Nicaragua; ¡Que se retracte!, demandan las feministas al Estado nicaragüense

Por Silvia Torres

Managua, febrero (SEMlac).- Reparación del daño moral internacional mediante una "declaración pública taxativa a favor de Oxfam GB y Forum Syd", destitución de funcionarios implicados, así como la emisión de una "disculpa pública a todas las personas e instituciones injustamente acusadas" demandaron organizaciones feministas nicaragüenses.

Ese reclamo fue formulado por esas agrupaciones al presentar un análisis jurídico-político de la Resolución del pasado 22 de enero 2009, emitida por la Fiscalía, en la cual se les exonera de los delitos de "triangulación y lavado de dinero".

Tales delitos fueron formulados públicamente por altos funcionarios, entre ellos, la ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, y los Fiscales Armando Juárez, y Douglas Vargas Flores.

A partir de estas acusaciones, en octubre pasado, fueron allanados los locales de Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), la organización no gubernamental CINCO, y amenazadas la Coordinadora Civil y la Red de Desarrollo local. Las autoridades secuestraron computadoras y documentos, algunos de carácter personal.

Los resultados del Análisis Jurídico Político fueron presentados ante la prensa nacional el pasado 12 de febrero por Sofía Montenegro, líder feminista del MAM y directora Ejecutiva de CINCO.

Junto a Montenegro comparecieron Ruth Marina Matamoros, del Grupo Venancio; Juana Jiménez, del MAM; Vilma Núñez, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos; Carlos Fernando Chamorro, periodista director de CINCO, y Luisa Molina, de la Coordinadora Civil.

El Estado realizó una investigación del tipo "fusílelo ahora y averigüe después", declaró Montenegro, al denunciar abuso de autoridad por parte de funcionarios. Según su análisis, las autoridades nicaragüenses utilizaron las instituciones públicas para inventar acciones delictivas, con lo cual cometieron flagrantes violaciones a la Constitución de la República.

Entre estas violaciones a la Carta Fundamental, Montenegro destacó el derecho a la libertad individual y a la seguridad jurídica, el derecho a la vida privada, a la inviolabilidad de las comunicaciones, al derecho a la honra y reputación, al derecho a la información, el derecho al debido proceso y el derecho al respeto a la integridad personal.

Por su parte, Carlos Fernando Chamorro anunció que se reservarán el derecho de entablar un juicio al Estado nicaragüense por los daños y perjuicios causados. Asimismo, exigió que termine la persecución política contra las organizaciones civiles independientes.

La desestimación del caso fue catalogada por Chamorro como una acción destinada a "reprimir a la sociedad civil autónoma". "Nunca tuvieron bases, ni méritos, ni pruebas, para hacer una acusación criminal en contra de todas las organizaciones investigadas, porque jamás se cometió un delito", agregó.

Otra de las acusadas, Juanita Jiménez, declaró que la desestimación de las acusaciones las liberó de la amenaza de cárcel, lo que constituye un triunfo de la sociedad civil, "una victoria sobre la arbitrariedad y el autoritarismo, que ha sido posible gracias a la resistencia cívica de todas las organizaciones, que a su vez generó una poderosa ola de la solidaridad nacional e internacional", remarcó.

La comparecencia concluyó con la denuncia de que la Resolución de la Fiscalía persiste en mantener graves acusaciones a partir de las cuales "se pretende coartar el funcionamiento de las ONG y de la cooperación internacional". "Sobre la base de alegatos injuriosos, ahora se pretende justificar una política de control de la sociedad civil desde el gobierno, a través de la Cancillería y el Ministerio de Gobernación", añadió Montenegro.

Por su parte, la Ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, desestimó ante la prensa estas denuncias. "como sus motivaciones y actuaciones son políticas, entonces todo lo que ven alrededor, dicen que tiene una motivación política. Su problema es utilizar una ONG —que es sin fines de lucro— para el lucro personal de su familia: esos son otros 100 pesos", sostuvo Morales.

La persecución a Cinco y al MAM y otras organizaciones de la sociedad civil han sido señaladas por instituciones de cooperación internacional como muestra de la falta de tolerancia y gobernabilidad, hecho que se suma a la eliminación del aborto terapéutico.