Reportajes y noticias de SEMlac

Del 17 al 23 de septiembre de 2007

América Latina: Diez millones de jóvenes sin empleo

Por Zoraida Portillo

Lima, septiembre.- En América Latina hay 10 millones de jóvenes desempleados, 22 millones que no estudian ni trabajan y más de 30 millones que trabajan en la informalidad o en condiciones precarias. Se estima que la región tiene 106 millones de jóvenes entre los 15 y 24 años.

Estas desalentadoras cifras forman parte del estudio Trabajo Decente y Juventud en América Latina, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuyo capítulo peruano fue dado a conocer en esta capital el pasado 15 de septiembre.

Empleos inestables, pocas y precarias oportunidades de empleo, falta de protección social debido a la informalidad, son algunas de las características del empleo juvenil en América Latina, según Franciso Verdera, especialista en política de empleo de la OIT.

En el caso peruano, el desempleo afecta al diez por ciento de la masa laboral juvenil, aproximadamente unos 300.000 jóvenes, la tasa de desempleo entre las jóvenes peruanas es cinco veces más alta que entre las mujeres adultas y, a diferencia de lo ocurrido en otros países, el crecimiento económico sostenido que experimenta el país desde hace 5 años no se ha traducido en una mayor fuente de empleo para la juventud, precisó Verdera.

A nivel regional, el estudio halló que las tasas de participación de las mujeres jóvenes en la fuerza laboral son mucho menores que las de los hombres jóvenes; así, sólo 38 por ciento de las mujeres trabaja y, de este porcentaje, el 16 por ciento (unos 11 millones) lo hace en trabajo doméstico, que constituye la ocupación más común entre las jóvenes de bajos ingresos.

El estudio reclama políticas que equiparen los derechos y condiciones laborales de las trabajadoras del servicio doméstico, a las que el estudio señala como ejemplo claro de “discriminación múltiple” pues, además de ser mujeres y pobres, en su gran mayoría son indígenas o afrodescendientes.

Según el estudio regional, 30 por ciento de las jóvenes ni estudia ni trabaja y se dedica a actividades del hogar. “Ello refleja, entre otras cosas, una cierta tradición cultural y falta de oportunidad para las mujeres que tienen que combinar trabajo y obligaciones familiares”, se lee en el documento.

Asimismo, llama la atención sobre la maternidad adolescente, que es “una de las grandes restricciones para acceder a empleos productivos y trabajo decente, especialmente si se trata de mujeres pobres con poca educación, solteras y sin pareja”. El estudio constató que la mayor parte de las madres adolescentes vive con sus padres y se dedica a actividades domésticas y cuidado de los hermanos menores.

Por lo tanto, es poco probable que asistan a la escuela o ingresen al mercado de trabajo “y cuando lo hacen es en condiciones muy precarias”, sostiene el documento, para reiterar lo que otros estudios de organismos internacionales advierten: que la maternidad temprana es un factor de reproducción intergeneracional de la pobreza“, pues las adolescentes de hogares de menores ingresos tienen una maternidad más temprana y, por tanto, la posibilidad de tener más hijos”.

Según Verdera, para revertir la situación y mejorar el acceso de los jóvenes a empleos decentes hace falta “mayores incentivos para la contratación de jóvenes”, tanto por parte de las autoridades –mediante la generación de políticas públicas– como de las propias empresas, a través de una contribución más efectiva en la contratación de mano de obra juvenil.

México: Crece la violencia intrafamiliar

Por Alicia Yolanda Reyes

Guadalajara, México, septiembre.- Angélica vivía con su pareja desde hace un año pero decidió acudir en auxilio de su madre cuando ésta le pidió asilo en su casa porque su esposo Manuel, padrastro de la muchacha, la golpeaba. La mujer ya había puesto varias quejas en el Consejo Estatal de la Familia, pero no había encontrado eco.

La joven de 17 años y ocho meses de embarazo ayudaba a su progenitora a colocar sus pertenencias en una camioneta de un vecino que los llevaría a un pequeño pueblo de Jalisco, alejado de la zona metropolitana, con el objeto de huir del marido, pero la vida les tenía preparado otro destino.

Manuel llegó a la vivienda y, a gritos, amenazó a Angélica y a su madre. Acto seguido disparó a la joven; entró a la casa e hizo lo mismo con su pareja y los dos hijos de tres y cinco años. La abuela de Angélica también fue alcanzada por las balas de este hombre golpeador de 37 años, quien al percatarse que los vecinos habían llamado a la policía se suicidó.

La joven moribunda fue llevada al hospital, donde la sometieron a una intervención quirúrgica y lograron salvar a la bebé, pero ella murió. Los vecinos cuentan que Manuel golpeaba a su esposa y a los pequeños, a los cuales amenazaba con matar si lo dejaban, promesa que finalmente cumplió.

Este hecho sacó a la luz pública el poco apoyo que reciben las mujeres cuando denuncian maltrato de sus parejas, señala Judith Rojas, titular de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados en Jalisco.

A juicio de la parlamentaria, los responsables de estos alarmantes actos de violencia intrafamiliar son los gobernantes, legisladores, magistrados y ministerios públicos, ya que no han existido propuestas contundentes para abatir este fenómeno que sitúa a Jalisco en el segundo lugar a nivel nacional de actos violentos de ese tipo.

Consideró que una de las soluciones para erradicar la violencia es que el Consejo Estatal para la prevención de la Violencia cuente con autonomía jurídica y financiera para dar seguimiento a las denuncias que se presentan.

La legisladora reconoció que la infraestructura para brindar orientación a las mujeres que sufren de maltrato físico, emocional y psicológico es deficiente, y admitió que muchos de quienes laboran en áreas de atención a la violencia son personas sin la adecuada preparación.

Por su parte, el director del Centro de Evaluación e Investigación Psicológica de la Universidad de Guadalajara, Francisco Gutiérrez, aseveró que en Jalisco la violencia y los suicidios se incrementaron de manera alarmante y denunció que, pese a existir una docena de instituciones que atienden la salud mental, no han logrado erradicar la violencia intrafamiliar.

De acuerdo con los últimos datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), cada día fallecen en el país 30 mujeres víctimas de la violencia, lo que se traduce en la quinta causa de muerte en ese sector de la población.

El 22 por ciento de estos decesos se producen en el hogar, a manos de la pareja o esposo, y la mayoría ya había denunciado agresiones pero no recibió protección por parte de parte de las autoridades. Otro dato del INEGI señala que el 47 por ciento de las mujeres mayores de 15 años que viven en pareja son víctimas de la violencia emocional, económica, física o sexual de parte del hombre.

Lo más grave es que esos castigos del marido son aceptados socialmente porque ella “no se porta bien”. En el imaginario social “portarse mal” se traduce en que ella salga con sus amigas, hable por teléfono cuando el esposo esté en casa, o no tenga la comida a tiempo, porque aunque salga a trabajar, es una obligación que le corresponde.

La violencia intrafamiliar, que anteriormente se consideraba privativa de personas de bajo nivel social y cultural, está presente en todos los estratos y tiene que ver con la creencia de que la mujer y los hijos son propiedad privada. Por lo tanto, se puede abusar de ellos y corregir si no “obedecen” o no se ajustan a las reglas marcadas en el hogar, que a veces tampoco son tan claras.

Cada vez más la violencia intrafamiliar está con mayor fuerza presente en los hogares. Las víctimas son principalmente las mujeres, aunque los niños y niñas y las personas de la tercera edad también son un grupo vulnerable. En lo que va de este año, en Jalisco se han presentado nueve casos de padres que mataron a sus hijos y una cifra similar de hijos que asesinaron a sus padres.

Uno de los casos que llamó más la atención ocurrió en una zona residencial de la ciudad de Guadalajara, donde un anciano de 80 años, que convalecía de un infarto, y su esposa de 78 que lo cuidaba, fueron asesinados por el hijo menor. Al interrogarlo, refirió que de niño y joven había recibido golpes, malos tratos y humillaciones de parte de su padre, mientras que la madre, según sus declaraciones, nunca lo defendió.

Otro fue el de la anciana de 80 años, violada y asesinada por sus hijos que se encontraban bajo el influjo de alcohol y drogas; ellos señalaron que su madre les negó dinero para seguir bebiendo por lo que la sometieron para que aprendiera. También refirieron haber sido maltratados por sus padres, que los humillaban constantemente.

La violencia de los padres y madres hacía los hijos, ya sea física o verbal es algo cotidiano. La hora de llevar a los hijos a la escuela por la mañana se convierte en una guerra constante y los chiquillos son despertados en medio de gritos e insultos porque se les hace tarde.

Los tirones de pelo o golpes en la cara, porque no se dejan peinar, es algo común y los padres y madres no lo consideran una manifestación de violencia, sino una forma de educar.

De acuerdo al doctor Arturo Abdalá, coordinador de la Clínica de Atención Integral del Niño Maltratado, en México, al menos el 10 por ciento de los menores son víctimas de abuso sexual, maltrato físico o psicológico, por parte de algún familiar cercano.

A su clínica llegan a diario niños con lesiones, como dislocación de brazo, retinas desprendidas y quemaduras en el cuerpo. Acuden a urgencias no por ser víctimas de maltrato, sino por las consecuencias del mismo, y siempre con historias inventadas, como que el pequeño cayó de la cuna o cama y se golpeó con algún mueble. Al revisarlos se encuentran las huellas de maltrato crónico.

En el Hospital Civil de Guadalajara son atendidos niños y niñas con heridas, quemaduras o secuelas de alguna enfermedad de transmisión sexual, que les fue contagiada por el padre, el abuelo, el hermano mayor o el padrastro. Las madres no denuncian por temor al abandono por parte del marido; no parecen tener conciencia del daño que les están haciendo a los menores.

En las áreas urbanas, la principal maltratadora de los hijos es la madre, que a su vez es maltratada por su pareja; mientras que en las zonas rurales es el padre quien dicta todas las reglas y por supuesto los castigos –incluido el físico- contra la mujer e hijos.

Tras los recientes acontecimientos de violencia intrafamiliar, el gobierno federal acaba de anunciar una partida extra para programas de prevención de violencia desde la Secretaría de Salud, aunque en opinión de expertos en salud mental, la prevención debería incluir modificación en la educación desde el jardín infantil, donde niños y niñas reciban el mismo trato.

A juicio de esos especialistas, los cambios deben extenderse al hogar, para evitar así que se continúe privilegiando a los varones en contra de las niñas, a las cuales desde pequeñas se les obliga a realizar labores hogareñas, e incluso a atender al padre y hermanos por ser “las mujercitas del hogar”, mientras que los hermanos salen a la calle a jugar.

Ese trato diferenciado las coloca en situación de vulnerabilidad, al grado que incluso en el noviazgo permiten maltrato de parte de sus parejas. Un sondeo del Instituto de la Juventud y el Instituto de las Mujeres, indica que nueve de cada 10 mujeres de 12 a 29 años han vivido situaciones de violencia en sus noviazgos, pero sólo la mitad de ese total está consciente de ella, la otra mitad la considera normal y como una “muestra de amor de su pareja”.

Salud: Cáncer de mama y sexualidad: difícil, pero posible

Por Sara Más

La Habana, septiembre.- Aunque pueden lograr, en general, una vida sexual satisfactoria, las mujeres sometidas a tratamiento por cáncer de mama suelen experimentar una repercusión negativa sobre el desempeño de su sexualidad, según confirma una investigación específica de especialistas cubanos.

El estudio de casos tuvo en cuenta a 16 mujeres entre 35 y 60 años de edad, con pareja, diagnóstico de cáncer de mama y más de un año de sobre vida al tratamiento quirúrgico. Se trata de pacientes que acudieron a la consulta de oncología del Centro de Investigaciones Médico-Quirúrgicas (CIMEQ), de la capital cubana.

“La actividad sexual de las pacientes disminuyó de manera significativa después de ser operadas”, concluyeron los autores de la pesquisa en un resumen que publica el último número de la revista Sexología y Sociedad, que edita el gubernamental Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX).

La frecuencia con que estas mujeres realizaron el acto sexual, la intensidad de su disfrute, su grado de excitación y el logro del orgasmo estuvieron entre los indicadores valorados por los doctores Marlén Izquierdo, Beatriz Torres, Marisabel González y Ulises Jáuregui, autores de la investigación.

También tuvieron en cuenta la satisfacción que, desde el punto de vista afectivo, experimentaron estas mujeres, con respecto a la actividad sexual con su pareja y con la vida sexual como un todo.

Las indagaciones constataron que la actividad sexual de las pacientes disminuyó significativamente después de ser operadas, se afectó la frecuencia e intensidad del deseo y les fue ligeramente difícil lograr el orgasmo respecto a su estado previo de salud.

Sin embargo, la presencia de la enfermedad no anula completamente la satisfacción personal en su vida afectiva y sexual. El 75 por ciento de las entrevistadas dijo no percibir cambios o aseguró sentirse mejor afectivamente con su pareja, después de la intervención quirúrgica.

La fortaleza de la relación de pareja, el apoyo familiar, el mayor número de años de sobre vida y el rescate de la autoestima fueron identificados por los autores del estudio como factores que favorecieron el reencuentro de estas mujeres con la actividad sexual y su disfrute.

Aun cuando la cirugía parece influir de modo significativo en la capacidad de adaptación conyugal, todas las pacientes reconocieron la importancia de la familia como fuente de apoyo durante la etapa de recuperación de la enfermedad.

En este sentido, la reacción de la pareja fue un factor determinante en la continuidad de la relación, la vida afectiva y su adecuación sexual. De las 16 entrevistadas, sólo dos se separaron de sus parejas luego de la enfermedad, que de alguna manera funcionó como desenlace de conflictos previos.

Pero “estas pacientes rehicieron su vida matrimonial un tiempo después, con buena aceptación de sus nuevos compañeros”, detalla el resumen del estudio.

Si bien todas las entrevistadas reconocieron mayor apoyo en el desempeño diario y comprensión por parte de sus parejas, algunas apreciaron sobreprotección. La mayoría, finalmente, ha ido recuperando el disfrute de su vida sexual, lo que ha tenido una repercusión favorable en su calidad de vida, concluyen los investigadores.

Aborto: Nuevamente la justicia argentina intenta violar un derecho

Por Norma Loto

Buenos Aires, septiembre.- Pese a que la legislación argentina estipula que no es punible el aborto en una mujer violada discapacitada, o cuando está en riesgo la vida o la salud de la mujer, quienes administran la Justicia intentaron, una vez más, desconocer este derecho.

Esta vez fue MFC, una joven discapacitada de 19 años, a quien se le pretendió negar el derecho de interrumpir su embarazo producto de una violación. El hecho ocurrió en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos (a 495 kilómetros al este de la ciudad de Buenos Aires), donde la jueza de menores Claudia Salomón, hizo lugar a la medida cautelar de la abogada Marcela Piterson, de preservar “los derechos del niño por nacer”.

Por este motivo, la magistrada ordenó al Hospital Materno Infantil San Roque que se abstenga de interrumpir el embarazo a la joven. Salomón también dispuso que el Consejo del Menor de Entre Ríos se ocupe de brindar la atención y contención necesarias a la muchacha.

MFC es de origen humilde y vive junto a su padrastro, una decena de hermanos y su madre, Marta Raquel Gauna, quien al conocer del embarazo de su hija y que ese estado fue fruto de la violación cometida por un hombre cercano a su familia, hizo la denuncia correspondiente y luego solicitó turno para un aborto para el 27 de agosto.

Fue precisamente en esa fecha cuando supo que la Justicia había prohibido a los médicos realizar la intervención. En ese momento empezó el otro calvario: la madre habría sido engañada por miembros del Consejo del Menor, que la hicieron firmar una autorización para que su hija fuera internada, en forma provisoria, en un hogar de esa dependencia.

Sobre este caso, SEMlac abordó a la diputada entrerriana Lucy Grimalt, quien cree que las funcionarias que obraron en el caso actuaron basadas en los prejuicios de clase y de género.

“Entendieron que la madre no la cuidó lo suficiente, y dejan entrever que, en forma tardía, acudió al hospital a realizar la denuncia por violación. Además prevalece, en estas funcionarias, la mirada patriarcal al no priorizar la decisión de la madre de interrumpir el aborto y dejan en lugar secundario el único delito aberrante que existe en esta situación, que es la violación de una discapacitada”, comentó la legisladora.

Es que la desobediencia de este derecho adquirido parece ser una constante de la Justicia argentina, pues, por ignorancia o conservadurismo, siempre se incurre en la misma injusticia al poner en jaque la integridad de las personas afectadas y de su entorno familiar.

“La justicia actúa, en este caso, como clara representante de un sistema represivo y controlador de lo social, que tiene un aliado incondicional en la Iglesia Católica, que da sustento ideológico al posicionamiento de estas funcionarias”, manifestó Grimalt.

Finalmente, el viernes 7 de septiembre, luego del accionar de la sociedad civil y de algunos organismos estatales de la provincia, se logró que la Justicia, a través de la Cámara Civil, avalara la interrupción del embarazo de la joven.

Impacto social

Durante el 2006 se conoció de dos jóvenes discapacitadas que fueron violadas y a quienes la Justicia intentó negarles el derecho a interrumpir su embarazo. Tras la presión del movimiento de mujeres se logró que ambas pudieran abortar. Estos casos ocuparon las agendas de los medios masivos y gran parte de la sociedad se solidarizó y repudió la reprobable decisión judicial.

En el caso de MFC, la diputada Grimalt afirma que la sociedad también acompañó la decisión de la madre, pero advierte que en este análisis no se debe dejar de lado la posibilidad de que el producto de ese embarazo sea también una persona discapacitada, además de nacer en un contexto de extrema pobreza.

“Estos factores en el imaginario colectivo representan un drama social. Sin embargo, la postura de la sociedad entrerriana cambia cuando se requiere adhesión a la despenalización y legalización en general del aborto, que en Argentina está prohibido” concluyó.