Reportajes y noticias de SEMlac

Del 24 al 30 de septiembre de 2007

Chile: El castigo no espanta el aborto

Por Johanna Ortiz

Santiago, Septiembre.- Francisca, una chilena con seis semanas de gestación quiere interrumpir su embarazo. Su matrimonio está terminando debido a los celos y la violencia de su esposo. Ella cree que éste no es el momento para ser madre. Está segura de su decisión,  pero debe tomar un camino riesgoso, si quiere concretarla.

Intenta con Misotrol, nombre de fantasía del misoprostrol, fármaco que puede provocar la expulsión del óvulo fecundado en los primeros meses de gestación. Se consigue con receta médica, pero existe un mercado negro al cual es posible acceder fácilmente a través de Internet.

En este caso, una amiga le da el dato de un proveedor confiable. Se reúnen en una estación del tren subterráneo de Santiago y él le entrega las cuatro pastillas de 200 miligramos cada una, a cambio de 70 dólares.

La misma dosis puede llegar a costar 160 dólares, según explica a SEMlac, Lucía, amiga de Francisca, quien las ha conseguido más de una vez. Las pastillas se introducen en el cuello del útero y, al cabo de unas horas, no es seguro cuántas, “no existe información oficial”, dice Lucía, llegan los dolores abdominales y el sangrado abundante.

No hay registros certeros de cuántas chilenas recurren al Misotrol o directamente a intervenciones para abortar. Las estimaciones varían de 160.000 a 200.000 mil anuales y, según el libro El drama del aborto, publicado en 2005, la tasa es de 50 por 1000 mujeres entre 15 y 44 años.

Cada mujer que aborta en Chile enfrenta el riesgo de ir a la cárcel entre tres y cinco años, según lo establece el código penal en el capítulo sobre delitos que atentan contra la moralidad pública y el orden de las familias.

La penalización rige igual, así su vida esté en peligro por una enfermedad incompatible con el embarazo, el feto no pueda vivir fuera del vientre o el embarazo sea producto de una violación.

El Misotrol no funcionó esta vez y Francisca comienza la búsqueda de una intervención clandestina. Está tranquila, pero asustada. Si algo sale mal y llega a un hospital, puede terminar presa.

“Todo parece indicar que quienes denuncian, en la mayor parte de los casos, son los funcionarios de los hospitales públicos donde llegan las mujeres con complicaciones derivadas del aborto”, declara a SEMlac la abogada y docente de la Universidad de Chile, Patsili Toledo.

Y precisa que “ellos están obligados a denunciar, por ley,  los delitos de los que tomen conocimiento en el ejercicio de sus funciones”.

El día del aborto llega. Francisca debe ir sola a reunirse con una de las mujeres que hará la intervención, quien la lleva a una pequeña consulta ubicada en el centro de Santiago. Ahí, tras la anestesia local, viene la aspiración que no dura más de quince minutos.

No siente dolor, sólo está débil y debe recostarse media hora antes de abandonar el lugar. Todo ha terminado, sólo queda pagar los 1.000 dólares que costó el aborto y dejar atrás la experiencia.

 “Pasé susto, pensé que podía terminar mal o que me podrían estar siguiendo, pero ahora siento que es un peso que me saqué de encima, no podía tener un hijo en estas condiciones”, relata Francisca a SEMlac.

La maternidad ante todo

“La madre debe tener al hijo aunque éste salga anormal, aunque no lo haya deseado, aunque sea producto de una violación o, aunque de tenerlo, derive en su muerte. (…) cualquiera sea el dolor que ello acarree, pues constituye  precisamente lo que Dios ha impuesto al ser humano”.

Jaime Guzmán, uno de los ideólogos de la dictadura de Augusto Pinochet, hizo estas  declaraciones en 1974, según consta en las actas oficiales de la comisión constituyente que discutía la carta fundamental promulgada en 1980.

En dicha oportunidad, se intentó que la Constitución prohibiera el aborto, pero no hubo acuerdo. Según explica Patsili Toledo, la carta fundamental expresa la voluntad de proteger la vida del que está por nacer, pero le encomienda esta labor a las leyes ordinarias.

De hecho, hasta 1989 el aborto terapéutico fue legal y esta constitución rige desde 1980, señala la abogada, agregando que la comisión  dejó constancia en el acta de que la prohibición del aborto no era una materia constitucional.

Entre 1931 y 1989, el Código Sanitario autorizaba el aborto terapéutico, la interrupción del embarazo cuando estaba en peligro la salud de la mujer, pero  en 1989 el gobierno dictatorial eliminó esa posibilidad.

Discutir la despenalización del aborto terapéutico no está en el programa del gobierno de Michelle Bachelet, aun cuando el informe del Comité de Derechos Humanos de la ONU, del 26 de marzo de 2007, expresa  que:

“El Estado parte debería modificar su legislación de forma que se ayude a las mujeres a evitar embarazos no deseados y que éstas no tengan que recurrir a abortos clandestinos que podrían poner en peligro sus vidas.”

Algunas organizaciones de mujeres están trabajando para poner el tema en la discusión pública y una de las iniciativas en tal sentido fue el foro Hablar de aborto es hablar de justicia social, organizado por la Coordinadora Feministas Jóvenes, en julio pasado.

En dicho coloquio participó Gloria Maira, una de las coordinadoras de la Red Chilena Contra la Violencia Doméstica y Sexual, quien actualmente está investigando la relación entre la violencia sexual y la incidencia de los abortos.

Gloria Maira declaró que no existe información sobre cuántos embarazos son producto de una violación, pero sí entregó datos que llaman la atención sobre la dimensión de la violencia de género.

En 2006 hubo 14.688 denuncias de delitos sexuales en Chile, lo que equivale a 40 al día. Y esta cifra podría aumentar dramáticamente porque se estima que el 80% de estos delitos no se denuncian.

“La violencia sexual es la manifestación extrema del poder y control que se ejerce contra las mujeres, entendiendo esto, un embarazo no deseado -producto de una violación- constituye una prolongación de la violencia y la denegación de los derechos de las mujeres”, afirma Maira.

El castigo no evita los abortos

El miedo no disuadió a Francisca y, al parecer, tampoco a las 438 mujeres que abortan cada día en Chile, si se acepta la estimación de 160.000 anuales, pero que podrían ser más.

“Cualquier análisis racional y no politizado o fanatizado del problema del aborto tiene que llegar a la conclusión de que condenar a la mujer que aborta no es justo, no es eficaz para reducir los abortos y causa graves problemas de salud, sociales y hasta económicos”, expone a SEMlac Aníbal Faúndes.

Faúndes es un médico chileno que vive en Brasil y uno de los autores de El drama del aborto, libro  que entrega abundante información acerca de la situación del aborto en el mundo y además analiza las causas y posibles soluciones a este problema.

Una de las conclusiones del libro, que Faúndes corrobora, es que “los países con menos abortos son países en que el aborto es ampliamente permitido. Por ejemplo, la nación de África con menor tasa de abortos es Túnez, que es uno de los pocos en que es legal en la región”.

Si se trata de comparaciones, El drama del aborto revela que en Alemania, Bélgica, Holanda y Suiza, todos países donde la interrupción es legal, tienen tasas de 10 abortos por cada mil mujeres entre 15 y 44 años, mientras que Chile exhibe la cifra de 50 por cada mil.

Ante la consulta de si es necesario despenalizar el aborto, Faúndes responde: “Sí, pero determinando muy claramente las circunstancias en que debe ser permitido, edad de gestación limite para cada caso y otros detalles que no burocraticen el proceso y que ayuden al objetivo final de reducir los abortos”.

Francisca quería ser madre, ella buscó un embarazo dos años y cuando pensó que ya no era preciso cuidarse, en una de los últimos estertores del matrimonio, se dio la esquiva fecundación.

“Nunca pensé que abortaría, no me siento como una criminal, aunque el aborto no es una solución ideal, ojalá nadie pasara por esto…En Europa tal vez habría sido un proceso más fácil, pero  me tocó vivir  aquí”, señala.

Cuba: Aborto en la adolescencia, suma de múltiples fallas

Raquel Sierra

La Habana, septiembre.- Janet Á. tiene 18 años y una gestación de 15 semanas. Es un embarazo imprevisto, pero a las 10 semanas nada se podía hacer para interrumpirlo, como era el deseo familiar. Aun así, puede decirse que tiene suerte: pese a dos abortos anteriores, sigue siendo fértil.

La infertilidad, afirman expertos, puede ser una de las consecuencias del aborto, sobre todo si es reiterado y, aún más, si se práctica en adolescentes.

En el consultorio 21, perteneciente al policlínico Plaza de la Revolución, en la capital cubana, el doctor Jorge Sancristóbal Díaz, especialista en Medicina General Integral, con 22 años de experiencia en la atención primaria de salud, confiesa que el aborto en muchachas tan jóvenes le provoca desasosiego.

“Ellas y sus parejas, e incluso no pocos padres, lo ven como la solución a un problema, pero no calculan sus riesgos y consecuencias. Sobre todo, no entienden que recurrir a ese método es una evidencia de que en el camino fallaron varias cosas”, dice.

A su juicio, fracasó la confianza y la comunicación entre hijos y padres, falló la educación y la información para evitar relaciones sexuales precoces sin protección y faltó responsabilidad en las jóvenes y sus parejas.

Sancristóbal, miembro del grupo multidisciplinario de atención a la consulta de Planificación Familiar del policlínico Plaza y miembro de la Sociedad Cubana de Desarrollo de la Familia, considera que el ambiente familiar influye considerablemente en la conducta sexual de los jóvenes y sus consecuencias.

“En no pocos casos, son hogares disfuncionales y mujeres solas con hijos de varios padres. Se crea como un caldo de cultivo para la desatención a los adolescentes y la precocidad de las relaciones sexuales desprotegidas. Claro, eso no quiere decir que en otro tipo de familias, con buen funcionamiento, no suceda”, advierte.

“A las familias y a las y los jóvenes debe llegarles el mensaje de que existe una amplia gama de anticonceptivos inocuos y eficaces, cada uno con sus características, que permiten atender las diversas necesidades de las muchachas”, explica.

“Les sugerimos el uso del condón como método doblemente eficaz: protege de un embarazo no deseado y de las enfermedades de transmisión sexual, sobre todo en una etapa en la cual la curiosidad, la presión del grupo y el desconocimiento empujan a varias parejas”, señala.

Estudiosos indican que cerca del 50 por ciento de las adolescentes entre 15 y 19 años tienen una vida sexual activa y que existe un incremento de 10 por ciento anual de mujeres con relaciones sexuales a partir de los 12 años.

Por otro lado, 25 por ciento de las adolescentes con experiencia sexual se embarazan, ocurriendo 60 por ciento de estas gestaciones en los primeros seis meses posteriores al inicio de las relaciones sexuales.

Expertos aseveran que en la isla, uno de cada cuatro abortos tiene lugar en mujeres menores de 20 años, en una proporción similar a la de todos los nacimientos vivos que ocurren entre las adolescentes.

El aborto es legal en Cuba desde 1965, como un derecho de la mujer. La norma respectiva establece como período máximo para realizarlo la décima semana de embarazo y, a partir de ese momento, sólo se hace por razones de salud.

Aun cuando en Cuba la interrupción del embarazo es un procedimiento legal y lo realiza personal especializado, no debe hacerse un uso indiscriminado de ese derecho, considera Sancristóbal.

El aborto, un método “a ciegas”, tiene entre sus principales complicaciones las que se derivan del uso de la anestesia, perforación del útero con lesión o no de órganos vecinos, laceraciones cervicales, hemorragias uterinas asociadas o no a un aborto incompleto e infecciones. A más largo plazo pueden presentarse el embarazo ectópico, inflamación pélvica crónica e infertilidad, refieren los expertos.

Causas y azares

No es un secreto que haber tenido padres adolescentes y, sobre todo, haber nacido de una mujer adolescente, constituye un elemento o factor de riesgo elevado de iniciación sexual precoz y de embarazo a edades tempranas, alerta el doctor Jorge Peláez Mendoza, en el último número de la revista cubana Sexología y Sociedad.

Según Peláez, quien preside la Sociedad Cubana de Ginecología Infanto Juvenil, las investigaciones evidencian que cerca de 34 por ciento de las adolescentes que abortan tienen el antecedente de tener padres muy jóvenes y más de 51 por ciento son hijas de madres adolescentes.

Otro factor de riesgo es la alta frecuencia de padres divorciados, el hecho de no convivir con sus dos padres, e incluso con ninguno, al igual que la disfunción familiar, señala el especialista en su artículo “Aborto en las adolescentes, ¿quién toma la decisión?”.

Una vez detectado un embarazo no deseado, la adolescente, su pareja y la familia enfrentan el dilema de qué hacer.

Según los estudios realizados, en Cuba la familia tiene un gran peso en la decisión, junto al deseo de las muchachas de no interrumpir los estudios y no estar preparadas para asumir la maternidad.

En la isla se exige el consentimiento de los padres para la realización del aborto a todas las adolescentes con 16 años o menos, indica Peláez.

El especialista señala que, al analizar los estudios realizados en Cuba, llama poderosamente la atención el poco peso que se le reconoce a sus contemporáneos y amistades cercanas para tomar la decisión de abortar, situación que difiere de naciones desarrolladas y países en vías de desarrollo.

Los estudios alertan

Un estudio descriptivo realizado con 87 adolescentes entre 12 y 19 años de edad, entre septiembre de 2004 y febrero de 2005, en el Hospital Gineco-obstétrico Dr. Eusebio Hernández, de Ciudad de La Habana, confirmó la precocidad de las relaciones sexuales y la falta de protección.

Según la revista 16 de abril, de los estudiantes de Ciencias Médicas en Cuba, entre las adolescentes encuestadas, con una edad promedio de 17 años, 66,64 por ciento tuvo sus primeras relaciones sexuales antes de los 16 años, sólo  22,98 por ciento había terminado el preuniversitario o el técnico medio, mientras que 56,32 por ciento no utilizaba métodos anticonceptivos.

Esa encuesta arrojó, además, que los 15 años es la edad más frecuente de comienzo de las relaciones sexuales (27,58 por ciento de los casos), mientras que cinco de las encuestadas tuvieron sus primeras relaciones sexuales a los 11 años, “edad en la que aún pueden ser consideradas  niñas”.

El 39,08 por ciento de las encuestadas respondió positivamente sobre embarazos anteriores,, “lo cual deja nuevamente al descubierto la falta de orientación y de responsabilidad de estas adolescentes que, a pesar de su corta edad y sin tener las condiciones y la madurez adecuadas, han quedado embarazadas en más de una ocasión”, indicó la encuesta.

“Mi cuñada tiene 19 años, ya tiene dos niños y se ha hecho tres interrupciones. Quedó huérfana a los 14 años y no ha tenido nadie que la oriente verdaderamente sobre una conducta sexual responsable”, comenta Maritza Rosas, trabajadora de la salud.

Una opción de emergencia

Para Sancristóbal resulta de vital importancia profundizar en la promoción de la sexualidad responsable, basada en los sentimientos y en el sentido de pareja, en contraposición al actual comportamiento de no pocos adolescentes y jóvenes.

“Para los varones, no puede ser como una competencia para ver cuántas novias se anota, que es una conducta que todavía alentamos los padres. La conversación con los hijos debe ser ’si te gusta la muchacha y la quieres, debes cuidarla y protegerla’”.

“Es típico que la joven acuda sola a la consulta de planificación para preguntar por los anticonceptivos y hasta para una interrupción, y no debe ser así, promovemos que venga la pareja, para que los dos sean responsables y vayan ganando en madurez”, señala.

Propone también retomar las charlas que hace un tiempo se impartían en los centros educacionales. “A cada público debemos ir con un lenguaje adecuado para la edad, aunque algunos padres piensen que hablarles de sexualidad y sexo responsable a sus hijos es como incitarlos a hacerlo”.

“Pensar así es un error. El desenfreno es típico de la juventud y lo mejor es que lleguen a ese inevitable momento preparados, con conocimientos, para evitar embarazos que generalmente terminan en aborto y enfermedades de transmisión sexual”, agrega.

Y aconseja que la familia y los adolescentes interioricen que el aborto no es un método anticonceptivo ni de regulación de la fecundidad y sí un proceder médico de altísimo riesgo para la vida, que siempre debe y puede evitarse.

Sobre la anticoncepción de emergencia o postcoital, que se emplea para evitar el embarazo cuando se ha producido una relación sexual sin protección, Sancristóbal señala que tampoco “puede constituirse en un método habitual para evitar gestaciones no deseadas o no planificadas”.

RECUADRO

República Dominicana: Fuerte pugna por despenalización de aborto terapéutico

Por Mirta Rodríguez C.

Santo Domingo, septiembre.- Enfrentamientos verbales sin precedentes y virulentas acusaciones de los sectores más retardatarios de la nación a lideresas del movimiento de mujeres y de otros grupos permearon la agenda pública en este país, donde el aborto es fuertemente penalizado, al margen de las razones que lo justifiquen o aconsejen.

El debate comenzó hace meses, pero una sesión de vista pública en el Parlamento, dos semanas atrás, catapultó esta discusión hacia el exterior, para implicar fuertemente a los medios de comunicación, religiones y fuerzas sociales.

Segmentos católicos y evangélicos, políticos del partido más tradicional, el Reformista Social Cristiano (PRSC), y unas seis decenas de feministas, abogados y abogadas, médicas, campesinas, escritoras y otras intelectuales, fijaron originalmente posiciones en la vista del Congreso.

A estas alturas, también lo han hecho los tres partidos mayoritarios, opuestos al derecho de las mujeres a decidir, aún en los casos de violación, peligros para la vida, incesto y/ o malformaciones del feto.

En vísperas del 28 de septiembre, Día Latinoamericano por la Despenalización del Aborto, las dominicanas ven colocada sobre sus cabezas una espada. Desde luego que las 80.000 a 100.000 mujeres que cada año interrumpen sus embarazos no dejarán de hacerlo cuando lo sientan necesario, pero las más pobres lo realizarán cada vez en condiciones más inseguras.

Y eso, porque el Código Penal -cuya reforma es lo que está en discusión en el Congreso- establecería penalizaciones severas también para el personal médico que atienda a una mujer, aun con un aborto en curso.

Una coalición de organizaciones de mujeres, que procura influir para que se adopte un Código Penal Moderno y Consensuado, ha emprendido una campaña vigorosa y en la pasada semana estuvo presente en prácticamente todos los espacios públicos, con muy sólidos argumentos.

Eso no mitiga, sin embargo, el impacto de lo que hacen los grupos retardatarios, cuyos ardides van desde la publicación de un largo texto en anuncio pagado hasta el propósito de un candidato presidencial de visitar al Papa Benedicto XVI de donde presumiblemente regresará con algún apoyo para quienes pretenden imponer a las mujeres el parto obligatorio.

También los melodramatismos han entrado al juego. Figuras como el Rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo ha dicho que él es lo que es, porque su mamá se negó a abortarlo. Un político golpeador no hace mucho acusado, Víctor Gómez Casanova, del Partido Reformista Social Cristiano, apareció abrazándose con el Cardenal y repitiendo su rechazo a la despenalización.

En ese contexto, el cardenal Manuel de Jesús López ha llegado a sostener que las y los defensores del aborto terapéutico han comprado a diputados y senadores para que aprueben la despenalización en las circunstancias indicadas. Frente a ello, la Fundación Institucionalidad y Justicia, formada por juristas, respondió que la gravedad de tales acusaciones necesitaría demostración. Pero no la ha habido.

Lo que sí ha habido son adicionales denuestos, acusaciones de criminalidad y descalificación de las razones esgrimidas por quienes reclaman  un Código Penal Moderno y Consensuado, a sabiendas de que República Dominicana es de los poquísimos países de la región que, a estas alturas del siglo XXI, mantiene tal legislación arcaica y abusiva.

La virulencia de los ataques tiene que ver con que hay expresiones de respeto de muchas conciencias, incluido el Presidente de la Cámara de Diputados, Julio César Valentín, quien declaró que no aceptarán presiones y que “los legisladores decidirán lo que entiendan razonable”.

De ocurrir así, el futuro Código Penal amparará a las mujeres violadas, víctimas de incesto, con embarazos riesgosos para su vida o portadoras de un feto malformado.

Sin embargo, la noticia del viernes último entrañó la amenaza de evangélicos y católicos de no votar por quienes aprueben la despenalización en las elecciones presidenciales de mayo próximo. Nadie sabría decir cuánto suman esas personas. Las mujeres son el 51 por ciento de la población.

Bolivia: Frenan ley contra acoso y violencia política en razón de género

Por Helen Álvarez V.

La Paz, septiembre (SEMlac).- El proyecto de Ley Contra el Acoso y la Violencia Política en razón de Género durmió tres años en el Congreso Nacional y ahora, cuando su aprobación está en marcha, son las mismas diputadas del oficialismo las que retrasan su aprobación.

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley en grande (el texto completo) el 17 de agosto y debía proceder a su revisión en detalle (artículo por artículo) días atrás; sin embargo, algunas diputadas del Movimiento Al Socialismo (MAS) pidieron la postergación de ese paso con el argumento de que los representantes políticos no habían logrado consensos sobre la futura norma.

"Algunas parlamentarias no están de acuerdo, pero tampoco expresaron su opinión, ni oral ni escrita, pues ellas no participaron de los talleres de socialización. Así que estamos pidiendo nuevas reuniones para que ellas conozcan el proyecto", señaló la diputada Elizabeth Salgueiro, antes de censurar la actitud de sus colegas.

Las líderes de la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol) intentaron conseguir el apoyo de la Unión de Mujeres Parlamentarias de Bolivia (Umpabol), que se reunió en la ciudad de Cochabamba, los días 8 y 9 de septiembre, pero les impidieron ingresar al encuentro y además las maltrataron, según denuncia de la concejala del municipio de Cercado, Tatiana Rojas, a la red Onda Local.

"Pedimos ser escuchadas, pero no nos permitieron; incluso algunas compañeras que habían logrado ingresar al salón fueron echadas, les dijeron que ellas no tenían nada que hacer allí, y eso fue un exceso", protestó.

La concejala de El Alto, Bertha Acarapi, también cuestionó la actitud de las legisladoras, en especial de las del MAS. "Si no quieren aprobar esta norma, a dónde más podemos ir las mujeres. Las parlamentarias nos tienen que apoyar al igual que los hombres, y así garantizaremos la equidad de género en lo económico, en lo social y en lo político en este país", afirmó.

En los últimos cuatro años, Acobol ha contabilizado más de 200 casos en todo el país de persecución y acoso político contra alcaldesas y concejalas, quienes fueron víctimas de amenazas e incluso maltrato físico para obligarlas a dejar sus cargos.

El presidente de la Comisión de Política Social de la Cámara de Diputados, Guillermo Mendoza, quien impulsa el tema, manifestó que la futura norma intenta cubrir un vacío jurídico.

Su principal objetivo es prevenir, proteger, defender y garantizar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres de elegir y ser elegidas a nivel público -nacional, departamental y municipal-, otorgando seguridad jurídica y sancionando las conductas individuales o colectivas establecidas como acoso y violencia política en razón de género, según indicó el parlamentario.

Explicó que la norma establece sanciones, dictadas por juez competente, que van desde la detención por 48 horas hasta la cárcel. Si hay agravantes, las condenas son mucho más severas.

Además, otorga a la Corte Nacional Electoral la prerrogativa de quitar el financiamiento al partido político que incurra en violencia política; y si el acusado es el máximo jefe político, el castigo es la inhabilitación por dos años para ser candidato en cualquier elección.

"Son sanciones revisadas por la Comisión de Constitución Justicia y Policía Judicial, con la finalidad de que no vulneremos los derechos de nadie, pero sí sentemos precedente. Si bien es una ley preventiva, también es una ley punible que tiene sentido", sostuvo el parlamentario que recibió más de 90 denuncias de concejalas que se encuentran ejerciendo cargos públicos.

Ellas sufrieron una serie de agresiones "físicas, morales, psicológicas y hasta sexuales que nos estremecen", comentó.

El texto será aplicable a favor de mujeres en cargos públicos, desde la presidencia de la República, vicepresidencia, asambleístas, senadoras, diputadas, alcaldesas, concejalas, agentes municipales, prefectas consejeras departamentales, hasta integrantes de la directiva de cualquier instancia elegidas democráticamente, que sean víctimas de acoso o violencia política.

Se entiende el acoso político como el acto ilícito cometido, directa o indirectamente, en contra de una mujer o de su familia con el propósito de impedir o restringir el ejercicio de un cargo público, de inducir a una acción u omisión en el cumplimiento de sus funciones mediante actos de presión, persecución, hostigamiento o amenazas efectuadas por cualquier medio.

La violencia política es definida como el acto ilícito cometido por una persona, o a través de terceros, en contra de una mujer o su familia con la finalidad de impedir o restringir el ejercicio de un cargo público o de inducirla a tomar decisiones en contra de su voluntad y de sus principios, a través de actos que causen daño físico, psicológico, moral o sexual.

Perú: Hospitales públicos, donde se tienta a la muerte

Por Julia Vicuña Y.

Lima, septiembre.- “Me costó tanto decidir que me operaran, por no dejar solas a mis hijas. Y ahí empezó todo. Me operan mal, me dañan la vejiga, me veo obligada a usar pañales, el doctor me dice que debo operarme de nuevo. Nunca me imagine que me habían arruinado la vida”, afirma Judith Rivera, contagiada de VIH en un hospital público.

Rivera, de 44 años, recibió una transfusión de sangre el pasado 18 de abril, pues tras habérsele detectado una "Miomatosis Uterina", fue intervenida para extirparle el útero en el Hospital Daniel Alcides Carrión, ubicado en la provincia constitucional del Callao, a 15 kilómetros de Lima.

“En ese momento, mi reacción fue suicidarme y acabar con mi vida. No cabía en mi cabeza que yo podía tener eso, ¿yo?…, es mentira decía. Subí al quinto piso del hospital y me iba a tirar, pero un señor de seguridad y una enfermera me lo impidieron”, dice Rivera al recordar el día que le informaron que tenía el temible virus.

Ella tomó el fallido intento de suicidio como una señal. “Tengo que luchar, esta negligencia no debe quedar así. A mis tres hijas y mi esposo no los puedo dejar. Tengo que probar que no soy promiscua y que él tampoco lo es, como dijo una asistenta. El sida yo no lo tenía, ellos lo pusieron en mi sangre. No tengo miedo, los denunciaré”, le dijo a su comadre.

A la decisión de Rivera se sumaron las mujeres de su asentamiento humano del distrito de Ventanilla, donde ella es dirigente. Realizaron actividades y juntaron dinero para pagar sus pasajes y que pudiera buscar la asesoría de un abogado.

Frente a las demandas y denuncias, después de varias semanas, salió al frente el presidente de la República, Alan García, quien después de recibirla en el Palacio de Gobierno, le pidió perdón públicamente y le informó que el Estado le otorgará una indemnización de 300.000 nuevos soles (95 541 dólares) y una vivienda.

"Como jefe del Estado, le pido perdón a Judith Rivera. Creo que es un error gravísimo el que ha ocurrido e invoco a todos los funcionarios a que no se reproduzcan errores y fallas gravísimas de este tipo que afectan a las personas más humildes, como en este caso", señaló.

Sin embargo, de no haber denunciado públicamente su drama, Rivera no habría sido atendida. Días antes del anuncio presidencial, el Ministerio de Salud (Minsa) había informado que no hubo negligencia en la transmisión del VIH y que no le correspondía pagar una indemnización, porque el donante había estado en “período de ventana” y no sabía que era portador del virus.

El “período de ventana” es el lapso que tarda cualquier persona infectada por el virus en desarrollar los anticuerpos. Según estudios, 97 por ciento de la población mundial desarrolla en tres meses los anticuerpos a cualquier virus.

Los casos de contagio en transfusiones sanguíneas se deberían a las “debilidades” en los protocolos y procesos, y a la calidad de los insumos, que generalmente son los más baratos, señaló Amador Vargas, decano del Colegio Médico.

Según el Minsa, en el país el contagio de VIH por transfusión sanguínea representa entre uno por ciento y dos por ciento del total de casos.

Las medidas adoptadas por las autoridades del sector no contemplan la erradicación de venta de sangre, práctica que pese a ser ilegal se realiza por falta de donantes voluntarios, afirma Elizabeth Carrillo, jefa del banco de sangre del hospital Edgardo Rebagliati, perteneciente a la seguridad social.

Los vendedores de sangre, conocidos como “vampiros”, suelen iniciar sus operaciones entre 6.30 y 7.30 de la mañana, se ubican cerca de los hospitales públicos y ofrecen su sangre por 70 y 100 nuevos soles (22 y 32 dólares) la unidad.

Para el abogado penalista Luis Lamas Puccio, el Ministerio Público debería actuar de oficio, iniciar las investigaciones y determinar quiénes son los responsables de haber transmitido el virus del VIH a Judith Rivera.

"Hay un artículo del código penal, el 286, que tipifica como delito el hecho en sí de transmitir una enfermedad infectocontagiosa. Entonces, los que han participado en este proceso de transfusión tienen que responder penalmente. Si la persona fallece tiene una pena de hasta 20 años, y si no fallece la pena máxima es de 10 años", declaró a un diario local.

Males que se repiten

En 2005, el Minsa se comprometió a evaluar todos los bancos de sangre luego de que se diera a conocer que, a mediados de 2004, siete recién nacidos y una mujer adulta habían contraído el VIH al recibir sangre contaminada en el Instituto Materno Perinatal, ex Maternidad de Lima.

En aquella oportunidad, el Ministerio Público, mediante la Fiscalía Penal 29 de Lima, inició proceso contra Víctor Bazul, director del mencionado nosocomio y otros tres médicos bajo los cargos de delitos contra el cuerpo y la salud, omisión de auxilio o aviso a la autoridad y exposición al peligro a personas dependientes, en agravio de los recién nacidos contagiados con el virus del VIH/sida.

En julio de este año, 39 bancos de sangre de los 238 que existían fueron cerrados porque no cumplían las condiciones mínimas: en algunos, la sangre se conservaba en refrigeradoras caseras, porque no contaban con un sistema criogénico.

Ante esta situación, el Minsa declaró en emergencia los bancos de sangre a nivel nacional y formó una comisión multisectorial integrada por la Organización Panamericana de la Salud, el Colegio Médico, la Sociedad Peruana de Enfermedades Tropicales y universidades, que se encargará de evaluarlos.

La crisis sanitaria que vive este país sudamericano ha llegado a los centros de hemodiálisis, que también han sido declarados en emergencia tras la denuncia de que 30 personas se contagiaron con el virus de la hepatitis C en uno de ellos.