Perú: Los bosques nos dan vida
Julia Vicuña Yacarine
 Luzmila Chiricente, lideresa de las mujeres Ashaninkas, Nomatsiguengas y Kakintes de la selva central peruana. Las mujeres, en la amazonía peruana, son quienes se encargan de cuidar el espacio que habitan. Ellas poseen y conservan conocimientos ancestrales que transmiten a las nuevas generaciones y son las que, junto a sus compañeros, resisten y denuncian el proceso de degradación ambiental provocado por la deforestación y contaminación de las empresas petroleras. "Los madereros tumban los árboles, grandes y chicos, malogrando el medio ambiente no sólo para los pueblos indígenas, sino para el Perú. La empresa petrolera no cumple las reglas como en su país, acá botan los desperdicios, contaminan el agua y matan los peces", dijo a SEMlac Luzmila Chiricente Mahuanca, presidenta de la Federación Regional de Mujeres Ashaninkas, Nomatsiguengas y Kakintes de la Selva Central (FREMANK). Para las comunidades nativas, cada día es más difícil sembrar ecológicamente sus productos, pues la contaminación de los suelos lo impide y les obliga a migrar en busca de mejores zonas. (Ver nota completa)
Pascua Lama: La lucha de dos naciones por salvar el acuífero de la vida
Norma Loto
 El proyecto minero Pascua Lama se ubica en medio de importantes glaciares. ¡Están atentando contra nuestra fábrica natural de agua dulce!, dicen las voces unidas de un lado y otro de la cordillera de Los Andes. La ciudadanía argentina y la chilena manifiestan que el proyecto minero Pascua Lama atenta contra la vida de los habitantes y los recursos naturales del desierto de Atacama, el más seco del mundo. Pascua Lama es el primer proyecto minero binacional del mundo a cargo de la minera canadiense de Barrick Gold Corporation e involucra a Chile, en la provincia de Huasco ubicada en la III región de Atacama (a 801 kilómetros de Santiago) y a la Argentina, en San Juan (1.110 kilómetros de Capital Federal). Su objetivo es explotar una mina de oro, ubicada a más de 4.000 metros de altura, en la frontera de Chile con Argentina. Según Greenpeace Chile, algunos de los más significativos impactos ambientales en el sector chileno radican en "la modificación en cantidad y calidad de los recursos hídricos de la cuenca del río el Toro. (…) este podría alterar significativamente el caudal del la cuenca al reducir alrededor del 82 por ciento el aporte hídrico en los años secos". (Ver nota completa)
República Dominicana: Enfrentamientos por una cementera
Mirta Rodríguez Calderón
 Parque Nacional Los Haitises. El punto rojo muestra la ubicación de la cementera. La propagandizada política medio ambiental dominicana corre el riesgo de rodar por tierra si no se echa atrás el proyecto de construir una gran fábrica de cemento Portland, en las cercanías del parque nacional de Los Haitises —segundo reservorio del oro azul y la masa verde mayor del país—, pese a vigorosos levantamientos populares en contra, protagonizados por ecologistas. Las cosas han tomado tal cariz que, hace una semana, un tribunal contencioso y administrativo (se expresa, pero no decide) dispuso "la suspensión provisional de la licencia y la paralización de las construcciones para la cementera". La presidenta de la sala, Sara Henríquez Marín, una magistrada joven, desafía muchos intereses al recusar una licencia dada por la mismísima Secretaria de Medio Ambiente del gobierno. Actuó en respuesta, al menos temporal, al proceso incoado por el Movimiento de Campesinos Trabajadores de las Comunidades Unidas y el Espeleogrupo de Santo Domingo. La jueza se cuidó de aclarar que no prejuzgaba el fondo del asunto, sino la pertinencia de medidas cautelares hasta que se prueben otras implicaciones del asunto. (Ver nota completa)
Bolivia: Bosques en peligro constante
Helen Álvarez Virreira
 La explotación indiscriminada de la madera a puesto en peligro los bosques en Bolivia. Bolivia cuenta con una Ley Forestal desde hace 12 años; sin embargo, la tala ilegal y el tráfico de maderas preciosas no han disminuido, y persisten las quemas, a pesar de que, simultáneamente, el país se colocó en el primer lugar del mundo en la certificación de sus bosques para el manejo sostenible. La Ley Nº 1700 fue promulgada en julio de 1996, pero nunca se aplicó del todo, tanto por problemas de institucionalidad como de logística, ya que una sola institución —la Superintendencia Forestal— asumió la fiscalización de 53 millones de hectáreas de bosques naturales; es decir, 48 por ciento del territorio nacional. A esto se suman otras 30.000 hectáreas de plantaciones forestales. Aunque la norma dispone, por ejemplo, el decomiso de los vehículos reincidentes en el transporte de madera obtenida de forma ilegal, ningún infractor recibió esta sanción en más de una década. Recién en 2007, se llevaron adelante procesos contra acusados de promover quemas. El Estado tampoco pudo sentar presencia en las zonas boscosas y menos se pudo lograr una coordinación institucional. "Hay que construir esa coordinación", afirma el viceministro de Gestión y Desarrollo Forestal, Iván Castellón en conversación con SEMlac. (Ver nota completa)
Cuba: Más huracanes, ¿otro lado feo del cambio climático?
Raquel Sierra
 Se esperan más y peores huracanes esta temporada como consecuencia del cambio climático. Yaremis Orta vive en una pequeña loma, cercana al poblado de San Diego de los Baños, en Pinar del Río, unos 80 kilómetros al oeste de La Habana. Hoy tiene una casa nueva, de tablas de palma. La vieja se la llevaron los vientos de Gustav, uno de los huracanes que hicieron estragos en Cuba, en 2008. Ante el paso del ciclón, a finales de agosto pasado, Yaremis y sus tres niños fueron evacuados al balneario del poblado, de unos 7.000 habitantes, en la más occidental provincia cubana. Su esposo, Raciel Rodríguez, permaneció cerca de la vivienda, guarecido en la "vara en tierra", una construcción rústica, con techo de ramas de palma, a dos aguas, anclado directamente en el piso. Su vieja casa fue una de las miles arrasadas en Cuba, el año pasado, cuando pasaron tres huracanes que provocaron pérdidas económicas valoradas en más de 10.000 millones de dólares por daños en infraestructura, redes eléctricas, comunicaciones y en la agricultura. Mientras levantaban la nueva casa, vivieron en el antiguo cuarto trasero que servía de cocina. Allí se acomodaron, aunque todo era estrecho, y la vida siguió su curso. Puede decirse que Yaremis y su familia tuvieron suerte: se acogieron a un proyecto que empleó la madera de las palmas derribadas por los meteoros que azotaron esa región occidental, la más visitada por este tipo de fenómeno. (Ver nota completa)
México: Donde alguna vez hubo mar, hoy todo está negro
Sara Lovera L.
 La explotación de carbón causó daños irreversibles al ecosistema en Coahuila. La abogada Paula Landeros Beltrán señala con el índice, como queriendo abarcar todo el paisaje, y dice: "Mire, todo es negrura". Cuenta que las mujeres tienen cáncer y los niños problemas en la piel, enfermedades respiratorias, que ya no hay vegetación, los cinco ríos de la zona están secos y se miran puros cráteres. "Nadie nos escucha", se lamenta. Ella representa a las y los vecinos de antiguos ejidos, especialmente de la Purísima y Santa María. Ahí donde un día hubo grandes campos de trigo y pastizales para las vacas, hoy sólo se mira desolación. En la región carbonífera del norte del país, en el estado de Coahuila, a unos 1.000 kilómetros de la ciudad de México, se ha explotado un área de unos 100 kilómetros a la redonda, durante más de un centenar de años. La ingeniera Argelia Bortoni dijo a SEMlac que esa práctica ha dejado claras evidencias de falta de previsión. El impacto ambiental que causa la explotación del carbón es lamentable: deterioro de ecosistemas por deforestación, acumulación de materiales inertes, erosión, pérdida de la capacidad de retención del agua de las lluvias y la modificación del paisaje por la apertura de minas, tajos y pozos. (Ver nota completa)
México: La modernidad también puede matar
Alicia Yolanda Reyes
 Pobreza y contaminación, males endémicos de la modernidad. El ingeniero Heberto Castillo, un profesional de la construcción que más tarde se convertiría en político, contaba que, cuando se construía una carretera o cualquier obra pública, los desechos se enviaban a los ríos. Esa era la muestra de que estaban trabajando duro. En ese tiempo, hace 30 años, no se sabía o no se había investigado sobre los daños a la salud que provoca la contaminación de ríos y mares. Durante las dos últimas décadas, ambientalistas y organizaciones no gubernamentales preocupadas por el tema denunciaron el incremento de padecimientos como el cáncer de mama y de piel, el bajo peso al nacer, el retraso mental en bebés y otras patologías entre habitantes de las zonas cercanas a las fábricas o los ríos donde las empresas envían sus desechos, pero las autoridades hicieron poco caso. La mayoría de los pobladores de estas áreas altamente contaminadas son personas de escasos recursos y baja escolaridad, lo que limita que alcancen a comprender la magnitud del daño causado a su salud y su vida. (Ver nota completa)
Colombia: El agua, ¿un derecho o una mercancía?
Ángela Castellanos Aranguren
 Colombianos esperan ley que consagre el acceso al agua como derecho fundamental. La posibilidad de que los colombianos vayan a las urnas a pedir que la Constitución Nacional consagre el acceso al agua potable como derecho humano fundamental y que, por tanto, el Estado lo garantice, todavía es posible. El pasado 28 de mayo, la Cámara de Representantes (o Cámara baja) aceptó la apelación al texto del referendo aprobado por el legislativo, dado que la letra se apartaba de manera fundamental del originalmente presentado al Congreso y que fuera respaldado por más de dos millones de firmas. El texto original, avalado por unas 1.200 organizaciones sociales lideradas por el no gubernamental fondo ambiental Ecofondo, propone que el Congreso someta a referendo un proyecto que consagre el acceso al agua como un derecho humano fundamental; la declare bien común, así como los ecosistemas que lo generan; ponga fin a la privatización del servicio de acueducto y garantice el suministro gratuito de un mínimo vital del líquido a toda la población, sin discriminación y con equidad de género. (Ver nota completa)
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