Reportajes y noticias de SEMlac

del 15 al 21 de enero de 2007

México: Mujeres de Oaxaca: la lucha sigue

Por Sara Lovera

México, enero.- Luchadoras sociales, que llevaron sus debates de las asambleas a los centros de trabajo, a los pueblos y comunidades y a las reuniones feministas, organizaron encuentros, manifestaciones, marchas y están hoy en resistencia. Son maestras, estudiantes, sindicalistas, amas de casa, periodistas, campesinas e indígenas.

El 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra las Mujeres, entraron las fuerzas policíacas y militares a la capital de Oaxaca. Allí, de entre 141 personas, 38 mujeres fueron detenidas arbitrariamente, encarceladas, hostigadas, vejadas, golpeadas, amenazadas y maltratadas.

Seis siguen presas: Elia Coca Gómez, Hilda Coca Gómez, Edith Coca Soriano, Jeny Graciela Pérez Martínez, María Sandra Pérez, Blanca Mendoza Ramírez, todas estudiantes. Su delito: estar en la calle el día de los hechos.

Afirman, una y otra vez, que no saben de qué se les acusa; viven en un estado de desesperación y miedo; sus vidas transcurren en una cárcel pueblerina, donde carecen de todo, les limitan las visitas de sus familiares y se obstaculiza su defensa, se niega su libertad bajo fianza y no se les hace proceso alguno.

A casi ocho meses de que un levantamiento social se produjera en esta región del sur mexicano, con tres millones de habitantes y donde la pobreza extrema afecta al 30 por ciento de las 51 comunidades indígenas del país, ahora se vive una calma tensa. Sobre la abogada Yessica Sánchez Maya pesa una orden de detención y temen por su integridad.

Muchas otras mujeres se sienten perseguidas y acosadas. La capital de Oaxaca está sitiada por policías y se sabe que tropas del ejército, integrantes de la marina, policías federales y preventivos están agazapados en las montañas y los puertos del Pacífico oaxaqueño.

Más de 350 organizaciones sociales iniciaron su levantamiento en junio de 2006. Escritos, discursos y proclamas solicitan la salida del gobernador Ulises Ruíz, quien a partir de 2004 gobierna “con el fusil” y se le atribuyen secuestros, persecución y violación a los derechos humanos. Su primera acción como mandatario fue cerrar el diario local Noticias y encarcelar a un grupo de indígenas.

Las mujeres organizadas, sumadas a la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO), que se instituyó tras una represión al magisterio en junio de 2006, son desde entonces cruciales como protagonistas y partícipes de cientos de acciones públicas, de resistencia y discusión, como señala el texto Voces de la Valentía en Oaxaca, que da cuenta, en 14 testimonios, de cómo se organizaron.

Ellas tomaron 13 radiodifusoras y la televisión estatal, el primero de agosto, un hecho determinante para el desarrollo del movimiento social y político emergente que se desarrolló en la segunda mitad de 2006, recuerda en entrevista con SEMlac la editora Leticia Cuevas Rossette.

Y agrega: “No es exagerado decir que fueron la fuerza principal de un movimiento que no termina, y muchas ya se preparan para la resistencia”.

Después de la entrada de las fuerzas policiales, las manifestaciones han continuado; las mujeres bajan de la sierra, se reúnen. La periodista Soledad Jarquín afirma que, en este proceso, cada una de las integrantes de la Coordinadora Estatal de Mujeres Oaxaqueñas adquirió una nueva visión de la vida, la dignidad y la justicia que no podrá ser borrada.

Sin embargo, lo que más preocupa es la impune violación a los derechos humanos que se ha generalizado en ciudades, pueblos y comunidades de Oaxaca.

"Después de mi detención nos llevaron al llano de Oaxaca, luego a la base de la Fuerza Aérea, a San Bartola -cuartel de la policía oaxaqueña-, a la cárcel de Mihuatán, y por último a la prisión de Tepic, en Nayarit (a 500 kilómetros de Oaxaca) como si fuéramos unas asesinas", relata María del Socorro Alarcón, hoy libre bajo fianza, en proceso.

“Me detuvieron el 25 de noviembre de 2006 como a las siete de la noche, en Tinaco y Palacios, a una cuadra de Crespo, cerca del asilo de ancianos de allá y  me arrastraron. Eran muchos y llegaron directo a golpear. Aunque no opusimos resistencia alguna, me dieron de puñetazos en la cara y me dejaron inconsciente”, narra Esmeralda Velasco Morales, 21 años.

“Antes de quedar inconsciente, vi cómo golpeaban a mi mamá, por la espalda, con un tubo. Me arrastraron del cabello a la camioneta, donde me botaron y amenazaban con violarme con un lenguaje plagado de groserías. Nos llevaron al llano y nos bajaron a jalones y empujones”, rememora esta estudiante de Ingeniería Química en Alimentos, liberada y en proceso.

Todas fueron castigadas por su participación política. En Miahuatlán, donde seis permanecen en la cárcel y los familiares se mantienen en la calle,  Edith Coca Soriano, 30 años, bióloga y estudiante de Maestría en Ciencias en productividad de Egroecosistemas, nos dijo:

“Me detuvieron policías vestidos de azul, uno me golpeó la cabeza y me tiró, me dio muchas patadas y luego me arrastró, me gritaba…no me pegaron más, pero a mis compañeras de al lado sí les pegaban en la cabeza… En las camionetas, nos quitaron nuestras mochilas... Una vez arriba nos llevaron al llano; ahí nos bajaron, nos tomaron muchas fotos, nos pidieron nombre, dirección y edad”.

Agrega: “Después nos subieron a otras camionetas y nos llevaron a un lugar que no conocía, pero me dijeron que eran los hangares…y nos lanzaron ofensas y nos amenazaron con la violación. En el traslado al cuartel en Miahuatlán un policía intento tocarme los senos, pero yo pegué los brazos a mi cuerpo y no insistió. Nos hicieron revisión médica y nos tomaron la declaración preparatoria, yo no declaré, pues no había alguien de mi confianza, no me proporcionaron un abogado de oficio…”

Edith rememora que fue sacada en helicóptero y una vez allí la amenazaron con tirarla al mar, la torturaron sicológicamente, pidió agua y nunca se la dieron. “No supe donde estábamos. Lo que nos dijeron es que estábamos en un penal de máxima seguridad, nos revisaron, desnudaron y luego nos tomaron fotos y huellas de las dos manos, nos subieron a las estancias. Yo estaba muy sucia y me bañé”.

Las que están libres, algunas defensoras de derechos humanos, tienen orden de detención y tienen miedo. Otras han salido de su territorio para asegurar su integridad, varias buscan refugio. El miedo congela las avenidas y  las casas en Oaxaca.

Según el análisis de los hechos en Oaxaca, a través de las numerosas cartas enviadas  y de las visitas de organismos internacionales, las mujeres proporcionaron a la lucha de la APPO una fuerza extraordinaria e inspiración constante.

Los datos más conservadores indican que la población de la ciudad de Oaxaca vivió durante siete meses el levantamiento de por lo menos unas 500 barricadas; otros, más exaltados, hablan de hasta 1.500 barricadas erigidas en una sola noche.

La Comuna de Oaxaca nació a raíz de que el gobernador Ulises Ruíz ordenó el pasado 14 de junio un agresivo desalojo contra un plantón de profesores en huelga. Los operativos se repitieron en septiembre y octubre. Una marcha de mujeres fue atacada en noviembre con gases lacrimógenos que contenían chile piquín, un polvo picante y corrosivo.

Hay al menos, según la periodista Soledad Jarquín, tres denuncias de abusos sexuales; y cientos por golpes y detenciones arbitrarias. El maltrato en la cárcel de las 38 detenidas, de las cuales 32 fueron liberadas, pero no exculpadas, incluyó el corte de sus largas trenzas, peinado que constituye una tradición indígena hoy flagelada.

A partir del operativo policial ocurrido en el centro histórico el 25 de noviembre, dice la abogada Sánchez, el gobierno ha lanzado una campaña, incluso turística, de que “aquí ya no pasa nada”, pero en los recovecos de la ciudad, de los caminos y las comunidades, se reorganizan hombres y mujeres.

Explica, mientras ordena expedientes y  atiende familiares, que en Oaxaca hay al menos ocho municipios que decidieron volverse autónomos. Y ahí, al frente, como una sola persona, las mujeres recobran confianza, se enderezan y se niegan a la noche oscura que han impuesto las botas militares.

Recuadro

Argentina: Un centro contra la violencia para migrantes y refugiadas

Por Norma Loto

Buenos Aires, enero.- “No permitas que la violencia se apodere de ti y sea parte de tu vida”, es una de las frases con la cual se inauguró el 11 de diciembre el Primer Centro Integral de Violencia Contra Mujeres Migrantes y Refugiadas, en la ciudad de Buenos Aires.

La recién nacida entidad estará integrada por profesionales que se proponen estimular la formación de una conciencia crítica hacia mitos y estereotipos culturales que favorecen la discriminación y la intolerancia; también buscarán difundir la legislación sobre la protección de los derechos humanos.

Asimismo, se anhela armar una red con las instituciones gubernamentales y organismos que trabajen en la erradicación de la violencia, fomentar espacios que brinden respuestas a los problemas de seguridad y ofrecer sus servicios a través de una línea telefónica gratuita.

Este espacio es resultado de la gestión de Natividad Obeso, una peruana refugiada en este país que preside la Asociación de Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas en Argentina, para quien “la violencia contra la mujer duele, pero en las migrantes duele más”.

La directora del Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, María José Lubertino, consideró un hecho histórico la apertura de ese espacio.

Remarcó también la importancia de las tareas que se llevarán a cabo desde allí, puesto que conjugarán la lucha contra la violencia hacia la mujer y la discriminación a las migrantes y refugiadas.

Por su parte, Andrea Rodríguez Goñi, técnica internacional del Fondo de Desarrollo de la ONU para la Mujer en el Cono Sur, manifestó a SEMlac que la apertura de este Centro “cubre una carencia informativa y orientadora muy importante” para quienes se encuentran en tal situación.

Las mujeres sufren la violencia en todas sus formas: desde el hostigamiento, la agresión física, falsas promesas y el maltrato de las autoridades de fronteras, a lo que se añade la desprotección de las legislaciones internacionales, que cada vez miran con mayor recelo a los migrantes y que, al mismo tiempo, los convierten en víctimas de acciones xenófobas y racistas.

La experta se refirió a la dolorosa ruptura de la estructura familiar que deben soportar las mujeres cuando dejan sus naciones de origen en la búsqueda de mayores posibilidades de desarrollo, pero “al llegar al país receptor, desgraciadamente, deben soportar otros tipos de violencias”.

“Todavía existe resistencia a darle paso a otras culturas y esto se traduce en impedimentos, que no sólo se ven reflejados en la convivencia con la sociedad, sino también en la violencia institucional y estructural”, puntualizó a SEMlac.

En Argentina aún no existen indicadores cuantitativos sobre las diversas formas de violencia que se ejercen sobre las migrantes, pero una de las más visibles ocurre en el mercado laboral.

En los últimos 15 años han llegado a este país peruanas y paraguayas que se dedican al trabajo doméstico, labores en las cuales son sometidas a varios tipos de acosos y tratos denigrantes, mientras un amplio sector de bolivianas trabaja en talleres textiles clandestinos, en situación de hacinamiento y explotación.

Cuba: Ver más allá de los golpes

Por Sara Más

La Habana, enero.- Aunque no faltan quienes identifican formas muy sutiles de violencia en su vida diaria, en Cuba muchas personas la siguen asociando, únicamente o en primer lugar, con acciones físicas muy evidentes, lo mismo dentro que fuera del hogar.

Ejercer la violencia es, sobre todo, agredir físicamente a una persona o violarla, según declararon 341 entrevistados, el 53 por ciento mujeres, que fueron consultados por SEMlac en seis provincias del país: Pinar del Río, Ciudad de La Habana, Cienfuegos, Villa Clara, Camagüey y Holguín.

El sondeo periodístico, con respuestas anónimas, fue ejecutado en 2006 y contó con el apoyo de la Agencia Suiza para la Cooperación y el Desarrollo (Cosude). Su propósito fundamental fue explorar cómo las personas identifican, valoran y viven las diferentes formas de violencia, ya sea como víctimas o ejecutoras.

“Mi padre fue mi vida, fue lo que más quise y fue también la persona que más violencia ejerció sobre mí, pero no puedo sentir odio ni rechazo hacia él.  Después comprendí que papá trabajaba el día entero y éramos 12 hijos; no podía reaccionar de otro modo”, contó a SEMlac una trabajadora estatal de 58 años, residente en la oriental provincia de Granma, ciudad a 733 kilómetros al este de la capital cubana.

De una lista para identificar cuáles acciones asociaban a la violencia, las más señaladas fueron: violar, agredir, maltratar, forzar y golpear.  En tanto, actos tan sutiles o cotidianos como gritar, intimidar y prohibir fueron menos reconocidos, aunque su selección abarcó una parte considerable de la muestra (80 por ciento).

Menos aún se percibió alguna manifestación de violencia en otro tipo de actos, aparentemente menos agresivos, como leer correspondencia ajena, escuchar conversaciones telefónicas, no responder al saludo, ridiculizar a alguien, descuidar la atención de los hijos o no querer compartir los gastos familiares.

Para poco más de la mitad de las personas entrevistadas, estos no pasaban de ser, simplemente, actos de mala educación o inadecuado comportamiento. “Algunas veces los insultos se hacen como un juego, ahora la moda es saludarse silbando”, acotaba un estudiante mestizo, de 16 años, en Granma.

Oír charlas telefónicas ajenas es, para algunos, una imprudencia; leer cartas de otros, un entretenimiento; no responder al saludo, una grosería; negarse a usar condón con la pareja estable, sólo un acto irresponsable.

“Algunas de esas manifestaciones son rasgos de la personalidad que todo ser humano debiera tener bien definidos. Pero hay problemas también de educación y del entorno familiar, y  los padres son los máximos responsables”, reflexionó una técnico medio, trabajadora, en la ciudad de Camagüey, al centro de la isla.

Aunque no se apreciaron diferencias significativas en cuanto a edades, sí afloró un leve matiz en la mirada que dan al asunto hombres y mujeres. Los primeros identifican más la palabra violencia con golpear, violar y agredir; en tanto ellas alteran ligeramente esta percepción, al establecer agredir, violar y maltratar, en ese orden.

Los actos menos reconocidos por las mujeres fueron los insultos, castigos, no responder al saludo, ridiculizar a las personas o negarse a usar condón con la pareja estable.

Así y todo, la totalidad de la población encuestada asegura que la violencia puede ser física, sexual y emocional o psicológica, aunque reconocen menos la social y la económica.

“La violencia ocurre por causa de la incomunicación; la gente no conversa y se agrede. Desde la familia eso se da con frecuencia”, comentó una técnica de la salud de 35 años, en  la ciudad de Cienfuegos, a más de 250 kilómetros al este de La Habana.

Otra conclusión del sondeo apunta a que, conceptualmente hablando, no pocas personas suelen reconocer que la violencia psicológica existe, junto a otras manifestaciones, aunque no siempre se reconozcan a sí mismas como víctimas o victimarios.

No faltan quienes han padecido ese tipo de actos, aunque no siempre con una clara percepción de los hechos. “Es posible”, fue la respuesta de un trabajador estatal, de más de 50 años de edad, al preguntársele si había sido víctima, alguna vez, de algún tipo de violencia.

Su frase, más bien afirmativa, parece la  de alguien que se detiene por primera vez a pensarlo, pues de inmediato admitió haber sufrido gritos, golpes, ofensas, humillaciones, amenazas de palabra, de gestos y hasta silencios forzosos por parte de familiares, en diferentes momentos de su vida.

Del total de personas consultadas, en ciudades y zonas rurales, más de la mitad –54,2 %– reconoció haber padecido situaciones de violencia, la mayoría relacionadas con gritos, ofensas y negación de la palabra por parte, en primer lugar, de familiares, en particular parejas, hijos y, en segundo lugar,  compañeros de trabajo.

El sondeo indica que las mujeres han sido las mayores víctimas de las agresiones, atendiendo al 59 por ciento que marcó afirmativamente esa pregunta. Las situaciones más comunes se vinculan a que les han gritado, ofendido y amenazado de palabra. Como ejecutores de tales actos señalaron, primero, a la pareja y luego a hijos, hermanos y, por último, amistades.

Por su parte, el 47 por ciento de los varones consultados por SEMlac refirió haber sido víctima también de situaciones violentas, incluidos gritos y golpes, o amenazas de palabra o gestos en hechos que se les han presentado, fundamentalmente,  en la calle. Pero en los casos en que les han dejado de hablar, especifican que ha sido su pareja.

Ante la pregunta de si ha sido violento alguna vez, el 56 por ciento respondió afirmativamente, sobre todo en el contexto familiar, de pareja, con hijos, compañeros de trabajo y hasta vecinos.  Los hechos que más mencionaron fueron la ofensa y la amenaza de palabra y gesto.

Sociedad: Desde el dolor, rechazo a la guerra y la tortura

Raquel Sierra

La Habana, enero.- Cindy Sheehan, ciudadana estadounidense, tenía tres hijos. Uno de ellos, el soldado Casey, murió en 2004 en la guerra de Iraq. A partir  de entonces, desde el dolor, la madre se convirtió en una activa pacifista.

Con ese mismo dolor, devenido llamado a la paz, reclamó el 11 de enero, en las cercanías de la base naval estadounidense de Guantánamo, en el oriente de Cuba, el cierre del centro de detención que allí radica.

Una delegación de 17 personas –familiares de presos, activistas por la paz, abogados de derechos humanos y víctimas de detenciones  ilegales– organizaron una conferencia sobre los abusos carcelarios y legales y un servicio religioso para reclamar la clausura de la prisión que ocupa un territorio usurpado a Cuba desde 1903.

El evento internacional “No a la tortura, no a la guerra”, realizado a 920 kilómetros de La Habana, coincidió con el quinto aniversario de la llegada del primer grupo de prisioneros a la instalación bélica, que abarca 117,6 kilómetros cuadrados.

Para no pocos, esa cárcel ha sido un infierno. Allí han ido a parar más de 700 personas arrestadas tras la agresión a Afganistán, los sucesos del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y la guerra de Iraq, bajo sospecha de tener vínculos con la red terrorista Al-Qaeda o con la milicia integrista talibán.

El joven británico Asif  Iqbal, cartero de 25 años, capturado en 2002 en Afganistán, contó sobre sus tormentos padecidos durante dos años y medio en Guantánamo, donde sufrió vejaciones, maltrato y aislamiento total por tres meses.

En desgarrador testimonio, Igbal habló del estrés y los cambios de temperatura ambiental que padeció. Los recuerdos de Guantánamo lo marcarán para siempre. "Hace ya cinco años que este lugar fue abierto y nada ha cambiado realmente. Hay todavía alrededor de 400 personas allí adentro que no han sido juzgadas", declaró durante la manifestación.

No faltaron los relatos de las golpizas, la profanación del Corán, los castigos corporales y psíquicos y la violencia para terminar con las reiteradas huelgas de hambre.

También desde la aflicción, alimentada con fuerza de voluntad,  Zohra Zewawi, madre del libio con residencia británica Omar Deghayes, desde hace más de cuatro años recluido en Guantánamo, dijo que no se rendirán hasta ver a su hijo de regreso en Inglaterra.

Durante la cita, Sheehan, una de las nueve fundadoras de la organización Familias de la Estrella de Oro por la Paz, habló de la vergüenza que siente por el gobierno de su país, que consideró el mayor enemigo de la humanidad.

Aunque la pacifista había expresado su rechazo a la guerra de Iraq desde 2004, no fue hasta agosto de 2005 cuando ganó notoriedad internacional, cuando permaneció en las afueras del rancho del presidente George W. Bush en Texas, durante las cinco semanas en que este pasó allí sus vacaciones.

Medea Benjamín, cofundadora de la organización no gubernamental Código Rosado (Code Pink) expresó dolor y repudio por la mancha que significa para Guantánamo la base naval mantenida ilegalmente por el gobierno de Estados Unidos. Viajar a ese lugar  para exigir su cierre, “cumple uno de nuestros sueños”, agregó.

Entre las exigencias del grupo estuvo el trato adecuado que deben recibir los prisioneros, 370 actualmente, y el derecho a tener un proceso judicial justo, anunciado solamente para sólo la sexta parte de ellos.

 Según el Pentágono, en Guantánamo permanecen detenidas 395 personas, presuntamente vinculadas con grupos extremistas islámicos. Unos 380 reos fueron liberados en los últimos años, 18 de ellos a mediados de diciembre.

Aunque fueron clasificados como “combatientes enemigos”, les han sido negados los derechos que suelen proteger a los prisioneros de guerra, según establecen las convenciones internacionales.

La coronel retirada Anne Wright señaló que por la base estadounidense en territorio cubano han pasado unos 750 detenidos de 45 países, de los cuales todavía quedan cerca de 400 entre rejas y “sólo diez han sido formalmente acusados”.

Wright, quien estuvo durante 29 años en las filas del ejército de su país y 16 en la diplomacia, condenó la complicidad de los médicos y psicólogos que laboran en la prisión de Guantánamo, por sumarse a los crímenes y torturas.

Bill Goodman, asesor jurídico del estadounidense Centro para Asuntos Constitucionales, criticó las injusticias a las que son sometidos los prisioneros en la base naval, quienes son maltratados y vejados y no han sido procesados.

El grupo, integrado entre otros por miembros de la organización Código Rosado (Code Pink)-Mujeres por la Paz, desfiló con pancartas y frases en español, en las que demandaron el cese de las torturas. Se pronunció también por el cese de las guerras de agresión y el retorno a casa de las tropas. Más de tres mil militares estadounidenses han muerto en Iraq.

Tras la partida de los manifestantes, los mensajes escritos en tela quedaron como recordatorio de que los presos no están olvidados. Sheehan aseguró que se había acabado “la hora de tratar de forma inhumana a otros seres humanos”.

Según reportes de noticias, el Día Internacional de Clausura del Centro de Detención de Guantánamo se realizó también, en otros lugares del mundo, convocado por los grupos Codepink y Global Exchange.

El secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, se sumó a la petición, como ya lo había hecho anteriormente su predecesor Kofi Annan.

El propio viaje a la isla de las activistas estadounidenses constituyó una forma de protesta. Todos viajaron sin autorización de su gobierno, violando las restricciones impuestas a Cuba por la administración del presidente estadounidense George W. Bush para las visitas a la nación caribeña.

Al respecto, Sheehan declaró que “cualquiera que me conozca sabe que no le tengo miedo a nada. Lo más importante aquí son los actos inhumanos que mi país está perpetrando en Guantánamo”.

El embargo de Estados Unidos contra Cuba, llamado por La Habana bloqueo, se mantiene por más de 40 años y fue reforzado en 2004, con nuevas restricciones a los viajes. Esto provocó la reducción, en 45 por ciento, de  viajeros en 2005.

Perú: Justicia frente a progenitores evasores

Por Zoraida Portillo

Lima, enero.- Una valiosa iniciativa para acabar con la impunidad de muchos progenitores, que se valen de subterfugios para no pagar pensión alimenticia a sus hijos, acaba de ser aprobada por el pleno del Congreso peruano.

Se trata de la ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Para su aprobación, fue necesario un intenso cabildeo y negociaciones de alto nivel, reconoció su autora, la abogada Rosario Sasieta.

Como resultado de ello, el proyecto original sufrió algunas modificaciones y se eliminaron varios artículos. “Nada de fondo, es que hubo reticencias entre muchos congresistas, varones especialmente, pero lo importante para nosotros era contar con un instrumento legal que pusiera un alto a los abusos de quienes se niegan a mantener a sus hijos menores de edad”, aclaró.

Para poder ser remitida al Ejecutivo, con vista a su promulgación, se requerirá de otra votación en el Congreso, pues se trata de una ley que modifica el código procesal civil, lo cual augura un nuevo período de negociaciones, en opinión de los especialistas. Sin embargo, no podrá ser modificada en su esencia, sólo rechazada.

En el Registro aparecerán los nombres de hombres y mujeres con sentencia judicial para pagar manutención a sus hijos, pero que se resisten a hacerlo. De acuerdo con estimados de la Comisión de Justicia, entre 2004 y 2006 se registraron en el poder judicial más de 100.000 procesos legales de alimentos.

Según Sasieta, esos juicios representaron para el Estado peruano un costo de 30 millones de dólares en asistencia, trámites y otras gestiones. Sin embargo, no hay  un estimado de cuántos de esos sentenciados han eludido el mandato judicial, aduciendo que no cuentan con ingresos, que quedaron desempleados, o porque no tienen domicilio fijo donde ubicarlos, entre un sinnúmero de argucias.

Mediante el Registro, se podrá conocer públicamente a los deudores alimentarios morosos, pero no sólo eso: el poder judicial proporcionará mensualmente a la Superintendencia Tributaria los nombres de los nuevos sentenciados para que esta entidad, a su vez, los comunique a la Superintendencia de Banca y Seguros, a las centrales de riesgo financiero y a los Registros Públicos.

Quienes estén en esa lista serán considerados sujetos no dignos de créditos o préstamos bancarios. Tampoco podrán formar parte de ninguna selección deportiva o científica.

Paralelamente, habrá un cruce de información entre todas estas entidades, que en este país son como “la casa del jabonero”, es decir, que por una u otra razón, siempre los ciudadanos tienen que hacer algún trámite ante ellas. “De esta manera, los jueces van a disponer de información actualizada y puntual sobre los movimientos, adquisiciones e ingresos de los progenitores evasores”, recalcó Sasieta.

Sasieta, una abogada de reconocida trayectoria en defensa de las mujeres y los derechos humanos, llegó al Congreso con una alianza independiente de centro. Según reconoció ante los periodistas, fue muy criticada por sus colegas parlamentarios debido a esta iniciativa y hasta se le acusó de pretender invadir la privacidad de las personas.

Con el tono apasionado con que suele defender las causas en las que se compromete, Sasieta salió al frente de sus detractores al señalar la necesidad de terminar con la impunidad de mucha gente, principalmente hombres, que “piden el respaldo de la ciudadanía para obtener un voto, pero son incapaces de pasarle una pensión a sus hijos”.

“No es una invasión a la privacidad, es hacer frente a una pandemia nacional”, acotó. Aun cuando su proyecto todavía tendrá que librar una nueva batalla en el Congreso antes de ser aprobado, ella está programando ya el siguiente paso: pedir prisión efectiva para los progenitores evasores, equivalente al período de meses que adeude la pensión.

“En este país, si el litigante no recibe coacción sobre su libertad, no paga.  Van a ver cómo decretando prisión efectiva contra los morosos, la evasión en las pensiones de alimentos va a disminuir dramáticamente”, advirtió.

Aunque por el momento las organizaciones feministas aún no se han pronunciado, a la espera quizá de que el proyecto se convierta efectivamente en ley, en las calles muchas mujeres que viven un verdadero vía crucis para cobrar las pensiones de alimentos, se mostraron muy satisfechas.

Gladys Flores, de 36 años y madre de un hijo adolescente, dijo a SEMlac que, de hacerse realidad el Registro, “se hará justicia al sacrificio de muchas mujeres que tienen que arañar la tierra para alimentar a sus hijos ante la negativa de la pareja de darle una pensión”.

Ella sabe de lo que habla: su ex esposo jamás le pasó un centavo para la manutención del hijo que ambos tuvieron, fruto de un matrimonio que terminó pronto. “Le inicié juicio, pero me tomó dos años ubicarlo y, cuando lo hice, renunció al trabajo y se fue al interior del país, me fue imposible ubicarlo durante otros cinco años más, ¿te imaginas?”, relata con la ira pintada en el rostro.

Ahora ya lo ubicó, pero él aduce “inopia” y se niega a desembolsar una pensión. “Y no tengo forma de probar sus ingresos, a pesar de que está trabajando en una compañía importante”, agrega. Tal vez cuando el registro se apruebe, Gladys y muchas mujeres y -¿por  qué no?- también hombres, puedan ¡por fin! conseguir una pensión para el mantenimiento de sus hijos.

Uruguay: Intoxicación en adulto mayor, un resultado de su vulnerabilidad

Por Cristina Canoura

Montevideo, enero.- Debido a una mayor vulnerabilidad física, mental y social aumentaron en Uruguay en los últimos 10 años las consultas telefónicas por intoxicaciones en personas mayores de 65 años, efectuadas al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIAT) de la Facultad de Medicina.

En 1996 ese tipo de consultas representaba el tres por ciento del total de llamadas; en 2005, esa cifra alcanzó 4,2. El tipo de intoxicación más frecuente fue la accidental, seguida de los intentos de autoeliminación.

La ingesta de medicamentos en forma equivocada es la causa habitual de intoxicación accidental, pues estas personas olvidan que ya los tomaron a la hora indicada y los vuelven a ingerir, sobre todo psicofármacos.

En tanto, los intentos de autoeliminación se realizan con medicinas de uso humano, pero también con plaguicidas agroveterinarios. En los casos mortales, predomina el abuso con insecticidas y rodenticidas (venenos para roedores), especialmente en el medio rural.

Sobre el tipo de tóxico, 746 casos obedecieron al uso incorrecto de medicamentos, 248 al consumo de plaguicidas, 233 a la ingesta de productos de uso doméstico como soda cáustica, ácido clorhídrico, insecticidas de uso doméstico y 102 a accidentes con animales ponzoñosos o plantas tóxicas.

Estos datos forman parte del estudio Intoxicaciones en mayores de 65 años. Análisis estadístico, presentado en el IV Congreso Uruguayo de Toxicología Clínica, efectuado en esta capital a mediados de noviembre último, organizado por el Departamento de Toxicología de la Facultad de Medicina.

Esa dependencia universitaria está a cargo del CIAT, entidad dedicada al asesoramiento telefónico en consultas por intoxicaciones diversas.

En la recolección y análisis de los datos para la investigación participaron los médicos Mónica Méndez, Silvana Couto, Darío Pose, Luis Heuhs, y el geriatra Eduardo Clavijo, todos del mencionado Departamento.

País envejecido, mayores vulnerables

Uruguay es el país más envejecido de América Latina en relación con su población. Sobre 3.200.000 habitantes, existen más de 400.000 personas mayores de 65 años (13 por ciento del total). Esta realidad obedece al progresivo aumento de la expectativa de vida y al acelerado crecimiento de la franja de mayores de 75 años.

El doctor Luis Heuhs explicó a SEMlac que la proporción de intentos de autoeliminación y muertes es mayor en esta edad. “El intento de autoeliminación es realmente intento de muerte, mientras que en otras edades es una manera de llamar la atención para poder ser atendidos”, sostuvo.

Montevideo, la ciudad capital, es el departamento con mayor cantidad de consultas

Los responsables de la investigación hicieron un análisis retrospectivo de las consultas entre enero de 2003 y junio de 2006. Se analizaron 1.607 consultas telefónicas al CIAT, procedentes de Montevideo y de algunos de los 19 departamentos del interior con que cuenta el país.

Del total, 65,7 por ciento correspondían al sexo femenino (1.057 consultas), con un pico en la franja entre 70 y 79 años, seguida de la de 65 a 69.

De acuerdo con los investigadores consultados por SEMlac, el alto porcentaje de intoxicaciones en ese segmento de edad obedece a una mayor vulnerabilidad —física, intelectual y mental— de las personas involucradas, tanto por una menor autonomía física o discapacidad, una mayor dependencia individual o por razones vinculadas al entorno en que viven.

Los expertos del CIAT enumeran, como componente prioritario de la elevada vulnerabilidad, la tendencia a la depresión ocasionada por duelos, alejamientos afectivos (hijos y nietos que emigran), aislamiento, menor actividad social, la llegada de la jubilación, mayor disponibilidad de tiempo libre, problemas económicos y, sobre todo, la falta de preparación para enfrentar esta etapa de la vida.

En forma concomitante, esa misma vulnerabilidad se manifiesta en una mayor visibilidad de enfermedades crónicas, trastornos vasculares, del sistema nervioso central como encefalopatías degenerativas o Mal de Alzheimer (en 80 por ciento de los casos), el consumo de múltiples medicamentos y el riesgo de estar internados apartados del núcleo familiar.

Como forma de evitar el riesgo de intoxicaciones en los adultos mayores, la doctora Silvana Couto recomendó la ejecución de programas de prevención y promoción de la salud que tengan en cuenta una adecuada utilización del tiempo libre de las personas una vez que estas finalizan su etapa laboral activa.

En tal sentido, mencionó como muy importante para los ancianos el apoyo familiar y de la comunidad.

Los especialistas tienen la certeza de que las intoxicaciones en el adulto mayor pueden prevenirse. Para ello es esencial trabajar para lograr la reinserción social del adulto mayor, promover entornos adecuados, dispensar los cuidados necesarios, fomentar actividades recreativas para el buen uso del tiempo libre y revalorizar su papel tanto en la familia como en la comunidad.