Reportajes y noticias de SEMlac

Del 17 al 23 de marzo de 2008

 

 

Cambio climático: Preparándonos para el fin del mundo

Por Zoraida Portillo

 

Lima, marzo.- Hace 20 años, el proyecto parecía un argumento para una película de ciencia ficción. Hoy se inserta plenamente en la realidad de un planeta amenazado por el hambre, las guerras, el cambio climático y la posibilidad real de perder sus fuentes de sustento.

 

El pasado 26 de febrero se inauguró, en el ártico de Noruega, la Bóveda Mundial de Semillas, un ambicioso proyecto de casi 10 millones de dólares que, hasta el momento, ha recibido 268 000 muestras de semillas de más de un centenar de países. Ideado para durar mil años, en la práctica su tiempo de vida podría ser más corto, si se cumplen las predicciones sobre el calentamiento global.

 

“Se han tomado todas las precauciones para evitar que el desglaciamiento del Ártico lo afecte. Por ejemplo, el túnel más profundo está a 120 metros sobre el nivel del mar, de modo que no se inunde, aun cuando el nivel del mar aumente en las próximas décadas debido al calentamiento global”, dice a SEMlac María Scurrah, genetista vegetal peruana y la única mujer latinoamericana invitada a dar una charla en la ceremonia de inauguración.

 

Su intervención versó sobre Biodiversidad y Seguridad Alimentaria, temas a los que, junto con los derechos de los agricultores, ha dedicado su vida, y estrechamente vinculados con la bóveda global. “Su creación forma parte de un esfuerzo sin precedentes para proteger la pérdida creciente de diversidad biológica del planeta”, explica.

 

La diversidad es la base biológica de la agricultura. Es la culminación de miles de años de evolución vegetal y de selecciones naturales y humanas que se remontan a la etapa neolítica. Pero, al mismo tiempo, es la promesa para el futuro: la diversidad de cultivos y de especies garantiza que los mejoradores de plantas y los agricultores cuenten con el material biológico necesario para perfeccionar y adaptar los cultivos a la escasez de agua, los cambios climáticos, las nuevas plagas y enfermedades, la fortificación nutricional y muchas otras necesidades que puedan presentarse en los años venideros.

 

“Sin temor a equivocarme, podría decir que la biodiversidad es el recurso más preciado de la humanidad, pues de ella depende nuestra alimentación, nuestra nutrición, la salud. De cómo usemos la biodiversidad depende, en última instancia, nuestro bienestar económico o el continuar viviendo en la pobreza”, reflexiona esta connotada científica que dirige la ONG Yanapai, en los Andes centrales del Perú.

 

Contrariamente a lo que pudiera suponerse, la agricultura mundial depende de unos pocos cultivos: alrededor de 150 tienen significado a escala global, pero sólo doce especies vegetales representan lo esencial de la alimentación humana. Una especie puede contar con decenas, cientos o miles de variedades, como en el caso de la papa y el maíz, por ejemplo, dos cultivos alimenticios básicos, oriundos de América, que cuentan con miles de variedades adaptadas a diversos climas y regiones del mundo.

 

El propósito de la bóveda es, precisamente, proporcionar un ambiente seguro que preserve la diversidad biológica del planeta, tanto contra catástrofes naturales como sociales que conlleven a la pérdida de la diversidad de los cultivos, un tema crucial, especialmente para los países en desarrollo.

 

En junio de 2007, durante la reunión de naciones industrializadas, el llamado G-8, los científicos advirtieron que las dos terceras partes de las especies silvestres del mundo estarán extintas para 2100, debido a la acelerada destrucción de sus hábitats y el cambio climático.

 

Asimismo, advirtieron que la subsecuente explosión de plagas y enfermedades y la pérdida de polinización tendrán devastadoras consecuencias para la agricultura. Por su parte, el Fondo de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) asegura que 75 por ciento de la diversidad genética de los cultivos agrícolas ya se ha perdido.

 

“La diversidad biológica puede perderse por diversos motivos”, señala Scurrah y recuerda que, por ejemplo, durante la guerra de Iraq, se destruyó el banco genético de Abu Ghraib, que contenía semillas de variedades ancestrales de trigo, lentejas, habas y otros cultivos oriundos de Mesopotamia.

 

Lo mismo sucedió en Afganistán, durante el gobierno talibán. Felizmente, en ambos casos existía un duplicado de esas muestras en el Centro Internacional para las Investigaciones Agrícolas en las Zonas Áridas (ICARDA), en Aleppo, Siria.

 

Algo parecido ocurrió en Perú, durante la década del ochenta, cuando, por efecto de la subversión, poblaciones enteras fueron obligadas a desplazarse a otros lugares y los cultivos de papas nativas se perdieron. Terminado el conflicto, los pobladores pudieron recuperar muestras de esas papas en el banco genético del Centro Internacional de la Papa (CIP) en Lima y volverlas a sembrar en sus lugares de origen.

 

De ese mismo banco han salido rumbo a Nicaragua, Honduras e incluso a la Indonesia devastada por el tsunami, semillas de camote que han ayudado a restaurar los campos y han brindado alimentación a poblaciones afectadas por la hambruna.

 

Los anteriores son ejemplos del papel que cumplen en la actualidad los llamados bancos genéticos, en los cuales se conservan, en estado de congelación y debidamente empacadas, semillas de diferentes cultivos y, en ciertos casos, partes de plantas o plantas completas.

 

Se supone que cada país tiene bancos genéticos pero, especialmente en el Tercer Mundo, ello no es así. Se estima que por lo menos la mitad de los bancos genéticos nacionales de los países en desarrollo son inviables, la mayor parte de las veces porque los gastos de mantenimiento son muy altos.

 

Los esfuerzos por construir una bóveda global de semillas datan de la década del ochenta del siglo pasado. El Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional (CGIAR en inglés) fue uno de los primeros organismos en advertir la necesidad de crear un depósito global, rodeado de todas las seguridades, que preserve durante siglos la diversidad biológica del planeta.

 

Los centros del CGIAR mantienen en custodia para la humanidad, por encargo de la FAO, un conjunto de bancos genéticos distribuidos en los 15 centros con que cuenta alrededor del mundo, como el del maíz en México o el de arroz en Filipinas. Tanto ICARDA como el CIP pertenecen al CGIAR.

 

En los ochenta no existían regulaciones internacionales referentes al intercambio de semillas entre países y se debatía acaloradamente sobre los derechos que corresponden a los agricultores que han preservado y mantenido la biodiversidad en sus zonas de origen, por lo que la iniciativa durmió casi dos décadas.

 

Fue recientemente, con el Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura —sucrito por la FAO en 2004 y por más de cien países hasta la fecha—, que el proyecto obtuvo el marco jurídico internacional necesario para llevarse a cabo, bajo el patrocinio del gobierno noruego, conjuntamente con el Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos y el Banco Genético Nórdico.

 

“Noruega no sólo aportó el financiamiento de la construcción, sino que desde su inauguración está destinando el dos por ciento de todas las ventas de semilla a la distribución equitativa de beneficios contemplada en el Tratado Internacional”, informa Scurrah. Durante la ceremonia, el primer ministro noruego, Jens Stoltenberg, dijo que esa decisión “era justa y ética”.

 

La bóveda ha sido bautizada como “arca de Noé vegetal” o “bóveda del fin del mundo”. Pero, para los invitados a su apertura, entre los que se encontraba la Premio Nobel de la Paz 2004, la keniana Wangari Maathai, se trata de una “póliza que salvaguarda la vida en el mundo”.

 

Cómo es, dónde está

La bóveda está ubicada en el punto más lejano del planeta hasta donde puede llegar un vuelo comercial, a 78º de latitud norte, en la villa de Longyearbyen, Svalbard, un territorio donde, a decir de Scurrah, “los picos nevados, el color de la luz y la yuxtaposición de las montañas y el mar crean una atmósfera mágica, inenarrable”.

 

Esa sensación continúa al llegar a la bóveda, donde un enorme, pero artístico portal, visible desde la distancia, anuncia a los visitantes que están a punto de ingresar al futuro. “Me sentía protagonista de la Guerra de las Galaxias”, bromea nuestra entrevistada.

 

El portal fue diseñado por la artista noruega Dyeke Sanne, quien mezcló vidrios triangulares de alta reflectividad con acero que, en combinación con otros elementos refractivos —como espejos dicroicos y prismas—, creó una obra monumental, que permanecerá iluminada durante la larga noche polar.

 

Al traspasar el portal, se ingresa a un túnel de concreto de 120 metros de largo, que conduce a las entrañas de la montaña, en pleno permafrost ártico o subsuelo terrestre congelado, donde se hallan los tres grandes almacenes de semillas que, en conjunto, serán capaces de almacenar cuatro millones y medio de diversas variedades de semillas, suficientes para proteger toda la biodiversidad existente. Tendrá una temperatura de -18ºC, que permitirá la supervivencia de las semillas por cientos de años.

 

La bóveda no usará ningún tipo de energía y ha sido construida para resistir un ataque con misiles o la caída de un avión. Su seguridad se espera que sea inexpugnable. Su puerta blindada de acero tendrá un sensor especial para detectar la presencia de osos polares. Se estima que en Svalbard viven unos 3.000 osos. No estará abierta al público.

 

Si bien la bóveda está ubicada en territorio noruego, sus semillas mantendrán la propiedad del país que las remita, que tendrá derecho a usarlas sólo en caso de perder sus bancos genéticos. Ninguna nación podrá usar las semillas de otro. En la bóveda no se almacenarán semillas de organismos genéticamente modificados, ni de plantas medicinales o árboles frutales.

 

Y mientras nos muestra fotos y más fotos, Scurrah tiene sentimientos encontrados: “con esta bóveda estamos mejor preparados para enfrentar el cambio climático”, dice, pero confiesa que esa posibilidad la asusta.

 

En Svalbard se vive dramáticamente ese cambio: “tradicionalmente el mar se helaba entre octubre y mayo, y ningún barco podía entrar. En cambio, nosotros estuvimos en febrero y todo era agua, no había hielo”, relata.

 

“Eso les da pánico a los noruegos porque, cuando hay hielo, los rayos solares son reflejados y no entra el calor. Pero, si en vez de hielo hay agua, los rayos se absorben y eso trae graves consecuencias: mientras más agua hay, más se calienta el fiordo” (valle que un glaciar ha hecho más profundo y que está cubierto de agua dulce).

 

“Eso comenzó en 2007 y, cuando me lo contaban, no podía sino pensar en nuestros glaciares de los Andes, que han comenzado un proceso irreversible de derretimiento. Entonces me pregunto hasta qué punto estamos preparados para el cambio climático”, concluye con un velo de tristeza en la voz.

 

 

Cambio climático: ¿Momentos de desolación o de esperanza?

Por Mirta Rodríguez Calderón

 

Santo Domingo, marzo.- Mientras en Noruega se inaugura la bóveda global de semillas, o Bóveda del Fin del Mundo, como ha sido bautizada por la prensa, en los foros internacionales se multiplican las palabras sobre los desastres ambientales provocadores del cambio climático en todos los continentes.

 

En Latinoamérica y el Caribe las poblaciones padecen sus efectos sin que existan suficientes acciones ni políticas públicas, tanto para afrontar el problema como para paliar sus efectos en la naturaleza y en la gente.

 

Durante la problemática Cumbre de Bali, en diciembre pasado, Estados Unidos fue compulsado a declarar un compromiso de contención de las emanaciones de dióxido de carbono (CO2), si bien ese país se negó rotundamente a fijar entre 25 y 40 por ciento la disminución para 2020, como era la voluntad mayoritaria del cónclave.

 

Discursos y empeños

En las últimas semanas se produjeron la Cumbre del Grupo de Río en República Dominicana, que aprobó una Resolución sobre el cambio climático; y el encuentro de la Unión Europea en Bruselas. En este mes de marzo habrá reuniones en Lima para Latinoamérica, y en Honduras para analizar las situaciones de República Dominicana y Centroamérica.

 

El objetivo de las propuestas que están en juego es, entre otros, presionar el compromiso de que los países desarrollados reduzcan sus emisiones de dióxido de carbono y que, para 2020, el 20 por ciento del consumo energético proceda de fuentes renovables.

 

Una y otra vez aflora en todos lados la necesidad de extremar la solidaridad “con los países afectados”, situación de las que pocos escapan: Lluvias torrenciales en los estados mexicanos de Tabasco y Chiapas, tormentas en Cuba, Honduras, Nicaragua, Venezuela, República Dominicana, más los fenómenos telúricos que azotaron a Perú y Chile, agregan agua y desolación a Bolivia, Ecuador y Argentina, donde “la Niña” ha actuado cruelmente.

 

En el epicentro de todas esas tragedias han estado las mujeres. Son sus rostros y sus llantos los que han ilustrado las noticias, sus casas y sus enseres domésticos perdidos, sus hijos e hijas enfermos.

 

Lo más contundente de todo lo que pueda singularizarse para dibujar el panorama es que el cambio no parece reversible, pero muchas de sus desventajas pueden paliarse con políticas de mitigación para los daños y de previsión de los riesgos.

 

Para la mayoría de quienes están inmersos e inmersas en esta lucha tenaz, lo esencial es educar a las personas y generar las estructuras e investigaciones que encaucen las brújulas de la acción hacia donde es posible y viable orientarlas.

 

En República Dominicana

En esa dirección trabaja, en República Dominicana, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, donde existe un Proyecto de Cambio Climático que acumula algunas buenas razones en su haber.

 

El ingeniero ecologista Juan Mancebo, autor de numerosos ensayos y reportes de investigación sobre la realidad dominicana en el contexto del cambio climático, es el coordinador de esta área.

 

Mancebo explicó a SEMlac que el efecto invernadero o calentamiento resultante de las emanaciones de gases es natural. Sin él, la temperatura de la Tierra sería de 18 grados bajo cero, pero señaló que el uso intensivo de combustibles fósiles en la industria y el transporte han producido sensibles incrementos en las cantidades que van a parar a la atmósfera.

 

La deforestación disminuye las posibilidades para eliminar los gases causantes que son, además del dióxido de carbono, el metano, óxidos de nitrógeno, ozono y clorofluorocarburos artificiales, creados por los seres humanos. Más el vapor de agua.

 

El país ha medido sus emisiones de gases “que representaban en la pasada década el 0,010 por ciento de las emisiones globales, una incidencia mínima en el cambio climático global, refiere el ambientalista.

 

“Tenemos un compendio de datos sobre casi todos los problemas a observar; y se ha rendido una Primera Comunicación Nacional, compromiso derivado del Protocolo de Kyoto que implica al Estado firmante y proyecta los esfuerzos hacia la región”, señaló.

 

“Mi intranquilidad mayor es la falta de educación de la gente sobre lo que todo esto significa, y la insuficiente responsabilidad de las industrias, aunque hemos conseguido que algunas empresas empiecen a producir cambios en la energía que utilizan”, comentó.

 

“Estamos desarrollando en Montecristi (unos 300 kilómetros al noroeste de la capital) generadores de energía eólica, y una de las empresas eléctricas está construyendo en la frontera con Haití dos presas para producir energía hidráulica. Se está auspiciando la sustitución de dos millones de bombillos, que serán cinco millones en el 2010, para promover ahorro de energía…”, dijo Mancebo a SEMlac.

 

Pero los costos de cualquier programa que tienda a frenar en lo posible las consecuencias del cambio climático son altísimos, si bien resultan más altas las de la imprevisión.

 

Familias que quedaron sin nada tras el paso del huracán George, de 1998, están todavía pendientes de recuperar su calidad de vida. Esa lista se suma a las víctimas de desastres posteriores, el más reciente de los cuales fueron las inundaciones del huracán Noel, que produjo aquí 238 muertes y centenares de desalojados de su medio.

 

Los daños previsibles

Como país tropical, de lluvias, mucho sol y extensas áreas costeras, para República Dominicana todos los descuidos con respecto al medio ambiente significan daños.

 

En el área de la salud, aumentan la malaria y el dengue; en la agricultura se ven afectados los cultivos de papa, maíz y arroz, los bosques y su biodiversidad; la deforestación acaba con los ríos y éstos con la capa vegetal, sin contar la piratería en la extracción indiscriminada de arena tanto de los ríos como del mar.

 

“De producirse un incremento en el nivel del mar, desaparecerían las zonas costeras más bajas, se erosionarían las playas, desaparecerían manglares. Esto provocaría un daño importante a las zonas turísticas y disminuirían los recursos hídricos, aumentando la vulnerabilidad a enfermedades y provocando pérdidas de la flora y la fauna”, afirma a SEMlac el ingeniero Mancebo.

 

El inventario de dificultades y desgracias, que los atentados a la naturaleza traen consigo, se multiplica en centenares de aspectos imposibles de abarcar.

 

El ciudadano de a pie se preocupa

Lo esperanzador es que hay mucha gente consciente, personas sencillas como el líder forestal comunitario Florencio Osoria, quien trabaja en la Reserva Científica de Guaconejos, al nordeste de República Dominicana, cerca de Nagua, donde también hace su labor Ramona Cabrera.

 

El correr de 48 ríos cristalinos se estrecha en una confluencia mágica en belleza que la naturaleza depositó en esa región. Con ese ruido de fondo, Osoria refiere: “Nosotros nos preocupamos de este río y cuidamos que no se corten las plantas porque son las que impiden que la tierra se desrisque. Hay voluntarios vigilantes para que no tumben esos palos. Aquí los rayos solares bajan de golpe y se evapora el agua que es lo principal que nosotros cuidamos. El agua es lo que da vida para la agricultura, los animales, nosotros… Hay plantas medicinales, maderables, especies de aves, reptiles… Cuando el río se calienta y se evapora, la vida se va con eso”.

 

El lenguaje de Osoria lo comprende y comparte la militante del movimiento de mujeres Ramona Cabrera, una trabajadora de la Reserva que se ocupa de las instalaciones para la capacitación y para el turismo. Ella también se angustia porque “no hay recursos para capacitar y dar alimento a quienes podrían recibir los cursos y entrenamientos. Porque la educación la damos gratis, pero el transporte y el sostén hay que buscarlo”.

 

En República Dominicana, una ley sanciona los atentados al medio ambiente y establece normas para mitigar los efectos del cambio climático. “Pero aquí los gobiernos no son fuertes en esto y hay mucha complicidad de autoridades”, cuentan Ramona y Osoria. “Nosotros denunciamos a quienes vienen a llevarse la arena o a sacar palo para estacas, pero no duran ni un rato en el cuartel, porque los políticos los protegen”.

 

Así las cosas, por todos lados rondan juntas la desolación y la esperanza.

 

 

México: Contaminación que cobra vidas

Por Alicia Yolanda Reyes

 

Guadalajara, México, febrero.- Miguel Ángel, un pequeño de ocho años, jugaba con otros chicos a la orilla del río Santiago, uno de los más contaminados de todo México. Entre gritos y empellones, el muchacho cayó al agua y a los pocos minutos de salir, ayudado por sus amigos, comenzó a vomitar.

 

A los vómitos se unió luego una diarrea, que a la madre le fue imposible curarla con suero oral. Trasladado al Hospital General de Occidente, que depende de la Secretaría de Salud del estado de Jalisco, el niño empezó a convulsionar y a delirar, entró en estado de coma y falleció semanas después.

 

Los análisis clínicos detectaron que en la sangre de Miguel Ángel había grandes cantidades de metales pesados, además de arsénico, resultado del alto nivel de contaminación del mencionado afluente, algo que se ha hecho público, incluso, a nivel internacional.

 

El río Santiago recibe cada día 10 000 litros de excrementos por segundo de la zona metropolitana de Guadalajara, además de decenas de líquidos industriales enriquecidos con plomo, mercurio, arsénico y cadmio.

 

Se han hecho varias propuestas para emprender su saneamiento, una de ellas, y tal vez la más barata, sería entubarlo, pero varios especialistas no la consideran factible por los daños que dejaría en toda el área de su recorrido, incluido su punto de nacimiento, el Lago de Chapala, uno de los más famosos del país y principal surtidor de agua a la zona metropolitana de Guadalajara.

 

El presidente de Comunicación y Educación de la Unión Mundial para la Naturaleza, Arturo Ballesteros, quien es además catedrático en la Universidad de Guadalajara, recuerda que en México y en el mundo existen ejemplos de ríos que han sido saneados y mencionó el ejemplo más cercano, en la cuenca de Tehuacán, Puebla, donde se realizó un trabajo de este tipo.

 

En el ámbito internacional, se tiene la experiencia de Chao Phraya, que divide en dos la ciudad de Bangkok, capital de Tailandia, y finalmente el Sena, en París, a mediados de los cincuenta, que estaba considerado un río muerto, como lo está hoy el Santiago, y que actualmente recibe bañistas en temporada de verano.

 

Las quejas por los efectos nocivos de la contaminación del Santiago se remontan a los últimos 50 años, pero las autoridades han minimizado el problema, con el argumento de que no se habían probado los efectos dañinos en la salud de las personas.

 

Sin embargo, el Comité de Defensa Ambiental del Salto, uno de los municipios más afectados por el río y su contaminación, se dio a la tarea de visitar todos los hogares de la zona, tras lo cual conformaron una lista de 477 personas enfermas, entre los dos y los 77 años, que tienen en común padecimientos provocados por la contaminación del río Santiago.

 

En esa relación hay más de 50 personas con cáncer, especialmente mujeres jóvenes de entre 17 y 22 años y siete casos de leucemia en niñas de dos a 17 años. Dermatitis, enfermedades renales y bronco respiratorias son frecuentes en estas personas que, además de la pobreza, deben cargar con patologías de difícil curación.

 

La contaminación ha llegado, incluso, a los pozos artesanales de donde la población extrae el vital líquido para regar la siembra de cereales y vegetales, así como para el consumo humano.

 

Otros estudios demuestran que las autoridades federales conocen la situación del río Santiago desde principios de los años noventa, pues existe una investigación de la Comisión Nacional del Agua, en 11 puntos del torrente, que reveló alta concentración de metales como arsénico, cadmio, cromo, plomo, zinc, cobre, mercurio y níquel.

 

En 2003 se presentó una denuncia ante la Procuraduría Federal del Medio Ambiente, la cual nunca fue atendida. Sólo se dieron evasivas y se dijo que se estaba investigando.

 

Entre las víctimas fatales de la contaminación también se suman aves de corral, cerdos y animales domésticos como perros y gatos. Una de las vecinas relató que su perro bebió agua del río y a los pocos días tuvo vómitos y diarreas, hasta que poco después murió.

 

El año pasado, el gobernador Emilio González Márquez, acompañado de otras autoridades locales, realizó una gira por esa zona. Existen fotos periodísticas que muestran a González y a otros funcionarios cubriéndose la nariz, por los olores tan fétidos que emana el río. Sin embargo, no se han tomado medidas drásticas para poner una solución.

 

Los vecinos de la zona, enfermos y enojados, anunciaron manifestaciones para ser escuchados y ya pusieron una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para obligar a las autoridades a atender el problema, que está costando vidas humanas, en especial de menores y personas de edades avanzadas, cuyos sistemas inmunológicos están aún poco desarrollados o más deteriorados, respectivamente.

 

 

Argentina: Minas de Esquel: podemos vivir sin oro, pero no sin agua

Por Norma Loto

 

Buenos Aires, marzo.- Alguien dijo alguna vez que “la expoliación no sólo hace cambiar de destino la riqueza, sino que siempre destruye una parte de ella”. En el sur de Argentina, la riqueza que pretenden expoliar los capitales extranjeros son las minas de oro y plata, con la consecuente destrucción del hábitat de la región.

 

En la ciudad patagónica de Esquel, en la provincia de Chubut, a 1404 kilómetros al sur de Buenos Aires, existe una mina de oro y plata que, en el futuro, quizá sea explotada a cielo abierto por una multinacional de Canadá. En tal caso, el oro será separado mediante cianuro y, la plata, con el uso de arsénico.

 

“El sistema minero que se aplicará en el Cordón Esquel destruirá la superficie del terreno, creando inmensos cráteres contaminados, pero también deformará caminos y paisajes. Las áreas de tierra que estarán encima de las perforaciones o en las inmediaciones han de colapsar”, manifiesta un documento elaborado por la Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE).

 

“La erosión del viento y las lluvias harán el resto: los sedimentos generalmente se contaminan y escurren en solución. La zona, típica de un ecosistema lluvioso, preocupa mucho más por el drenaje de ácidos que destruirán la vida acuática y dañarán de manera irreversible las reservas de agua”, precisa el texto.

 

El sistema de explotación a cielo abierto consiste en la remoción de la capa superficial de tierra para crear un acceso a los extensos yacimientos de mineral. Los expertos de RENACE sostienen que, en Esquel, la remoción creará un gran agujero de 2,7 kilómetros de largo por 500 metros de ancho y 180 metros de profundidad.

 

Esa abertura se ubicará a seis kilómetros de la ciudad y sobre la cuenca de dos lagunas: Willimanco, de donde se aprovisiona de agua potable la ciudad de Esquel, y la laguna Esquel, a un kilómetro del aeropuerto local.

 

RENACE también explica que la minería a cielo abierto utiliza grandes cantidades de cianuro para recuperar el oro del resto del material removido.

 

En Esquel se utilizarán 6000 kilogramos de cianuro de sodio diariamente, a lo que se sumarán 12 toneladas de ácido clorhídrico, igual cantidad de soda cáustica (Hidróxido de Sodio) y 1400 kilogramos de litargirio, por mes. Ninguno de estos productos puede ser totalmente eliminado o aislado del medio ambiente.

 

Esta situación tiene como protagonistas al gobierno provincial, los intereses extranjeros y los vecinos esquelenses. Cuando se inició la disputa, la empresa interesada en la explotación minera era Meridian Gold, y hoy es Yamana Gold, también de origen canadiense.

 

“Quieren convertir la provincia en un depósito de minerales a extraer con el más bajo costo, con técnicas extractivas que son rechazadas en todo el mundo y vagas promesas de desarrollo y puestos de trabajo”, manifiesta un reciente comunicado emitido por los Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina.

 

Si bien la Ley provincial 5001 prohíbe la minería a cielo abierto y con cianuro, las mineras parecen ignorar este marco legal, en total connivencia con el gobierno local.

 

Todo empezó en 2003

El 23 de marzo de 2003, la ciudadanía organizada en la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el NO A LA MINA (www.noalamina.org) llamó a votar por el SI o por el NO a la mina. El 81 por ciento se pronunció por el NO.

 

Las mujeres esquelences fueron, quizás, las pioneras en esta lucha, ya que los varones mayoritariamente creían en el mensaje engañoso de la minera, prometiendo desarrollo económico y trabajo.

 

Chuni Botto es una vecina de Esquel y una de las asambleístas. Cuenta a SEMlac que las mujeres comprendieron la importancia del agua en la vida y “que podemos vivir sin oro, pero no sin agua. En muchos casos, fue una esposa o una hija la que le llevó al hombre el mensaje del NO a la mina, o la que ayudó a externar ese concepto en la familia”.

 

Desde aquella fecha, toda la ciudadanía de Esquel tuvo en claro que aquel rotundo NO era sólo el principio de una larga lucha, ya que las empresas continúan con la intención de realizar la explotación minera.

 

Chuni manifestó a SEMlac que “sólo la presión del pueblo lo impide, los gobernantes municipales, provinciales y nacionales los avalan y protegen pues, evidentemente, obtienen beneficios económicos”.

 

“Cuando empezamos la lucha, el oro valía 300 dólares la onza troy y hoy ya está llegando al valor de 1.000 dólares. Ya no se pueden negar los efectos nocivos de la minería en el agua, la tierra y el aire y, por ende, en los seres vivos”, abundó.

 

En 2003, los esquelences movilizados por el NO eran calificados de locos, fundamentalistas. Pero el tiempo les dio la razón. En la actualidad hay más de 80 comunidades de 15 provincias, organizadas en esta lucha en contra de la actividad minera en todas las regiones de Argentina.

 

“Nuestro objetivo —continua Chuni— sigue firme. Queremos fortalecer nuestra relación con las otras provincias a través de la Asamblea Comarcal Patagónica y con la Unión de Asambleas Ciudadanas Nacional (UAC).También con Chile, país con el que se realizan reuniones binacionales de lucha contra la minería”.

 

Según los informes de la Asamblea, en caso de que Yamana Gold empiece con la explotación en la zona, se agravará la sequía de la meseta patagónica, lo cual acarrearía más pobreza en esa provincia.

 

“Además, se quedarían sin agua las zonas costeras ya que los permisos de exploración minera están ubicados en el nacimiento de las cuencas. Debemos cuidar el agua como elemento indispensable para el desarrollo de las economías sustentables y de la vida misma”, comenta Chuni a SEMlac.

 

Las amenazas a la ciudadanía de Esquel no sólo provienen de la destrucción del medio ambiente, sino que algunos asambleístas han sufrido hostigamientos, desde amenazas telefónicas hasta con armas de fuego, atropellos de automóviles, seguimientos y presiones laborales.

 

En la actualidad, el gobernador Mario Das Neves pretende autorizar la explotación minera a cielo abierto en ciertos lugares, pero los pobladores vinculados a la lucha antiminera se han manifestado en contra “porque lo que no es bueno para Esquel, no es bueno para cualquier otro lugar de la provincia, ni del país”.

 

 

Agua: Un bien que empieza a escasear en el planeta

Por Liliana Aguirre F.

 

La Paz, marzo.- Aquella mañana, Jacqueline, de 44 años, giró el grifo de agua para llenar una caldera donde prepararía el desayuno familiar, pero se llevó una sorpresa: ni una sola gota del líquido se escurrió por el grifo.

 

La misma y desagradable experiencia tuvo Andrea (25), quien en aquella misma mañana intentaba tomar una ducha y se topó con que no había agua, ni siquiera un poco para lavarse las manos y la cara.

 

Estas mujeres, junto a otras 50 000 familias, experimentaron la escasez del preciado líquido por una semana, durante la cual lo recibían por un par de horas y en horarios inesperados (como la medianoche, las dos de la madrugada o milagrosamente a las 12 del día), para almacenarlo en recipientes y poder disponer de él.

 

Ante la escasez que causó un gran agobio en las personas, muchas familias marcharon exigiendo la restitución del servicio, juntas de vecinos enviaron cartas de queja a los medios de comunicación e, inclusive, los afectados acudieron a grutas de agua natural a recolectar el líquido, lavar ropa y asearse.

 

¿Qué había pasado? ¿Qué sucedió? ¿Cuál era la razón de tal escasez, que generaba tantos problemas?

 

La causa fue una ruptura del acueducto principal, que dota de este bien a miles de familias, en la ciudad de La Paz. Sin embargo, tomando esta experiencia que llevó a mucha gente a la desesperación, SEMlac quiso capturar testimonios y consultar a las y los entrevistados acerca de si conocen el problema mundial de la escasez de agua que vive el planeta.

 

Sin agua no hay vida

“El agua hay que cuidar porque yo sé que hay gente que, para tomar un vaso de agua, tiene que caminar mucha distancia y traerse recipientes porque no tienen dinero para conectarse al servicio que la facilita. Además, he visto en la televisión que, en el mundo, el agua dulce se ésta acabando, porque la mal utilizamos”, cuenta a SEMlac Nélida (74).

 

De niña, ella vivió la experiencia de caminar hasta el río para recolectar el líquido, tratando de no derramar ni una gota, y ahora ve con asombro cómo la gente la desperdicia lavando autos y contaminando los ríos de la ciudad con basura, químicos y desperdicios de las fábricas.

 

Por otra parte, Cristóbal (13) comenta que conoce el problema, pero no le brinda mucho interés porque supone que la falta real de este elemento se sentirá dentro de más de 50 años o un siglo.

 

No obstante, estudios científicos analizan que, debido a la contaminación, el calentamiento global se incrementa, por lo que las temperaturas suben, los glaciares se derriten y el agua dulce empezará a escasear en menos de 20 años, lo que implica peligro para la vida de humanos, animales y ecosistemas.

 

Las reservas de agua dulce, esenciales para la existencia humana, tan sólo representan 2,59 por ciento del total de agua; la restante es salada.

 

Con respecto a este tema, Yean Paul (11) señala a SEMlac que él conoce de esta problemática, pero que también sabe cómo cuidar el agua. “Se está acabando, porque contaminamos mucho; pero hay formas para evitar que se agote rápidamente para las nuevas generaciones. Una botella de un litro de gaseosa usa siete litros de agua, por eso es mejor no tomar ese tipo de bebidas, que gastan agua excesivamente”, explica el entrevistado.

 

También acota que “no dejar luces prendidas que causan calentamiento global, cerrar el grifo para no desperdiciar el agua, poner un ladrillo dentro de los tanques de los inodoros para gastar menos son las cosas necesarias que ayudan a ahorrar, porque si se acaba el agua moriremos todos.”

 

Un sistema que merma el agua y sobreexplota al medioambiente

“El agua es un bien esencial para el mantenimiento de la vida en todos los ecosistemas del planeta. No es sólo un derecho humano, de la naturaleza, es ante todo un bien social y cultural, no es un bien económico”, escribe Elizabeth Peredo, directora ejecutiva de la Fundación Solón.

 

Ella añade, en la publicación “En Defensa del Agua”, que el modelo capitalista y neoliberal, en el que vivimos muchos países, se sirve de la naturaleza, sin medida ni clemencia, y por ello convierte a este recurso en un objeto de comercio, al cual accede quien tenga dinero, a diferencia de quien no lo posee.

 

También hace referencia a que las principales fuentes de contaminación del agua son los centros urbanos, la actividad minera, petrolera y agrícola. La minería consume alrededor de 30 metros cúbicos de agua dulce al año y, además, la mayor parte es devuelta a sus causes sin tratamiento, lo cual contamina afluentes limpios con metales pesados arsénicos, ácidos, cianuros entre otros.

 

Un dato relevante es que si un ser vivo ingiere agua contaminada corre el riesgo de morir y, según estadísticas, 80 por ciento de las enfermedades a nivel local tienen como origen su consumo.

 

“La vida está más allá del afán capitalista, el valor humano. El agua es parte de la naturaleza, como los seres vivos”, asegura Peredo.

 

 

Chile: El único servicio sanitario público, patrimonio de la comunidad

Por Ángela Castellanos

 

Santiago de Chile, marzo.- En medio de un modelo económico en que prima la privatización de los servicios públicos, Maipú, una comuna de esta capital, cuenta con el único servicio de agua potable y alcantarillado público de Chile que, además de eficiente, ofrece las tarifas más bajas de la región metropolitana.

 

El próximo 22 de marzo se celebra el Día Internacional del Agua, coincidente con el lanzamiento del Año internacional del Saneamiento, encaminado a impulsar esfuerzos para el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo del Milenio de garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y, en particular, la meta de reducir a la mitad —para 2015— el porcentaje de personas sin acceso al agua potable y saneamiento básico.

 

A finales de los años ochenta, empezó a reestructurarse el esquema que regía para los servicios públicos en Chile, abriendo paso a las concesiones de servicios sanitarios. Paralelamente, una transformación institucional dio origen a 13 empresas regionales y, a mediados de los noventa, el gobierno permitió la incorporación de capitales privados en las empresas sanitarias estatales.

 

“Dado que Maipú tenía un servicio de suministro de agua potable y de saneamiento, cuya gestión y administración era municipal, el gobierno no tuvo injerencia sobre éste y la municipalidad, por su parte, ha adoptado como política el mantenimiento del servicio de agua potable y alcantarillado”, explicó a SEMlac Iván Aranda, asesor general del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA) de la Municipalidad de esta localidad.

 

SMAPA tiene una cobertura de unos 670 000 habitantes, repartidos en las comunas de Maipú, Cerrillos y —parcialmente— en Estación Central, todas ellas parte del gran Santiago o Región Metropolitana. La población urbana abastecida de agua es del ciento por ciento y la saneada con alcantarillado, de 99,8.

 

Considerando el número de clientes y de ventas, SMAPA es actualmente la quinta prestataria de servicios de saneamiento y agua potable de Chile, un mercado dominado, principalmente, por Aguas Andinas, que pertenece al grupo Agbar (Aguas Barcelona), y por la empresa Suez, de Francia.

 

SMAPA es una dirección más de la municipalidad y, por ello, está sujeta a las normativas de la alcaldía, pero, al mismo tiempo, también queda regulada por las que rigen para las empresas sanitarias. “Por eso, de alguna manera, funciona como empresa, sin serlo”, agrega Aranda.

 

“A diferencia de las empresas sanitarias privadas, cuyo objetivo es el lucro, SMAPA cumple dos roles: el de entregar un servicio de agua potable a la comunidad y, a la vez, ser fuente de ingresos para la municipalidad”, que ayude a cubrir los gastos de funcionamiento e inversión de ese propio servicio, con un excedente que se destina programas sociales para la comunidad de Maipú.

 

“Por eso es que SMAPA es como una minita de oro de esta municipalidad y eso obliga a que este servicio —con condiciones limitadas— tenga que ser cada vez más eficiente, porque la Superintendencia nos mide como una empresa privada”, añade Aranda.

 

SMAPA deja a la municipalidad unos 100 000 millones de pesos (225 millones de dólares). “Por eso, es muy difícil que algún alcalde quiera desprenderse de él”, acotó. Según Aranda, "si se vendiera, los recursos de la venta se agotarían, en cambio así hay un retorno (utilidad) anual”.

 

Las tarifas de esta prestación, establecidas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, resultan de una ecuación compleja de varios factores, y rigen por cinco años. SMAPA tiene las más bajas en el área central de Chile.

 

Aunque 67 por ciento de los maipucinos son de clase media, el 6,8 por ciento de habitantes están bajo la línea de pobreza, por lo que no siempre pueden pagar el servicio. El promedio de consumo de agua en una casa es de 20 metros cúbicos, que cuestan unos ocho mil pesos (poco menos de 16 dólares).

 

Pese a no existir régimen subsidiado, según el cual quienes tienen mayores ingresos pagan más para cubrir los gastos de los que tienen muy pocos recursos económicos, el Estado ofrece subsidios y SMAPA brinda posibilidades de repactar deudas sin cobrar intereses.

 

La comunidad de Maipú tiene dos organizaciones ambientalistas muy activas. “La comunidad protege mucho el patrimonio de SMAPA, por ser la única ‘empresa’ de agua potable pública y, más aún, por ser local, lo cual le da un ‘plus’ (valor agregado), que la comunidad percibe; por eso la defiende como un patrimonio”, afirmó a SEMlac Marcela González, secretaria Ejecutiva del Comité de Medio Ambiente del municipio de Maipú.

 

SMAPA obtiene la materia prima para producir agua potable de las napas subterráneas, que están a 100 ó 150 metros de profundidad. Actualmente cuenta con 98 pozos de captación operativos, de 123 en total.

 

“Para proteger el agua subterránea, trabajamos conjuntamente con el gobierno central y tratamos de que los proyectos de gran envergadura —como rellenos sanitarios y plantas de tratamiento de aguas servidas, entre otras— tengan los materiales de los revestimientos en óptimas condiciones, para evitar que los líquidos resultantes de las basuras en los rellenos sanitarios y después del tratamiento de las mismas lleguen a las napas subterráneas, comprometiendo el medio ambiente”, explica González.

 

En Chile, como en el resto de América Latina, la privatización de los servicios de agua potable y alcantarillado se impulsó como medida para incrementar la eficacia del servicio o para reducir el gasto público. Sin embargo, en muchos casos las ventajas que prometían los particulares no se han realizado.

 

En cambio, prestatarias como SMAPA han demostrado que el servicio público puede ser eficiente y, simultáneamente, beneficiar las arcas públicas.

 

 

Uruguay: "Abambaé", una tierra que da frutos a la comunidad

Por Cristina Canoura

 

Montevideo, marzo.- La gente que la conoce dice que, por su extremo idealismo, Alda Rodríguez está unida a la tierra por un hilo de oro.

 

La tierra que la sujeta y por la cual se desvela esta ingeniera agrónoma se encuentra a 400 kilómetros de esta capital. El lugar se llama Tacuarembó y es uno de los 19 departamentos en que está dividido Uruguay, al centro del su territorio.

 

Nacida y criada en el campo de Tacuarembó, esta mujer de 41 años, madre de cuatro hijos, formada en Uruguay y con un doctorado en la Universidad Agraria de La Habana, no se convencía de que en su país pasara inadvertida y desaprovechada la riqueza natural de su zona, aun para sus propios habitantes, muchos de los cuales viven en fincas de hasta 40 hectáreas sin poder satisfacer siquiera sus necesidades básicas.

 

A su regreso al país, en 2003, fundó Batoví-Instituto Orgánico del Uruguay (conocido con el acrónimo BioUruguay), una sociedad sin fines de lucro dedicada a la promoción de sistemas sustentables de producción orgánica.

 

Esa institución pone en práctica sus principios en la "Granja Ecológica Abambaé", ubicada a 12 kilómetros de Tacuarembó, una distancia que Alda recorre a diario en bicicleta.

 

"Abambaé" es una palabra de origen guaraní —indígenas que llegaron al Río de la Plata entre los años 1400 y 1500—, que significa "tierra que da frutos para la comunidad".

 

En ella, el trabajo unido de productores, docentes, personas preocupadas por la calidad de vida, impulsa la enseñanza, investigación y producción sustentable.

 

En el lugar crían animales de granja, ovejas, vacas, producen diferentes lácteos, como queso y yogur, y cultivan frutales y hortalizas variadas para el consumo interno, contó Alda a SEMlac.

 

El excedente de la producción se distribuye entre más de 130 socios que aportan una cuota mensual, con la cual se mantiene en forma parcial la institución. El resto proviene de donaciones anuales de "socios protectores" o del financiamiento de proyectos y convenios que ellos llevan adelante.

 

Allí se dictan cursos y se recibe a estudiantes universitarios nacionales y extranjeros, interesados en el desarrollo de la agroecología y la agricultura orgánica. En el último año, hicieron pasantías en la granja chilenos, suizos y también estadounidenses.

 

El programa incluye manifestaciones de la cultura uruguaya, como noches de tango, y paseos por lugares históricos de la región.

 

"Los conocimientos son preciosos a nivel de la academia, pero no hay una interacción con esta gente que posee una sabiduría empírica, popular, que no llega a la academia. Una manera de solucionar esa brecha fue vincular a estudiantes y docentes para que hagan sus prácticas, ya sea en la granja o en la comunidad relacionada al BioUruguay", dijo recientemente la directora de este proyecto a la radio capitalina El Espectador.

 

También en "Abambaé” se dictan cursos de huerta orgánica a maestros y profesores, pobladores rurales y urbanos, y técnicos. Para ello, poseen una extensión de 80 metros cuadrados que representa un modelo de las variedades de hortalizas que se pueden cultivar y cosechar exitosamente en espacios reducidos, utilizando por abono desperdicios orgánicos de la cocina doméstica.

 

"El objetivo es promover la autoproducción de alimentos sanos que incrementen la variedad en el consumo, usando recursos locales, reciclando materia orgánica y desarrollando capacidades para la generación de ingresos en sectores más carentes", sostienen sus impulsores.

 

En Uruguay, un país que se forjó con el trabajo de campesinos inmigrantes españoles e italianos, se ha perdido con el transcurso del tiempo la cultura del cultivo familiar, de la huerta en un pedacito de terreno de la casa que abastecía el consumo doméstico, de la recolección de las semillas y su cuidado hasta la siguiente temporada.

 

La experiencia iniciada en Tacuarembó se ha replicado en diferentes puntos del país, en alianza con organizaciones sociales interesadas en gestionar y mejorar la alimentación de la familia y de los niños, las cuales recibieron la capacitación para instalar en su localidad huertas que ayudaran a abastecer la cocina de merenderos o comedores populares.

 

Por otra parte, con el apoyo de empresas comerciales del rubro agropecuario, llevan adelante la investigación en biopesticidas, en particular hormiguicidas que puedan ser utilizados como alternativa a los químicos.

 

Alda explicó a SEMlac que el mecanismo de control biológico de las plagas, a través de organismos benéficos, forma parte de la dinámica de la naturaleza.

 

Las hormigas, como los seres humanos, se enferman. En BioUruguay están investigando hongos patógenos que afectan a estos insectos para desarrollar, a partir de ellos, insecticidas capaces de combatir esta plaga. Las pruebas de laboratorio desarrolladas hasta ahora les confieren un índice de efectividad superior a 80 por ciento.

 

Según esta mujer, existe interés en estos productos por parte de agroindustrias dedicadas a la forestación para exportación, ya que a nivel internacional se imponen, en forma creciente, los certificados o sellos de calidad del FSC (Forest Stewardship Council o Consejo de Administración Forestal), una organización independiente, no gubernamental, internacional y sin ánimo de lucro, creada en 1993, con el objetivo de promover una gestión forestal ambientalmente responsable, socialmente beneficiosa y económicamente viable en los bosques de todo el mundo.

 

Alda fue consultora regional del Programa de Producción orgánica del Fondo de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en cinco países de la región, pero confiesa que su gran deseo "es vivir y trabajar en Uruguay, con la comunidad".

 

 

Bolivia: “La Niña”, no tan culpable

Por Helen Álvarez Virreira

 

La Paz, marzo.-, El fenómeno climatólogico de La Niña ha sido mencionado en los últimos meses como el responsable de las catastróficas inundaciones en el departamento boliviano del Beni, con amenaza incluso de anegar su capital, Trinidad.

 

Sin embargo, esta región amazónica sufre también las consecuencias del calentamiento global y, especialmente, de la deforestación de grandes extensiones de tierra utilizada para la siembra de diferentes cultivos, especialmente soya y coca.

 

“No es La Niña, ni son desastres naturales”, sostiene la especialista en temas ambientales, Teresa Flores Bedregal. “La verdadera causa es el calentamiento global, que agudiza los fenómenos climáticos en todas partes del mundo; a esto se suma la gran deforestación que se produce en los bosques tropicales, precisamente en los lugares más afectados”, precisa.

 

Los árboles tienen la capacidad de absorber el exceso de agua para luego dejarla fluir hacia tierras más bajas, donde brota en vertientes y ojos de agua; sin ellos, se pierde una barrera natural.

 

Las inundaciones que se registraron en las zonas bajas de Bolivia, desde noviembre de 2007, a causa de intensas precipitaciones pluviales, ocasionaron la muerte de 73 personas y hay cinco desaparecidas; más de 95 000 familias resultaron damnificadas, de las cuales unas 20 000 se encuentran en el departamento del Beni, según el último reporte de Defensa Civil.

 

El agua también ha destruido caminos y la infraestructura escolar, así como las viviendas de miles de familias. Y los animales son las víctimas sin cuantificar, no sólo los silvestres, sino los domésticos.

 

Los desbordes

Flores explica que las inundaciones en el Beni, departamento que se encuentra en tierras bajas de Bolivia, son cada vez más intensas y extensas, y coinciden con la ampliación de la frontera agrícola, tal como lo demostró un estudio del físico Eduardo Palenque.

 

Una prueba de esta afirmación, dice Flores, es que el impacto en la ciudad de Trinidad es reciente, de apenas unos cinco años.

 

La deforestación para la plantación de soya se ha producido especialmente en el sur del Beni y el norte del departamento de Santa Cruz. En este último, se eliminó la cobertura vegetal sin considerar el Plan de Uso de Suelos, que preveía zonas de protección en las riberas de los bosques. Ahora, en época de lluvias, entre noviembre y febrero, el Río Grande se desborda con consecuencias muy graves para la gente empobrecida.

 

La deforestación también ha ocurrido en el Chapare, en el departamento de Cochabamba, donde hay una creciente plantación de diferentes cultivos, en particular de coca.

 

Debido a esto, las aguas de la Cordillera de los Andes y las de las lluvias van directamente a la cuenca del Río Mamoré. Este año, el río superó los dos metros de altura por encima de su nivel habitual e hizo colapsar el dique de protección de la ciudad de Trinidad.

 

Las plantaciones

Según datos del Directorio Ecológico y Natural, la expansión del cultivo de soya en Bolivia, durante los últimos 15 años, ha sido de 411 por ciento, lo que significó la deforestación de más de un millón de hectáreas de bosque.

 

La tasa de desmonte para habilitar tierras para el cultivo de soya es de casi 60 000 hectáreas por año. Entre 1992 y 2004, la superficie de sembradíos de soya creció de 209 095 hectáreas a 890 000 hectáreas.

 

El investigador Mamerto Pérez, en su libro La soya en Bolivia sostiene que el boom del denominado “grano de oro” se dio a partir de 1993, con la aprobación del proyecto “Tierras Bajas”, financiado por el Banco Mundial, organismo que observó el impacto ambiental.

 

Agrega que el proyecto sirvió básicamente para facilitar la ampliación irrestricta del cultivo de la soya, protagonizada especialmente por empresarios extranjeros, pasando por alto las previsiones que se habían tomado para garantizar un manejo sostenible de los recursos naturales, y la protección y el respeto de los derechos territoriales de los pueblos indígenas.

 

En San Julián, uno los principales municipios productores de soya de Santa Cruz, 15 comunidades quedaron aisladas como consecuencia de las inundaciones.

 

En cuanto a la hoja de coca, según el informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU) de 2006, la superficie cultivada en todo el país fue de 27 500 hectáreas, de las cuales 8000 se encontraban en el Chapare cochabambino.

 

Variaciones climáticas

El jefe de la Unidad de Climatología del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, Gualberto Carrasco Miranda, coincide en que la deforestación de áreas boscosas incide de manera determinante en los eventos climatológicos.

 

Pero aclara que cualquier otra alteración del medio ambiente, desde el asfaltado de caminos o el cambio de las formas de vivir, también puede ocasionar problemas de tipo local, como los ocurridos en el país. Él también destaca el calentamiento global como causa de las alteraciones climáticas.

 

De acuerdo con sus registros de los últimos años, en la región del oriente boliviano se han presentado episodios cortos de intensas lluvias, que en pocas horas han excedido los parámetros normales de precipitaciones. Sin embargo, a partir de estos eventos, no se puede hablar de cambios en el clima, sino de variaciones, porque haría falta un estudio que abarque al menos un siglo.

 

Prepararse

La ambientalista asegura que, mientras se siga responsabilizando a los fenómenos climatológicos de las inundaciones, éstas seguirán siendo vistas como eventos circunstanciales atribuibles a la naturaleza y se minimizará la acción humana en las alteraciones climáticas.

 

Ella no niega la presencia de La Niña, fenómeno del que aún se conoce poco, pero sostiene que sus principales manifestaciones se han dado en el departamento de La Paz, donde la temperatura se ha mantenido baja y se han producido fuertes vientos.

 

Para evitar mayores sufrimientos a la población, Flores cree que hay varias tareas que encarar y, entre las principales, está una adecuada fiscalización y ordenamiento del uso de los suelos, la aplicación de las políticas de tierras y una correcta relación con las empresas extranjeras, a fin de evitar más deforestación.

 

Otras tareas consisten en reforestar las áreas que han perdido la cobertura de vegetación natural y dar prioridad a las obras de infraestructura hídrica, previendo que los volúmenes de las lluvias pueden ser mayores en el futuro.

 

Además, en su criterio, la cooperación que algunos países industrializados —como Estados Unidos— hicieron llegar a Bolivia para la reconstrucción, debería considerarse una compensación por el daño que le ocasionan al planeta con las emisiones de dióxido de carbono.

 

 

México: Manglares en el ojo del huracán

Por Sara Lovera

 

México, marzo.- La destrucción acelerada de los manglares en las costas del Atlántico y el Pacífico mexicanos (2,5 por ciento cada año) es la antesala de la destrucción y la muerte, porque éstos y sus ecosistemas disminuyen el efecto de los huracanes, 14 de los cuales arruinaron vidas, viviendas y cultivos el pasado año.

 

Además de una belleza incomparable, las inmensas zonas de manglares en México (más de 655 000 hectáreas) proveen un amplio rango de servicios ecológicos, que benefician a comunidades adyacentes, incluidas las ubicadas a cientos de kilómetros de distancia.

 

Pero hoy existe una amenaza: la inversión de 900 millones de dólares de empresas nacionales y trasnacionales de la construcción y la existencia de 50 amparos otorgados por los jueces para que esas empresas, a pesar de la prohibición, continúen con sus planes.

 

Ni la protesta de grupos civiles, ni la pobreza inmensa de las comunidades, ni los discursos oficiales detienen estos intereses, sostiene en entrevista la diputada Marina Arvizu, coordinadora parlamentaria del Partido Alternativa Social Demócrata, que encabeza la batalla legislativa para proteger las zonas de manglares en el país.

 

Hoy existe un artículo, el 60, en la Ley General de la Vida Silvestre, que da lugar a que un funcionario, libremente, otorgue permiso a los promotores de zonas turísticas para que destruyan áreas de manglares a diestra y siniestra.

 

El científico José Sarukhán, fundador del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo a SEMlac que no se pueden reparar los manglares eficazmente.

 

Lo cierto es que, según los datos de la Subsecretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, que preside Mauricio Limón, hay 49 proyectos de construcción, particularmente en las regiones del Caribe (Quintana Roo, Isla Mujeres,) y en el Atlántico, (en Manzanillo, Colima), de los cuales se han autorizado 15, 30 están en estudio y cuatro fueron rechazados.

 

La diputad Arvizu agrega: existe un conflicto de intereses, ya que no sólo hay proyectos hoteleros, con capital español y de políticos mexicanos, sino que también la empresa petrolera PEMEX quiere construir plantas de refinación en algunas zonas protegidas.

 

El panorama

Del análisis en el Congreso hay algunas conclusiones que comenta senador Carlos Sotelo, del Partido de la Revolución Democrática:

 

No hay medidas para restaurar los manglares y su destrucción es acelerada, pese a que la vegetación costera impide la entrada agresiva de los huracanes, que en 2007 dejaron a su paso muerte y pobreza.

 

Las lluvias torrenciales del pasado año destruyeron varios cerros, que sepultaron pueblos enteros en el centro del país, en Puebla y Veracruz, y más de 40 000 millones de pesos (4000 millones de dólares) se contabilizaron en pérdidas.

 

Los argumentos son definitivos, añade la diputada Arvizu, puesto que sabemos que los manglares son insustituibles y su destrucción es irreversible. Su pérdida es equivalente a 63 campos de fútbol cada día, ejemplifica esta legisladora.

 

Recuerda que en el Senado de la República se hizo una intentona para modificar la ley, pero los grupos ecologistas lograron parar, por ahora, esta soberbia empresarial. Sin embargo, la amenaza continúa, advierte.

 

Saca de su escritorio recortes de periódicos y documentos que recogen el efecto destructivo de los fenómenos climátológicos que azotaron a México en 2007. Rememora que, en menos de dos semanas, se registraron tres huracanes categoría cinco en el Pacífico y el Caribe.

 

Miles de damnificados, cuantiosos perjuicios materiales y un inmenso daño ecológico que no ha sido aún totalmente cuantificado. “El recuento podría continuar, pero es la vida humana la que nos interesa”, señala la diputada Arvizu, quien abrió a debate público el problema, hasta ahora con resultados poco alentadores, según sostuvo.

 

Aprovechando la confusión de la ley, se siguen dando permisos a los constructores. Se repele a los diputados porque el gobierno asegura que se perderán 900 millones de dólares en inversiones. Y los empresarios han pedido el amparo de los jueces y ya empezaron a trabajar en algunas áreas.

 

 

Perú: Prefieren morir contaminados a morir de hambre

Por Julia Vicuña Yacarine

 

Lima, marzo.- Se asean y preparan sus alimentos con agua contaminada, las chozas donde viven se ubican sobre los relaves mineros, donde también niñas y niños suelen jugar, pese al inminente riesgo de contaminación.

 

En el distrito de Morococha, ubicado a 4,600 metros sobre el nivel del mar y a 140 kilómetros al este de Lima, viven cientos de mujeres y sus familias en condiciones precarias, en zonas cercanas a los campamentos mineros, donde laboran sus esposos, sin servicios básicos, programas de salud ni educación adecuados y de calidad.

 

Los “relaves mineros” son los desechos que resultan del lavado de minerales, los cuales contienen sustancias tóxicas como el arsénico, cadmio, cianuro, mercurio y selenio que, al tener contacto con el agua y el subsuelo, alteran su composición natural.

 

Janet Barzola, presidenta de la Central Nacional de la Mujer Minera (CNMM) del Perú, denunció que, debido a los relaves, existe un alto nivel de enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias agudas, desnutrición crónica infantil, al igual que cólicos renales, hepáticos y vesiculares en las mujeres.

 

Las empresas mineras y las autoridades del gobierno no han mostrado interés sobre la salud de la población infantil y femenina, mientras continúan tomando decisiones excluyentes que privilegian el interés privado y de lucro, frente a la problemática de los derechos económicos y sociales de las mujeres relacionadas con la minería, señaló la especialista.

 

Sin embargo, según Barzola, la contaminación ambiental es un tema que tampoco preocupa a los mineros, pues consideran que abordarlo pone en riesgo sus puestos de trabajo.

 

“No toman en cuenta el derecho a la salud de sus familias ni el medio ambiente. Ellos, en algunos casos, han dicho: ‘prefiero morirme contaminado que morirme de hambre’. Pero nosotras, las mujeres, les hemos dicho que el problema de la contaminación es de la empresa y no de los trabajadores”, sostuvo.

 

“Las mujeres lavan la ropa de trabajo de los varones y están en permanente contacto con el mineral, por lo que sufren de hemorragias, abortos espontáneos y cólicos. Los niños juegan cerca de los "relaves", toman agua contaminada y por ello tienen los dientes cariados o han perdido la dentadura” señaló.

 

En Morococha, la población cuenta con agua potable una hora al día, de 7 a 8 de la mañana, y el resto del tiempo fluye de las tomas de “agua cobre” que, pese a ser de uso industrial, es utilizada por las mujeres para lavar sus alimentos, mientras los niños la emplean para lavarse la cara e incluso beberla.

 

“Cuando se llena un vaso con ‘agua cobre’, se observa un material brillante que se asienta en el fondo: es el mineral”, afirmó Barzola.

 

La presidenta de la Central Nacional de la Mujer Minera explicó que la privatización de las empresas públicas obligó a las mujeres, esposas o parejas de los trabajadores mineros estables a salir de los campamentos, lo que significó el desmembramiento y el reasentamiento de sus familias en las zonas urbano-marginales de las principales ciudades del país.

 

En el caso de las esposas y familias de los trabajadores sub contratados o contratas, como se les conoce, esta situación generó el hacinamiento en las periferias de los campamentos y comunidades más cercanas a la mina, muy próximas a los relaves, sin acceso a una vivienda digna.

 

Una situación similar se vive en el distrito de Chicla, provincia de Huarochirí, Región Lima, a más de 3800 metros sobre el nivel del mar. Allí las parejas y familias de los contratados viven apostadas en los bordes de la carretera Central.

 

Para Barzola, los efectos nocivos de los relaves mineros se deben, en gran parte, al incumplimiento de las leyes que prohíben verter o emitir cualquier residuo —sólido, líquido o gaseoso— que pueda contaminar las aguas, causar daños y poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o la fauna, comprometiendo su empleo para otros usos.

 

Algunas empresas mineras hacen caso omiso a la ley y han utilizado las lagunas como depósito de relaves, como ha ocurrido con la laguna Huascacocha, ubicada en la localidad de Morococha.

 

La Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú guarda silencio. En 2005, mediante un comunicado público, había señalado que varios organismos no gubernamentales y algunos representantes del clero, “con el pretexto de salvar la vida, vienen desestabilizando la actividad de varios proyectos y empresas mineras a nivel nacional, provocando zozobra, incertidumbre injustificada (sic) entre sectores del pueblo”.

 

La Central Nacional de la Mujer Minera apoya a los trabajadores en régimen de subcontratación en la industria minera, para mejorar las condiciones de vida en esos centros, y trabaja especialmente con las viudas de mineros subcontratados.

 

RECUADRO

Multarán a mineras

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) corregirá la escala de multas, haciendo cálculos de cuánto se ahorran las empresas infractoras cuando no cumplen con la legislación.

 

El presidente del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), Alfredo Dammert, informó al diario económico Gestión que actualmente se revisa la escala de multas que se aplica al sector de la minería, para incrementarlas, ya que no son realistas.

 

"Lo que falta es una serie de límites máximos permisibles, algunos de los cuales ya aprobó el Consejo Nacional del Ambiente (Conam); pero consideramos que, en todos los casos de infracción en la minería, las multas no son las más realistas", afirmó.

 

La multa por contaminación al medio ambiente se calculaba teniendo en cuenta cuál sería el impacto. Ahora se hará proyectando cuánto se ahorra la empresa por no cumplir con la reglamentación. Con la nueva escala de multas, que alista el Osinergmin, esperan que las empresas mineras cumplan las normativas a cabalidad.

 

Hasta la fecha, Osinergmin ha aplicado 82 multas a empresas mineras y, en el caso del medio ambiente, el monto fue por 351 UIT, un equivalente a un millón 228 500 nuevos soles (443 350 dólares).

 

 

Guatemala: Potencial de bonos de carbono frente al calentamiento global

Alba Trejo

 

Guatemala, marzo.- Este país de la región centroamericana se ha convertido en mercado potencial de bonos de carbono para las naciones industrializadas, que han visto en sus bosques tropicales la forma de resarcir el daño ocasionado a la capa de ozono y el calentamiento global.

 

Con una extensión territorial de 108 889 kilómetros cuadrados, 38 por ciento del suelo guatemalteco está cubierto de bosques naturales. Gran parte de esos árboles se ubican en la biosfera maya donde, según los expertos en medio ambiente, hay una alta capacidad de capturar CO2 (dióxido de carbono), de hasta ocho toneladas por hectárea.

 

Petén, el lugar donde se ubica el mundo maya, tiene alrededor dos millones de hectáreas y 400 000 hectáreas de su zona de amortiguamiento están listas para ser certificadas, con vistas a negociar la venta de bonos de carbono, informó una fuente de la gubernamental Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA).

 

Para los países industrializados, esto representaría miles de toneladas de carbono de los bosques jóvenes, según Marco Vinicio Cerezo, director de la no gubernamental Fundación para la Ecología (FUNDAECO). Para Guatemala, sería la oportunidad de captar recursos para el sostenimiento de las áreas protegidas, apuntó el ambientalista.

 

Aunque los bosques maduros de la Reserva de la Biosfera Maya no captan carbono, sí evitan la liberación de contaminantes como CO2, precisaron expertos en medio ambiente.

 

Los bonos de carbono son un mecanismo que nació al alero del protocolo de Kyoto, que obliga a los países desarrollados a reducir sus Gases Efecto Invernadero (GEI).

 

Para cumplir con sus metas de reducción de emisiones, los países desarrollados pueden financiar proyectos de captura o abatimiento de estos gases en otras naciones, especialmente en vías de desarrollo, acreditando tales reducciones como si hubieran sido hechas en territorio propio.

 

Esto significa que una empresa que disminuye sus emisiones de CO2 puede vender esta reducción a otras de países desarrollados que estén obligadas a bajar sus emisiones de GEI, que es lo que pretende hacer Guatemala.

 

Una fuente oficial del gobierno señaló que la nación centroamericana tiene la capacidad de vender bonos de carbono a los países industrializados por alrededor de 20 millones de dólares, por cuidar los bosques primarios.

 

De acuerdo con la información ambiental, el mercado de carbono se viene desarrollando a nivel mundial desde 1996, pero sólo en los últimos años adquirió mayor fuerza. Se estima que sólo en 2002 se transaron bonos equivalentes a 70 millones de toneladas en el mundo.

 

Desde 2006, las autoridades de Guatemala plantearon la oportunidad de vender certificados de carbono a los países ricos, tanto para contar con recursos económicos que les permitan conservar sus bosques, como para evitar la expulsión de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera.

 

Claudia Santizon del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), dijo que ya se está terminando la propuesta de un gran proyecto que contempla la venta de certificados de carbono a los países industrializados, a partir de todos los bosques del país y no sólo de la reserva maya.

 

Cerezo insiste en que los bonos de carbono ayudarían a este país a conservar los bosques, porque financiarían la seguridad de aquellos que son talados desmedidamente.

 

En Guatemala, cerca de 93 137 hectáreas son deforestadas al año y sólo 19 989 son restituidas, señala un informe de 2006, divulgado por el CONAP.

 

Cerezo señala que en el país falta una política gubernamental que aproveche el recurso de la venta de bonos de carbono. Por ahora sólo hay dos programas privados en ejecución, referidos a la generación de energía eléctrica natural y a la agro-forestación, que es el pago de la siembra de árboles por campesino.

 

Hace dos años, el gobierno negoció un convenio para la venta de oxígeno con Holanda, el cual permitirá al país europeo una mejor cuota de emisión de gases de efecto invernadero y daría a la nación centroamericana recursos para conservar sus riquezas naturales.

 

El acuerdo entre el Ministerio de Ambiente y el gobierno de Holanda proponía comprarle a Guatemala unidades de reducción de gases invernadero por un total de 10 millones de toneladas de dióxido de carbono, hasta 2012. El gobierno holandés se comprometió a invertir las unidades de reducción de gases en proyectos guatemaltecos a los que brindará asistencia técnica.

 

En declaraciones a un diario local, Carlos Albacete, director de la organización Trópico Verde, señaló que la venta de oxígeno carece de ética, pues permite a los países industrializados seguir contaminando. Costa Rica es otra de las naciones del área que también se ha acercado a las naciones industrializadas, con ese fin.

 

 

Cuba: La Habana, ciudad gritona

Por Ilse Bulit

 

La Habana, marzo.- De un balcón al otro de la acera de enfrente, dos vecinas, con el esfuerzo máximo de sus cuerdas vocales, comentan el último capítulo de una telenovela. Desde la puerta abierta de una casa, un reggaeton martillea los tímpanos, mientras en otra, en viva competencia de “lo último” en tecnología, otro reggaeton hace vibrar las maderas en riesgo de derrumbe.

 

Con la humildad del vencido, un viejo tocadiscos trata, desde una ventana, de unirse al concierto con su chachachá en soporte de pasta.

 

Por la calle, al ritmo andante de los “almendrones”, esos coches antidiluvianos con motores de tractor desactivado, brota una salsa erótica que no hace perder su sentido de dueño del tránsito a un chofer, desesperado porque un “bicitaxi”, descendiente en línea directa de los palanquines chinos, también “deleita” a sus ocupantes, dos turistas anglosajones, con un recital de música celta.

 

En la calle, un representante del mercado subterráneo anuncia en tono monocorde su oferta variopinta y rompe la concentración de unos jugadores de dominó que tiran, con fuerza de lanzadores de martillo, las detonantes fichas al medio de la calle.

 

Esta es La Habana folclórica, recogida por los celulares de los visitantes fortuitos que, después, en sus países originarios, narrarán sus gratos días de vacaciones.

 

Para el ciudadano común, esta ciudad abigarrada de ruidos, colores y olores, estampa ya en sus barrios los peligros de la contaminación acústica, la misma señalada por la Organización Mundial de la Salud, por ser una de las principales causas del estrés, a juzgar por numerosos estudios sobre la materia, y porque 50 o más decibeles son suficientes para originar problemas cardiovasculares.

 

Si en los céntricos municipios de Centro Habana y Habana Vieja prolifera más la imagen narrada en los párrafos iniciales, en casi todos los edificios de esta ciudad mágica, que todavía no ha encontrado los vestigios arqueológicos de su primera fundación, cada mañana, tarde o noche, una música estridente interrumpe la paz de los vecinos y agrieta la convivencia.

 

Porque la existencia de la contaminación sonora revela otra muy peligrosa, la contaminación del naciente relativismo moral, en que cada quien cumple sus leyes particulares de supervivencia y concepción de la felicidad.

 

Es el desmoronamiento del valor universal del respeto al prójimo que, en la relación humana a escala pequeña en barrios, pueblos y ciudades, ha sostenido a grupos unidos contra las adversidades de cualquier tipo u origen; aunque a escala universal, gobiernos y sistemas sociales pugnaran entre sí.

 

La Habana es sólo un ejemplo, repetido con sus características particulares en numerosas ciudades de América Latina. El irrespeto hacia el otro habla con diferentes acentos y dialectos.

 

La contaminación del medio ambiente es una prueba más del reino del individualismo, mostrado en el chico que atormenta al anciano vecino con su música atronadora, el dueño que anuncia sus productos con altavoces, los chóferes en locas carreras de motores, los ejecutores de centros deportivos entre viviendas o de plazas o sitios para el baile.

 

La Habana, no exenta de los trueques cibernéticos multiplicadores de los decibeles, guiña sus ojos mestizos cuando recuerda a aquel viajero Samuel Hazard que, en el siglo XIX, protestaba por el sonido ensordecedor de las campanas de sus numerosas iglesias. Si su espíritu pudiera atravesar la calle Galiano, del municipio Centro Habana, ¿qué murmuraría ahora?, ¿o gritaría el también?

 

 

Guatemala: Senado estadounidense reclama investigación de feminicidios

Por Alba Trejo

 

Guatemala, marzo.- La resolución se adoptó la noche del lunes 10 de marzo, en el Senado de los Estados Unidos, después que la Comisión de los Derechos Humanos de Guatemala en Washington iniciara una campaña para solicitar a los congresistas que exigieran al gobierno de este país investigar los más de 2000 asesinatos ocurridos contra las mujeres en seis años.

 

En el documento, los senadores expresan sus condolencias a los familiares de las víctimas y condenan el feminicidio. Además, urgen a las autoridades guatemaltecas a investigar de inmediato esos crímenes, procesar a los responsables y seguir trabajando para frenar la violencia contra las mujeres.

 

Guatemala y México son dos de los países de Latinoamérica donde prevalece un alto índice de asesinatos contra las mujeres de todas las edades, estratos sociales y etnias. En muchas ocasiones, sus victimarios las abusan sexualmente, las torturan y las mutilan.

 

Según la investigación del organismo internacional de derechos humanos WOLA, denominado “Ocultas a Plena Vista”, los asesinatos son, en parte, el resultado de la tolerancia gubernamental y social hacia la violencia contra la mujer, y de un sistema de justicia criminal con poca capacidad y voluntad para garantizarles a ellas un acceso pleno a la justicia y protección bajo la ley.

 

La petición del Senado estadounidense ocurre justo cuando activistas de derechos de las mujeres buscan que el Congreso de la República de Guatemala apruebe de urgencia nacional la ley contra el feminicidio, la cual cumple alrededor de dos años de estar en discusión.

 

Según el informe “El Feminicidio en Guatemala y México”, de la Federación Internacional de los Derechos Humanos, estos asesinatos son la expresión extrema de la persistencia de la discriminación contra el género femenino en todos los ámbitos, en esta nación de 14 millones de habitantes.

 

Un estudio de Amnistía Internacional insiste en la brutalidad con que se cometen estos crímenes en Guatemala, donde se evidencia la furia particular contra las mujeres, porque, al contrario de los hombres asesinados, ellas aparecen con el rostro cortado, mutilado y señales de violación anal.

 

La gran mayoría de las víctimas han sido secuestradas por horas o días y recluidas en algún lugar antes de encontrar la muerte. Lo peor, señala la Procuraduría de los Derechos Humanos, es que esos feminicidios no son cometidos sólo por pandilleros o delincuentes, también por cónyuges, ex cónyuges y, en algunas ocasiones, por policías.

 

Hilda Morales, del Grupo Guatemalteco de Mujeres, señala que la resolución adoptada por el senado estadounidense contribuye a presionar al Estado para que se aclaren los feminicidios y refuerza lo que se ha repetido constantemente: la falta de justicia en el asesinato.

 

El documento aplica la presión internacional que necesitamos para terminar con la apatía oficial ante los asesinatos de mujeres, destaca Marty Jordan, codirector de la Comisión de los Derechos Humanos de Guatemala en Washington.

 

“Espero que, con este texto, el nuevo gobierno aumente sus esfuerzos para prevenir la violencia contra las mujeres, investigue los casos, y enjuicie a los victimarios”, dijo Marty Jordan.

 

Norma Cruz, de la no gubernamental Red de Sobrevivientes, señaló que “lamentablemente ese tipo de resoluciones no son vinculantes y no pasan de ser más que un llamado de atención a las autoridades, de tipo moral si se quiere ver así, a que cumpla para evitar que se siga dando la violación sistemática contra las mujeres, principalmente en el tema de la vida”

 

Cualquier país democrático del mundo se sentiría mal ante ese tipo de llamado, y nosotras esperamos que los grupos de la sociedad civil de Estados Unidos les den seguimiento a esas resoluciones, comentó.

 

Cruz dijo que la Red de Sobrevivientes ha solicitado al país norteño que presione, le retire el apoyo económico puntual a Guatemala y emita una advertencia a sus ciudadanos de no viajar a este país.

 

Para el senado estadounidense, aunque el gobierno guatemalteco ha avanzado en la lucha contra el feminicidio en años recientes, la mayoría de los casos son archivados y menos de 50 han sido llevados a juicio. En algunos casos, los investigadores han intimidado y amenazado a los familiares de las víctimas que buscan la justicia.

 

Esta petición de Norteamérica al Estado de Guatemala se suma a la formulada por el Congreso Europeo que, a finales de 2007, solicitó al gobierno de este país investigar los feminicidios y dar con los responsables.

 

Para el no gubernamental Grupo Guatemalteco de Mujeres, una de las debilidades en el esclarecimiento de los asesinatos es el manejo de la escena del crimen, pues en muchas ocasiones las víctimas son estigmatizadas en razón de sus hábitos de vida o vestimenta.

 

De igual forma, una parte considerable de las mujeres que fueron ultimadas en Guatemala denunciaron ante el Ministerio Público amenazas de muerte, pero la entidad nunca brindó protección judicial, por considerarlos “problemas pasionales”, destaca Adriana Beltrán, de WOLA.

 

“La aprobación de la resolución es una muestra clara del apoyo del Senado para las familias que buscan justicia por el asesinato de sus seres queridos”, aseguró en un comunicado Maureen Meyer, encargada del Programa sobre México y Centroamérica. “A su vez, promueve acciones concretas para afrontar la impunidad que rodea a estos delitos.”

 

La resolución del senado de los Estados Unidos fue introducida en mayo de 2007 por el Senador Jeff Bingaman y co-auspiciada por 13 senadores.

 

“Aunque ha habido un incremento en los niveles de violencia en los últimos años en Guatemala, la brutalidad y el notable aumento en los asesinatos de mujeres en los últimos siete años es particularmente preocupante,” dijo Meyer, quien exigió se hagan responsables los funcionarios judiciales y de la policía que, por negligencia, omisión o abuso, han permitido que los asesinatos permanezcan en la impunidad.

 

En su último informe, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas notó que “las debilidades y vacíos institucionales del sistema de justicia para investigar, particularmente los delitos sexuales, aunado a las deficiencias en el marco normativo y la actividad discriminatoria de los operadores del sistema, continúan obstaculizando el acceso a la justicia para las mujeres.”

 

Meyer urgió a la Secretaria de Estado de la nación norteña, Condoleezza Rice, a tomar un serie de medidas, incluido el desarrollo de un plan integral para afrontar el problema de la violencia contra la mujer en Latinoamérica.

 

 

Cuba: La población continúa en conteo regresivo

Por Dixie Edith

 

La Habana, marzo (SEMlac).- Cuba cerró el pasado diciembre su segundo año consecutivo de decrecimiento poblacional. Si al término de 2006 la población totalizaba 11 millones 239 043 habitantes, las cifras de 2007 ubican la cuenta en 11 millones 236 790 habitantes.

 

En total, 2253 habitantes menos caminan por las calles de la isla, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), publicados en el sitio web de esa institución.

 

Sin embargo, aunque la población disminuyó nuevamente, durante 2007 se registraron 1149 nacimientos más que en el año precedente y un ligero incremento de la Tasa Global de Fecundidad (TGF). En 2006, la TGF, que representa el promedio de hijos nacidos por cada mujer, fue de 1,39, mientras en 2007 llegó a 1,43.

 

El tamaño de las familias cubanas comenzó a disminuir desde finales de la década del sesenta del siglo pasado y ya a partir de 1978, por cada mujer en edad reproductiva, no queda una hija que la sustituya en el rol reproductivo.

 

Las causas de la baja fecundidad son múltiples, pero los especialistas coinciden en señalar el cambio de la condición de la mujer, unido a la existencia de un mayor nivel educacional y favorables condiciones para garantizar la salud, como las causas de mayor impacto en esta situación.

 

También influyen problemas materiales como la insuficiencia de viviendas, el costo de la vida, la carencia de guarderías o círculos infantiles y servicios de apoyo al hogar, además de la migración hacia el exterior de mujeres en edad reproductiva.

 

Adicionalmente, la isla también está registrando un desplazamiento de la edad en que las cubanas tienen a sus hijos.

 

Un estudio de las investigadoras Nodalys González y Grisell Rodríguez Gómez, del Centro de Estudios Demográficos (CEDEM), de la Universidad de La Habana, estableció que entre 1990 y 2002, período de referencia de las autoras, la edad promedio en que las mujeres cubanas procreaban mostró un aumento paulatino desde 25,2 hasta 26,5 años.

 

En pocas palabras, en poco más de una década, esa edad media se incrementó en 1,3 años. Aunque el grupo de mujeres de 20 a 24 años sigue llevando el mayor peso en la reproducción, ya no es posible obviar la tendencia ascendente que viene marcando el grupo de entre 25 y 29 años.

 

Aunque estadísticamente el aumento en los nacimientos reportado en 2007 no es representativo, está en línea con la opinión de algunos especialistas de que existe una reserva de nacimientos en la isla.

 

Un análisis de la doctora María del Carmen Franco, del Centro de Estudios de Población y Desarrollo (CEPDE), de la ONE, asegura que, aunque efectivamente la fecundidad cubana se ha envejecido, la edad media al tener el primer hijo se mantiene todavía joven (23,5 años).

 

Así, según Franco, queda abierta una puerta para futuras acciones, en busca de una potencial recuperación de la fecundidad. “Las mujeres cubanas todavía se hacen madres siendo muy jóvenes y, una vez que empiezan, muchas continúan”, asegura esta experta.

 

Esas conclusiones, junto a resultados de investigaciones que reconocen un ideal de familia un tanto mayor, no cumplido en algunas cubanas, apuntan a una posible recuperación de la fecundidad, aunque siempre hacia niveles muy bajos.

 

En ese camino, demógrafos opinan que el decrecimiento poblacional en Cuba no será absoluto, ni sostenido.

 

“El país debe oscilar en los próximos años entre crecimientos bajos o decrecimientos, dada las tendencias pronosticadas de sus componentes demográficos; es decir, nacimientos, defunciones y migraciones”, estima Juan Carlos Alfonso Fraga, director del CEPDE.

 

Pero el envejecimiento de la población, consecuencia directa de la actual situación, no tiene marcha atrás, al menos en el futuro cercano. El grado de envejecimiento en el país aumentó de 15,9 por ciento de personas de 60 años y más en 2006, a 16,6 por ciento en 2007, afianzándose como el principal problema demográfico de la isla.

 

Para 2050, si no se ha modificado la situación, la isla estará entre los once países más envejecidos del mundo, según las cuentas del Fondo de Población de las Naciones Unidas.