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Bolivia: Bosques en peligro constante PDF Imprimir E-mail
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Escrito por Helen Álvarez Virreira   
Lunes, 22 de Junio de 2009 15:38
tala ilegal

La explotación indiscriminada de la madera a puesto en peligro los bosques en Bolivia.

La Paz, junio (Especial de SEMlac).- Bolivia cuenta con una Ley Forestal desde hace 12 años; sin embargo, la tala ilegal y el tráfico de maderas preciosas no han disminuido, y persisten las quemas, a pesar de que, simultáneamente, el país se colocó en el primer lugar del mundo en la certificación de sus bosques para el manejo sostenible.

La Ley Nº 1700 fue promulgada en julio de 1996, pero nunca se aplicó del todo, tanto por problemas de institucionalidad como de logística, ya que una sola institución —la Superintendencia Forestal— asumió la fiscalización de 53 millones de hectáreas de bosques naturales; es decir, 48 por ciento del territorio nacional. A esto se suman otras 30.000 hectáreas de plantaciones forestales.

Aunque la norma dispone, por ejemplo, el decomiso de los vehículos reincidentes en el transporte de madera obtenida de forma ilegal, ningún infractor recibió esta sanción en más de una década. Recién en 2007, se llevaron adelante procesos contra acusados de promover quemas.

El Estado tampoco pudo sentar presencia en las zonas boscosas y menos se pudo lograr una coordinación institucional. "Hay que construir esa coordinación", afirma el viceministro de Gestión y Desarrollo Forestal, Iván Castellón en conversación con SEMlac.

Según datos del proyecto Bolfor II, Bolivia es el sexto país del mundo en cantidad de bosques naturales tropicales, con alrededor del 10 por ciento de las áreas boscosas de América del Sur.

El país fue el primero en el mundo en certificar sus bosques de forma voluntaria para el manejo sostenible. Hasta la fecha, unas tres millones de hectáreas manejadas por el sector privado y otras 600.000 en manos de comunidades indígenas cuenta con ese sello.

Ineficiencia estatal e hipocresía

La Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema) considera que la ley no funcionó como se había previsto, porque "la perforaron" con decretos que flexibilizaron, por ejemplo, la extensión de concesiones o el diámetro de corte.

La antropóloga Kantuta Lara, coordinadora de gestión territorial indígena de Wildlife Conservation Society (WCS) de Bolivia, quien estima que la ley es una de las mejores de Latinoamérica, indica también que la norma fue concebida como un sistema muy bien armado. Pero los decretos provocaron fallas en esa estructura.

Para el coordinador nacional del Programa de Investigación y Monitoreo Ambiental de Lidema, Marco Octavio Ribera, la Superintendencia Forestal nunca tuvo "el cuerpo" como para controlar a los más de 50.000 usuarios forestales de todo el país.

Les faltó capacidad técnica y abundó la inacción de los municipios que no actuaron frente a una "mafia" con poder económico que explota los bosques. "No hubo una buena voluntad del Estado para la aplicación de esa ley, y hasta hubo indicios de negligencia", comentó.

A esto se suma una "hipocresía descarada" de parte de los organismos internacionales, ya que por un lado hacen campañas por el medio ambiente pero por el otro financian proyectos que causan un gran daño, como represas. "Hay una doble moral clarísima que no ha sido debidamente denunciada".

En promedio, el 50 por ciento de la madera que se produce en Bolivia es ilegal y en las fronteras el ciento por ciento es de contrabando. Por ello, el director general de Desarrollo Forestal, Martín Gallardo, cree necesario establecer un nuevo sistema de control. Sólo en el departamento de La Paz, cada día circulan unos 30 camiones que trafican maderas preciosas; la cifra es igual a la de 2000.

El "cuartoneo", que es la tala ilegal con motosierra, sigue siendo una fuente de ingresos para una parte de la población indígena y urbana de las zonas boscosas. Esa actividad cuenta, muchas veces, con la complicidad de las autoridades regionales.

Las maderas más codiciadas en Bolivia son la mara (Cedrelinga catenaeformis), que prácticamente quedó al borde de la extinción, la caoba, el cedro y el roble. Estas especies aún siguen en la mira de los "cuartoneros", dice Rivera a SEMlac.

Por otro lado, la Ley Forestal no ha previsto la forestación y reforestación y tampoco se cuenta con un plan gubernamental. "Existen apenas 20.000 hectáreas plantadas, entre el valle y el trópico, y deforestamos unas 300.000 hectáreas al año", se lamenta Gallardo.

El gobierno ha optado por el "control social", incorporado en la nueva Constitución Política del Estado (CPE), en lugar de la represión; sin embargo, tiene que haber incentivos para generar conciencia, informa a su vez Gallardo.

La responsable de Gestión de Recursos de la Fundación PUMA, Verónica López, asegura a este medio que cada vez más comunidades presentan proyectos de conservación de los bosques con enfoque productivo.

"Todavía existe un gran porcentaje de tala ilegal", dice, pero en el proceso de vencer la ilegalidad más de 500 comunidades de todo el país —unas 16.000 familias— se han inclinado por el manejo sostenido de sus recursos renovables.

Kantuta Lara resalta el esfuerzo de la población indígena de la Amazonia en el manejo de sus bosques, pues esto implicaba mejorar la calidad de vida de sus comunidades.

Desde la promulgación de la ley, los pueblos indígenas "se han organizado en agrupaciones para realizar planes de manejo forestal, cumpliendo las normas e intentando hacerlas cumplir por los terceros", dice Lara a SEMlac. Incluso, coordinaron con la Superintendencia para los decomisos de madera.

Una nueva ley

Ahora, el gobierno y diferentes sectores han iniciado conversaciones para elaborar una nueva Ley Forestal. La decisión gubernamental es, casi, comenzar de cero en el sector. No saben cuánto necesitarán, pero ya comenzó el acercamiento a los financistas.

Entre las medidas ya consolidadas están la creación del viceministerio y la eliminación de las superintendencias Agraria y Forestal. La regulación se encuentra ahora en manos de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras, instancia que apenas tiene unos meses y, por tanto, aún no funciona plenamente.

Ribera ve con escepticismo la creación de la "Autoridad de Fiscalización", pero confía en que el control social funcionará, ya que él ha visto que las comunidades han logrado lo que no pudieron las autoridades.

Las preocupaciones

Gallardo es optimista y ve con "mucha esperanza a la nueva Autoridad"; sin embargo, hay que fortalecerla así como al viceministerio, porque de lo contrario no funcionarán.

También se necesita un plan de forestación y reforestación que incorpore la actividad de los sistemas agroforestales comunitarios para los pueblos indígenas; además hace falta un plan estratégico para la comercialización de los productos forestales.

Lara señala que "el gran cuello de botella para los indígenas es la extracción de las troncas de madera hasta los aserraderos y la comercialización".

Al experto de Lidema le preocupan tres aspectos: la colonización, la siembra extensiva y la construcción de carreteras. En el primer caso, considera que el proceso debería ser muy ordenado para que las tierras sean aprovechadas de acuerdo con su aptitud; en el segundo, se tendría que aplicar un plan de uso de suelos, y, en el tercero, no debe ignorarse que los caminos puede significar una devastación ecológica a gran escala.

La política gubernamental, asegura Gallardo, será coherente con la Carta Magna y, por ejemplo, se planificará la agricultura según la aptitud del suelo. Él espera que "todos los actores se pongan de acuerdo, porque de lo contrario vamos a seguir igual".

En esta planificación se ha previsto también incentivar las actividades que realizan las mujeres, que son quienes cuidan las áreas forestales con más dedicación, pues allá consiguen el sustento para sus familias.

Sin prisas

El Viceministro de Gestión y Desarrollo Forestal explica que la nueva Ley Forestal y toda la institucionalidad del sector estarán en el marco de la filosofía gubernamental del "vivir bien".

La redacción de la norma va a demorar, pero no tiene prisa. En diciembre, tras las elecciones presidenciales y legislativas, el actual Congreso se convertirá en la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional. El Viceministro confía en que la correlación de fuerzas será favorable al oficialismo, lo que facilitará la aprobación de la nueva ley.

El propósito del Gobierno es que "el bosque beneficie a todos, incluido el Estado, que el acceso sea más democrático y que los beneficios se distribuyan de forma equitativa. La actual disposición, explica Castellón, ha favorecido a los privados, aunque en teoría contempla a todos los actores.

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Author of this article: Helen Álvarez Virreira

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