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Pascua Lama: La lucha de dos naciones por salvar el acuífero de la vidaNorma Loto
¡Están atentando contra nuestra fábrica natural de agua dulce!, dicen las voces unidas de un lado y otro de la cordillera de Los Andes. La ciudadanía argentina y la chilena manifiestan que el proyecto minero Pascua Lama atenta contra la vida de los habitantes y los recursos naturales del desierto de Atacama, el más seco del mundo. Pascua Lama es el primer proyecto minero binacional del mundo a cargo de la minera canadiense de Barrick Gold Corporation e involucra a Chile, en la provincia de Huasco ubicada en la III región de Atacama (a 801 kilómetros de Santiago) y a la Argentina, en San Juan (1.110 kilómetros de Capital Federal). Su objetivo es explotar una mina de oro, ubicada a más de 4.000 metros de altura, en la frontera de Chile con Argentina. Según Greenpeace Chile, algunos de los más significativos impactos ambientales en el sector chileno radican en "la modificación en cantidad y calidad de los recursos hídricos de la cuenca del río el Toro. (…) este podría alterar significativamente el caudal del la cuenca al reducir alrededor del 82 por ciento el aporte hídrico en los años secos". (Ver nota completa)
República Dominicana: Enfrentamientos por una cementeraMirta Rodríguez Calderón
La propagandizada política medio ambiental dominicana corre el riesgo de rodar por tierra si no se echa atrás el proyecto de construir una gran fábrica de cemento Portland, en las cercanías del parque nacional de Los Haitises —segundo reservorio del oro azul y la masa verde mayor del país—, pese a vigorosos levantamientos populares en contra, protagonizados por ecologistas. Las cosas han tomado tal cariz que, hace una semana, un tribunal contencioso y administrativo (se expresa, pero no decide) dispuso "la suspensión provisional de la licencia y la paralización de las construcciones para la cementera". La presidenta de la sala, Sara Henríquez Marín, una magistrada joven, desafía muchos intereses al recusar una licencia dada por la mismísima Secretaria de Medio Ambiente del gobierno. Actuó en respuesta, al menos temporal, al proceso incoado por el Movimiento de Campesinos Trabajadores de las Comunidades Unidas y el Espeleogrupo de Santo Domingo. La jueza se cuidó de aclarar que no prejuzgaba el fondo del asunto, sino la pertinencia de medidas cautelares hasta que se prueben otras implicaciones del asunto. (Ver nota completa)
Guatemala: Para las mujeres negras, el color pesaAlba Trejo
Dilia Palacios es la primera guatemalteca Comisionada Presidencial Garífuna que llegó a ese puesto, apoyada por la Asociación de Mujeres de esa minoría. Tiene 31 años de edad y es la única de esa raza en un puesto de toma de decisión. Para Dilia, el mayor problema de discriminación hacia la población negra, de esta nación multicultural, radica, principalmente, en que aún no se asume que existe una parte de negritud en el país. Considera que los garífunas, esencialmente las mujeres, sufren dos veces más el racismo y la discriminación que las mayas. La población a la que ella pertenece está conformada, por lo menos, por 5.000 habitantes, con un amplio predominio femenino, de unas 15 por cada 10 hombres. La mayoría de esa población emigra del país al llegar a la adolescencia, porque, a criterio de la Comisionada, no hay oportunidades para los habitantes negros en esta nación. En esta entrevista, ofrece un panorama de lo que significa ser garífuna en un país en donde la discriminación y el racismo forman parte de lo cotidiano. (Ver nota completa)
Otras notas de la semana: Cuba: Violencia sobre el papel - Dixie EdithColombia: Víctimas del conflicto armado siguen a la espera de reparación - Ángela Castellanos ArangurenCuba: Hemingway, Leopoldina, María Ignacia y yo - Ilse Bulit |
Bolivia: Forests under threatBy Helen Álvarez
Although Law Nº 1700 on Forest Management was enacted 12 years ago, it has not been enforced in full. Illegal tree felling, precious-wood trafficking, and forest burning have continued.
In July 1996, the Forestry Superintendent’s Office started to control 53 million hectares of natural forest (48 percent of the national territory) and 30,000 hectares of forest plantations.
While the legislation established the seizure of vehicles involved in illegal operations, such an actions has not been implemented in the last 10 years. It was only in 2007 that some people involved in forest burning were prosecuted.
The State has failed to coordinate institutional work. This is still to be done, said Iván Castellón, deputy-minister for Forest Management and Development. (read more)
Dossier Especial por el Mes del Medio Ambiente
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