Reportajes y noticias de SEMlac

Del 10 al 16 de marzo de 2008

Cuba: Violencia en el espacio más íntimo

Por Raquel Sierra

La Habana, marzo.- Aun a puertas cerradas, pero con la complicidad de las ventanas, los gritos se oyen en la calle. En su coto íntimo, el matrimonio pasa de la conversación a la discusión, a un volumen que sube y sube. Y, por primera vez —que probablemente ya no será la última—, sobreviene el golpe.

Lidia y Gonzalo fueron novios casi dos años. Cuando consideraron que la relación era sólida, decidieron casarse. Con sus altas y bajas, vivieron una etapa de hijos, alegrías, frustraciones, silencios y hasta empujones.

Hasta la segunda vez, Lidia creyó en el “no volverá a suceder” de su marido. Pasó por miedos, días en casa de sus hermanas y hasta amenazas de divorcio. Luego de semanas de calma, la atmósfera en el hogar se pone densa y ella presiente el día en que estallará nuevamente la ira.

“Son acumulaciones de cosas, de ambas partes, y en el momento menos pensado, por algo más bien insignificante, revienta el conflicto”, cuenta Lidia.

En las parejas, señalan expertos, las contradicciones encuentran respuesta y hasta un alivio de tensiones en la violencia.

De acuerdo con la psicóloga Yudislaine Pier Ramírez, de la Universidad de Las Tunas, en el análisis de parejas en conflicto, el maltrato es común, ya sea físico, psicológico o sexual. “En la mayoría de los casos la mujer es la que sufre, al ser violentada por el hombre, mas no es la única”, admite.

Los contenidos patriarcales que se interiorizan desde la misma formación de la personalidad, a los tres años, y enmascaran la dominación, se llevan luego a la relación de pareja, un espacio intersubjetivo donde comparten, se mezclan y se entretejen dos subjetividades. Ello va a determinar cómo se establece la relación de pareja, opina.

“Si estamos educados en esa cultura patriarcal, ese rejuego de dominio y subordinación, se establece una relación de poder de género, que subyace en la relación sentimental. Este poder debe ser mantenido y para ello se aplican diferentes recursos, entre ellos la violencia”, señala Pier.

“La relación de pareja es el espacio por excelencia de la violencia de género, es un vínculo amoroso que tiene en su base una relación de género. Son dos subjetividades que se contraponen y se complementan”, comenta Pier.

Aunque existen otros mecanismos —económicos e ideológicos—, considera que la violencia opera siempre como un método eficaz para controlar, en tanto humilla, doblega y se puede ejercer incluso de forma física, la más brutal.

“Detrás de todo esto, del golpe, la humillación y del ‘te prohíbo’, hay una violencia psicológica. Cuando tu pareja, novio o esposo se atreve a darte un golpe es porque antes ya habido muchas cosas, señales y silencios”, indica.

“Una vez que se produce un episodio de violencia, esta práctica se instaura como un método para la solución de conflictos”, alerta Pier, quien integra la Cátedra de la Mujer de la Universidad de Las Tunas, creada hace un año.

El ciclo se repite: la fase de acumulación, de carga, de tensión. El hombre observa actitudes en su pareja que se van acumulando en su interior. Luego, en una segunda, está el maltrato y el golpe, hasta llegar a la última, llamada de `luna de miel´. “Cada vez los períodos se van acortando”, explica.

Daños imborrables

La violencia es un fenómeno que, hasta hace no tanto, se consideraba inexistente en la sociedad cubana. Pero los estudios promovidos desde la academia abrieron los ojos sobre un asunto al que debe prestársele atención y acción.

Los moretones y la muerte son sus signos más visibles y alarmantes en la pareja. Sin embargo, expertos indican que no son los únicos.

En su ponencia “Violencia en la pareja: producto del sistema patriarcal”, Pier considera que debe analizarse el origen y la dinámica de la violencia de género en la relación de pareja, como causante de malestares biopsicosociales.

“En el trabajo con parejas que manifiestan estos episodios, la mujer padece de desajustes psicológicos provocados por esta situación y presenta varios síntomas”, explica.

Entre ellos se encuentran cefaleas, síndromes ansioso-depresivos, dispauremia —dolor vaginal en la penetración—, disminución de la libido, irritabilidad, estrés postraumático, deterioro de la autoestima y dificultades para establecer relaciones interpersonales. “El hombre también vivencia malestares que no concientiza”, indica la estudiosa.

Amores que matan

En la conferencia Violencia y Sociedad, dictada recientemente durante un coloquio internacional celebrado en La Habana y organizado por Casa de las Américas, la doctora Clotilde Proveyer señala que “la violencia contra la mujer en la relación de pareja es una violencia de género con todas las implicaciones que de ello se derivan. Violencia de género sistemática que abrumadoramente es iniciada por el hombre e infringida sobre la mujer”.

La profesora de la Universidad de La Habana asegura que, en la sociedad cubana, aún predomina la estructura patriarcal en la cultura y el pensamiento de hombres y mujeres.

Algunas cifras muestran que los desenlaces pueden ser fatales. Citando estudios recientes, sin especificar la fecha, Proveyer señaló que, en Cuba, 52 por ciento de los homicidios contra la mujer ocurrió en el hogar de la víctima.

La mitad de ellas muere a manos de sus maridos y 60 por ciento lo hace a cuenta de algún tipo de vínculo con la relación de pareja. En el país, agregó, casi tres mujeres por cada hombre son asesinadas por su pareja, mientras que la totalidad de las que cometieron asesinato lo hicieron como forma de reacción ante la violencia que han padecido.

“Aunque no parece existir una explicación simple de supervivencia histórica, esta debe trascender las características individuales del hombre, de la mujer y de la familia, y tomar en consideración la estructura de las relaciones y el papel de la sociedad en el sostén de dicha estructura”, apunta Proveyer.

A su juicio, “el carácter sexista de la sociedad y de la inferiorización de las mujeres que ello implica, fomentada en todas las culturas, se encuentra en la base de la explicación causal de este problema”.

“La cultura patriarcal no se reproduce por generación espontánea, se educa y transmite de una generación a otra, a través de la socialización que prepara a hombres y mujeres en subculturas diferentes. Unos para el ejercicio del poder y otras, para la subordinación y la dependencia”, afirmó.

Caminos

En los estudios de género, fundamentalmente los relativos a la relación de pareja, manifiesta Pier, “nos quedamos en el brocal, identificamos el problema, pero no hacemos nada y hay personas que se preguntan qué hago, cómo lo resuelvo”.

A su juicio, debe hacerse un análisis sobre compatibilidad de los sujetos, que es lo que se conoce como “la media naranja”.

“Se trata de encontrar una pareja, no sobre la base de su solvencia económica o porque puede resolver el problema de la vivienda, o porque es bonito, sino tratar de prevenir los posibles conflictos que podrían venir”, recomienda.

En declaraciones a SEMlac, Pier indicó que “se debe buscar una relación más-menos afín a tus intereses, que pase por encima de condiciones económicas y de beneficios personales, y que vaya más bien con tus intereses, porque se trata de compromisos subjetivos, estás comprometiendo motivos y proyectos de vida”.

Lo primero es partir de un análisis de la relación de pareja que vamos a establecer, con quién y cuáles son sus características, indica.

Otro paso es la reconstrucción de los modelos hegemónicos de la masculinidad y que los varones entiendan que no se trata de dejar de ser hombres, sino de ser diferentes, de dejar ese concepto de “yo soy el que mando”.

La violencia sexual dentro de la pareja no puede convertirse en una familiaridad acrítica, porque “él es el que tiene deseos y tiene que tomar la iniciativa y yo soy un sujeto pasivo en la relación íntima”, agrega.

Pier considera imprescindible la ampliación de las redes sociales de mujeres para el apoyo, así como para la socialización de relaciones de género equitativas. Entre los caminos que recomienda transitar se encuentran un papel activo de los medios de comunicación y el replanteamiento de la perspectiva de género en los espacios públicos.

“A pesar de un camino avanzado en el análisis, estudio y discusión en torno a la problemática de la violencia contra la mujer, todavía es necesario coordinar esfuerzos para evitar duplicidades e ir al análisis de aspectos medulares e imprescindibles para cualquier plan de intervención en esta materia”, considera, Proveyer.

Chile: De la visibilización a la erradicación del feminicidio

Por Ángela Castellanos

Santiago de Chile, marzo.- Salir a tiempo del ciclo de la violencia, y con vida, es un gran desafío. En Chile, cada 5,2 días, hay un feminicidio, según DOMOS, una organización no gubernamental chilena que desde 1984 trabaja en la promoción del desarrollo integral de las mujeres y el mejoramiento de su calidad de vida, y que tiene como uno de sus ejes la acción tendiente a la erradicación de la violencia hacia ese sector poblacional.

“Es posible salir del ciclo de violencia, pero se debe tomar la decisión firme. Yo fui víctima de varios tipos de violencia en la familia: sexual y física. Y sé que es posible”, afirmó una líder comunitaria rural de Chile, que prefirió omitir su nombre.

El feminicidio de chilenas es una noticia reiterada en las secciones de crónica roja de los diarios de este país, y en no pocos casos el agresor ha actuado con sevicia.

“Siempre ha existido el riesgo que se hiciera de la violencia de género un uso abusivo por los medios de comunicación, extralimitando la gravedad o lo perverso del asunto, y creemos que ahí podemos enseñar que este no es un tema pasional, sino de abuso de poder”, afirmó a SEMlac Laura Albornoz, Ministra-Directora del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM).

“Podemos enseñar que a las mujeres no las matan porque el agresor fuera alcohólico o porque está desempleado, sino porque hay estructuras patriarcales en las familias que permiten que eso suceda y que lo toleran”, precisó.

Según datos de SERNAM, organismo encargado de las políticas públicas para la mujer, en 2006 se contabilizaron 48 feminicidios, 62 en 2007 y, hasta el primero de marzo del presente año, eran 14 las asesinadas por su condición de mujer, de acuerdo con registros de fuentes policiales y judiciales.

Dado que la contabilización de las muertes por razones de género es muy reciente, no se puede afirmar que el feminicidio esté en aumento ni que no lo esté. No obstante, lo que sí se ha incrementado es su visibilización pública.

“En la medida que, desde el movimiento de mujeres, hemos nombrado y hecho visible esa forma extrema de violencia contra la mujer, hemos sensibilizado a las sociedades”, afirmó a SEMlac Ximena Rojas, coordinadora de Género y Violencia de la Corporación DOMOS.

“Son los movimientos sociales los que instalan los temas en las agendas públicas en Chile y en el mundo, y en el tema del feminicidio son las organizaciones de chilenas y chilenos que se declaran contrarios a la violencia de este tipo, los que empujan este carro”, indicó.

La tarea de visibilizar el feminicidio por parte de las redes de mujeres de América Latina surgió ante la ocurrencia cotidiana del exterminio de mujeres en la región, y se adoptó como campaña trianual en el taller “Propuestas para la Acción”, realizado en el marco del Simposio “Violencia de Género, Salud y Derechos en las Américas”, en Cancún (México) en 2001.

Pese a la Ley de Violencia Intrafamiliar (VIF), aprobada en 1994 y modificada en 2005, las chilenas siguen siendo asesinadas por razones de género por sus parejas, ex parejas e, incluso, por hombres que han tenido una relación afectiva, sin que se haya constituido una pareja.

Por ello, el gobierno de Michelle Bachelet ha presentado una propuesta de modificación de esa ley, que incluya a los agresores, ex pareja o sujetos que han tenido una relación afectiva, como una categoría particular, para que puedan ser sancionados de manera más drástica por los tribunales de justicia.

“Hasta ahora, esos agresores reciben la misma sanción que la de los casos de homicidio simple; es decir, penas de cinco años y un día. Y lo que estamos pidiendo es que se asemeje a la pena de parricidio, que va de 15 años y un día hasta presidio perpetuo”, según explicó la ministra Albornoz.

Para Rojas, la ley de VIF, que tipifica el delito de “maltrato habitual”, no reconoce que la violencia es cotidiana, que se hace más aguda con el paso del tiempo, ni que la mayoría de las mujeres denuncian cuando sienten que su vida o la de sus hijos está en riesgo. Esto es debido “a que las mujeres hemos sido socializadas para tolerar distintos tipos de abuso”, sostiene Rojas.

“Nosotras, en DOMOS, que hemos trabajado con más de 1.500 mujeres, sabemos que cuando una de ellas presenta una denuncia es porque ya no tiene otra salida, y que lo hace después de haber buscado muchas alternativas. Por tanto, cuando se llega a este punto, es porque ese maltrato es habitual”. Sin embargo, según la legislación, los jueces son quienes evalúan si es maltrato habitual.

DOMOS realizó, con apoyo del SERNAM, el estudio “Ruta Crítica”, una metodología para identificar los nudos críticos en el camino que realizan las mujeres para salir de las relaciones de abuso.

“Sabemos que los servicios y atención son débiles y deficientes, que hace falta presupuesto, pero lo principal es la capacitación del personal que opera la política pública de no violencia contra las mujeres —jueces, policía, personal de salud—, porque es allí donde opera la subjetividad y los sistemas de creencias, los patrones culturales, las experiencias personales”, enfatizó Rojas.

Para DOMOS, que ha capacitado a grupos de carabineros (policía), la intensidad de los cursos es insuficiente. “Para cambiar mentalidades, las capacitaciones deben ser periódicas y tienen que estar a cargo de equipos con conocimiento y experiencia en el tema de género y de derechos humanos”, afirmó la Coordinadora de género y Violencia de esa entidad.

Rojas insiste que un cambio de mentalidad es fundamental, pues los funcionarios que atienden a las mujeres pueden, de manera indirecta, causar la “victimización secundaria”, que es cuando una persona se culpa a sí misma de algo que no es su responsabilidad.

El gobierno concuerda con DOMOS en que los prejuicios y subjetividades de los funcionarios públicos afectan la aplicación de la ley, ya que se han presentado muchos casos en que las mujeres asesinadas habían presentado denuncias.

“Hay jueces y funcionarios que se excusan en la congestión de los despachos judiciales para no darle curso expedito a las denuncias de las mujeres, o que piensan que ellas lo hacen porque quieren sacarle plata el marido, o incluso que se quejan porque son problemáticas u otros prejuicios que cargan los funcionarios públicos”, aseguró Albornoz.

A fin de proteger la vida de las mujeres en inminente riesgo de muerte por razones de género, el gobierno de Bachelet creó las Casas de Acogida. Actualmente existen seis refugios y hay 13 en construcción, que en el 2007 dieron protección a 398 mujeres y 588 menores. De ellas, sólo el 15,6 por ciento estaban trabajando remuneradamente.

La inserción laboral es un elemento fundamental para que las mujeres puedan salir de la situación de violencia, alejándose del agresor. Sin embargo, en Chile la participación femenina en el mercado laboral apenas es del 40 por ciento, lo cual significa que muchas chilenas viven en dependencia económica del agresor.

Por ello, las Casas de Acogida brindan programas de microempresas y capacitación para el trabajo, gracias a los cuales al egresar de los refugios el porcentaje de mujeres insertadas laboralmente creció al 39 por ciento. No obstante, más de la mitad sale del lugar sin lograr independencia económica.

También son fundamentales las redes sociales y familiares que protejan y apoyen a las mujeres para salir del ciclo de violencia. “Necesitamos generar conciencia en los hombres y que los terceros se involucren, ya que igualmente es un problema de la comunidad y de las empresas”, puntualizó Rojas.

El gobierno de Bachelet también aumentó el presupuesto de los Centros de la Mujer, un servicio público donde se atienden, de manera ambulatoria, aquellas que sufren violencia no severa en sus relaciones de pareja.

La misma Ministra afirma que “la solución no pasa únicamente por inyectar recursos. Se requiere capacitación de los jueces y también hacer reformas de carácter sustantivo, para avanzar en la igualdad en la administración de los bienes del matrimonio y de los hijos, y sobre el cuidado de estos, así como reformar leyes anacrónicas que reproducen la estructura familiar basada en jerarquías verticales, donde el que manda es el varón”.

Sin embargo, existen fuerzas políticas contrarias a la adopción de instrumentos internacionales, tales como la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Violencia contra la Mujer, el cual está actualmente en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado sin muchas opciones de ser tramitado.

Albornoz explicó que algunos políticos creen que su ratificación podría abrir espacio para la legalización del aborto, pese a que en ninguna parte de este protocolo se hace referencia a este tema.

Igualmente permitiría que Chile contara con el mecanismo, creado por el protocolo, que permite la presentación de denuncias ante un Comité de Expertas de la Convención, el cual puede abrir investigaciones sobre violaciones sistemáticas contra las mujeres.

República Dominicana: Campesinas rechazan impunidad de violadores

Por Mirta Rodríguez Calderón

Santo Domingo, marzo.- Las manifestaciones por el 8 de Marzo en República Dominicana estuvieron dominadas por la reiteración del descargo de culpabilidad de uno de los ocho violadores de dos niñas dominicanas, quienes también violaron a la madre, una enferma psiquiátrica.

Pese a la gravedad de los hechos, los individuos permanecen en libertad, salvo Tirsón Vázquez Mancebo, apresado ayer domingo; y Ernesto Pérez, alias Meneo, quien había sido liberado antes por el tribunal del municipio de Jimaní, a unos 300 kilómetros al oeste de la capital dominicana, donde se conoció del hecho, alegando que “el imputado no había sido notificado por escrito”, como prescribe el Código Procesal Penal.

Enterada la opinión pública por las denuncias de la Colectiva Mujer y Salud, se generaron acciones y, el jueves 6 de marzo, el nombre y actos del individuo estuvieron nuevamente ante el Tribunal, que consumió hora y media en dar lectura pública a los argumentos del acusado. Entre los siete restantes, tres sólo son mencionados como “los mudos”.

Con sus manos endurecidas por el contacto con la tierra y sus rostros de vigilia, un millar de campesinas afiliadas a la Confederación Nacional de Mujeres del Campo (CONAMUCA) se concentraron frente al Congreso de la República, donde fueron recibidas por el Presidente de la Cámara de Diputados, a quien trasladaron sus reclamos.

Algunas habían salido de sus poblados, en la frontera con Haití, a las dos de la madrugada, para llegar después de siete horas a la capital. El hecho ocurrió en el municipio de Mella, en la provincia Independencia, fronteriza con Haití.

La impresionante multitud de mujeres quería expresar a la más alta instancia legislativa el rechazo a la impunidad de este grupo de violadores; demandarles que generen los mecanismos para una efectiva aplicación de las leyes contra la violencia; y abogar por un instrumento jurídico para la soberanía alimentaria.

Aunque hay comisiones de la Procuraduría General de la República y de la Suprema Corte de Justicia investigando los hechos, para esclarecer la complicidad de las autoridades y de las instancias judiciales, la reiteración de impunidad para estos criminales ha exacerbado los ánimos de muchas dominicanas y dominicanos.

Los violadores durante dos días abusaron de una niña de 12 años, tras haber violado a la madre —enferma psiquiátrica, asesinada después— en presencia de la adolescente y de su hermana de ocho años, presumiblemente también violada.

Paradójicamente, los pobladores del empobrecido municipio Mella, donde tuvo lugar el crimen, se han visto segregados de manifestar su indignación por efectuarse el juicio de descargo a unos 80 kilómetros de donde viven y tener poco acceso a medios de comunicación, según explicó a SEMlac Elisa Mercedes, divulgadora de la Colectiva Mujer y Salud.

El caso a tribunales de derechos humanos internacionales

Dirigentas del movimiento de mujeres, en particular de esa organización, dijeron a SEMlac que acudirán ante organismos internacionales de derechos humanos si en un tiempo prudencial no se evidencia la voluntad de frenar y castigar tales actos de barbarie y violencia contra las mujeres y las niñas.

Sergia Galván, directora ejecutiva de la Colectiva Mujer y Salud, una organización con más de 20 años en defensa de igualdad, trabajo y salud para más de la mitad de la población dominicana (el 51,2 por ciento), se mostró profundamente indignada cuando refirió a esta agencia lo ocurrido en el tribunal de Jimaní:

“En la lectura de la sentencia que dejó en libertad a Ernesto Pérez trataron de justificar el procedimiento y la impunidad, alegando derechos del imputado violador sobre los derechos de las niñas. Hoy mismo, vamos a interponer un recurso de apelación. Estamos solicitando una reapertura del caso. Vamos a hacer que no solamente éste, sino todos los procesados, vuelvan a comparecer ante la justicia”.

Galván explicó que, si este recurso de apelación falla a favor de los violadores, “vamos a usar los tribunales internacionales cuyas normativas protegen el reclamo de respeto a estos derechos humanos de las niñas”.

“Iríamos primero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Interamericana, incluso hasta el Tribunal Penal Internacional de La Haya. El protocolo Facultativo de la CEDAW nos protege. Vamos a usar todos estos instrumentos internacionales”, refirió la dirigente feminista, poseedora de vasta experiencia en el movimiento de mujeres dominicano y continental.

El aludido Protocolo Facultativo se añadió en 1999 a la Convención contra toda Forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) aprobada en 1979 por la Asamblea General de la ONU.

Al decir de la abogada costarricense Alda Facio, muy activa en el proceso de promoción del Protocolo, este instrumento no establece nuevos derechos, pero es un medio para interpretar aquellos enunciados en la Convención, y detallar las medidas que deberían ser adoptadas para implementar tales derechos en situaciones específicas.

En síntesis, lo que hace el Protocolo es establecer los procedimientos para que el Comité que vigila la implementación de la Convención pueda ayudar a los Estados a cumplir con la obligación que asumieron al ratificar la CEDAW. Hasta el año pasado 75 países, entre éstos República Dominicana, habían ratificado ese Protocolo que ofrece las ventajas de que entidades o personas pueden acudir y servirse de él de manera directa.

Es una vergüenza, la indiferencia

La manifestación de campesinas ante el Congreso de la República la encabezó Juana Ferrer, Negrita, una mujer lúcida y combativa que preside CONAMUCA, la organización de mujeres más numerosa y vital del país a pesar de la extrema humildad de la gran mayoría de sus afiliadas. Con esa presencia pública, ellas daban inicio a su 6to. Congreso Nacional.

Al ser recibidas por el presidente de la Cámara Baja, Julio Cesar Valentín, y por la diputada Minou Tavares Mirabal, Negrita fue muy enérgica:

“Entendemos que el Congreso Nacional, más que ser un instrumento para crear leyes, tiene que serlo para implementar los mecanismos que obliguen a su cumplimiento. Es responsabilidad del Congreso que las leyes que se aprueben no vayan en detrimento de la vida y de los derechos de las mujeres que soportan los embates, al igual que los hombres, del modelo neoliberal. Aspiramos a que se garantice la ley de la 24-97 (Contra la Violencia Intrafamiliar)”.

Secundada por el griterío de las que agitaban pañuelos verdes con la consigna de “Basta ya de opresión. Rebelémonos” y el coro repitiendo “es una vergüenza, la indiferencia”, las manifestantes reclamaron que el Congreso se pronuncie ante los actos de violencia “porque ustedes son los principales responsables de crear los mecanismos para que las leyes se cumplan”.

“En ese orden de cosas, pidieron la generación de una ley de soberanía alimentaria que especifique el uso razonable del agua, de la tierra, y el cuidado de la biodiversidad “porque esos son los recursos que tenemos los campesinos y campesinas para garantizar la alimentación del pueblo”.

“Hoy entregamos al Presidente de la Cámara de Diputados una propuesta prioritaria de las mujeres para que estas leyes sean aprobadas en el Congreso: una modificación al Código Agrario; una propuesta de ley que tiene que ver con la soberanía alimentaria, una propuesta de ley sobre la igualdad real entre hombres y mujeres”.

Es importante que el Congreso asuma estas demandas. Las mujeres no desmayamos. Por eso estamos juntas. Porque queremos que el futuro sea bueno para nosotras. Y, si lo es, será bueno para el país”, dijeron.

El presidente Julio César Valentin y la diputada Tavarez Mirabal, quien eventualmente podría ser candidata a la Vicepresidencia de la República por el partido de gobierno para las elecciones de mayo, aseguraron a las manifestantes que informarían al Pleno del Congreso: “Les dejaremos saber a los congresistas y alertaremos para sensibilizar al cuerpo legislativo sobre las preocupaciones de ustedes aquí presentes”.

“Expresamos nuestra decisión inquebrantable de respaldar, auspiciar, promover acciones y esfuerzos en pro de la equidad de géneros y de la preservación de las conquistas de ustedes. Son ustedes quienes han labrado el camino; y la ley de no violencia intrafamiliar es una de esas grandes conquistas. En el Congreso, como órgano de representación de la democracia, lo que hemos hecho es respaldar esas conquistas”.

Aunque las palabras del Presidente de la Cámara de Diputados fueron elocuentes, las mujeres tuvieron algo más que añadir: nos parece que el Congreso Nacional tiene que asumir mayor responsabilidad en garantizar mejor calidad de vida a las mujeres, le dijeron Juana Ferrer y Sergia Galván.

8 de marzo: Peruanas en pie de lucha

Por Julia Vicuña Yacarine

Lima, marzo.- El Colectivo Canto a la Vida, conjunto de organizaciones de mujeres, feministas e instituciones de la sociedad civil que trabajan por los derechos de las mujeres en Perú, convocaron a una marcha con motivo de las celebraciones por el 8 de marzo.

Maria Isabel Cedano, directora de Estudio para la Defensa y los Derechos de la Mujer (DEMUS) y miembro del colectivo, afirmó que el propósito de la movilización fue hacer público el rechazo de las mujeres al modelo neoliberal del actual gobierno y exigir una vida digna, sin pobreza ni violencia.

“Nuestro colectivo promueve una lucha política, social y cultural sin violencia, porque estamos pretendiendo cambiar las cosas. Por ello recordamos las luchas de las mujeres a lo largo de la historia y este año seguimos en pie, por la vigencia de nuestros derechos” señaló.

Con la marcha, además, quisieron expresar su protesta por el impacto negativo del “neoliberalismo” en la vida cotidiana de las mujeres, tanto en el ejercicio de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, como de los sexuales y reproductivos.

En la multitudinaria movilización, sorprendió al público la presencia de un gran número de varones, muchos de ellos portando banderines y pancartas de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP).

“Nuestra central está luchando por la equidad de género y está trabajando por la trasverzalización e institucionalización de un enfoque de género. Las mujeres hemos avanzado en el país y tenemos una gran perspectiva: compartir equitativamente con los compañeros, para juntos luchar por una sociedad más justa e igualitaria”, agregó.

Gloria Pérez, responsable nacional del departamento de la Mujer de la CGTP, comentó que las celebraciones por el 8 marzo tienen la riqueza de la suma de sectores: feministas, campesinas, mujeres de colectivos, de asentamientos humanos, de programas sociales como el vaso de leche y comedores populares y de las mujeres trabajadoras.

“La articulación de varias agrupaciones de mujeres, feministas, organizaciones de los diferentes distritos populosos de Lima, afroperuanas y campesinas es un logró del Colectivo Canto a la Vida”, sostiene Rocío Muñoz, del Centro de Estudios y Promoción Afroperuana Lundu.

Ivonne Macassi, responsable del programa de Derechos Humanos del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, destacó que uno de los temas que preocupa a las mujeres es la falta de empleo y, en el caso de las que tienen un empleo digno, la ausencia de condiciones laborales adecuadas. En esos, como en otros aspectos, “la agenda de las mujeres coincide con la de las trabajadoras” agregó.

Algunos lemas coreadas por las cerca de 3.000 manifestantes eran: “mi cuerpo es mío, ni del Estado ni de la iglesia”, “escucha García la olla esta vacía, nuestro cuerpo violentado, nuestra vida empobrecida”, “hoy no celebramos con rosas ni regalos, hoy reivindicamos a mujeres que han luchado”.

La marcha les permitió, asimismo, hacer públicas sus demandas sectoriales y exigir justicia por la muerte de cuatro campesinos, tres de ellos presuntamente asesinados por la policía durante el paro nacional agrario que se llevó a cabo el 18 y 19 de febrero.

“Nosotras queremos pan, semillas, herramientas para trabajar la chacra; no queremos balas, no queremos más muertes. En el campo estamos de duelo por los hermanos que fallecieron y queremos justicia para ellos. Sabemos que las mujeres de las organizaciones de mujeres de Lima se solidarizan con nosotros”, señaló Lourdes Huanta, Presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas Asalariadas del Perú (FEMCARINAP).

Huanta denunció la detención de la campesina Guadalupe Hilario en la frontera de Perú con Ecuador, en momentos en que ella regresaba del vecino país, a donde acudió para participar en un encuentro preparatorio de la cumbre de los pueblos.

La “Cumbre Social de los Pueblos: Enlazando Alternativas III” se desarrollará paralelamente a la V Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, América Latina y el Caribe (ALC-UE), a realizarse en la capital peruana, del 12 al 15 de mayo.

La marcha terminó en la histórica Plaza 2 de Mayo, escenario de grandes manifestaciones de centrales sindicales, populares y políticas, con un mitin y un fin de fiesta, en los que mujeres y varones danzaron al compás de un carnaval, música festiva originaria de los andes peruanos, que antiguamente se interpretaba en ritos dedicados a propiciar la fecundidad de la tierra.

Argentina: Una ley para prevenir el robo de recién nacidos

Por Norma Loto

Buenos Aires, marzo.- La reciente aprobación de un proyecto de Ley, impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional sobre la identificación del recién nacido, ha generado criterios encontrados. Por un lado, están quienes manifiestan que será un paso positivo para evitar la ruptura del binomio madre-hijo, debido al tráfico de niños; y por otro, los que consideran la medida insuficiente ante tal problema.

El proyecto de ley establece que a las madres de los recién nacidos se les entregue, en los centros de salud, una pulsera con código. Asimismo, al bebé se le colocarán dos pulseras: una en el tobillo y otra en la muñeca.

Además, se le pondrá un broche en el cordón umbilical que llevará inscripto el mismo código de la madre. En caso de nacimientos múltiples, la progenitora tendrá tantas pulseras como niños haya parido.

Este proceso de identificación se completará con las impresiones plantares del bebé y del pulgar derecho de la madre. Toda la información recopilada se adjuntará en la historia clínica de la madre y del recién nacido, en el certificado médico de nacimiento y en el libro de partos del nosocomio.

Se prevé también que el centro asistencial envíe todos los datos en un plazo de 24 horas al Registro Civil, con el fin de que los padres no dilaten este trámite.

En declaraciones a la prensa, la diputada Vilma Ibarra manifestó que “este nuevo sistema de identificación de recién nacidos se enmarca dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño”.

“Era necesario adecuar nuestras normas vigentes a las pautas internacionales adoptadas por nuestro país; creemos que esto brinda mayor eficacia que la actual legislación en materia de identificación”, comentó.

Se supone que con la identificación del binomio madre-hijo se protegerá la identidad de los menores que muchas veces son sustraídos por miembros de redes dedicados al tráfico de menores. Esto ocurre en muchos centros de salud, el primer eslabón de estas redes delincuenciales.

En la Argentina se producen cerca de 700.000 nacimientos anuales, de los cuales el 95 por ciento ocurre en los centros asistenciales. Sin embargo, cerca de 60.000 partos anuales se realizan fuera de los hospitales en situaciones precarias.

Esta realidad ocurre en provincias donde existe un déficit en el sistema de salud y con altos índices de vulnerabilidad socioeconómica como las provincias del Noroeste y Noreste. En estas regiones se ha comprobado la existencia de redes integradas por personal sanitario, miembros de instituciones religiosas y ciudadanos comunes que se dedican al tráfico de recién nacidos.

Por su parte, María Adela Mondelli, pscicóloga social, psicoanalista y representante en Buenos Aires de la Fundación Adoptar (www.adoptar.org.ar), sostiene que este proyecto no genera ninguna prevención al robo de menores.

“No importa mucho la identificación del niño que, más tarde o más temprano, irá a parar en manos de las redes de prostitución, tráfico de órganos, trabajo esclavo. Sólo alcanza la coerción, el secuestro, tomarlos allí donde estén, lisa y llanamente”, expresó.

Bolivia: Mujeres reducen la mortalidad materno-infantil conociendo sus cuerpos

Por Liliana Aguirre F.

La Paz, marzo.- “Antes teníamos hasta 14 hijos, no conocíamos el funcionamiento de nuestros cuerpos, no sabíamos de dónde nos venía la menstruación ni que en eso intervenía la hipófisis. Nosotras hemos aprendido a cuidar nuestros cuerpos y evitar la muerte en mujeres y niños”, explica a SEMlac Cristina Mamani, de la comunidad de Calamarca en La Paz.

También consultada por SEMlac Delia Martínez, comunitaria de Calamarca, cuenta que antes temían acudir a los centros de salud, por lo que muchas morían.

Añade que este sector poblacional mejoró su calidad de vida “con cinco módulos de aprendizaje que son: salud sexual y reproductiva; atención prenatal, embarazo, parto y puerperio; prevención de enfermedades de transmisión sexual; anticoncepción y por último prevención de la violencia.”

Mujeres de las áreas rurales de Calamarca (La Paz) y Morochata (Cochabamba) fueron las principales protagonistas del proyecto “Warmi II”.

Este programa las capacitó acerca de sus derechos sexuales-reproductivos y consolidó la construcción de puentes entre la comunidad y los servicios de salud, con un enfoque de género e interculturalidad, ejecutado por el Programa de Coordinación en Salud Integral (PROCOSI) y financiado por la Corporación Andina de Fomento (CAF).

“El proyecto identificó conocimientos, prácticas y actitudes sobre salud sexual y reproductiva de mujeres en edad fértil, en zonas de Bolivia donde los índices de mortalidad eran sumamente altos”, comenta Wendy McFarren, directora de PROCOSI.

La respuesta de las participantes y la solicitud de varios hombres de ser incluidos en el proceso educativo “promovieron una sinergia alentadora en término de ejercicios de derechos reproductivos”, agregó McFarren.

Desde inicios de 2007 hasta principios de 2008, las cifras de mortalidad materno-infantil, en los sitios donde se ha capacitado a mujeres, se redujeron notablemente. De 75 por ciento bajó a 50, pero aún queda mucho camino para erradicar este problema.

Rómulo Rodríguez, alto ejecutivo de la oficina de la CAF en Caracas, Venezuela, arribó a La Paz para brindar una rueda de prensa acerca del impacto social del proyecto Warmi II, financiado por su institución.

Durante el encuentro, en el cual estuvo presente SEMlac, Rodríguez apuntó que el concepto de desarrollo humano es erradicar la pobreza, y precisó que este flagelo no es sólo carecer de dinero en el bolsillo, sino, además, no tener las herramientas para superarlo.

“La libertad radica en quitarse las cadenas. Esta es la idea central en el proceso de desarrollo del ser humano, pero siempre hay obstáculos y, en nuestra realidad, el primer obstáculo es no morirse al nacer y que la madre no muera”, puntualizó.

En su opinión, “un infante sin madre es mucho más propenso a no salir de la pobreza, no acceder a la escuela y someterse al trabajo infantil para sobrevivir.”

Con respecto a las mujeres y su desarrollo, el ejecutivo de la CAF destacó que, de 2004 a la fecha, observó que las mujeres se empoderaron y desarrollaron sus derechos y autonomía de decisión con respecto a sí mismas y sus cuerpos, aspectos con los cuales se puede superar la pobreza.

Uruguay: Distribución gratuita del DIU en servicios de salud públicos y privados

Por Cristina Canoura

Montevideo, marzo.- "¿Vieron alguna vez un DIU?". La pregunta fue hecha por esta periodista en la sala de redacción de un semanario capitalino, ante cuatro colegas— tres hombres y una mujer— con edades comprendidas entre los 22 y los 28 años.

Ninguno de ellos había visto, ni siquiera en fotos, el dispositivo intrauterino y no podían creer que el modelo que acompañaba un comunicado de prensa distribuido por el Ministerio de Salud Pública (MSP) era igual al que se colocan miles de mujeres en todo el mundo para evitar embarazos no deseados.

"¿Es el tamaño verdadero?", preguntó uno de los periodistas. "Me lo imaginaba mucho más grande", confesó una chica". “Lo que hace es engañar al útero como si ya tuviera un embarazo, ¿no?", acotó otro de los varones.

Los comentarios de estos profesionales evidencian, en los hechos, el profundo desconocimiento de hombres y mujeres en edad reproductiva sobre este eficaz método anticonceptivo y su funcionamiento.

Ese día, el viernes 7 de marzo, en vísperas de las conmemoraciones del Día Internacional de la Mujer, el Programa Nacional Prioritario de Salud de la Mujer y Género del MSP anunció su campaña "DIU gratuito hasta agosto".

La novedad radica en que, además de reforzar la recomendación de su uso para las mujeres que se atienden en los servicios estatales de salud, en los que este dispositivo ya forma parte de la oferta anticonceptiva gratuita desde 2001, ahora podrán acceder a ellos, también sin costo alguno, las que acuden a instituciones de asistencia médica privada.

Para ello, estas entidades deben solicitar al MSP la cantidad necesaria, comprometerse a colocarlos sin cargo alguno y a divulgar el servicio e informar sobre los motivos que desaconsejan o recomiendan su uso.

Hasta ahora, el costo de la colocación del DIU en las instituciones privadas, incluido el propio dispositivo, oscila entre 100 y 150 dólares.

Los afiches que anuncian este beneficio llevan el siguiente mensaje: "Hasta agosto de 2008 el DIU es gratuito. Para que todo embarazo sea deseado, decidí. Podés elegir, es tu derecho".

La campaña de distribución gratuita del dispositivo intrauterino "multiload CU375 standard" fue posible gracias a la donación de 98.000 dispositivos por parte del laboratorio Organón, ante gestiones realizadas por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

Este modelo mide 3,5 centímetros de largo y dos de ancho. Consiste en un centro de polietileno en el cual está enrollado un alambre de cobre. En uno de los extremos posee un semicírculo dentado, también de polietileno, que es el que se adhiere al tejido que recubre el útero o endometrio. En el otro extremo tiene un finísimo hilo sintético que permite retirarlo cuando la mujer lo desee. Su vida útil es de cinco años.

El DIU inactiva los espermatozoides, aumenta la viscosidad del moco cervica;, lo cual impide el ascenso de los espermatozoides al útero, y modifica las características del endometrio, la no hacerlo apto para la nidación.

Al presentar la campaña, la doctora Cristina Grela, directora del Programa Nacional Prioritario de Salud de la Mujer y Género, recordó que, desde 2001, el MSP ofrece en forma gratuita, a hombres y mujeres que se asisten en servicios públicos, prácticamente la totalidad de métodos anticonceptivos: DIU, preservativos masculinos y femeninos, anticonceptivos orales, inyectables, de emergencia y para la lactancia.

"Con esta decisión, intentamos que las personas, hombres y mujeres, puedan decidir sobre su vida reproductiva y que su vida sexual no esté condicionada por responsabilidades reproductivas que no quieren tomar (...) Con esta medida, pretendemos hacer un avance en las políticas públicas relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos y con los derechos humanos de las mujeres", sostuvo Grela.

Por su parte, el doctor Fabián Rodríguez, responsable del área de Salud Sexual y Reproductiva del MSP, destacó que los métodos anticonceptivos integran los objetivos de Desarrollo del Milenio en la categoría de instrumentos que reducen la mortalidad materna asociada al parto y de medicamentos que salvan vidas.

Rodríguez informó que, en 2007, se registraron en Uruguay 14 muertes maternas. De ellas, ocho cursaron embarazos que no habían sido programados: dos murieron por aborto y las otras seis por circunstancias del propio embarazo a término.