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Reportajes y noticias de SEMlacDel 28 de enero al 2 de febrero de 2008
Perú: Deudores de alimentos en la webPor: Zoraida Portillo
Lima, enero.- Con el fin de proteger a los hijos que sufren abandono material de sus padres y a los adultos mayores cuya descendencia elude pasarles una manutención, el poder judicial del Perú ha creado, desde el 22 de enero, el registro de Deudores Alimentarios (REDAM).
Lo singular de este sistema es que todos aquellos que hayan dejado de otorgar una pensión de sobrevivencia a sus hijos o padres ancianos, por más de tres meses, figuran con todos sus datos completos en una página web que puede ser consultada gratuitamente por quien lo desee (http://servicios.pj.gob.pe/redamWeb/index.faces).
Más adelante se piensa, incluso, colocar las fotografías de los morosos para que no queden dudas de quiénes se trata.
“Con esta norma, autorizada por la Constitución, estamos defendiendo el derecho a la vida y al desarrollo de todo ser humano mediante la alimentación”, subrayó el Presidente del Poder Judicial, Francisco Távara al lanzar oficialmente la Red.
Reconoció que llevar a la práctica este proyecto no estuvo exento de dificultades, pero destacó que lo más importante es que se logró su promulgación.
El proyecto de ley fue propuesto hace exactamente un año por la abogada y congresista Rosario Sasieta, cansada de comprobar la cantidad de subterfugios de los que se valen algunos progenitores o hijos con padres ancianos para no otorgar una pensión de alimentos.
Ella recordó que en el largo camino hasta la promulgación de la ley, y aún antes en su etapa de aprobación, tuvo que hacer frente a muchas presiones y burlas de quienes se oponían tenazmente a la creación de un instrumento público de identificación de deudores alimentarios. “No voy a dar nombres, pero recibí presiones de esferas muy altas”, señaló.
Actualmente hay 22 personas en el registro, todos de sexo masculino y todos por pensión de alimentos dejados de pagar a sus hijos. Entre ellos figura incluso un ex alcalde de una provincia de Lima que, de acuerdo con los datos que se leen, hace 30 meses que no paga la pensión de 400 nuevos soles (138 dólares al tipo de cambio) a su menor hijo.
El promedio de pensión no pagar por los morosos que aparecen en esta primera relación es de 300 soles (poco más de cien dólares) y aunque la mayoría no abona la pensión desde hace 6 a 12 meses, hay algunos casos extremos, como el de David Bonifacio, que ostenta 83 cuotas (o meses) atrasados.
“Lo importante de esta red no es sólo que permite identificar plenamente a los morosos, sino que al estar allí tampoco son sujetos de crédito ante ninguna entidad crediticia pues sus datos figuran también en la central de riesgos de la Superintendencia de Banca y Seguros”, señaló Sasieta.
“Sólo cuando esa persona se ponga al día en el pago de su pensión, el juez ordenará el retiro de la REDAM y podrá obtener créditos bancarios nuevamente”, informó.
Asimismo, al estar interconectado el sistema con otros registros del estado peruano, el juez podrá ordenar los descuentos correspondientes en la remuneración que el moroso esté percibiendo, o de acuerdo a su patrimonio, pues todos estos datos se podrán obtener del ministerio de trabajo, la superintendencia de registros públicos e, incluso, de la superintendencia de administración tributaria.
“Será difícil que, como sucede actualmente, arguyan que no tienen trabajo y por eso no pagan. Cruzando los datos se podrá conocer fácilmente si es desempleado o si tiene un empleo aunque sea temporal y dónde”, preció Sasieta.
Nota relacionada: http://www.redsemlac.net/noticias/2007/070115.htm#Perú:_Justicia_frente_a_progenitores_evasores),
Guatemala: Política sin rostro de mujerPor Alba Trejo
Guatemala, enero.- De nuevo, las guatemaltecas fueron las grandes ausentes. Tras la asunción del nuevo gobierno el 14 de enero, los hombres ocuparon la mayor parte de los cargos de poder, mientras ellas volvieron a vivir las consecuencias de la exclusión y machismo predominante en cada uno de los 22 partidos políticos existentes en este país.
En Guatemala, donde el 50 por ciento de los 13 millones de habitantes está conformado por población femenina, las cuotas de poder para ellas sigue siendo un tema sensible. En esta ocasión, sólo seis lograron ocupar la silla edil de los 332 asientos disponibles para gobernar en el poder local, y únicamente 19 diputadas de 158 puestos llegaron al hemiciclo parlamentario.
A eso se suma que el nuevo ejecutivo, presidido por Álvaro Colom, ubicó sólo una mujer en su gabinete para dirigir uno de sus 13 ministerios, el de Educación.
Expertos políticos, como Catalina Soberanis, quien fue presidenta del Congreso de la República hace una década y ministra de Educación, considera crítico que apenas seis guatemaltecas estén en los cargos de poder de sus pueblos porque “en los últimos cuatro años, el incremento de su participación política en el área rural ha sido notoria”, apunta.
Las palabras de Soberanis confirman que en 2007 no les fue bien a las mujeres en la política, pues el número de las elegidas disminuyó de ocho a seis en relación con los comicios de 2003.
En el Congreso, la situación no varió significativamente porque sólo dos diputadas más, en el mismo período, lograron llegar al organismo legislativo. Muchas de las ganadoras de una curul fueron reelectas.
Según Nineth Montenegro, activista en derechos humanos y quien ha sido diputada por dos legislaturas, los partidos políticos son organizaciones machistas. En esta nación, resultan marcados los contrastes de la política en el tema de género y colocan a la mujer al final de sus listas sólo para llenar un requisito exigido por grupos femeninos, pero sin posibilidad de ganar.
Y es que en Guatemala, a excepción del período de 1995, cuando la proporción de mujeres diputadas fue la más alta en el Congreso, la participación femenina en cargos de poder decayó, comenta Manfredo Marroquín, director de la no gubernamental entidad Acción Ciudadana.
La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) da cuenta de la lucha de las guatemaltecas por hacer valer sus derechos. En 1945, se otorgó por vez primera el derecho al voto femenino, pero se excluyó a las analfabetas. Veinte años después, en 1965, se extendió el sufragio a todas las mujeres sin distinción, y en 1956 fue electa la primera diputada. Catorce años después, en 1983, fue designada la primera ministra.
En este país, los puestos de Presidente y Vicepresidente jamás han sido ocupados por mujeres. Sin embargo, en el gobierno de Oscar Berger, una mujer dirigió el ministerio de Seguridad, un puesto ocupado siempre por hombres.
El más reciente informe de Mirador Electoral, que fiscalizó el proceso electoral, señala que al interior de los partidos políticos las perspectivas de promover a mujeres a la máxima candidatura de elección popular no constituye una prioridad.
De América Latina, este es uno de los países con mayor oposición a ceder espacios a las guatemaltecas en los partidos políticos y eso es una demostración de machismo, reafirma Marroquín.
El estudio Más mujeres, mejor política, publicado en 2007 por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, señala que Costa Rica, Panamá y Honduras aprobaron leyes estableciendo cuotas mínimas para la representación femenina en puestos de gobierno en 1996, 1997 y el 2000, respectivamente.
Marroquín destaca que la posición machista de los partidos políticos no ha permitido ceder los espacios concedidos en otros países. Para él, es ahí donde reside el verdadero problema de la ausencia de la mujer en los puestos de poder.
Resultados de la investigación Participación Política de las Mujeres en el Ámbito Local en América Latina, realizada por Alejandra Massolo para UN-INSTRAW-AECI en 2006 indican que en 16 países latinoamericanos sólo 842 de los 15,828 gobiernos municipales son dirigidos por mujeres.
Al analizar tan bajo porcentaje, la investigadora descubrió que a las mujeres que trabajan en política se les exige más que a los hombres, reciben críticas que nunca se le harían a un hombre y que, además, a menudo son acosadas políticamente.
La investigación menciona 10 obstáculos para la participación política femenina en gobiernos locales latinoamericanos, entre estos, la desigualdad de condiciones con los hombres, estereotipos culturales. Además, a la elegida se le hace creer que es un “favor” en lugar de un derecho.
En muchos contextos, como el caso de Guatemala, las indígenas viven una triple discriminación (de sexo, etnia y clase), lo que hace más difícil que logren acceso a la información y al conocimiento de sus derechos.
Como consecuencia, se vuelve más complejo para ellas consolidar sus organizaciones y mejorar sus capacidades de incidencia en la agenda pública. A eso hay que agregar que la educación en la indígena es discriminatoria, pues de 10 alumnos que asisten a las aulas en el área maya, dos son mujeres y estas no logran concluir el tercer grado de primaria porque deben laborar en la casa.
Nicaragua: Paridad en cargos, una vara más larga y más fuertePor Mercedes Peralta
Managua, enero.- La promesa de acceso paritario para hombres y mujeres a los cargos gubernamentales, anunciada por el presidente nicaragüense Daniel Ortega al asumir su mandato en enero de 2007, es una promesa por cumplir, afirman líderes nicaragüenses.
En la actualidad, de 11 ministerios, cuatro están dirigidos por mujeres. Sin embargo, de 13 altos funcionarios removidos por la administración en el primer año de gobierno, nueve son de sexo femenino.
El acceso a cargos públicos figura entre los 12 puntos de la Plataforma establecida en la Conferencia de Beijing, China, para el adelanto de la mujer. Entre las responsabilidades que Nicaragua, al igual que otros países firmantes, asumió, está la de “establecer el objetivo del equilibrio entre mujeres y hombres en los órganos y comités gubernamentales, así como en las entidades de la administración pública y en la judicatura, incluidas”.
Al evaluar el primer año de gobierno, María Teresa Blandón, líder del programa feminista centroamericano “La Corriente”, opinó que la paridad prometida, además de deseable, es imperativa para las democracias de la región porque “a lo largo de la historia, los hombres nos han excluido del poder público y se han autoconstituido como el paradigma del ciudadano con razón y poder para definir, controlar y tutelar las aspiraciones de toda sociedad”.
El acceso de las mujeres a cargos de gobierno no es cosa nueva en Nicaragua, las primeras ministras de gobierno fueron nombradas alrededor de los años sesenta. Más aún, Doña Violeta Chamorro de Barrios, quien ocupó la presidencia de la República de 1990 a 1996, sigue gozando de respeto y aceptación, según diferentes encuestas de opinión pública.
No obstante, al menos a 17 de las mujeres que ascendieron a ministerios y otros altos cargos públicos durante 2007 no parece haberles ido muy bien. Valorando el desempeño de las funcionarias públicas, Blandón esboza dos explicaciones:
Que “la vara con la que este gobierno mide a las mujeres es más larga y más dura que la utilizada para medir el desempeño de los hombres”; o bien que “algunas están menos dispuestas que los hombres a dejarse avasallar por el autoritarismo”, indica.
Imara Martínez, del Grupo Feminista de León, coincidió en que las mujeres tienen una posición más precaria en este tinglado de poder del gobierno. Además de no cumplir con la promesa de integrar un gabinete paritario, Ortega estaría haciendo de las funcionarias mujeres, las primeras y principales víctimas del autoritarismo.
Las razones del despido de las funcionarias parecen superficiales. Por ejemplo, a la ministra de Ambiente y Recursos naturales la acusaron de procurar medicina alternativa para las y los trabajadores de esa institución.
A la directora del Instituto de Cultura la destituyeron porque en una entrevista de prensa afirmó que “no saludaba” la acción del gobierno de regalar al presidente venezolano, Hugo Chávez, tres manuscritos del poeta nacional Rubén Darío, considerados patrimonio nacional.
A esta funcionaria la sustituyó Emilia Torres Aguilar, ex diputada que se inició en el gobierno de Ortega como directora del Instituto Nicaragüense de la Mujer. En el nuevo cargo, que ella dijo asumir con actitud de “soldado”, duró apenas tres meses. Las razones de su destitución nunca fueron explicadas.
Tampoco se conoció el porqué de la separación de la directora del Instituto de Desarrollo Rural, María Auxiliadora Briones, ni de Karla Patricia Rodríguez López quien había sustituido a Briones.
Por su parte, Maritza Cuan, fue obligada a renunciar a la cartera de Salud tras haber aparecido en un saludo televisivo a una conferencia internacional de prevención del VIH-Sida, celebrada en Nicaragua.
El spot apareció en un canal de televisión señalado de “derechista” por el gobierno. Cuan renunció argumentando que tenía serios problemas de salud, pero días antes se la había visto atendiendo en persona a las víctimas de una epidemia de leptospirosis.
Siguieron el desfile de despedidas Mireya Molina, intendente de la Propiedad, y la viceministra de Economía y Fomento, Leana del Socorro Lacayo. Mientras tanto, el Instituto de la Mujer ha visto pasar a tres directoras, quienes aparentemente no han logrado encontrar un “enfoque de género” que satisfaga a la primera dama, Rosario Murillo.
Desde su inauguración, el presidente Ortega proclamó que el 50 por ciento del ejercicio del poder correspondería a la señora Murillo. En 2007, ella fungió como coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, portavoz oficial del Poder Ejecutivo; y coordinadora del Consejo de Planificación Económica y Social.
Más aún, al presentar su informe ante la Asamblea Nacional, el presidente proclamó que, dadas las restricciones legales, su esposa sólo puede ejercer de hecho la función de Secretaria de la Presidencia.
Imara Martínez criticó lo que consideró una peligrosa concentración de poder familiar que atenta contra la democratización del poder. No obstante, entre las filas del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional, el protagonismo de Murillo es bienvenido por opinar que ella desempeña un papel determinante para eliminar las desigualdades que afectan a las mujeres.
Entre la primera dama y el movimiento de mujeres existen tensiones desde el primer gobierno de Ortega, de manera que feminismo —antes y ahora— es una mala palabra en asuntos oficiales.
Algunas funcionarias que prefieren el anonimato expresaron a SEMlac que, por orientaciones expresas de Murillo, ningún documento o normativa estatal debe incluir “derechos sexuales y/o reproductivos”, y que está proscrita toda coordinación con organizaciones del movimiento de mujeres.
En lo que aparece como la confirmación de esas declaraciones, en los primeros días de enero, la ministra de la familia lanzó acusaciones contra la Red de Mujeres Contra la Violencia, que aglutina a unas 150 organizaciones de todo el país, y que logró en las últimas décadas influir en el Estado y la sociedad para hacer injustificable la violencia.
Algunos aciertos Al explorar un balance general del primer año de gobierno, algunas feministas valoran positivamente varias iniciativas gubernamentales. María Teresa Blandón dijo que es alentador que, al menos en el discurso, el Presidente haya confirmado la voluntad de beneficiar en proporciones equitativas a hombres y mujeres en la asignación de bonos productivos, crédito sin usura.
Asimismo, se valoran otros beneficios sociales que inciden positivamente en las mujeres como la desprivatización de los servicios de salud y la educación.
A manera de síntesis, Blandón dijo que “las feministas nicaragüenses vemos con preocupación las señales del gobierno en su primer año de gestión en lo que respecta a los derechos de las mujeres”.
“Ni la paridad en el ejercicio del poder público, ni la equidad en la redistribución de los recursos públicos aparecen como parte de las prioridades del nuevo gobierno, con la contundencia que requiere un país con alto acumulado de discriminación, pobreza y violencia que tienen entre sus principales víctimas a las mujeres”, reafirmó.
A manera de ejemplo, señaló el déficit de equidad en 2007, la despenalización del aborto terapéutico, la falta de continuidad al Programa Nacional de Equidad de Género, y de la Política y el Plan nacional de prevención de la violencia contra las mujeres.
Cuba: Mujeres al ParlamentoRaquel Sierra
La Habana, enero.- Algunas son investigadoras, otras educadoras o dirigentes. El nuevo parlamento cubano, de 614 integrantes, tendrá el estilo y el sello que le impregnen sus 265 diputadas.
Según datos de la Comisión Electoral Nacional, la nueva Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento unicameral) estará integrada por obreros y campesinos (28 por ciento) y mujeres (43,16 por ciento); la edad promedio es de 49 años y el nivel escolar medio o superior (99,2 por ciento).
Las y los diputados de la isla fueron elegidos el 20 de enero en más de 38.200 colegios, a los que acudieron 8 millones 230.832 electores, para 96 por ciento de las personas empadronadas, dijo a la prensa María Esther Reus, presidenta de la Comisión Electoral Nacional y ministra de Justicia.
La nueva legislatura se reunirá el 24 de febrero para elegir al jefe de Estado, lo que despejará las dudas de si el presidente Fidel Castro, convaleciente desde julio de 2006, continuará en el poder.
También se elegirá el Consejo de Estado, integrado por un presidente, un vicepresidente primero, cinco vicepresidentes, un secretario y otros 23 miembros, entre los que estarán los y las titulares de las diferentes carteras.
En la actualidad, en Cuba hay cinco ministras: de la Industria Básica; Auditoría y Control; para la Inversión Extranjera y la Colaboración Económica; Finanzas y Precios y Agricultura (en funciones).
En la primera fase de los comicios para elegir a los delegados a los órganos de gobierno locales (concejales) fueron nominadas 10.799 mujeres. En esa ocasión, el número de nominadas superó en 1.600 las propuestas de las elecciones anteriores, celebradas en 2005.
En la primera vuelta, el 21 de octubre, de los 12.208 delegados municipales seleccionados, 3.270 fueron mujeres (26,79 por ciento). Esa cifra aumentó tras la tercera y última vuelta de 4.159, para 27,3 por ciento.
El número de mujeres en esos espacios ha crecido alrededor de 14 por ciento, desde la primera legislatura de la época revolucionaria, en 1976.
Si en las elecciones de 1976, 21,83 por ciento de los sitios del Parlamento fue ocupado por una mujer, la proporción creció gradualmente, hasta 34,31 por ciento en las elecciones de 1986.
En plena crisis económica, en 1992, la cifra disminuyó a 22,75 por ciento y, en 1998, sumó 27,62 por ciento. Desde el proceso electoral de 2002, la cantidad de mujeres electas ha ido en ascenso.
Datos de la Unión Interparlamentaria, con cierre del 31 de julio de 2007, ubicaron a Cuba en el octavo lugar por países de acuerdo al número de mujeres en sus parlamentos, con 36 por ciento.
Con posibilidades, pero... Las cubanas de inicios de este siglo XXI han alcanzado independencia, méritos laborales y conocimientos que les permiten desempeñar altas responsabilidades de gobierno: las estadísticas indican que ellas son 65,9 por ciento de los profesionales y técnicos ocupados en el país.
Sin embargo, revelan estudios, las que ocupan puestos de dirección suman sólo algo más de 37 por ciento.
Las cubanas representan más de 67 por ciento del total de graduados universitarios, lo que habla también de su disposición para alcanzar un lugar destacado en la sociedad, toda vez que hace apenas 50 años, antes de la llegada al gobierno del presidente Fidel Castro, eran minoría.
Pese a que se han labrado -no sin esfuerzo-, estos altos porcentajes de incorporación a la vida social, generalmente sobre sus hombros descansan la mayoría de las labores domésticas y la educación y atención de los hijos, tanto en el ambiente hogareño como en el escolar.
“Cuando tenía que elegir por quién votar, me decía ‘si lo hago por una mujer, tal vez esté mejor representada, pero si lo hago, ella tendrá mucho más trabajo y responsabilidades’”, confiesa Marina Estévez, profesional de 40 años.
Pero esa actitud paternalista de Estévez hacia sus semejantes, que puede no ser única, no impidió que llegaran 265 mujeres al máximo órgano de gobierno de la isla.
Entre ellas, destaca una pastora presbiteriana, Ofelia Ortega Suárez, vicepresidenta para América Latina del Consejo Mundial de Iglesias, una de los cuatro líderes religiosos electos, ninguno de ellos católico ni laico católico.
Sexualidad: La buena salud favorece la vida sexualPor Sara Más
La Habana, enero.- Disfrutar de una buena salud y seguir un control adecuado de las enfermedades crónicas de la era actual tiene más relación de lo que muchas personas creen con desarrollar una sexualidad plena y placentera.
La diabetes mellitus, los padecimientos renales, los síndromes metabólicos, el cáncer, la hipertensión o la obesidad, entre otros males de estos tiempos, no sólo reducen los años potenciales de vida, provocan malestares físicos o dolor. También atentan contra el buen desempeño sexual, de acuerdo con estudios médicos de varias especialidades.
“Por lo general se asocia el tema de la diabetes en la mujer con el embarazo, porque se sabe que lo afecta. Sin embargo, no se vincula con la edad media de la mujer y pocas personas saben que también incide sobre su sexualidad”, aseguró la doctora Daysi A. Navarro Despaigne, jefa del Grupo de Investigación, Endocrinología y Envejecimiento del Instituto Nacional de Endocrinología.
En la diabetes mellitus, una enfermedad crónica no transmisible que aumenta con los años, el descontrol metabólico se acompaña de hiperglucemia, glicosilacion no enzimática de las proteínas, trastornos vasculares y neuropáticos que, de una manera u otra, influyen negativamente en la función sexual, explicó la especialista en el IV Congreso Cubano de Educación, Orientación y Terapia Sexual, efectuado en La Habana a mediados de este mes.
Estas situaciones, sin embargo, se han estudiado con más frecuencia en la población masculina, particularmente en lo que respecta a las fallas en la erección. De acuerdo con estudios clínicos, la disfunción sexual eréctil puede presentarse en un rango del 20 al 80 por ciento de los hombres con diabetes mellitus.
Esa enfermedad constituye un factor de riesgo para aterosclerosis. “El pene es un órgano fundamentalmente vascular; por tanto, no es de extrañar que en él también se expresen las consecuencias del proceso de aterosclerosis”, explicó Navarro.
Estas situaciones, sin embargo, parecen ser dominadas por los varones diagnosticados, quienes al menos suelen conocer que esa patología endocrina supone una amenaza para su sexualidad.
Entre las mujeres diagnosticadas, en cambio, las investigaciones se han enfocado fundamentalmente al ámbito de la reproducción, el embarazo y el feto.
Pocas veces la información y los estudios profundizan en los efectos que, quizás con menor énfasis que en el hombre, tiene el flujo sanguíneo sobre el clítoris y algunos cambios genitales y extragenitales que expresan la respuesta sexual femenina.
“Según la experiencia de investigaciones realizadas en nuestro medio, las mujeres entrevistadas no consideran que la diabetes mellitus influya negativamente en su actividad sexual. Pero el hombre, incluso con una función sexual normal, sí tiene referencia de que la enfermedad puede afectar su ‘virilidad’”, comentó la doctora Navarro.
Tales comportamientos vienen a confirmar lo que, a juicio de otra especialista, la doctora Beatriz Torres, no sólo tiene que ver con las afecciones reales y la necesaria rehabilitación, sino con los mitos y prejuicios que acompañan aún al tema de la sexualidad.
En su opinión, cuando llega el diagnóstico de alguna enfermedad crónica, la persona pasa a desempeñar un papel inferior: de fuerte a débil, de normal a discapacitado, de proveedor a proveído, de autónomo a dependiente, de activo a pasivo. “Para lo varones significa sexo fallido, deber incumplido”, acotó.
Los nexos hay que buscarlos también en lo que de común hay entre esas enfermedades crónicas no trasmisibles y las disfunciones sexuales, consideran investigadores y especialistas, pues los factores de riesgo de las primeras coinciden con los que propician la aparición de las segundas: el tabaquismo, la obesidad, el alcoholismo, el sedentarismo…
Pero igual que las patologías crónicas tienen un efecto nocivo en la salud y la sexualidad, la regresión de estos problemas le abre paso a una práctica sexual gratificante. De ahí que el cambio hacia estilos de vida saludables tenga una repercusión directa favorable en la salud del cuerpo y la sexualidad.
Así lo comentó a SEMlac el doctor Alberto Quitantes, jefe del servicio de Endocrinología del Hospital “Salvador Allende”, en la capital cubana. Con más de 30 años de experiencia exitosa en una consulta de adelgazamiento en ese centro, el médico refiere que la obesidad y los malestares que provoca, incluidos los sexuales, son procesos completamente reversibles.
Casi todas las personas que acuden a su consulta son mujeres obesas o con sobrepeso, que desean recuperar su masa corporal o alcanzar la ideal, a las que les cuesta hablar fácilmente de su vida sexual.
Su pobre imagen corporal, al sentir que tienen una figura grotesca; la baja autoestima y la depresión son, en estos casos, catalizadores de un funcionamiento sexual fallido o indeseado.
“La mujer obesa es discriminada, se siente rechazada, evade los lances sexuales y se cree culpable de su estado, sin solución aparente. No enciende la luz, evade el momento, evita buscar pareja. Se vuelve vulnerable sexualmente”, describe Quirantes.
A ello añade las que él califica de “dificultades mecánicas”: posiciones imposibles, contacto incompleto de genitales o ninguno (lo que se agrava en la pareja de obesos) y sustitución permanente del coito por la masturbación, el sexo oral u otras variantes.
Tampoco se siente a gusto con su pareja, que a veces la margina, no la presenta a sus amistades, le destina agresiones verbales y extraverbales, lo que redunda en inseguridad, inestabilidad y a veces hasta en ruptura.
Por si fuera poco, la obesidad condiciona la aparición de otros males como la diabetes complicada, la sepsis vaginal, lesiones dérmicas, enfermedades osteoarticulares, poca agilidad y movilidad e hipertensión arterial.
De las entrevistas a siete pacientes que ingresaron a su consulta con obesidad o con obesidad mórbida, un promedio de edad de 37 años y que han reducido entre 10 y 35 kilogramos de peso, todas confesaron haber sentido rechazo de sus parejas antes de empezar el tratamiento de adelgazamiento y tres rompieron el vínculo con sus compañeros.
Una de ellas, diagnosticada y tratada además por cáncer, le confesó al doctor que el motivo de su separación no fue esa enfermedad, sino la gordura. “Supe después que mi esposo hacía chistes con ese tema, incluso con mis hijos. No fui consciente de cuánto nos íbamos distanciando. Ahora soy otra persona”, le contó al médico, luego de haberse librado de aproximadamente 30 kilos y recuperar la confianza en sí misma.
Bolivia: Gobierno denuncia discriminación contra mujeres indígenasPor Liliana Aguirre
La Paz, enero.- El gobierno de Bolivia denunció ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) la persistente discriminación contra mujeres indígenas que se vive en el país andino.
Una delegación de autoridades bolivianas, encabezada por la ministra de Justicia, Celima Torrico, viajó el 16 de enero a Ginebra para formalizar su denuncia ante representantes de la ONU.
Torrico se reunió con la Alta Comisionada adjunta para los Derechos Humanos, Kyung Wha Kang, a quien denunció los actos de racismo y discriminación hacia las mujeres y población indígena, en general,en Bolivia.
Por otra parte, la viceministra de Género, Evelyn Agreda, quien forma parte de la delegación, aseguró a medios de prensa internacionales que las indígenas en Bolivia son sometidas a altos grados de discriminación porque conservan su cultura, tradiciones y sus vestimentas típicas.
Además, afirmó que la discriminación hacia las mujeres —tanto en las urbes como en el campo— es una realidad y la erradicación de este fenómeno debe ser parte del currículo escolar.
En Bolivia, la brecha entre hombres y mujeres en cuanto al acceso a la educación es del dos al tres por ciento en las áreas urbanas y en las rurales se eleva hasta el 14,9 por ciento, según informes del viceministerio de Género.
Las denuncias de discriminación hacia las mujeres indígenas por parte de las autoridades bolivianas se suman al reporte del relator especial de la ONU, Rodolfo Stavenhagen, quien visitó este país durante 2007 para redactar un informe sobre la discriminación hacia pueblos indígenas.
Stavenhagen, mediante una conferencia de prensa, dio a conocer en esa fecha su preocupación por el racismo e intolerancia hacia indígenas en la nación altiplánica.
El funcionario de la ONU también dijo que documentó muchas denuncias de discriminación contra mujeres indígenas que, a su juicio, “son las más afectadas con este fenómeno, porque además de racismo prevalece una sociedad patriarcal y machista en el país”. |