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Perú: Congresistas atrapados en su propia telaraña
Por Zoraida Portillo
Lima, octubre (Especial de SEMlac).- El desafuero de la
parlamentaria Rocío González, el 6 de octubre, debido a una condena
de cuatro años de prisión suspendida por robo de energía eléctrica,
ahonda aún más el desprestigio del Congreso peruano, cuyos
integrantes van de escándalo en escándalo.
Su reemplazante, Francis Zegarra, también estaría inhabilitada para
ejercer el cargo pues igualmente tiene tres años de prisión
suspendida por haber hecho firmar letras en blanco a sus empleados y
luego pretender cobrarles dinero.
Si Zegarra no es autorizada a asumir la curul vacante, el tercer
reemplazante, Tomás Zamudio, también tiene denuncias en su contra en
el poder judicial por haber promovido invasiones de terrenos en
Caylloma, Arequipa, en el sur del Perú, según informó el diario
El Comercio, con lo cual estaría igualmente inhabilitado para
ser congresista, presentándose una situación inédita en el poder
legislativo peruano.
En declaraciones a Radioprogramas del Perú, Zegarra dijo que
tiene dos sentencias a su favor y sólo la tercera en su contra, lo
que atribuyó a "maniobras políticas" en el poder judicial.
Su acusación, cierta o no, sólo echa más leña al fuego del
descrédito político del que también es parte el poder judicial.
Según una encuesta de la Universidad Católica, realizada antes de
los escándalos aquí reseñados, el Congreso ocupaba el primer lugar
entre las instituciones percibidas como las más corruptas del país
(78 por ciento), seguido del poder judicial (76 por ciento) y los
partidos políticos (75 por ciento).
Lo cierto es que los congresistas peruanos van de escándalo en
escándalo: contratos de familiares, amantes y trabajadores
domésticos como asesores parlamentarios, delitos contra la fe
pública y violencia doméstica, son acusaciones que pesan contra
muchos de sus miembros. La opinión ciudadana, expresada en foros y
programas radiales abiertos al público, es que el Congreso tiene en
su haber más escándalos que buenas leyes.
Según un informe del diario La República, en los últimos tres
años se han presentado 148 denuncias contra congresistas ante la
Comisión de Ética por ciudadanos, sus propios colegas, medios de
comunicación y organizaciones de la sociedad civil. Ningún grupo
parlamentario —incluido el partido gobernante— se libra de tener,
aunque sea, un congresista denunciado o investigado entre sus filas.
Sólo en la segunda semana de septiembre, cuatro legisladores se
vieron involucrados en problemas públicos. Y en lo que va de
octubre, ya hay tres más.
La congresista Rosario Sasieta fue acusada por María Medianero, una
de sus ex trabajadoras en la sede parlamentaria, de malos tratos y
humillaciones. Sasieta habría llegado al colmo de obligarla a
lavarle los pies hasta en cinco oportunidades, según aseveró la
agraviada ante la comisión de ética de la instancia legislativa.
Sasieta es muy conocida por defender los derechos de las mujeres y
de los niños y ha impulsado importantes leyes a favor de estos dos
sectores, incluida la que obliga a publicar el nombre y la foto de
los padres que no cumplen con pasar pensión alimentaria a sus hijos,
en la página Web del Ministerio de Justicia.
Aunque Sasieta se ha defendido, diciendo que es una venganza por
haber despedido a Medianero —quien usurpó su nombre y cargo— y ha
recibido el respaldo de algunos sectores feministas y del propio
presidente Alan García, el asunto sirvió para poner sobre el tapete,
una vez más, los abusos de poder que llegan a cometer algunos
políticos.
Otro caso fue protagonizado por Milagros Morales, esposa del
congresista fujimorista Ricardo Pando, quien, en un "momento de
terrible ofuscación", como ella misma lo reconoció, le clavó un
cuchillo en la zona lumbar, cansada de los malos tratos y vejámenes
que él le propinaba. Morales aseguró haber sido maltratada física y
psicológicamente a lo largo de los años, pero que sus denuncias ante
la policía y la fiscalía nunca prosperaron porque Pando ejercía toda
su influencia para impedirlo.
La legisladora nacionalista Nancy Obregón, por su parte, fue acusada
por la bancada oficialista de mantener nexos con el narcotráfico,
debido a un video donde aparece impidiendo una incautación de coca
en un caserío de San Martín, en el noreste del país. Ella ha dicho
que su intervención fue como mediadora, "para evitar un
derramamiento de sangre".
Obregón es dirigente de los productores de hoja de coca, cultivo al
que ella también se dedicaba, pero ha negado representar a
narcotraficantes. Días antes, uno de sus ex asesores había sido
detenido con un alijo de 140 kilogramos de coca. La Comisión de
Ética decidirá sobre este caso.
El congresista Víctor Mayorga fue acusado por Isidro Villa, su ex
auxiliar, de recortarle el sueldo a su chofer y el propio Villa
denunció haber recibido maltratos por parte de la esposa de éste,
que incluso lo obligaba a plancharle las camisas.
Apenas comenzado octubre, salió a la luz el caso de Rocío González
por el hurto agravado de energía eléctrica. Asimismo, el diario
Peru21 denunció que durante nueve años ella había estado
cobrando al estado una pensión de orfandad que ya no le
correspondía, incluso meses después de haber sido elegida
parlamentaria. González aceptó la veracidad de la denuncia y se
disculpó diciendo que no conocía la ley. El Congreso aún no se pone
de acuerdo en torno al procedimiento a seguir en este caso.
El otro escándalo involucra al legislador José Maslucán, acusado por
sus vecinos de pretender apropiarse de un terreno de 450 metros
cuadrados en un distrito acomodado de Lima. Hasta el momento, el no
ha respondido a la acusación.
Mientras tanto, Tula Benítez, una de las figuras oficialistas
desaforadas el año pasado, podría volver a su curul, pues la sala
especial de la Corte Suprema decidió archivar los delitos de
peculado y colusión que motivaron la medida. Esta decisión
nuevamente deja en entredicho al poder judicial. Benítez, sin
embargo, aún afronta el cargo de falsedad genérica, pendiente de
resolución.
Luis Galarreta, quien ejercía la presidencia de la Comisión de Ética
cuando Benítez y Elsa Canchaya fueron desaforadas por,
presuntamente, contratar empleados fantasmas para cobrar sus
sueldos, pidió a sus colegas parlamentarios que no permitan que
ambas regresen a sus curules "por el bien del país".
La legisladora Martha Hildebrandt, presidenta de la Comisión de
Ética —que tendrá a su cargo la investigación de las nuevas
denuncias— fue muy severa al criticar el sistema político. "Si los
partidos no limpian sus listas y se dedican a poner a quienes les
dan una cuota de millones, existe la posibilidad matemática de que
el próximo Congreso sea conformado por 130 semianalfabetos
prontuariados", advirtió.
"¿Quién elige al Congreso?, el votante. Entonces que no se quejen si
no saben decidir. Hay que educar al electorado para que deje de ser
tarado", añadió en su particular estilo.
Para Cecilia Blondet, directora Ejecutiva del Consejo Nacional para
la Ética Pública (Proética), lo que subyace en el fondo de los
comportamientos de la clase política peruana es la falta de
idoneidad de los militantes de los partidos políticos, defecto que
se arrastra desde la vida partidaria.
Uno de los problemas que conspira contra la formación de buenos
cuadros partidarios es la atomización de los partidos políticos
peruanos, que no cumplen con educar en democracia sino que, por el
contrario, son casi un club de amigos, caen en el clientelismo, en
las preferencias al momento de hacer las listas y en una serie de
vicios que luego reproducen en la vida pública, comentó Blondet a
SEMlac.
Durante la inauguración de la Escuela Nacional Anticorrupción, a
fines de agosto, se afirmó que los partidos políticos peruanos no se
caracterizan por respetar las reglas de juego, están fragmentados,
son casi inexistentes, están cargados de vicios y no ayudan al
sostenimiento de la democracia.
¿Y las militantes mujeres?
"El nivel de violencia al interior de los partidos políticos
(respecto a las mujeres) es grande", dijo a SEMlac Diana Miloslavich,
cuando le preguntamos por el papel de las mujeres que militan en los
partidos.
"Si una mujer sale elegida en algún cargo medio de la estructura
partidaria, pocas veces se respeta esa elección, muchas veces no se
la deja ejercer su cargo o se la relega de la toma de decisiones",
añadió. Ella es responsable de Participación Política y
Descentralización del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán.
También afirmó que "no se puede hablar de ética al interior de los
partidos. No existen sistemas de control o fiscalización ciudadana o
de su propio partido, ni se han preocupado por crear tal control".
En su opinión, los modelos que manejan los partidos peruanos, sean
de izquierda o derecha, son muy masculinos; es decir, asumen las
situaciones con dureza y hostilidad, lo que no ayuda ni permite
encontrar climas de mayor distensión. "Es una dinámica muy feroz",
subraya. En muchos casos, las mujeres deben entrar a competir bajo
esa dinámica, si quieren ascender en la estructura partidaria,
afirmó.
El asunto es más complicado para las que ya ejercen alguna autoridad
pública, pues, en muchos casos, son opacadas y desacreditadas
cuando, haciendo uso de esa autoridad, pretenden fiscalizar algún
acto de corrupción. "Quienes quieren ejercer algún tipo de
vigilancia son castigadas por el poder, les cae encima todo el poder
de la corrupción", refiere Miloslavich.
Sin embargo, aclara que el hecho de ser mujeres ejerciendo política
no significa que sean incorruptibles. "El ser humano es susceptible
de corrupción, y eso es válido para hombres y mujeres", indica. Los
últimos escándalos congresales le dan, lamentablemente, la razón. |
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