Reportajes y noticias de SEMlac

Del 25 al 31 de agosto de 2008

Cuba: Amores que asfixian

Por Dixie Edith

La Habana, agosto.- La sobreprotección y el excesivo paternalismo, dos conductas bastante frecuentes al interior de las familias cubanas, pueden llegar a ser una forma de violencia. Ofelia Villanueva, una jubilada de 78 años, decidió, hace un año, irse a vivir con su hija para no estar sola.

"No aguanté ni dos meses", aseguró a SEMLac la anciana, quien actualmente vive de nuevo en su casa, en el municipio de Plaza de la Revolución, en Ciudad de La Habana.

Obrera textil durante su vida laboral activa y jefa de su hogar durante más de treinta años, pues quedó viuda a los 47 años y nunca volvió a tener pareja, Villanueva sintió reducidas, de golpe, su independencia y su capacidad para tomar decisiones.

"Mi hija y mi nieta me quieren tanto que no me dejaban mover. No podía bajar las escaleras porque decían que me podía fracturar la cadera; no iba al mercado, y como las dos trabajan, resulta que estaba más sola que en mi casa, que siempre está llena de vecinos", contó Villanueva.

La experiencia de esta mujer puede inscribirse en lo que la psicóloga española Ana Martos, describe como agresión insospechada.

Es "una forma de violencia psicológica tan sutil y elaborada que se disimula y oculta entre las fibras del tejido social (…) Es la que muchos agresores ejercen disfrazándola de protección, de atención, de buenas intenciones y de buenos deseos", asevera Martos, quien es autora del libro ¡No puedo más! Las mil caras del maltrato psicológico.

Según la definición de esta experta, las personas sobreprotectoras rodean de atenciones, mimos y cuidados a sus protegidos "pero no les permiten desarrollarse como personas autónomas, no les permiten ejercer su derecho a la libertad, no les permiten escapar del entorno artificial que han fabricado para ellas".

En el extremo contrario, otra forma en que puede manifestarse este tipo de agresión es la que se ejerce cuando, en el afán de que las personas de la tercera edad se sientan útiles, se les agobia con demandas de ayuda.

"Muchos jóvenes tienen a sus padres como canguros continuos, privándoles del derecho de salir con sus amigos, de viajar a su gusto o de sentarse a no hacer nada, que bien se lo han ganado", describe Martos.

Paternalismo, por su parte, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es "la tendencia a aplicar las formas de autoridad y protección propias del padre en la familia tradicional a relaciones sociales de otro tipo; políticas, laborales, etcétera".

Las principales víctimas de estas conductas suelen ser ancianas y ancianos; mujeres, niñas, niños y adolescentes.

"Ejemplos de paternalismo que resultan una agresión son la imposición al hijo o hija, por parte de los padres, de una pareja o una carrera universitaria; o también la prohibición a una mujer por parte del esposo, de salir a determinada hora de la noche, para 'protegerla'", explicó a SEMlac Adriana Cruz Gil, estudiante de psicología.

Cruz Gil estudia en la llamada municipalización de la enseñanza universitaria en Cuba y fue víctima de este tipo de violencia. "Estuve dos años sin estudiar ni hacer nada, porque cuando terminé el preuniversitario quería ser maestra y mi papá no quería. Llegó a decirme que si escogía esa carrera me botaba de la casa porque él no quería ser testigo de cómo yo me desgraciaba la vida", contó.

"Después que empecé a estudiar Psicología fue que entendí que esa también era una forma de maltrato".

La doctora en Ciencias Psicológicas Patricia Arés, jefa del grupo de estudios sobre familia en la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana asevera que, en Cuba, existen "tácticas de educación familiar en el ejercicio de la autoridad donde priman la imposición o la tutela, que, en sus manifestaciones extremas, se traducen en autoritarismo o rechazo y sobreprotección, tolerancia o permisividad".

Todas las actitudes descritas por Arés están comprendidas, de una u otra manera, dentro de la descripción de la violencia psicológica o emocional, considerada mayoritaria dentro de los tipos de agresión que se manifiestan en Cuba.

Una investigación del Grupo de Estudios sobre Familia, del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS), del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), confirma que en el contexto cubano la violencia psicológica "parece ser la más abundante y frecuente".

Ese estudio, realizado en 2006 por un colectivo de autores, fue titulado "Violencia intrafamiliar en Cuba. Aproximaciones a su caracterización y recomendaciones a la política social", e incluye entre las expresiones de violencia psicológica los "gritos, amenazas, humillaciones, ofensas, chantajes, desvalorizaciones"; pero también las "prohibiciones, intimidaciones, imposiciones".

Desarrollado fundamentalmente en Ciudad de la Habana, pero también en Santiago de Cuba, Matanzas y Villa Clara, entre 564 personas, de ellas 366 mujeres y 198 hombres, el informe asevera que el 86 por ciento de las personas encuestadas consideró que "los hijos deben obedecer a sus padres en todo".

Según el texto, "la necesidad de la 'obediencia' total de los hijos refleja el poder asignado al adulto -y especialmente a los padres sobre los hijos/as-, y de la presencia activa de criterios de educación patriarcal, autoritaria, en nuestra población. Ambas ideas constituyen elementos favorecedores de la expresión de conductas violentas".

Otros especialistas, como Mariela Almenares, Isabel Louro y María T. Ortiz, todas con maestrías en Psicología de la Salud aseveran que estos actos no dejan huellas visibles inmediatas, pero sus implicaciones son más trascendentes.

Según coinciden varias investigaciones, entre las consecuencias a largo plazo de este tipo de agresión están la desmoralización de las víctimas, subvaloración de sus capacidades e incluso, sobre todo entre los más jóvenes, la persona puede llegar a convertirse en un ser pasivo, incapaz de emprender proyectos propios.

Nicaragua: Nuevo Código Penal desarma a las mujeres frente a la violencia

Por Sylvia R Torres

Managua, agosto.- Dos importantes derrotas sufrieron las nicaragüenses al entrar en vigencia, el pasado mes, un nuevo Código Penal: se revictimiza a las mujeres objeto de violencia intrafamiliar, al privarlas de la representación de la Fiscalía, pues esa instancia pública no atiende tal delito por considerarlo menor; y se penaliza el aborto, aun cuando peligre la vida de la mujer o el producto del embarazo sea inviable.

Curiosamente, la crítica sobre la desprotección en casos de violencia proviene de una magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la doctora Alba Luz Ramos. Este retroceso echa por la borda los logros alcanzados en la década del noventa, con la aprobación de la Ley 230, que garantizaba a las mujeres medidas cautelares a partir de la denuncia en la Policía.

Según Ramos, quienes saldrán peor paradas, en los casos de violencia intrafamiliar, son las mujeres pobres, ya que, mientras el agresor tiene la posibilidad de contar con un abogado de la Defensoría Pública , ellas no tienen quien las represente, por lo cual quedan en situación de vulnerabilidad.

Para la magistrada, otra carencia del Código es que sólo se castiga la violencia a través de sus secuelas; es decir, se penaliza cuando la víctima resulta lesionada. En su opinión, se debió haber establecido la violencia como un delito autónomo. La legislación anterior establecía la violencia sicológica como delito.

Las denuncias de violencia contra las mujeres han aumentado en los últimos años, en muchos casos con resultados fatales. En lo que va de 2008 se han presentado 48 muertes de mujeres, en tanto otras 60 fueron ultimadas el pasado año.

En el caso del aborto terapéutico o por razones médicas, el nuevo reglamento establece penas de cárcel para las mujeres. En abierta contradicción con el juramento de salvar vidas, se sanciona con prisión y con la suspensión de licencia al personal médico que se involucre en la interrupción de embarazos.

Solamente la bancada del opositor Movimiento Renovador Sandinista propuso una eximente a las penas impuestas sobre el aborto terapéutico, en los casos en que "no existe otro medio posible para salvar la vida de la mujer, siempre que la indicación esté avalada por el consejo médico del hospital respectivo". Apenas 16 diputados respaldaron ese último intento por mantener vigente la existencia del aborto terapéutico en el Código Penal.

La procuradora para la Defensa de los Derechos de la Mujer, Deborah Grandison, también manifestó su preocupación porque en las comunidades indígenas prima el derecho consuetudinario. Según esas normas, todo delito tiene un precio y, en muchos casos, los referidos a violación y abuso se resuelven vía mediación.

Un ejemplo de esto es la "tala mana", una práctica ancestral en las comunidades miskitas, que permite a un agresor pagar su delito con dinero o con ganado. Las sanciones son impuestas por hombres y entregadas a los familiares de la víctima.

De cal y también de arena

Entre los aspectos positivos de la nueva legislación, la magistrada Ramos destacó que delitos contra los derechos sexuales como abusos, parricidio, violación a menores de 13 años, violación agravada, robo y conductas afines serán juzgados por Jueces Técnicos y no por Jurados. En los últimos meses, la opinión pública se ha visto sacudida por casos de impunidad para violadores, incluyendo el de una niña discapacitada.

Otro avance importante, según el director ejecutivo del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Bayardo Izabá, es que los delitos sexuales no prescriben. Con esto, las personas sobrevivientes de abusos podrán ejercer acción legal contra los abusadores, cuando estén en mejores condiciones de recuperación.

De sorpresiva fue calificada la eliminación de la categoría de delito para las relaciones sexuales con personas del mismo sexo, que existía en el antiguo Código Penal. Esta legislación fue utilizada para quitar sus hijos a madres lesbianas.

República Dominicana: La pobreza no puede vencerse sólo con solidaridad

Por Mirta Rodríguez Calderón

Santo Domingo, agosto.- Dos importantes iniciativas tuvieron por escenario la República Dominicana en las últimas semanas: una es el Informe de Desarrollo Humano, que convoca al empoderamiento de la gente, y otra el Observatorio de Políticas Publicas, que acaba de asomar sus juicios al escenario social.

Generado a partir de investigaciones del Centro de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo, el Observatorio aspira a ayudar para que la población incida en el ejercicio del presupuesto nacional, tenga voz en su determinación y estructura; ejerza la crítica y conozca de sus aciertos y desaciertos en relación con las metas esenciales del país y del desarrollo.

El Informe de Desarrollo Humano es un formidable instrumento de valoración de las realidades en que se desenvuelven las personas, una de cuyas tesis sustantivas es que no se puede generar crecimiento -cual es el caso de República Dominicana, cuyo Producto Interno Bruto se ha incrementado como promedio en nueve por ciento anual- reproduciendo la pobreza.

En este país, el 44,5 por ciento de la población vive bajo la línea de pobreza y el 22 en situación de indigencia.

Afincado en esos enunciados y en los resultados de estudios que hizo su equipo de investigaciones en dos barrios paupérrimos de la periferia capitalina, Domingo Savio y La Zurza, la propuesta de creación del Observatorio de Políticas Públicas tiene su punto de partida en la evidencia de que el Estado dominicano no ha brindado suficiente atención a la inversión social, mientras que ha priorizado lo "no social".

En ese contexto, el Centro de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo, fundado por sacerdotes jesuitas que mantienen un vínculo muy estrecho con la cotidianidad de los y las dominicanos, ha realizado numerosas contribuciones a la comprensión de los problemas más acuciantes de la vida nacional.

Aunque las autoridades proclaman una y otra vez su compromiso con la disminución de la pobreza, lo cierto es que esta no retrocede. A estas alturas, hay un sentimiento bastante generalizado de que el país no podrá cumplir con su propia propuesta de las Metas del Milenio para 2015, referidas a la reducción a la mitad del porcentaje de hambrientos, lo que equivaldría a llevarlo a 21,7 por ciento, según la proyección hecha hace un lustro.

Aproximarse a ese propósito reclamaría gastos por 26.244.490 millones de pesos dominicanos, alrededor de 820.140 millones de dólares estadounidenses. Siendo como es la tendencia a dar preferencia a lo no social, el pronóstico no es halagüeño.

Algunos esfuerzos se han hecho, sin embargo. Uno de estos ha sido la introducción de la llamada Tarjeta Solidaridad, un cupón que otorga a 400.000 familias 550 pesos dominicanos (unos 15 dólares) para comprar alimentos, otra cantidad pequeña para garantizar la asistencia de los menores a la escuela y una cifra prácticamente insignificante para subsidiar el gas licuado de petróleo, combustible hasta ahora empleado para cocinar en la mayoría de los hogares.

Aparte de que los estudios del Centro Montalvo dan cuenta de que esos 550 pesos apenas alcanzan para cinco o seis días de los alimentos imprescindibles, el problema del gas se proyecta como una acuciante angustia, en particular para las amas de casa que saben muy bien que con la cuota asignada de seis galones al mes no podrán hacer mucho.

Por si fuera poco, ocurre que el gas para cocinar debe competir en el panorama global con los Bonogás para 24.000 choferes (conductores) de carros públicos, fundamentalmente, que no pudieron seguir consumiendo sólo gasolina y se pasaron al gas.

El tanque de 100 libras de gas alcanza la astronómica cifra de 2.420 pesos, según el semanario Clave. Para una familia de cuatro personas, eso sería comer caliente apenas dos meses. El elemento más convincente para entender la gravedad del asunto estaría dado por el conocimiento de que el salario mínimo oscila entre 5.400 y 7.000 pesos dominicanos mensuales. Un dólar estadounidense equivale a cerca de 35 pesos dominicanos.

De ahí que la sentencia mayor de la presentación del Observatorio de Políticas Públicas como iniciativa para mover y dar elementos a la gente, a fin de incidir en la situación presupuestaria del país y en el destino de los fondos, fue que la pobreza no puede vencerse con Solidaridad, en un evidente juego de palabras entre la noción de ese valor de los pueblos y el nombre de la tarjeta paliativa instituida por el gobierno dominicano.

Las amas de casa con el grito en el cielo

Rosario López y Milagros García son la presidenta y organizadora, respectivamente, de la Asociación de Comités de Amas de Casa, mujeres lúcidas y combativas que saben muy bien lo que está pasando en sus hogares y en los demás.

Entrevistadas para SEMlac, ellas aseguraron que las políticas del gobierno no están ni impactando ni beneficiando a los pobres. La Tarjeta Solidaridad no es mágica y no resuelve el problema. Son 550 pesos y cuando un solo producto, como es el gas, ha tenido un aumento terrible, ¿cómo van a cocinar las amas de casa?, se preguntan.

"Ayer las compañeras de Neyba (unos 260 kilómetros al oeste de Santo Domingo) me decían que ya son pocas las que están usando gas, estamos utilizando leña y carbón. Mientras en otros países se está reforestando, aquí estamos acabando con todo. El gas no se puede seguir viendo como un problema, ni económico ni político solamente. Es un problema social", comenta López.

Las autoridades tienen que priorizar, concuerdan ambas. Dicen que es una crisis mundial. Pero en cada país las autoridades están haciendo cosas. Nosotras, como amas de casa, vamos a defender nuestro derecho. La idea es una movilización a nivel nacional, sin importar clases sociales, porque somos nosotras las que padecemos la peor parte de estas desgracias, señalan.

Explican que los choferes tienen dobles instalaciones: de gasolina y de gas. Pero a las amas de casa no les han dejado alternativas. Ellos van en sus vehículos a cambiar sus tanques. Pero no hay un servicio organizado mediante distribuidoras para que las mujeres no tengan que subirse, a veces embarazadas, en un motorcito destartalado, con el tanque a la cabeza, para ir a buscar el gas… ¿Usted quiere ver pobreza mayor que esa?, preguntan.

Las representantes de las amas de casa expresan con vehemencia su disgusto. República Dominicana presupuestó algo más de 109 millones y medio de pesos para toda la gama de servicios sociales: educación, deportes, salud, asistencia social, viviendas y urbanismo, agua potable y alcantarillado, servicios municipales y seguridad social.

Sin embargo, en este mismo período, los gastos de propaganda gubernamental ascendieron a 187 millones de pesos, cifra dedicada, sobre todo, a la divulgación electoral, específicamente destinada a la reelección del presidente Leonel Fernández.

La mirada de género

Con tal panorama de referencia, es obvio que un Observatorio de Políticas Públicas necesita una mirada de género. Sin embargo, no fue eso lo que más se enfatizó por Jenny Torres, jefa de investigaciones del Juan Montalvo, en la presentación de la importante iniciativa, que puede movilizar la conciencia ciudadana y a la propia ciudadanía.

Por eso SEMLac le preguntó de manera directa:

"No es común que los estudios de este tipo tengan perspectiva de género, aunque el Observatorio sí la tendrá... No me gusta llamarles a las mujeres grupos vulnerables porque no es que seamos vulnerables per se, aunque es indiscutible que en todo lo que puede decirse en este análisis se manifiesta claramente el peso que tiene la situación del hambre sobre las mujeres, en particular el hambre de las pobres, porque la vida se les está hace insostenible", dijo.

"Estamos siendo muy injustos cuando decimos que la mujer es la que administra, la que distribuye. Porque con la Tarjeta Solidaridad pasa que está a nombre del varón de la familia, pero es ella quien lleva la corresponsabilidad. Y de repente, también se le hace culpable de lo que pasa. Y las mujeres se preguntan: ¿y dónde está mi vida? Yo, persona, ser humano, qué papel juego y qué situación tengo"

La socióloga también expresó a SEMlac que la pobreza no puede medirse en niveles de ingresos, sino en cómo hacer para potenciar el capital humano y romper la reproducción intergeneracional de la pobreza misma. "Por eso, tenemos que observar el presupuesto, exigir y ayudar porque, como sociedad civil, no queremos gobernar, sino que nos gobiernen bien".

Guatemala: Prueba de ADN para comprobar paternidad

Por Alba Trejo

Guatemala, agosto.- Se buscan padres responsables. Ese es el mensaje que envió el presidente de Guatemala, Álvaro Colom, a la población masculina, al sancionar una ley mediante la cual, para probar la paternidad de un hombre, no se admitirá otra prueba legal que no sea la molecular genética del Acido Desoxirribonucleico (ADN).

Si el hombre se opone a practicarse la prueba, que será ordenada por un juez, su negativa se tendrá como prueba de la paternidad, advirtió el mandatario.

Para Álvaro Colom, esta ley ha sido reformada con vistas a favorecer a las mujeres, quienes tenían que atravesar un proceso largo, desgastante, e incluso vergonzoso, para comprobar que su pareja era el padre de su hijo, señaló Sonia Escobedo, directora de la Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM).

"La familia es importante y con esta ley estamos dando el primer paso para rescatar el tejido social" y "estamos siendo solidarios con muchas mujeres que se encuentran en una situación difícil", señaló Álvaro Colom.

El presidente dijo, además, que esta reforma a la ley de paternidad será también un disuasivo para los jóvenes y que se reduzcan los embarazos entre los adolescentes, los cuales conforman el 60 por ciento de la población de 14 millones de habitantes.

Según datos de la Asociación de Mujeres Médicas de Guatemala (AMMG), en este país centroamericano ocurren al año 114 nacimientos por cada 1.000 mujeres de 15 a 19 años de edad.

En el área urbana, una mujer suele tener de tres a cuatro hijos promedio, mientras que en el área rural ese número se eleva a 6,1 hijos por mujer, ello debido a que la gran mayoría de guatemaltecas inician una unión antes de cumplir los 20 años de edad.

Eso es consecuencia de que solo una de cada cuatro mujeres de 15 a 24 años ha recibido instrucción sobre anticoncepción, mediante charlas o cursos, destaca la Asociación, que realizó un estudio sobre la maternidad temprana en Guatemala.

De acuerdo con cifras estimadas por el gobierno, el 19 por ciento de las mujeres del área urbana atraviesan por el problema del reconocimiento de un hijo por parte del padre; sin embargo, la situación se agrava en el área rural, donde 24 por ciento de la población femenina se embaraza de hombres que no quieren compartir la responsabilidad.

En opinión de los grupos de derechos de las mujeres, que estuvieron presentes en el acto donde se sancionó la ley, este es un momento histórico en la vida de las guatemaltecas, porque de ahora en adelante su compañero ya no podrá evadir la paternidad. La prueba de ADN podrá ser practicada en el país o en el extranjero.

La no gubernamental Asociación Pro Bienestar de la Familia (APROFAM), que se dedica a brindar educación sexual y reproductiva a los jóvenes de este país, refiere que la paternidad irresponsable es una de las causantes de los abortos clandestinos, de ahí que el Ministerio de Salud Pública reporte, al menos, 65.000 casos al año en Guatemala.

Colombia: Píldora sí, pero con receta médica

Por Ángela Castellanos

Bogotá, agosto.- Una vez más, la Píldora de Anticoncepción de Emergencia (PAE) es tema de juristas en América Latina. El Consejo de Estado, una de las altas cortes judiciales de Colombia, acaba de ratificar su carácter no abortivo y decidió mantener su registro sanitario.

En 2000, Invima, el ente encargado del control de los productos farmacéuticos en Colombia, expidió una resolución mediante la cual aprobó el registro sanitario de la PAE y autorizó su distribución con receta médica por Profamilia, entidad privada especializada en salud sexual y reproductiva.

La PAE, o píldora del día después, es un método de anticoncepción basado en la hormona levonorgestrel, que las mujeres pueden usar como respaldo y, en caso de emergencia, dentro de las 72 horas posteriores a una relación sexual sin protección, o en la que ha fallado el método anticonceptivo empleado.

Según la más reciente Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, que realiza periódicamente Profamilia, anualmente se producen cerca de 600.000 embarazos no deseados en Colombia.

La resolución fue demandada por el ciudadano Carlos Humberto Gómez Arambula, con el argumento de que la PAE es abortiva, debido -según dijo en su alegato- a "los efectos de este medicamento en el proceso de embarazo y de formación de una vida humana, en el sentido de que actúa después de la fertilización y antes de la anidación, de modo que la impide en la capa mucosa que recubre el útero, al encontrar el óvulo que ya ha sido fertilizado".

A juicio de Gómez Arambula, ese proceso causa "la muerte a la vida humana producto de la unión del espermatozoide masculino y el óvulo femenino antes de llegar al útero materno; luego suprime deliberadamente la vida humana en sus fases iniciales, desconociendo el derecho a la vida de todo ser humano desde la concepción y hasta su muerte natural".

La demanda fue resuelta el mes pasado por el alto tribunal, el cual, al no encontrar "nuevas evidencias científicas" probatorias de los argumentos del demandante, ratificó la resolución de Invima, que concedió a Profamilia la autorización para importar y comercializar la llamada píldora del día después.

Esta ratificación está en concordancia con la Organización Mundial de la Salud, la cual ha declarado que "se ha demostrado que las píldoras anticonceptivas de emergencia que contienen levonorgestrel previenen la ovulación y que no tienen un efecto detectable sobre el endometrio (revestimiento interno del útero) o en los niveles de progesterona, cuando son administradas después de la ovulación. Las PAE no son eficaces una vez que el proceso de implantación se ha iniciado y no provocarán un aborto".

No obstante, luego de que el Consejo de Estado ratificara el registro sanitario para este fármaco, el Invima advirtió que este método de anticoncepción no es de venta libre y su distribución debe realizarse bajo fórmula médica. Desde el año 2000, cuando Invima otorgó el registro sanitario, condicionó su acceso a la receta médica.

"En ese momento, Profamilia le solicitó retirar este requerimiento pues, desde 1996, este medicamento se declaró internacionalmente libre de contraindicaciones médicas. Pero Invima lo mantuvo, argumentando que consultar a un médico garantizaría que la usuaria fuera informada sobre la PAE y, principalmente, acerca de que este método no debe ser usado de manera frecuente ni sirve para prevenir el contagio de enfermedades de transmisión sexual", explicó a SEMlac Juan Carlos Vargas, asesor científico de Profamilia.

La condicionante de la fórmula médica podría considerarse un obstáculo para el uso efectivo de la PAE por parte de las colombianas, pero en realidad esta se puede conseguir, sin receta, en muchas farmacias del país.

Si bien el Postinor-2 es distribuido exclusivamente por Profamilia en sus centros, donde las mujeres son atendidas sin cita previa y reciben consejería médica y la receta para la PAE, han aparecido otras marcas, como el Post-Date -producido por un laboratorio colombiano-, que están siendo comercializadas en algunas farmacias, sin prescripción médica.

La Fundación Oriéntame, una organización especializada en salud sexual y reproductiva, distribuye y brinda asesoría sobre la PAE.

"En general, hay mucho desconocimiento sobre la anticoncepción de emergencia, todavía hay muchos prejuicios sobre si es o no abortiva, así como un sinfín de creencias sobre sus formas de uso, lo que hace que muchas mujeres la estén usando erróneamente", expresó a SEMlac Camila Umaña, de la Fundación Oriéntame.

"A su vez, creo que el acceso en las regiones (alejadas de las ciudades principales) es bastante bajo, ya que hay muy pocos prestadores (de servicios de salud) que efectivamente estén ofreciendo y entregando este medicamento sin prejuicios o barreras", añadió.

La inserción de la PAE en el sistema nacional de salud es mucho más reciente y tímida. Actualmente el Protocolo de Atención a Mujeres Víctimas de Abuso Sexual contempla su entrega.

"Esto implica que toda mujer que haya sido violada y que acuda a un servicio de salud -público o privado- con una denuncia de violación, en el término de tiempo permitido, no sólo debe ser informada sobre la PAE, sino que tiene el derecho a exigirla", aclaró a SEMlac Paola Quiñones, abogada de Profamilia.

Sin embargo, este derecho, que es bienvenido, no se cumple en la realidad, ya que las mujeres víctimas de abuso sexual temen presentar denuncias y la probabilidad de que lo hagan y, además, acudan al servicio de salud es muy escasa.

En varios países de la región, la PAE es distribuida en el sistema de salud y en algunos casos de manera gratuita. Sin embargo, también en otras naciones de América Latina ha habido intentos -fallidos y exitosos- de revocar el acceso a ella.

El 4 de abril pasado, la Corte Constitucional de Chile prohibió la libre distribución de la píldora del día después en el sistema público de Salud. En Argentina, una sentencia de la justicia federal estuvo cerca de detener su distribución, pero su acceso se mantuvo.

En general, en la región, la píldora del día después ha tenido serios debates jurídicos, debido a que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o Pacto de San José de Costa Rica, establece en su artículo 4 que el derecho a la vida debe ser respetado y garantizado "desde el momento de la concepción".

Argentina: XXIII Encuentro Nacional de Mujeres: críticas a la presidenta

Por Norma Loto

Buenos Aires, agosto.- Como viene sucediendo hace 23 años, se realizó el Encuentro Nacional de Mujeres durante los días 16,17 y 18 de agosto, que este año tuvo como sede, por segunda vez, a Neuquén, provincia ubicada al sur de la Argentina.

Allí se reunieron cerca de 15.000 mujeres de todos los movimientos sociales y sindicales, de las organizaciones de mujeres y feministas provenientes de diferentes puntos del país.

El primer encuentro se realizó en Buenos Aires, en 1986, por impulso de las que habían participado en Kenia de la clausura de la Década de la Mujer y que se auto convocaron para tratar la problemática de las argentinas.

Así, en pos este objetivo, desde hace más de dos décadas las argentinas se reúnen año tras año en diferentes puntos del país.

Merced a estos encuentros nacionales se logró avanzar sobre algunas deudas históricas que la sociedad y el Estado tienen con la mujer, por ejemplo, varias leyes: la del divorcio vincular, la de cupo, la de salud sexual y reproductiva y la referida a la ligadura de trompas, entre otras.

El evento contó con 55 talleres de diferentes temáticas, entre ellas: aborto, trata, familias, trabajo y desocupación, lesbianismo y divergencia sexual religiones, tercera edad, barrios y maltrato, entre otros, pero fue la trata de personas el que obtuvo mayor concurrencia y reflexión.

La periodista neuquina Ana Claudia Vaughan, coordinadora de la red con perspectiva de género Patagonia Ciber Fem, comentó: "Hubo reflexión y elaboración de conclusiones en los talleres; y la mayoría tuvo dinámicas interesantes, pero como sucede en estos encuentros abiertos, a veces se vuelve sobre debates superados".

Esta es la primera vez que se realiza el evento durante la gestión presidencial de una mujer, pero esto no fue un aspecto evaluado a favor de los derechos que las mujeres vienen reclamando desde hace décadas.

En este sentido, el documento de la Comisión Organizadora del 23 Encuentro, manifiesta que la gestión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchnner no es esperanzadora para las argentinas. "Ella no sólo quiere mantener la violencia contra las mujeres, sino que se comprometió ante el Vaticano a sostener la clandestinidad del aborto"

También criticaron las políticas económicas que perjudican a quienes menos tienen porque "garantiza a los empresarios mejores condiciones para hacer negocios en el país; viene profundizando los acuerdos con empresarios y sindicalistas, para contener las luchas de las y los trabajadoras/es e imponer topes salariales. No queremos que las mujeres ocupen cargos para aplicar las políticas patriarcales del gran capital", continúa el documento.

En otro punto del texto subrayan la oposición a los sistemas que construyen históricas jerarquías, opresiones y subordinaciones que hacen de la mujer objeto de derecho.

"Quienes encarnan estos poderes no son anónimos —afirma la declaración—, tienen nombre y apellido y se encuentran instalados en el gobierno nacional y provincial, pero también en las corporaciones judiciales, médicas y muchas veces periodísticas, que se hacen eco del fundamentalismo eclesiástico que pretende continuar dirigiendo los cuerpos y las vidas de las mujeres".

Durante la segunda jornada de este evento, se realizó la habitual marcha en la cual las mujeres recorren los principales puntos de la ciudad en la que se congregan. Esta manifestación contó con los clásicos y coloridos cánticos y consignas alusivas a sus derechos.

En la manifestación también pidieron la condena del ex gobernador de Neuquén, Jorge Sobisch, considerado responsable político de la muerte del maestro Carlos Fuentealba, asesinado por la represión policial en 2007, cuando reclamaba junto a sus compañeros por los derechos laborales de los docentes de esa provincia.

La marcha de estos encuentros es el momento en que más se visibilizan los reclamos de las mujeres. Las participantes caminan por los puntos más importantes de la ciudad, esos lugares que, más allá de la arquitectura urbana, simbolizan el poder patriarcal.

Por eso, uno de los puntos elegidos suele ser la Catedral. En esta ocasión, el templo neuquino fue "protegido" por un cordón humano, integrado por grupos ultra católicos que lloraban y rezaban indignados por lo que ellos consideran desnaturalizados reclamos de las mujeres.

Estas actitudes de los ultra católicos son habituales, casi folclóricas en estos encuentros. Sin embargo, el evento fue un éxito y la próxima sede, para 2009, será la norteña provincia de Tucumán.

Cuba: Fay, tormenta de daños menores

Por Raquel Sierra

La Habana, agosto.- La tormenta tropical Fay atravesó Cuba el 18 de agosto de sur a norte, por la occidental provincia de Matanzas, durante pocas horas. Sin embargo, las lluvias acompañantes se quedaron por algún tiempo más y provocaron daños en unas 500 viviendas.

Aunque la cifra es inferior a la de otros eventos de esta naturaleza, las pérdidas se convierten en una preocupación para cada una de las familias que ve cómo el agua arrasa con sus pertenencias. No obstante, el país no tuvo que lamentar ninguna muerte.

El poblado de Falcón, en la central provincia de Villa Clara, con 1.300 viviendas y unos 5.700 habitantes, fue el más perjudicado: las inundaciones causaron 16 derrumbes totales de viviendas y siete parciales.

"Las aguas se llevaron ropas, víveres, animales domésticos y equipos electrodomésticos", indicaron preliminarmente autoridades locales.

"Como a las seis de la mañana comenzó a entrar el agua. En una hora, llegaba al techo", cuenta un residente de 70 años, que perdió la casa donde vivía, desde hace años, con su esposa de 67 años.

Miriam Sarduy, revela un medio digital, incitó a sus vecinos a correr hacia una loma cercana para preservar la vida. Según relató, "la lluvia comenzó pasada la una de la madrugada y mucha gente despertó con el agua en la rodilla, era increíble lo que estaba ocurriendo".

Hubo que sacar gente utilizando una goma de camión halada por una soga y un grupo que quedó aislado fue rescatado por un equipo de salvamento de las fuerzas del Ministerio del Interior, agregó.

Los más viejos del lugar no recuerdan un desbordamiento tan inusitado de los ríos Jagüeyes y Sagua la Chica, que atraviesan el asentamiento y que, esta vez, dejaron bajo agua a más de 200 viviendas del poblado, debido a la crecida de sus afluentes por la intensidad de las precipitaciones en zonas aledañas, más de 200 milímetros en cuatro horas.

José Rubiera, jefe del Departamento de Pronósticos del Instituto de Meteorología, había vaticinado que las consecuencias más importantes de Fay serían las precipitaciones y las posibles inundaciones costeras en zonas bajas.

Reportes de la televisión nacional indicaron el día 21 que las provincias más beneficiadas por las lluvias de esta tormenta tropical habían sido las centrales de Villa Clara y Sancti Spíritus.

Autoridades locales dijeron que, aunque el panorama aún es sobrecogedor, los damnificados no quedaron desamparados: en 48 horas fue restablecido el servicio eléctrico y se inició la entrega de materiales de construcción, para que las personas puedan rehacer sus casas, distantes de la ribera del río.

En visita por el territorio, el día 18, el vicepresidente cubano Carlos Lage señaló "que el país está en condiciones de atender perfectamente los problemas que se han originado" por el paso del ciclón.

En un reporte del telediario local, Lage aseguró que "en una situación como esta (de pocas pérdidas) la respuesta puede ser más inmediata".

Datos preliminares indicaron que en el archipiélago se registraron daños en cultivos, carreteras, red telefónica y techos de viviendas, aunque la cuantía fue muy inferior a fenómenos de años anteriores.

Una vez decretada la fase de normalidad, la Defensa Civil orientó la devolución a sus hogares de los evacuados de las zonas de mayor peligro, por inundaciones y otros fenómenos; así como el restablecimiento normal de las actividades, entre ellas la transportación de pasajeros pro vía marítima y aérea.

Con Fay, por primera vez se empleó en la evacuación el término racionalidad, es decir, que no se hicieran movimientos masivos de personas como en tormentas anteriores, sino que se trasladaron solamente las personas cuyas vidas podrían estar en riesgo por peligro de inundación o derrumbe.

La isla, que tiene un sistema de prevención reconocido por su eficacia a nivel internacional, fue azotada el año pasado por dos tormentas tropicales, entre ellas Noel, con unos 30.000 evacuados y serios destrozos en más de 3.500 viviendas, vías férreas, carreteras, y cultivos. También sufrió el paso del huracán Dean, que obligó a evacuar unas 630.000 personas como prevención.

Fay fue la sexta tormenta en la temporada del Atlántico y la primera que sufrió Cuba. Según reportes, el fenómeno atmosférico causó al menos 54 muertes a su paso por Haití y la República Dominicana y otras dos en Jamaica.

Tras abandonar Cuba, Fay se dirigió a la Florida, donde descargó intensos aguaceros en ese Estado, adonde regresó en tres ocasiones durante la semana, según el Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos.

Durante la presente temporada atlántica, que comenzó el primero de junio y concluye el 30 de noviembre, se han formado seis tormentas tropicales, dos de las cuales se transformaron en huracanes.

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