión. En otros casos, las madres no les creyeron cuando lo comentaron, o no pudieron hacer nada para evitarlo.

De acuerdo con Álvaro Asti, psicólogo del equipo de El Faro, no siempre es posible que la madre deje a su pareja, que es, a fin de cuentas, el atacante. “Muchas veces los agresores son personas que generan una actitud sumisa de la mujer, hombres que ofrecen proveer al hogar con todo lo necesario, lo cual, además, genera en ellas aislamiento”, explicó a SEMlac.

Un “tercer enemigo de la separación, además de la dependencia y el asilamiento, es la ‘naturalización’”, agregó a SEMlac Andrés Jiménez, psicólogo del mismo grupo, al referir que se considera normal que las mujeres sean objeto de violencia de género.

También es frecuente encontrar que cuando las jóvenes deben salir de la familia para evitar seguir siendo abusadas, son otras –tías o abuelas– que han vivido esa situación en su pasado, quienes las reciben.

La acción del equipo de El Faro está dirigida a proteger a los y las jóvenes, pero la denuncia penal es el último recurso que se aplica.

“Evaluamos si va a proteger a esa persona o si la va a dañar más, pues la o el joven primero ha conversado con las personas del liceo –docente y psicólogo–, luego con nosotros, pero además tendría que hablar con peritos, uno forense y otro ginecológico, además de agentes de la policía, y no sabés cómo los tratan”, aseveró Asti.

Según los psicólogos, lo más difícil es la reconstrucción de los vínculos de confianza, más allá de que el adulto agresor se haya ido por orden de un juez o porque la madre lo haya dejado.

Con ello coincide Mabel Simois, psicóloga de la Casa de la Mujer de la Unión, quien en una exposición sostiene que las que han pasado por eso, sin una rehabilitación, tienen baja autoestima y asumen actitudes dependientes hacia los hombres, o desarrollan comportamientos de desconfianza hacia todos los varones.

Por eso, en El Faro se busca que “el chico pueda cortar con este ciclo y que, en el futuro, no desarrolle actitudes violentas desde la agresión o desde la sumisión; es decir, que las chicas no terminen buscando maridos violentos o controladores, o que los varones no se conviertan en hombres golpeadores”.

El equipo no se limita a trabajar con los jóvenes. “También intervenimos con los adultos referentes. Tratamos de incorporar cada vez más al entorno familiar en la rehabilitación, de forma separada, porque pensamos que es demasiado para el adolescente si, además de la violencia que sufre, tiene que hacer el esfuerzo solo”.

Con este mismo propósito de romper el ciclo de violencia, El Faro desarrolla actividades de sensibilización, promoción y educación al interior de las comunidades, a través de talleres en los liceos y en los centros de salud, en busca de tejer una red social que aplique los derechos consagrados en el Código del Menor y el Adolescente.

Este código actualiza las normativas uruguayas con los principios internacionales, y su difusión es fundamental para la promoción de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia. Pero la erradicación de la violencia doméstica y sexual es una labor que se debe hacer en el terreno, con la gente de la comunidad, puntualizan los psicólogos de El Faro.

Argentina: Por los derechos de las migrantes y refugiadas

Por Norma Loto

Buenos Aires, abril.- Nelly es boliviana y vive en Argentina. Ella habla de la exclusión cotidiana que le pesa en su alma. Con su relato, Nelly logra incomodar a todo un auditorio, que es parte de una sociedad que discrimina a diario a los migrantes.

Tiene su casa en Escobar, una localidad de la provincia de Buenos Aires. Allí reside una de las colectividades bolivianas más grandes de Argentina, que en su gran mayoría se dedica al cultivo y la venta de vegetales. Algunas personas de esas comunidades fueron víctimas, en 2000, de reiterados ataques xenófobos.

“Tenemos la necesidad de que nuestro trabajo sea reconocido. Actualmente, lo que hacen nuestros mayores no es valorado, ya que no tienen aportes previsionales, y no se pueden jubilar. Nosotros no podemos mantenerlos. Pedimos al estado argentino que reconozca nuestros trabajos”, comenta.

Además, “nuestras autoridades consulares no nos dan garantías ni posibilidades de regularizar nuestra situación”, dice Nancy Silva una peruana residente en Argentina.

Estos son algunos de los testimonios que se escucharon en el Segundo Tribunal de Mujeres Migrantes en la Argentina, celebrado el 27 de marzo. El evento estuvo organizado por Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas en Argentina (AMUMRA) y tuvo como finalidad exhortar a los Estados a cumplir con el respeto de los derechos de las personas migrantes y refugiadas

“No pretendemos solamente denunciar y pedir por nuestros derechos, sino también que nos reconozcan como una voz activa y generadora de propuestas para el cambio” manifestó a SEMlac Natividad Obeso, presidenta de AMUMRA.

El Segundo Tribunal de Mujeres Migrantes y Refugiadas en la Argentina estuvo integrado por notables especialistas en derechos humanos del país y de naciones limítrofes, como la periodista Marta Dillon; María José Libertino, representante del Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI); Waldo Albarracín, Defensor del Pueblo de Bolivia y Ana Falú, directora regional deL Programa Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) de Brasil y el Cono Sur, entre otros.

El boliviano Waldo Albarracín manifestó su preocupación por la creciente ola de discriminación que se está gestando en Europa por parte de grupos ultranacionalistas y afirmó que “ni los estados ni los ciudadanos toman conciencia de la extraterritorialidad de los derechos humanos”.

Agregó que “la mayoría de los estados del mundo son firmantes de tratados internacionales que respetan los derechos de las personas, pero falta la convicción moral para empezar a cumplirlos”.

“Las personas migran con sus derechos. Los países expulsores deberían tomar conciencia de la situación de los migrantes en Argentina y facilitar los trámites de residencia”, concluyó.

Por su parte, Ana Falú, directora de UNIFEM de Brasil y el Cono Sur, remarcó que, a pesar de que Argentina ha ratificado convenios internacionales –entre ellos la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) –, “sabemos que son procesos que demoran en llegar a las prácticas cotidianas. El respeto por los migrantes no sólo debe hacerse visible en el marco de los derechos humanos, sino también en la cultura”, subrayó.

Según el informe elaborado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) sobre Estado de la Población Mundial 2006, el número de mujeres migrantes distribuidas alrededor del mundo llegaría a 95 millones, es decir, 50 por ciento del total de la población migrante a nivel mundial.

Cada año, millones de mujeres que ocupan variadísimos empleos en el extranjero envían centenares de millones de dólares en remesas a sus hogares y comunidades de origen. Para los países anfitriones, el trabajo de las migrantes está tan imbricado en la trama misma de la sociedad, que casi no se percibe”, detalla el documento.

El UNFPA considera que “las mujeres migrantes realizan duros trabajos en los hogares de familias de trabajadores, atienden a los enfermos y reconfortan a los ancianos. Aportan sus conocimientos técnicos y profesionales, pagan impuestos y apoyan calladamente una calidad de vida que muchos dan por sentada”.

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