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Violencia de género |
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Alicia Yolanda
Reyes
Tras
negociaciones por varias semanas con los legisladores del partido en
el poder (Partido Acción Nacional, PAN), la Ley por una vida libre
de violencia quedó aprobada en Jalisco, donde el feminicidio alcanza
proporciones por encima de la media nacional. La nueva normativa
contempla los tipos de violencia: familiar, docente, laboral,
comunitaria, institucional y feminicida. Asimismo, establece la
creación de refugios para las víctimas, que incluyan asesoría
médica, psicológica, legal y bolsa de trabajo para la mujer y sus
dependientes. Además, contiene medidas de protección, de emergencias
y preventivas, que incluyen el desalojo del agresor de la casa
familiar; la prohibición expresa para acercarse al domicilio de la
víctima y el embargo de los bienes del marido o los que se tengan en
común, para garantizar la pensión alimenticia de los menores.
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el reportaje completo) |

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Sylvia R. Torres
Sacerdotes
católicos, seminaristas, pastores y profesores han sido acusados de
violación y otros delitos sexuales entre 2005 y 2007, según un
monitoreo de prensa escrita realizado por integrantes del
Observatorio Por una Conciencia Laica, también miembros de la
organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) de Nicaragua.
Según Magaly Quintana, de CDD, esa agrupación contabilizó hasta
1.462 menores de edad victimizados principalmente por conocidos y
familiares. La desprotección de la juventud frente a este tipo de
delitos se percibe cada día peor, pues "además de los parientes,
destacan, entre violadores y abusadores, 10 sacerdotes, ocho
seminaristas, 14 pastores, un conserje pastoral y 114 profesores",
abunda Quintana. Entre los religiosos acusados se menciona al
sacerdote brasileño Arnaldo Alves de Souza, del municipio de
Palacagüina. Allí, este hombre impartía misa todos los domingos,
hasta que en diciembre de 2007 se dio a la fuga, tras haber sido
acusado por abusar sexualmente de cuatro adolescentes.
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el reportaje completo) |
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Norma Loto
La trata de personas con fines de
explotación laboral, sexual o para la extracción de órganos, en
Argentina, ya tiene, desde el 9 de abril, una ley que la reprime, la
enmarca como delito federal y diferencia las víctimas en dos
universos: mayores y menores de 18 años. Precisamente este último
punto es el que desencadenó una polémica, ya que esta legislación
considera que una persona de más de 18 años, víctima de la trata,
debe probar que se actuó contra su consentimiento. "Con esta medida,
la carga cae sobre el individuo afectado. Es decir, la propia
persona explotada deberá demostrar que es víctima", recalca a SEMlac
Susana Trimarco, madre de Marita Veron, una joven secuestrada en
abril de 2002 y aún no encontrada. En diciembre de 2006, esta ley
obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores. Desde entonces,
feministas militantes y diversas organizaciones sociales, hicieron
sus objeciones a ese proyecto, a la vez que presentaron diversas
alternativas. Pero sólo una minoría de legisladores se hizo eco de
tales propuestas, pues se aprobó el proyecto oficialista.
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Alba Trejo
Grupos pro derechos humanos buscan
garantizar que no vuelvan a repetirse en Guatemala las
desapariciones forzadas, tal como ocurrió en los años ochenta del
pasado siglo, durante el conflicto armado interno. Por tal motivo,
esas agrupaciones intentan conseguir que el Estado ratifique la
Convención sobre desapariciones forzadas y que, de esta forma,
contribuya a que la Convención se convierta en ley. Ese objetivo ha
llevado a que se reúna en el país una coalición conformada por más
de 20 grupos que abogan por el estricto cumplimiento de la
Convención en los países que han firmado el documento en las
Naciones Unidas. Los días 22 y 23 de abril se realizará la
Conferencia Regional sobre la Convención para la protección de todas
las personas en contra de las desapariciones forzadas. Guatemala es
un país del área centroamericana en el cual 50.000 personas fueron
detenidas-desaparecidas durante la guerra armada interna y, tras
esas detenciones, hijos, esposas, madres y esposos quedaron solos en
la incertidumbre porque sus familiares nunca aparecieron.
(Ver
el reportaje completo) |
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Alba Trejo
El
feminicidio y la violencia física, sexual y sicológica contra las
guatemaltecas serán castigados desde ahora con penas severas para
los victimarios: en el caso de asesinato, se sancionará con prisión
de 25 a 50 años al agresor, y para los causantes de las diferentes
formas de violencia, las condenas serán de cinco a 12 años de
cárcel. Estos castigos se han logrado tras la aprobación de la ley
contra el feminicidio y otras formas de violencia contra las
mujeres, legislación adoptada por el Congreso de la República tras
cuatro años de lucha por parte de las activistas de derechos
humanos. Ellas llevaron adelante un intenso cabildeo de semanas en
el hemiciclo parlamentario para convencer a los diputados, 139
hombres en total, de la importancia de esta ley, mientras que estos,
a sus espaldas, ridiculizaron en algunas oportunidades, la lucha por
lograr un castigo severo para los agresores. El feminicidio es un
delito que ha cobrado la vida a por lo menos 3.000 mujeres en este
país centroamericano. Entre las víctimas hay amas de casa,
estudiantes, profesionales, niñas, jóvenes, adultas. Algunas de
ellas, antes de ser asesinadas, fueron violadas, torturadas e,
incluso, mutiladas. La ley aprobada busca castigar a quien, en el
marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres,
diere muerte a una mujer tras haber pretendido infructuosamente
tener una relación íntima.
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Otros artículos
publicados el 2008 |
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Cuba: Abuso sexual:
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Cuba: Amor en campo
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Sara Más
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