Reportajes y noticias de SEMlac

del 11 al 17 de junio de 2007

Cuba: Aborto, derecho y responsabilidad

Por Dixie Edith

La Habana, junio.- El rumor de que se prohibirían las interrupciones de embarazo, extendido entre buena parte de la población, ha vuelto a poner sobre el tapete el tema del uso y abuso del aborto en Cuba.

Gloria Domínguez, editora de 37 años, dijo a SEMlac que en su zona de salud le habían asegurado que la opción de acudir voluntariamente a interrumpirse un embarazo iba a desaparecer.

“Yo no lo creí. Cuando pregunté por qué, no me supieron explicar y no sería la primera vez que se corre un rumor infundado de este tipo, pero por si acaso fui a averiguar”, agregó.

Legalizado desde 1965, en Cuba el derecho al aborto, gratuito y sin restricciones, es considerado una conquista social y fuentes oficiales aseguran que en ningún momento se ha valorado la posibilidad de restringirlo.

El profesor Miguel Sosa Marín, especialista en Ginecobstetricia y presidente de la Sociedad Cubana de Desarrollo de la Familia (SOCUDEF), dijo recientemente a la prensa local que los más de 240 servicios de interrupciones de embarazo y regulación menstrual que existen en el país funcionan actualmente a plena capacidad.

“La interrupción voluntaria del embarazo, por libre decisión de la mujer, se realiza hasta las ocho semanas de gestación (diez semanas de falta de menstruación contadas a partir del primer día de la última regla) y para el caso de la regulación menstrual, es hasta 45 días de falta de menstruación”, ha explicado Sosa.

Según regulaciones del Ministerio de Salud Pública, la interrupción de embarazo puede no autorizarse en caso de traer como consecuencia algún tipo de riesgo.

Se consideran en esta situación las mujeres que tengan algún grado de anemia en el momento de acceder al aborto o aquellas que se hayan realizado una cesárea durante al año previo.

También están incluidas las pacientes que padezcan algún tipo de cardiopatía o enfermedad respiratoria, presenten alguna reacción a la anestesia o hayan ingerido alimentos entre ocho y doce horas antes de realizarse la intervención.

Tal determinación médica nunca es de oficio, la decisión la toma el especialista de acuerdo con la gestante y depende de la relación riesgo-beneficio de cada caso específico.

Mientras, algunos países del planeta aún valoran la aprobación de reformas judiciales que pueden mandar a una mujer a la cárcel, hasta por treinta años, sólo por interrumpirse un embarazo.

Datos publicados por el Fondo de Población de Naciones Unidas (FNUAP) estiman que, cada año, mueren cerca de 78 000 mujeres en el mundo por causa de interrupciones practicadas en condiciones inaceptables.

Al menos un cuarto de todos los abortos realizados en malas condiciones corresponden a adolescentes entre 15 y 19 años.

¿De dónde vino, entonces, el rumor de la supuesta prohibición del aborto en la isla? Al parecer, dos hechos se unieron para desatarlo.

La población de Cuba decreció en 2006, en términos absolutos, como consecuencia de sus bajas tasas de fecundidad y de un acelerado proceso de envejecimiento: el 16,2 por ciento de los cubanos y cubanas que pueblan esta isla ya tiene 60 o más años.

Un grupo multidisciplinario nacional analiza actualmente el asunto y la prensa, movida por la noticia, llevó a sus titulares el tema de la baja fecundidad.

Unos más, otros menos, varios artículos publicados en medios de comunicación nacionales han ilustrado –e incluso cuestionado- la tendencia de las familias cubanas a tener cada vez menos hijos.

Paralelamente, desde hace varias décadas, los espacios de promoción de salud recomiendan cautela a las cubanas a la hora de acudir al aborto voluntario.

En otras palabras, que no se emplee como método de control de la natalidad o anticonceptivo, sino como una solución de emergencia.

Al tenerlo gratuito, seguro y al alcance de la mano, muchas no calculan los riesgos de un aborto para su propia salud, y suelen abusar de su práctica.

Investigaciones del Ministerio de Salud Pública estiman que alrededor del veinte por ciento de los abortos en Cuba se relacionan con un fallo de anticonceptivos, y un porcentaje similar podría evitarse, por decisión de la pareja o de la mujer, si practica una anticoncepción consciente.

Cifras del último Anuario Estadístico de Salud Pública aseveran que, en 2004, un total de 67 277 embarazos fueron interrumpidos en las instituciones especializadas del sistema.

Según la fuente, en 1986 llegaron a realizarse 160 926 abortos, para una tasa de 50,6 por cada mil mujeres en edad reproductiva.

Aunque la cifra actual es mucho menor que la de dos décadas atrás, aún es considerada muy alta.

La explicación sigue siendo la misma: se utiliza el aborto como un método anticonceptivo más y no como un derecho que hay que asumir con responsabilidad, una opción excepcional y de alto riesgo.

Considerado como lo más progresista logrado hasta el momento en materia de salud reproductiva, el acápite de aborto en el documento de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, celebrada en El Cairo, en 1994, se refiere a esa situación: "En ningún caso se debe promover el aborto como método de planificación familiar”, especifica el documento.

El Cairo también recomendó “a todos los gobiernos y las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales pertinentes a incrementar su compromiso con la salud de la mujer, a ocuparse de los efectos que en la salud tienen los abortos realizados en condiciones no adecuadas como un importante problema de salud pública y a reducir el recurso del aborto mediante la prestación de más amplios y mayores servicios de planificación de la familia”.

El doctor Sosa confirma que las políticas institucionales de la salud pública cubana caminan también en esa línea, pero manteniendo el aborto como un derecho femenino.

"Queremos disminuir los casos que pudieran ser evitados. Pero siempre tendremos en cuenta que éste es uno de los derechos fundamentales conquistados en el marco de los derechos reproductivos de la mujer", asegura.

El eminente ginecólogo cubano Celestino Álvarez Lajonchere, ya fallecido, evaluaba hace dos décadas que con la educación sexual y las facilidades de métodos y recursos anticonceptivos, la curva de los abortos debía seguir descendiendo.

Pero investigaciones posteriores lo hicieron llegar a una conclusión vigente aún en la actualidad. En Cuba, el conocimiento creído sobre la salud sexual y reproductiva es muy alto, pero el conocimiento real, práctico, no resulta suficiente, aseveraba el doctor Lajonchere, uno de los promotores de la actual legislación cubana sobre aborto.

Según sus resultados, “a la pregunta de ¿usted conoce sobre el tema?, las personas respondían que sí. Pero al solicitarles detalles como ¿dónde consigues ese anticonceptivo, cuál te conviene, quién te orienta?, no podían responder”, declaraba el médico.

Desinformación, comodidad, abandono y poca sistematicidad en el uso de anticonceptivos son las razones más frecuentes que abonan el abuso del aborto, según las investigaciones médicas. Pero no son las más poderosas.

Para Gloria Domínguez, en el fondo, “la cuestión sigue estando en ejercer, con responsabilidad, el derecho a elegir”.

Argentina: Aborto legal para no morir

Por Norma Loto

Buenos Aires, junio.- Luego de un año de trabajo, las organizaciones que conforman la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, hicieron llegar a los legisladores argentinos un proyecto de ley sobre despenalización y legalización del aborto voluntario.

La entrega se efectuó el 28 de mayo pasado, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Este es el tercer año que se realiza esta campaña nacional, cuyo lema es “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”.

El proyecto de ley entregado a los diputados establece en su primer artículo que “toda mujer tiene derecho a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo durante las primeras doce semanas del proceso de gestación”, mientras el segundo reafirma el derecho a acceder a esta práctica en los servicios del sistema de salud, en las condiciones que determina la ley.

La propuesta también plantea que, después de las doce semanas de gestación, la mujer podrá decidir la interrupción del embarazo, cuando éste sea producto de una violación, esté en riesgo su vida o su salud o existan malformaciones fetales graves.

También manifiesta que el personal de salud que presente objeción de conciencia para intervenir en los actos médicos a que hace referencia esta ley, deberá “hacerlo saber a las autoridades del establecimiento”.

“La objeción de conciencia que contempla este proyecto representa un gran avance y da muestra que se puede legislar responsablemente. Estamos representando una lucha histórica no sólo de Argentina, sino de Latinoamérica”, declaró a SEMlac Patricia Walsh, candidata a jefa de gobierno por el Movimiento Socialista de los Trabajadores-Nueva Izquierda.

Luego añadió: “La lucha por legislar el aborto en este país siempre fue difícil y muchas veces este colectivo de mujeres ha tratado de avanzar partiendo de casos puntuales. Sabemos que el núcleo de la cuestión es legalizar el aborto para que se pueda efectuar en los hospitales públicos, de forma segura y gratuita”.

Por su parte, María José Lubertino, presidenta del Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), aseguró a SEMlac que “la mayoría de los abortos serían evitables si hubiera educación sexual, si se aplicara correctamente el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y se previniera la violencia contra las mujeres”.

El Código Penal argentino permite el aborto cuando se trata de "evitar un peligro para la vida o la salud" de la mujer o si el embarazo proviene de una violación de "una mujer idiota o demente”.

Sin embargo, la realidad indica que pesan más los prejuicios y convicciones personales y la ley se torna letra muerta. También el miedo y la ignorancia llevan a dilaciones absurdas, al ser llevados a la instancia judicial casos que no lo requieren, con lo cual se pone en peligro la salud psicofísica de la mujer.

“Desde el INADI, presentamos una recomendación sobre atención sanitaria de casos de abortos legales y tratamiento post-aborto, en la que sugerimos a los médicos que se abstengan de llevar a juicio los pedidos de abortos en los casos que la ley lo permite”, manifestó Lubertino a SEMlac.

“También solicitamos a los ministros de salud de todas las provincias que emitan, de manera urgente, un protocolo para determinar cómo debe ser la atención en los casos de aborto legal”, añadió.

La Recomendación del INADI manifiesta igualmente que no se aplica en forma adecuada el Protocolo de Atención Post-aborto elaborado por el Ministerio de Salud, lo cual resulta imprescindible a la hora de atender a mujeres que llegan a los hospitales con complicaciones debido a los abortos realizados en forma inadecuada.

Luego subraya que esta problemática afecta, sobre todo, a las mujeres de más bajos recursos, pues están obligadas a practicarse dichas intervenciones en la clandestinidad y en condiciones sanitarias deplorables.

“La ilegalidad en la que se desarrolla la interrupción del embarazo, en estos casos, contribuye a aumentar las consecuencias indeseables y agrava la situación de discriminación de las más pobres”, dice la recomendación.

Recuadro 1:

Recuadro 2:

Aborto: Una campaña subterránea por Internet cosecha firmas de apoyo

Por Cristina Canoura

Montevideo, junio.- “El día 16 de mayo de 2007, una mujer uruguaya fue procesada por ‘delito de aborto’. Los y las abajo firmantes hemos infringido la ley 9763 de 1938 haciéndonos un aborto o financiándolo, acompañando a una mujer a practicárselo, conociendo la identidad de muchas y callándonos. Todas y todos somos la mujer de 20 años procesada. O todas y todos somos delincuentes o esa ley esa injusta”.

Con esta convocatoria, impulsada por representantes de diferentes organizaciones sociales, de mujeres y personalidades de diferentes ámbitos del acontecer nacional, se lanzó en la madrugada del viernes primero de junio una campaña a favor de la despenalización del aborto a través de Internet (www.despenalizar.blogspot.com) que, en hasta ahora ha logrado la adhesión de más de 3490 firmas.

Entre los signatarios —hombres y mujeres de todas las edades y todos los partidos políticos— figuran personalidades como las ministras de Desarrollo Social, Marina Arismendi, y del Interior, Daisy Tournier; la directora del Instituto de la Mujer y la Familia, Carmen Beramendi; el ex y el actual rector de la Universidad, Rafael Guarga y Rodrigo Arocena, respectivamente.

También suscribieron el texto decanos de diferentes facultades universitarias; el escritor Eduardo Galeano, periodistas, parlamentarios, economistas músicos y cantantes; diferentes representantes de la vida social y cultural del país y centenas de personas que simplemente se sintieron convocadas por esta iniciativa inédita.

El procesamiento sin prisión de la joven de 20 años que recurrió a un aborto en una clínica clandestina de Montevideo —por el cual pagó 700 dólares y a consecuencia del que contrajo una infección severa— reavivó el debate nacional sobre la despenalización de tal práctica.

Actualmente, existe un proyecto de ley, detenido desde hace un año en el Senado, que prevé la legalización del aborto cuando este se realiza en el transcurso de las primeras 12 semanas de gravidez. El presidente de la República y jefe del primer gobierno de izquierda del país, Tabaré Vázquez, ya anunció su intención de vetar esta normativa en caso de ser aprobada.

La mujer fue denunciada a la policía por un médico que la atendió cuando ella lo consultó por fiebre alta, indicio de una infección en curso tras practicarse un aborto mediante legrado. Con su proceder, el galeno violó una normativa del Ministerio de Salud Pública, aprobada hace tres años, que les exige confidencialidad ante los casos que acuden a los centros de salud con complicaciones por esta causa.

Iniciado el trámite judicial, el juez penal Luis Charles le tipificó a la joven el delito de aborto “con consentimiento de la mujer”. El Código Penal condena con penas que van de tres a 25 meses de prisión a “la mujer que causare su aborto o lo consintiera”. El magistrado eximió a la joven de la cárcel. En tanto, procesó con prisión a la ginecóloga propietaria de la clínica y a su hermana que también participó en la intervención por “delito de aborto con la colaboración de un tercero, en calidad de cómplice, con consentimiento de la mujer”.

El Código Penal uruguayo de 1938 exime de pena de prisión a los abortos realizados en casos de “angustia económica” (aborto miserable), “lesión a su honor” (aborto honorífico), violación (aborto sentimental) o cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la madre (aborto terapéutico). Para ello, la mujer debe dar su consentimiento y la intervención debe ser realizada por un médico en los tres primeros meses de la gestación.

No obstante, esas excepciones rara vez se utilizan debido principalmente a que el artículo 328 del Código que las incluye nunca fue reglamentado y no existen mecanismos que faciliten a quien desea interrumpir un embarazo por alguna de esas causales lograr su objetivo amparada en la ley.

“Cada vez que hay un debate público sobre una nueva legislación para despenalizar el aborto, se retrae el circuito de clínicas clandestinas porque hay mayores riesgos de allanamientos, control policial, denuncias. Por eso, el precio que se cobra allí no es garantía de buena atención, explicó Lilián Abracinskas, coordinadora de la Comisión Nacional de Seguimiento: Mujeres por Democracia, Equidad y Ciudadanía y de la ONG Mujer y Salud en Uruguay.

“Los profesionales que quedan son, quizás, los que tienen menos escrúpulos y menos experiencia”, dijo a SEMlac esta especialista.

En Uruguay, el número de abortos está cerca de igualar a los nacimientos. De hecho, a nivel nacional se registran 47 000 nacimientos por año y se efectúan en el mismo período 33 000 abortos.

Una encuesta posterior al procesamiento de la joven efectuada por la empresa consultora local “Factum” reveló que 61 por ciento de la población se pronuncia a favor de la despenalización del aborto.

Según el director de “Factum”, Eduardo Bottinelli, los resultados de ese sondeo muestran “una clara disociación entre la opinión de la sociedad y la actuación del sistema político”.

La periodista Lucy Garrido, militante feminista y una de las impulsoras de la declaración “Nosotras y nosotros también” que circula por Internet, se pregunta en una nota publicada en el semanario Brecha por qué en el Parlamento uruguayo no existe esa misma relación de seis a tres entre los legisladores que se pronuncien a favor y en contra de la despenalización del aborto.

“En nuestra región, los legisladores son amenazados de excomunión si votan leyes que defienden el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y su reproducción (...) Esta mayoría silenciosa ha decidido, modestamente, firmar para que nuestros representantes no permitan que la jerarquía de la Iglesia católica los deslegitime y les impida hacer su trabajo”, precisó Garrido.

“Soy una abajo firmante porque quiero que el Poder Legislativo que hemos elegido se sienta apoyado y pueda debatir y votar el proyecto de ley de defensa de la salud reproductiva. Tabaré Vázquez tiene todo el derecho a pensar como se le dé la gana, pero el presidente no tiene derecho, antes que una ley sea votada, a esgrimir su poder de veto: es presidente, no tutor (...) Firmamos por indignación ante algo que es absolutamente injusto. Pero también firmamos porque ya es hora de abrir puertas y ventanas, hora de airear la casa”, concluyó.

Chile: Trabajadoras sexuales exigen respeto

Por Johanna Ortiz

Santiago, junio.- En conmemoración del Día Internacional de la Trabajadora Sexual, el Sindicato Ángela Lina convocó por primera vez a una marcha para promocionar los derechos humanos, sociales y laborales de las chilenas que ejercen el comercio sexual.

En medio de una fría tarde invernal, las mujeres marcharon el sábado 2 de junio por el Paseo Ahumada, la calle más transitada de la capital chilena, rumbo al frontis de la Catedral de Santiago, donde entregaron una declaración y divulgaron información para evitar las enfermedades de transmisión sexual.

La presidenta del sindicato, Marcia Poblete, declaró a SEMlac que, por un lado, cargan con un estigma y, por el otro, no existen para la sociedad porque no pueden acceder a las garantías que tienen el resto de las y los trabajadores.

Es decir, no cuentan con previsión social ni contratos de trabajo, con lo cual quedan en una situación de vulnerabilidad. Marcia representa a 15 700 mujeres en todo Chile y explica que el mandato que ha recibido es poner las demandas de las trabajadoras sexuales en la agenda pública.

El comercio sexual no está penalizado en el país, pero sí están prohibidos los prostíbulos. Muchos funcionan de manera clandestina y otros se esconden tras la figura de “casas de masajes”.

“Nadie está porque quiere, pero tenemos que regular el trabajo sexual. No es dinero fácil, nosotras trabajamos con el cuerpo, prestamos un servicio y es un trabajo que implica riesgos, como las enfermedades de transmisión sexual y detención por ofensas al pudor, entre otros”, puntualiza la presidenta de Ángela Lina.

En diciembre de 2006, un grupo de parlamentarios de la coalición de gobierno, con el apoyo del sindicato de trabajadoras sexuales, presentó modificaciones a los artículos del Código Penal que, en la práctica, persiguen el comercio sexual.

Uno de ellos es el 372, al que se refirió Marcia, que establece la detención en el caso de ofensas a la moral o las buenas costumbres. Dichas costumbres quedan al arbitrio de los policías que realizan los arrestos, quienes, amparados en este artículo, apresan a las trabajadoras sexuales que ejercen su oficio en la calle.

Ellas son quienes enfrentan mayores peligros, comenta Marcia, porque cada cierto tiempo grupos de neonazis atacan a las mujeres que trabajan en los distintos barrios que aglutinan el comercio sexual.

La dirigente considera difícil conocer la magnitud de los ataques y su frecuencia, porque hay pocas denuncias debido a que “la mayoría de las mujeres que trabajan en esto lo hacen escondidas de sus familias, entonces no van a correr riesgos. Además, ¿quién le va a hacer caso a la denuncia de una trabajadora sexual?”.

Colombia: Aumentan muertes por cáncer cervical

Por Ángela Castellanos

Bogotá, junio.- “Conozco amigas que no se hacen la citología vaginal, a pesar de que tienen los medios económicos y saben de su importancia en la detección del cáncer cervical. Creo que no tienen una cultura del autocuidado y de la prevención”, dijo a SEMlac Ángela Matallana, una bogotana de 47 años.

Ella asegura que se hace esa prueba todos los años y sólo una vez los resultados presentaron una alerta. “Me hicieron una biopsia y luego me recetaron un tratamiento con óvulos. Todo se controló”, comentó, Precisamente, la Secretaría de Salud de Bogotá lanzó medidas para promocionar y facilitar la práctica de la citología a fin de prevenir el cáncer de cuello uterino, que se ha convertido en la segunda causa de mortalidad por cáncer entre las mujeres de 30 a 59 años, después del de seno.

“En las décadas pasadas, el cáncer de cuello uterino representaba la primera causa de muerte por cáncer entre las mujeres, ahora es la segunda, pero no porque haya disminuido, sino porque aumentó el de mama”, afirmó a SEMlac Elkin Osorio, director del Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría de Salud.

Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 2005 (ENDS 2005) realizada por Profamilia, una entidad privada sin ánimo de lucro que brinda el 65 por ciento de los servicios de salud sexual y reproductiva en Colombia, entre 1995 y 2000 la proporción de defunciones por cáncer de cuello uterino entre las mujeres de 40 a 69 años aumentó de 54 a 62 por ciento.

Ese estudio indicó que los decesos de colombianas de 20 a 49 años por esta misma causa se incrementaron de 34 a 37 por ciento.

La citología vaginal consiste en retirar células del cuello del útero para detectar alteraciones que puedan sugerir la presencia de cáncer en la matriz. Su práctica oportuna puede disminuir, hasta en 60 por ciento, la mortalidad temprana por este tipo de enfermedad, generalmente asintomática.

La ENDS 2005 también reveló que más de cuatro de cada cinco mujeres (85 por ciento) se han practicado la citología vaginal en algún momento de su vida y casi la mitad (48 por ciento) de ellas se la hace una vez al año.

No obstante, “estamos lejos de lograr una cobertura universal de la citología debido a múltiples razones, desde mala gestión de los prestadores de servicios de salud hasta causas culturales, como es el machismo que lleva a que, en algunas parejas, sea el hombre quien decida si la mujer se hace esta prueba”, agregó Osorio.

No sólo falta la práctica universal de este proceso de diagnóstico, sino que muchas mujeres no se hacen el tratamiento completo. La ENDS comprobó que casi la tercera parte de las mujeres que tuvieron un resultado anormal del examen no acudieron a nueva consulta para tratamiento, ya sea por pereza o descuido, y una de cada cuatro no lo hizo por falta de recursos.

La tasa de riesgo de cáncer cervical, en la capital colombiana, oscila de 10 a 15 bogotanas por cada 10 000 mujeres con vida sexual activa, en tanto la incidencia de mortalidad por esta patología se encuentra entre 40 y 50 por cada 10 000, informó Osorio.

El grupo de mujeres que registra una mayor presencia de este tipo de patología es el de las colombianas que han empezado más temprano su vida sexual, debido a estar expuestas por más tiempo al virus del Papiloma Humano, altamente asociado al cáncer de cuello uterino, explicó Osorio.

Agregó que, a nivel social, este cáncer se presenta más entre las mujeres de estratos socioeconómicos bajos, debido a que poseen niveles inmunológicos menores y a que suelen tener su primera relación coital a más temprana edad que las de mayores ingresos.

La campaña de promoción de la citología incluye una publicidad televisiva dirigida a grupos de promotoras de esta prueba diagnóstico que trabajan con las poblaciones femeninas que nunca se practicaron el examen; la realización de citologías mediante servicios en vehículos móviles que circulan por los barrios capitalinos deprimidos y charlas de sensibilización sobre el autocuidado.

Además, la Secretaría de Salud dispuso que, tanto hospitales públicos como entidades privadas prestatarias de servicios de salud, están obligadas a practicar la citología vaginal, también llamada PAP, de forma gratuita y sin cita previa.

El objetivo para el primer trimestre de 2007 era que 235 000 mujeres entre los 25 y 69 años se hicieran el examen, pero hasta mayo pasado sólo se había logrado alcanzar 22 por ciento de esta meta.

Ello no es de extrañar, si se considera que la causa principal no es el desconocimiento del examen diagnóstico, ni el costo. La ENDS 2005, encuesta reconocida por su rigurosidad científica, reveló que 99 por ciento de las mujeres entre 18 y 69 años conoce qué es una citología vaginal.

Asimismo, para quienes nunca se habían practicado la citología (14 por ciento), la motivación de menor importancia esgrimida fue el costo. La ENDS 2005 también identificó las razones de las colombianas que jamás se han hecho un PAP: descuido (32 por ciento), miedo (30 por ciento), vergüenza (17 por ciento), no sentirse enferma (15 por ciento), no considerarlo importante o necesario (siete por ciento) y falta de dinero (cinco por ciento).

Al ser preguntado sobre la incidencia de otros factores, como la calidad de la atención ofrecida, Juan Carlos Vargas, asesor científico de Profamilia, dijo a SEMlac que “para las mujeres es importante que los derechos sexuales y reproductivos sean respetados, por ejemplo, la confidencialidad”.

“Por eso, en Profamilia, los resultados no los clasificamos por nombre, sino por documento de identificación, y solamente se entregan a la usuaria”, explicó Vargas.

Al respecto, Osorio, quien también participa del grupo de trabajo sobre cáncer de cuello uterino de la Secretaría de Salud de Bogotá, reconoció que “dado que el sistema de salud está muy fragmentado (hay múltiples prestatarios de servicios de salud), unas entidades lo hacen bien y otras no”.

Uruguay: Condena por incumplimiento de obligaciones de patria potestad

Por Cristina Canoura

Montevideo, junio.- Por "daño moral e incumplimiento de las obligaciones de patria potestad", un padre deberá pagar a su hijo, actualmente de 23 años, la suma de 425 000 pesos uruguayos (unos 17 000 dólares), según la sentencia de un Tribunal de Familia de esta capital, divulgada a fines de mayo.

En efecto, en octubre de 2003, un joven de 19 años, cuya identidad fue mantenida en reserva, elevó a la justicia una demanda contra su padre por lo que consideró "incumplimiento de los deberes de la patria potestad". El demandado es un funcionario diplomático residente en el exterior, de quien el joven se distanció tras el divorcio de sus progenitores, cuando era aún un niño.

De acuerdo con el fallo final del tribunal, el hombre "infringió deberes de protección y asistencia derivados de la patria potestad". En los detalles de la sentencia, los magistrados subrayan que se trató de un padre "claramente ausente".

Los juristas le atribuyen, asimismo, despreocupación respecto a "cosas elementales", entre las que enumeran el rendimiento escolar y la atención de salud, así como la ausencia de comunicación, especialmente en lo afectivo, lo cual se hace evidente en fechas de aniversario, fiestas tradicionales, y hasta llamadas telefónicas periódicas para conocer del estado del hijo.

"El incumplimiento de los deberes u obligaciones derivados de la patria potestad debe tener como consecuencia las respuestas adecuadas del orden jurídico, tanto en el plano del derecho de familia como desde el punto de vista del derecho penal y, en su caso, se habilita el reclamo por responsabilidad civil", sostiene en el fallo el ministro de Justicia Ricardo Pérez Manrique.

Según la Constitución de la República, la patria potestad implica "el cuidado y protección de los hijos para que éstos alcancen su plena capacidad corporal, intelectual y social". Del mismo modo, la Convención de los Derechos del Niño reconoce que, para el pleno desarrollo de su personalidad, "debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión".

En el plano nacional, el Código de la Niñez y la Adolescencia establece que "la efectividad de los derechos de los niños y adolescentes es prioritariamente responsabilidad de los padres o tutores, sin perjuicio de la corresponsabilidad de la familia, la comunidad y el Estado".

Un estudio efectuado en 2005 por las investigadoras Marisa Bucheli y Wanda Cabella, del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la estatal Universidad de la República, concluyó que el 61 por ciento de los menores de 21 años que no convivía con su padre biológico, como consecuencia de una ruptura matrimonial, "no recibía transferencia económica" o pensión alimenticia de este último.

En el trabajo titulado: El incumplimiento en el pago de las pensiones alimenticias, el bienestar de los hogares y el contexto legal vigente en Uruguay, las especialistas subrayan que se considera que en el hogar se recibe una pensión alimenticia cuando el padre "se ocupa regularmente de hacer un pago en dinero o cubre algún gasto (matrícula escolar, cuota de la vivienda o alquiler, gastos de salud) parcial o totalmente".

En Uruguay, la resolución de conflictos pertinentes a las pensiones alimenticias a favor de los menores y la aplicación de medidas coactivas para lograr su cumplimiento son de competencia exclusiva del Poder Judicial y es el Código Civil el que reglamenta la "obligación familiar de alimentos", agregan las expertas.

La legislación prevé, además, que en caso de que el principal demandado, por lo general el padre, no cumpla con sus obligaciones en lo que se refiere a la pensión alimenticia, la demanda se puede accionar contra los abuelos paternos (o maternos, si quien incumple es la madre).

El incumplimiento en el pago de pensiones alimenticias a los menores constituye, de hecho, una omisión a los deberes de la Patria Potestad, y es, por tanto, un delito, por el cual se está sujeto a sanciones penales.

Medio Ambiente: Santo Domingo pelea por sus árboles

Por Mirta Rodríguez Calderón

Santo Domingo, junio (SEMlac).- Mientras a escala universal se habla del medio ambiente, del calentamiento global y de la necesidad de detener la devastación del planeta, un actor, devenido alcalde, ha hecho reventar de iras las conciencias de la ciudadanía en la capital de República Dominicana, al ordenar acciones de deforestación agresivas y mal pensadas.

La tala, puesta en marcha hace unas semanas, ha consistido en cortar los árboles de parques y otros espacios de Santo Domingo para, en algunos casos, sustituirlos por palmeras arrancadas de los suelos en que nacieron, en la zona de Puerto Plata, unos 300 kilómetros al norte, y trasplantarlos a los huecos dejados por laureles, caobas, cedros y otras especies de sombra.

¿Por qué esa violencia contra el medio ambiente que está concitando el repudio y provocando manifestaciones populares? Entre las pocas explicaciones dadas por Roberto Salcedo, el síndico capitalino, ha figurado que se trataba de árboles añosos, cuyas raíces levantaban las aceras en parques y avenidas. Pero la gente la ha rechazado.

Jornadas nocturnas con velas encendidas se han organizado junto a las plantas arrancadas en parques de la ciudad colonial, especialmente en el que lleva el nombre del Padre de la Patria dominicana, Juan Pablo Duarte, donde comenzó la llamada “rearborización”.

En un sentido tangencial, las palmas trasplantadas de sus suelos en la costa norte para nada ofrecen la sombra que necesitan los caminantes en estos días de terrible calor y, por demás, dejan huérfana de hábitat al pajarillo insignia del país: la cigua palmera.

Entre las manifestaciones de repudio realizadas, descuellan las de mujeres. Una de ellas, Altagracia García, representante de las juntas de vecinos de la zona colonial de la capital, dijo a SEMlac que “nosotras sabemos muy bien lo que una destrucción de esta naturaleza significa: no es sólo acabar con la sombra y la belleza de esos árboles, es asesinar a otras especies y acabar con el ambiente”.

Casi en vísperas del Día Mundial del Medio Ambiente, grupos populares convocaron una vigilia en el malecón citadino, donde unas 300 personas reclamaron que se deje vivir a las mariposas, a los pájaros, al follaje, a las plantas más amadas, como es el caso del arbusto que da vida a la flor nacional, la trinitaria, en otros países conocida como flor de papel o buganvilla.

Virtudes Álvarez, una ex dirigenta sindical que preside el Partido de izquierda Movimiento Unidad y Cambio, figuró entre las personas más conocidas que se concentraron frente al mar en la capital dominicana. Ella, con muchos años de experiencia en las luchas populares, en diálogo con SEMlac, se manifestó consternada por la barbarie puesta en marcha contra la naturaleza.

En la vigilia-concentración “en defensa de la vida” –como la calificó el joven dirigente popular Héctor Galván– salió a relucir Pedro Mir, el poeta nacional, cuyos versos se dejaron escuchar en las voces de los manifestantes: “hay un país en el mundo/colocado en el mismo trayecto del sol…”

“Santo Domingo somos todos y todas” fue el lema reiterado en esta ocasión, junto a las expresiones de protesta contra el alcalde, que transita ahora por su segundo mandato.

Los y las conductoras del piquete –con mayoría de jóvenes– mencionaron leyes que norman la vida de la ciudad, la organización municipal y el medio ambiente, que estarían siendo violentadas por el ayuntamiento capitalino y sus máximas figuras; y exigieron no sólo el respeto por éstas sino que se “detenga la privatización” de las áreas públicas.

En el pasado reciente, desde el gobierno y el ayuntamiento se intentó crear en el malecón una isla artificial para convertirla en emporio de turismo. Actualmente, se intenta tomar un área costera para hacer un helipuerto y ya han sido cercados dos tramos de esta zona con propósitos no publicados.

Así las cosas, los carteles y las frases de repudio a los artífices de la deforestación de la ciudad han estado multiplicándose, con eco también vigoroso en algunos medios de comunicación.