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República Dominicana: Infancia violenta: ¿culpable o víctima?Por Mirta Rodríguez Calderón
Santo Domingo, septiembre (Especial de SEMlac).- Serían muchos los calificativos para aplicar a una situación en que la gente se siente muy alarmada por menores participantes en asesinatos, robos, violaciones, atracos y consumo y tráfico de drogas.
Ayudaría mucho contar con estadísticas comparativas de los niveles delincuenciales de otros países centroamericanos.
Es presumible, sin embargo, que salvo quizás en El Salvador o Guatemala, donde las "maras" integradas por pandilleros juveniles han cobrado inusitada fuerza, en el resto de la región no sean tan altas las cifras de población carcelaria adolescente, como sí ocurre en República Dominicana, donde según datos ofrecidos en la última semana por el Jefe de la Policía Nacional, Rafael Guillermo Guzmán, el uno por ciento de los detenidos son adolescentes. De ellos, 87 por ciento son varones.
No obstante, la Procuradora Adjunta de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisol Tobal, restó importancia a las dimensiones del problema, si bien reconoció que hay 410 menores recluidos en siete cárceles, en una de las cuales —coincidentemente— se produjo en días pasados la evasión de cuatro.
Luego vinieron lamentaciones y reportes de la falta de seguridad y el deterioro físico de esos sitios de reclusión ubicados en la capital y Santiago de los Caballeros, la segunda ciudad del país.
La magistrada Tobal, quien ha trabajado en la prevención de los comportamientos violentos en la infancia, explicó a la prensa —incluida SEMlac— que "la infracción más frecuente entre los menores es, generalmente, el robo agravado o el robo con violencia. El homicidio es muy común entre los adolescentes, la distribución de drogas está en un tercer lugar y las violaciones en un cuarto lugar", dijo.
Sus palabras resumen algunos de los hechos acontecidos en las últimas seis semanas, a partir de que un menor de edad asesinara a balazos a una joven banquera en un barrio de clase media alta en Santo Domingo. Luego se supo que formaba parte de una banda conocida como Los Palomos, que ya había participado en otras tropelías y regresaba de haber atacado a tiros a un hombre en un sector limítrofe.
Pero lo que desató profundas controversias fue el conocimiento de que, según los Códigos Procesal Penal y del Menor, la sanción para el muchacho, dictaminada por un juez, fue de apresamiento por 30 días. Numerosas voces públicas, incluida la del cardenal José de Jesús López Rodríguez, se alzaron para reclamar cambios en esa norma jurídica, con el propósito de incrementar las sanciones.
Desde el Congreso de la República —enfrascado ahora en los debates de una Reforma Constitucional en marcha—, su vicepresidenta, la senadora Cristina Lizardo, aireó su propuesta de una Ley Antipandillas que penalice la asociación ilícita de jóvenes, tanto de los que se agrupan con fines delictivos como de quienes lo hacen para desarrollar poder en grupo e imponerse con la autoridad que exhiben.
La congresista insiste en que no se trata sólo de aumentar las penas, sino de desarrollar simultáneamente programas preventivos "porque solo con penalidades fuertes no se pueden cambiar conductas".
Bandas, vendettas y disfuncionesEl problema es muy serio y, entre diversos criterios, los más juiciosos lo explican por la existencia de altos niveles de pobreza. El periodista Miguel A. Matos recordó, a propósito de los últimos crímenes, que 50 por ciento de los nueve millones de habitantes del país son jóvenes y, de ellos, 35 por ciento reside en barrios marginales.
"Hay que reconocer que algunas instituciones gubernamentales implicadas han hecho una tímida labor a fin de que nuestros jóvenes urgidos de educación académica, trabajo, comida y diversión sana, obtengan una preparación integral", señaló en su columna habitual en el periódico El Caribe.
Pero el panorama actual dista mucho de tales aspiraciones y muy mayoritariamente se identifican la pobreza y las disfunciones, tanto sociales como familiares, como epicentros del crimen y la delincuencia juvenil.
Por lo menos cinco bandas integradas por menores de edad y dirigidas por supuestos delincuentes operan en el Distrito Nacional capitalino y en la segunda ciudad dominicana, Santiago de los Caballeros, a unos 160 kilómetros, rumbo al valle central del Cibao.
El reportero Adonis Santiago identificó en Diario Libre que una de ellas es la de Los Palomos, cuya área de operaciones abarca los barrios residenciales del sur de la provincia. Otra se hace llamar Los Vaqueros y actúa en Santiago. Estaría integrada por cinco menores de edad y dirigida por un joven de 23 años.
Se sabe de grupos asociados a los nombres de los barrios donde cometen fechorías. Se trata de asentamientos poblacionales de personas humildes, quienes viven desde hace tiempo en un literal terror.
La banda Los Menores tiene su asiento en la barriada de Pantoja, donde asesinaron a un comerciante y extorsionan a otros, incluidos estudiantes, con el llamado cobro de "peaje": una cantidad que se exige para transitar o para mantener una actividad de ventas.
Este estado de cosas se torna más angustioso porque el crimen, la drogadicción, las violaciones, asaltos, consumo y venta de drogas hace también víctimas del latrocinio a los propios integrantes de esos grupos.
Uno de los muchachos de la banda de Los Menores fue ultimado de varios balazos hace algo más de una semana y, en medio de la congoja de familiares y la ira de sus "compañeros" del grupo delincuencial, estos aseguraron que la muerte de "Cucho" no quedaría sin venganza.
"¡Pero algo hay que hacer…!"Una encuesta conducida por SEMlac entre 17 personas adultas y cuatro adolescentes, acerca de si sanciones más fuertes frenarían la presente eclosión delictiva, arrojó que 12 adultos y tres jóvenes piensan que sí, que "por lo menos hay que meterles miedo".
Pero personas bien informadas consideran que, si bien "algo hay que hacer", no es sobresaturando las prisiones que se puede enfrentar mejor el problema.
Vinicio Castillo Selman, abogado y figura clave en el partido nacionalista Fuerza Nacional Progresista partido nacionalista, considera que ser menor de edad no puede otorgar una licencia para matar y que la causa que contribuye a los desafueros juveniles actuales es una política de "blandenguería penal".
Las conductas de una parte de los jóvenes de entre 13 y 17 años atemorizan a un segmento del magisterio, sobre todo en los barrios donde ellos "operan". Castillo Selman considera que lo más penoso es que "ese desastre se mantenga".
"Es urgente e imprescindible la modificación de este Código del Menor y del famoso Código Procesal Penal, que han instituido un peligroso relajamiento del ordenamiento penal de la República Dominicana, generalizando la pérdida creciente del temor a delinquir que da la sobre seguridad de que al infractor, mucho más si es menor de edad, no le pasa nada", asegura el jurista.
En el velorio de José Manuel Peralta, "Cucho", donde según testigos se olía el alcohol, su padre trataba de justificar que ya "el muchacho estaba tranquilo, por los consejos que yo le daba". El señor Peralta, compungido, no comentó nada sobre sus otros dos hijos varones, uno está huyendo y el otro preso por robo.
Por sobre el barullo de la gente reunida, una mujer desconsolada lloraba y lloraba. Esa madre no podía sufrir más. |
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