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Honduras: La resistencia continúa en medio de las negociaciones
Por Tacuazina Morales
Tegucigalpa, octubre (Especial de SEMlac).- Por más de 100 días se
ha mantenido la resistencia frente al golpe de Estado
político-militar perpetrado en Honduras el 28 de junio de 2009. Y
ahora, mientras se desarrolla un diálogo entre el régimen de facto
de Roberto Micheletti y el presidente Manuel Zelaya, el movimiento
antigolpista, a nivel nacional, sigue en las calles, organizándose y
conformando nuevos espacios de debate y estrategia.
Mientras la misión enviada por la Organización de Estados Americanos
se reunía en una Mesa de Diálogo con representantes del gobierno de
facto y del presidente Manuel Zelaya Rosales, unos jóvenes, un
hombre y una mujer, acompañados por el ritmo punta-garífuna de la
banda de la resistencia, bailaban para romper el cerco militar que
impedía el paso de la manifestación pacífica que exige la
restauración del orden constitucional y la instalación de una
Asamblea Nacional Constituyente.
Funcionarios de Brasil, Argentina, Canadá, Costa Rica, Ecuador, El
Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Jamaica, México, Panamá y
República Dominicana, el Secretario General de la Organización de
los Estados Americanos, el Secretario de Estado Para Iberoamérica,
de España, y el Subsecretario de Asuntos Políticos de la
Organización de las Naciones Unidas integran la misión de la OEA que
ha dejado instalada la Mesa de Diálogo.
Esta incluye, entre sus puntos, la firma del Acuerdo de San José, la
constitución de comisiones para discutir y proponer los ajustes y
actualizaciones a cada uno de los puntos del Acuerdo de San José y
establecer el calendario de su aplicación, así como la propuesta y
diseño de aproximación metodológica de un nuevo Pacto Político y
Social para Honduras.
Esto días, sin embargo, han estado teñidos por la represión policial
y militar, cuyas fuerzas dispararon a la gente, tiraron gases de
humo y enviaron tanquetas a reprimir la resistencia desarmada. Sobre
este punto, la OEA no se pronunció en ningún momento, más bien
calificó de exitosa la visita a Honduras, que dejó instalada la mesa
de diálogo, según la cadena CNN.
El día de la partida de los funcionarios de la OEA, en horas de la
noche, una grúa fue instalada frente a la Embajada del Brasil con
dos francotiradores, con miras infrarrojas que llegaron a la altura
del segundo piso de esta sede, según información de FIAN-Honduras,
organización nacional de voluntarios por los derechos humanos.
En tanto, reportes de la emisora local Radio Globo dieron cuenta de
amenazas a miembros de la prensa internacional que se encontraban
dentro, por lo que varios de ellos abandonarán el lugar en las
próximas horas de escrito este despacho.
Estas amenazas se dieron cuando, oficialmente, el presidente de
facto Roberto Michelleti afirmó públicamente que había derogado el
decreto que suspende las garantías constitucionales, entre las
cuales se incluye el derecho a la libre asociación, expresión y
circulación, así como la captura de cualquier persona considerada
"sospechosa de sedición".
Pero esa decisión no ha sido publicada aún en La Gaceta, el
periódico oficial de la República.
El mismo día del anuncio (9 de octubre), un policía, en las afueras
del Hotel Clarion, atacó a un líder de la resistencia y le aseguró
que "las tomas y marchas están prohibidas, pues la derogación no ha
sido publicada en La Gaceta. Por lo tanto, el decreto de suspensión
de garantías está vigente, y tienen 10 minutos para desalojar este
lugar", le dijo. Minutos más tarde, también la manifestación era
reprimida con golpes, balas, bombas de gas y tanquetas militares.
En barrios de Tegucigalpa, los jóvenes y mujeres son sacados a la
fuerza de sus casas por "alterar el orden público y violentar el
decreto de estado de sitio," cuando a una hora determinada de la
noche se hace una "bullaranga" colectiva sonando platos, ollas,
sartenes y cohetes para expresar la voz resistente frente al
silencio impuesto por los golpistas, informaron el Comité para la
Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, el Comité de Familiares
de Desaparecidos de Honduras (COFADEH), el Centro de prevención y
rehabilitación de la tortura (CPRT) y Feministas en resistencia.
En estas últimas semanas se confirmó la muerte de dos mujeres de la
resistencia por complicaciones respiratorias producidas por el
efecto de los gases utilizados por las fuerzas militares. El 26 de
septiembre falleció Wendy Elizabeth Ávila, quien fue velada en la
sede del Sindicato de Trabajadores de Bebidas y Similares (STIBYS) y
el 5 de octubre corrió igual suerte Olga Osiris Uclés, de 25 años,
madre de cuatro hijos y miembro activo de la resistencia.
Otras de las atrocidades cometidas por el gobierno de facto han sido
el auto de prisión emitido para 54 campesinos y campesinas que
fueron desalojados por la fuerza del Instituto Nacional Agrario, y
el juicio desarrollado a la maestra Agustina Flores Cáceres, que se
encuentra presa en el Centro de Mujeres de Támara.
Flores fue detenida frente a la Embajada del Brasil, mientras emitía
un reportaje para Radio Liberada. Ella fue acusada de sedición y
juzgada con cinco a 10 años de cárcel. Agustina, de 50 años, padece
del Síndrome de Sjögren (enfermedad reumática inflamatoria crónica)
por lo que necesita permanentemente sus medicamentos a los cuales no
tiene acceso desde su detención, informó su hermana Bertha Cáceres.
Nunca como ahora la justicia fue tan efectiva en su aplicación,
contrastando con los miles de casos de violencia doméstica,
violencia intrafamiliar y femicidios que se encuentran en proceso de
investigación y que han pasado a formar parte de la "mora judicial",
señalan los dirigentes de la resistencia.
Esta semana se reportó también el asilo político en la Embajada de
Guatemala de 12 personas pertenecientes a la Coordinadora de Pueblos
Indígenas (COPINH), tras denunciar que son perseguidos por el
régimen de facto. La mitad de los refugiados son mujeres y también
hay menores de edad.
La Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH) informó que el
7 de octubre fue allanado por la policía el hospital de Ciriboya,
comunidad garífuna ubicada en el norte del país, el pretexto fue que
era una redada en busca de "narcóticos".
Días antes el Ministerio de Salud descalificó al hospital dándole el
apelativo de centro de salud. El Hospital de Ciriboya es la sede del
proyecto Luagu Hatuadi Waduhenu, primer hospital popular garífuna,
el cual es un modelo de atención médica en Honduras, atendidos por
médicos egresados de la ELAM (Escuela Latinoamericana de Medicina),
con sede en Cuba.
Los garífuna son un grupo étnico afro descendiente que reside en
varias regiones de Centroamérica, Caribe y Estados Unidos. También
se les conoce como garifune o caribes negros. Gran parte de los
600,000 garífuna que se cree existen actualmente, están asentados en
el Golfo de Honduras.
La represión es continua y sistemática, las marchas pacíficas son
reprimidas a diario con escuadrones de policía enfrente y detrás.
Aun así, la gente sigue llegando a la capital desde todas partes del
país. Mucha de esa gente son mujeres que vienen caminando, a veces,
desde sus comunidades de origen.
Hasta ahora se cuentan por cientos las personas detenidas y heridas
por las fuerzas represivas, y tanto las organizaciones de derechos
humanos, como las organizaciones de mujeres y feministas —que no se
dan abasto para la atención de los casos—, siguen exigiendo la
presencia e intervención de organismos internacionales de derechos
humanos para documentar y viabilizar el acceso a la justicia y a la
salud de las mujeres y las personas afectadas. |
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