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México: Pacto nacional por la vida, la libertad y los derechos de las mujeresPor Lidia Vilalta
México, diciembre (Especial de SEMlac).- Feministas, abogadas independientes y mujeres de diferentes organizaciones de salud y de derechos humanos, provenientes de 19 estados de la república mexicana además del Distrito Federal (DF), se reunieron los días 5 y 6 de diciembre en el Foro Nacional por el Derecho a Decidir de las Mujeres.
El propósito de la cita fue trazar estrategias conjuntas para detener la embestida de los dos grandes partidos del país, PAN (Partido de Acción Nacional) y PRI (Partido Revolucionario Institucional), en connivencia con las jerarquías de la iglesia católica, contra los derechos de las mujeres y sus libertades, ya conseguidas desde la Revolución que cumplirá 100 años en 2010.
La iniciativa del gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, el estado número 17 en introducir reformas a su legislación estatal contra los derechos de las mujeres, da un salto cualitativo a las acciones políticas de los partidos mayoritarios.
Ello se debe a que ha introducido también una propuesta en el Congreso de la República para modificar la Constitución mexicana en sus artículos uno y cuatro que, de aprobarse, suprimirían todas las libertades de las mujeres en cuanto a los derechos y libertades sexuales y reproductivas.
En estos momentos, solo en la capital mexicana está permitida, por ley, la interrupción legal del embarazo (ILE) hasta la semana 12, desde 2007.
Con Veracruz, son ya 17 estados, —Chihuahua (1994), Baja California, Morelos, Sonora (2008), Colima, Jalisco, Puebla, Durango, Nayarit, Quintana Roo, Campeche, Guanajuato, San Luis Potosí, Yucatán, Querétaro y Oaxaca (2009)— de los 32 de la república, los que han cambiado artículos de sus constituciones, o de sus códigos penales y otras normativas legales, en los que se conceden derechos al feto desde el momento de la fecundación, por encima de los de las mujeres.
A ellas se les impide interrumpir su embarazo, en algunos casos suprimiendo ,incluso, las causales de excepción permitidas hasta ahora, como el peligro para la vida de la madre, la malformación del feto o enfermedades congénitas, la inseminación artificial no consentida, e incluso por violación.
Esto significa para algunas mujeres, sobre todo las más pobres, la no atención pública en salud por abortos espontáneos o embarazos ectópicos, con dos efectos inmediatos: la muerte o la cárcel.
En algunos estados se impide también la anticoncepción de emergencia y el uso de anticonceptivos, como el DIU, por considerarse abortivos. Y eso, por no mencionar la quema pública de libros de texto en los que se incluyen nociones generales de educación sexual. Es como si fuera una nueva Inquisición, al decir de Sandra Peniche, participante de Yucatán en el Foro.
En Hidalgo, incluso sin cambios legislativos, se encarcela por infanticidio de un feto de tres meses; o, como explicaba Guadalupe Ramos, representante en Jalisco de CLADEM (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer), se las incluye en programas de tratamiento psicológico sobre valores.
También en Veracruz se envía a las mujeres al psiquiátrico por desorden moral y la reincidencia ya implica prisión, señalaban las mujeres del Colectivo Feminista de Xalapa. En Querétaro, los médicos y enfermeras de los hospitales públicos se convierten en jueces y denuncian los casos, afirmaba Gisela Sánchez, del grupo Salud y Género.
En el estado de Guanajuato hay 150 mujeres en proceso, denunciadas por aborto desde 2000, de las cuales 30 cumplen condenas de tres años o ya han sido liberadas, con la nueva legislación antiabortista, indicó a SEMlac Verónica Cruz.
Pero otras 10 mujeres, según conoce su organización Las Libres, están acusadas de homicidio por razón de parentesco, con leyes previas a las reformas. Dos de estas interrumpieron su embarazo después de una violación, pero las demás tuvieron un aborto espontáneo y todas están cumpliendo condena de hasta 40 años.
Demandas y denuncias internacionales contra MéxicoPrecisamente, por la necesidad de documentar de la misma manera los casos y tener una base de datos conjunta de las condenadas/sentenciadas, las abogadas se integraron en una Comisión Jurídica. Ellas decidieron activar y compartir de inmediato su información, además de ver la situación de las mujeres que solicitaron amparo legal ante esas medidas regresivas y represivas.
Ya son 1.400 las mujeres que se han amparado ante el Juez de Distrito correspondiente en sus diferentes estados (Campeche, Colima, Guanajuato, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora y Yucatán), de acuerdo con los datos que facilitaron a SEMlac algunas de ellas y GIRE (Grupo de Información en Reproducción Elegida, AC).
Algunos de estos amparos se han dirigido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante la cual diversas organizaciones locales piensan también demandar al estado de Morelos, por dejación de sus obligaciones en defensa de los derechos y libertades de las mujeres, según indicaba Nadxieelii Carranco, coordinadora del Comité contra el Feminicidio de Morelos.
Las abogadas acordaron, además, seguir con especial interés el resultado de la inconstitucionalidad presentada por Baja California ante la Suprema Corte de Justicia a esos cambios legislativos, pues "se trastocan los principios básicos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, al quitarle la capacidad y la dignidad de ser persona" a las mujeres, en palabras de uno de los propios ministros de la SCJ, como citaba a SEMlac la abogada litigante por ese estado, Minerva Nájera.
De aceptarse el trámite, podrían sumarse otros estados a esta iniciativa. Y, sobre todo, las juristas articularán los argumentos para denunciar a México ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y los organismos de Derechos Humanos de la ONU, en Viena y Ginebra, por el incumplimiento de las convenciones y compromisos internacionales que ha firmado el Estado mexicano con respecto a los derechos de las mujeres.
Acuerdos políticos del Foro y acciones a realizarEl Foro fue organizado por el grupo Feministas Socialistas, integrado por mujeres de izquierda y libertarias, y el colectivo de jóvenes activistas Rosa Chillante, además de independientes, pero todas feministas. Paralelamente, estuvo convocado por otras 90 organizaciones y grupos del país.
Los acuerdos a los que llegaron las más de 160 mujeres de las 20 entidades del país están contemplados en el Pacto por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres, que incluye cuatro grandes apartados políticos. Entre ellos la del derecho a decidir y la libertad de las mujeres criminalizadas y la defensa del Estado laico, con toda su implicación de separación política de los credos religiosos.
Aboga, además, por evidenciar públicamente a los tomadores de decisiones en los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) que han violentado los derechos de las mujeres en su función pública, además de ciertas instancias de mujeres; y por la defensa de los derechos a la salud y la despenalización del aborto.
El contenido completo de estos acuerdos constituyó el Pacto por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres, con una imagen propia, que se presentó a la prensa de todo el país el 10 de diciembre pasado, Día Internacional de los Derechos Humanos. Tras ese primer acto general y simultáneo, se repetirán acciones simultáneas el primer jueves de cada mes, en cada uno de los estados mexicanos.
Las más inmediatas y urgentes acciones serán por la excarcelación de las presas, que fue otro de los acuerdos a los que llegó el Foro. También se acordó la realización de distintas campañas esos jueves, que abarcarán desde el cabildeo hasta la fuerte presión a los políticos, según la fuerza local, pero siempre "acciones contundentes que hagan visible nuestro enojo", en palabras de Sandra Peniche.
Se llevarán a cabo, asimismo, actividades simultáneas, en distintos ámbitos sociales, dirigidas a toda la población, sobre todo a las mujeres, con el fin de explicarles, de manera fácil, las implicaciones de esos cambios legislativos locales en la pérdida de sus derechos.
Está previsto que el 4 de febrero de 2010, día del primer pleno de las nuevas sesiones del Congreso de los Diputados, tras las vacaciones navideñas, todas las mujeres asistentes al Foro y otras del país vuelvan a la capital mexicana para realizar una gran concentración frente a la sede legislativa del Congreso de la República. |
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