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Reportajes y noticias de SEMlacdel 11 al 17 de diciembre de 2006
Chile: Aborto: la ciudadanía quiere discutir, el congreso noPor Johanna Ortíz
Santiago, diciembre.- El martes 21 de noviembre, la Cámara de Diputados declaró inadmisible el proyecto para despenalizar el aborto en las primeras doce semanas de gestación presentado por René Alinco, del Partido por la Democracia (PPD) y Marcos Henríquez-Ominami, del Partido Socialista (PS).
Ambos diputados pertenecen a la Concertación de Partidos por la Democracia, alianza que está en el gobierno. Sin embargo, la iniciativa no contó con el respaldo de este pacto político y ni siquiera entró a la discusión parlamentaria porque 61 votos de la Concertación se lo impidieron.
Días antes de que el proyecto fuera presentado en el congreso, 61 diputados anunciaron el nacimiento de la “bancada por la vida”, alianza transversal que une a parlamentarios de derecha y de izquierda que tienen visiones comunes en ciertos temas llamados “valóricos”, como la discusión del aborto o de la eutanasia.
En esta bancada hay diputados de la Democracia Cristiana (DC) y del Partido Radical Social Demócrata (PRSD), colectividades que integran la Concertación.
El diputado René Alinco aclara que “21 votos a favor de discutir el tema no es un fracaso, nosotros esperábamos menos, después de que toda la gente se nos vino encima”.
Sobre sus compañeros de pacto, que ya advirtieron no estar dispuestos a discutir el tema, Alinco argumenta: “son tipos retrógrados, son los mismos que se negaban años atrás cuando la mujer pedía tener participación política”.
El diputado cree que Chile debe legislar al respecto y por eso, junto a Henríquez-Ominami, nuevamente llevará una iniciativa al Congreso, esta vez para despenalizar el aborto terapéutico y también la interrupción voluntaria del embarazo cuando éste sea producto de una violación o de una relación incestuosa y cuando el feto tenga una malformación que le impida vivir fuera del vientre materno.
Chile es uno de los tres países de América Latina, junto a El Salvador y Nicaragua, que penaliza el aborto en cualquier circunstancia. Las mujeres que interrumpen su embarazo pueden ir a la cárcel, de tres a cinco años.
No obstante, el castigo no impide que en Chile se realicen más de 150.000 abortos clandestinos al año. Esta es una cifra bastante alta si se considera que el país tiene 15 millones de habitantes y que Francia, por ejemplo, donde la interrupción voluntaria del embarazo es totalmente legal, registra 140.000 al año.
El aborto terapéutico existió en Chile hasta 1989, año en que la dictadura de Augusto Pinochet se encargó de derogarlo antes de abandonar el poder.
¿Y la ciudadanía?En el país hay agrupaciones católicas y conservadoras que hacen un trabajo muy fuerte para evitar la despenalización del aborto. Una de ellas es Chile Unido, que alienta a las mujeres que no quieren llevar adelante su embarazo a entregar los niños y niñas en adopción.
A propósito del proyecto de Alinco y Henríquez Ominami, Chile Unido afirma en su sitio web que “Chile está enfrentando hoy una baja de la natalidad muy importante (1,9 hijos por mujer) menor incluso a la mínima de reposición que es de 2,1 hijos promedio. Por lo que las políticas públicas debieran ir a reforzar los nacimientos y no a disminuirlos aún más”
Sin embargo, no toda la sociedad se preocupa tanto por la tasa de natalidad. Según un estudio de la Corporación Humanas y el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, publicado hace unas semanas, 75 por ciento de las chilenas mayores de 18 años están de acuerdo con despenalizar el aborto terapéutico. El porcentaje sube a 70,9 cuando se trata de permitir la interrupción del embarazo si es producto de una violación.
Estos resultados coinciden con la Segunda Encuesta Nacional de Opinión Pública de la Universidad Diego Portales, también publicada en noviembre, que sostiene que 66,7 por ciento de los chilenos y chilenas está dispuesto a normar el aborto cuando la vida de la madre está en peligro o en caso de violación.
Adriana Muñoz, coordinadora de la Red de Salud de las Mujeres de América Latina y el Caribe (RSMLC), destaca que “estas encuestas de opinión, que han ido mostrando una tendencia a mayor apertura, son significativas para comprobar que no vivimos en un país poco tolerante y conservador, sino que más bien estamos gobernados por una clase política poco tolerante y conservadora, y que nuestras instituciones también son así”.
Sobre los motivos que llevan a la clase política chilena a evadir el tema, Muñoz explica que “el gran rol de censura y oscurantismo lo coloca la Iglesia Católica y todo el séquito de organizaciones y partidos confesionales que la rodean”
“Esta Iglesia, cuya imagen durante la dictadura fue muy potente en defensa de los derechos humanos, hoy recibe, a cambio, un incondicional apoyo de muchos sectores de la población. Y el gobierno se resiste a ir en contra de ello, en consideración al gran costo político al que tendría que enfrentarse este poder fáctico que se erige como nuestro conductor moral y “valórico”, puntualiza Adriana Muñoz.
¿Quiénes pierden con la despenalización?El Foro Red de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos publicó una carta de apoyo a la iniciativa parlamentaria de despenalización del aborto, en al cual expresa que “miles de mujeres abortan cada año en Chile, la mayor parte en condiciones de riesgo y con peligro de ser denunciadas y encarceladas”.
El foro también hace hincapié en que la penalización afecta principalmente a las pobres. El diputado Alinco coincide con esta visión y recalca que “la gente que tiene dinero no tiene problemas para realizarse un aborto en las mejores condiciones; en cambio, el dilema está cuando una mujer no tiene recursos”.
Son las pobres las que tienen el riesgo de fallecer, porque aún cuando “la mortalidad materna por aborto ha ido disminuyendo en el país, sin duda siempre podrá morir una mujer por un procedimiento de este tipo, en especial aquellas que acuden a practicantes no capacitados, que las atienden en condiciones totalmente insalubres”, aclara Adriana Muñoz.
Y continúa: “una mujer que muera por aborto clandestino ya es un exceso en la medida en que es una muerte prevenible”.
Uruguay: Al fin habrá educación sexual en las aulasPor Ángela Castellanos
Montevideo, diciembre.- Tras varios intentos fallidos de anteriores gobiernos por establecer la educación sexual en Uruguay, la autoridad educativa aprobó que esta materia se empiece a impartir el año próximo en las escuelas públicas.
“Están dadas las condiciones de pertinencia, factibilidad y viabilidad para incorporar la educación sexual al sistema educativo público”, dice en un informe la Comisión de Educación Sexual del Consejo Directivo Central de la Enseñanza Pública, la autoridad educativa de este país de poco más de tres millones de habitantes.
El programa de educación sexual, que se dictará desde el jardín infantil hasta la secundaria, no consiste en una cátedra, sino que será transversal, por lo cual serán capacitados todos los maestros. La formación de los docentes comenzará en marzo, para que entre en vigor en el segundo semestre, informó Luis Yarzábal, presidente de ese Consejo.
Está prevista la elaboración de programas para cada nivel educativo, cuyos contenidos incluirán, además, temas de planificación familiar, enfermedades de transmisión sexual, diversidad sexual, identidad de género, rol de género y orientación sexual.
La comisión consideró que las materias deben apuntar a la igualdad entre hombres y mujeres y, de este modo, servir para disminuir los impactos negativos de la inequidad de género, entre los que se considera la violencia doméstica.
Yarzábal agregó que “en el desconocimiento de la sexualidad está una de las fuentes más impresionantes de violencia masculina en el ámbito doméstico, una de las explicaciones del embarazo adolescente y, también, del incremento de la infección de VIH”.
El promedio de edad de las mujeres al tener su primer hijo es de 19 años, según la Encuesta Nacional de Hogares Ampliada 2005, del Instituto Nacional de Estadística de Uruguay, pero este promedio desciende en los sectores económicamente más desfavorecidos.
En tanto, el Programa prioritario de Infecciones de Transmisión Sexual y VIH/sida del Ministerio de Salud Pública de Uruguay reveló que esta nación presenta una tendencia creciente de casos entre la población femenina y la juventud.
Según datos del Observatorio Nacional sobre violencia y criminalidad en Uruguay, que gestiona el Departamento de datos, estadísticas y análisis del Ministerio del Interior, en 2005 se registraron 6.802 denuncias por violencia doméstica, lo que arroja un promedio de casi 19 diarias.
Los contenidos del programa serán desarrollados por especialistas de la Administración Nacional de Educación, con asesoría de expertos nacionales e internacionales. En diciembre se llevará a cabo el Congreso Nacional de Educación, del cual se esperan aportes que contribuyan a su enriquecimiento.
Violencia: Alerta y compromisoPor Dalia Acosta
La Habana, diciembre.- La promoción de políticas de equidad entre mujeres y hombres durante más de cuatro décadas ha colocado a las cubanas en una posición ventajosa frente a otras latinoamericanas y caribeñas, pero no las libró de las más disímiles manifestaciones de la violencia de género.
¿Cuál es la situación real en Cuba? ¿Hay un conocimiento de esta problemática que permita su enfrentamiento? ¿Qué se está haciendo y qué más puede hacerse? ¿Son verdaderamente menos violentadas las cubanas que las mexicanas, dominicanas o peruanas?
Las preguntas estuvieron presentes de alguna manera en cada una de las intervenciones realizadas durante un panel organizado el 4 de diciembre por el sistema de las Naciones Unidas (ONU) en Cuba, como parte de la campaña internacional 16 días de Activismo contra la Violencia hacia las Mujeres.
“He vivido en ciudades de América Latina donde, para las mujeres, es un peligro caminar por las calles después de las seis de la tarde. Con esa experiencia, es un gusto trabajar en Cuba”, confesó Susan Mcdade, coordinadora residente del sistema de la ONU en La Habana.
Aunque las estadísticas de muertes violentas no son de dominio público en la isla, se conoce que la mayoría de las cubanas que fallecen víctimas de la violencia lo hacen en el hogar. La amenaza del feminicidio, creciente en países vecinos como México y Guatemala, permanece ausente en esta isla del Caribe.
La también representante del Fondo de las Naciones Unidades para el Desarrollo de la Mujer (UNIFEM) recordó que el Estado cubano fue el primero en firmar y el segundo en ratificar la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW).
Al mismo tiempo, lamentó la ausencia en Cuba de una línea telefónica que, durante las 24 horas del día, pudiera brindar información o facilitar la protección a cualquier mujer en “un momento de dificultad”, como sí sucede en el caso de la consultoría sobre el VIH (virus de inmunodeficiencia humana) y el sida.
Mcdade aseguró que el sistema de las Naciones Unidas estaría en la mejor disposición de contribuir al establecimiento de una “línea ayuda” de este tipo y, si hubiera necesidad nacional, trabajar en la capacitación de las fuerzas de protección para el enfrentamiento de la violencia intrafamiliar.
Aunque la violencia contra la mujer ha sido reconocida como la violación más sistemática de los derechos humanos en el mundo contemporáneo, aún existen obstáculos para poder evaluar de forma realista su alcance, según un informe sobre el tema del secretario general de la ONU, Kofi Annan.
En América Latina, se estima que entre 30 y 45 por ciento de las mujeres son víctimas de violencia física, sexual o psicológica. “Los estudios realizados en al menos 71 países demuestran que una importante proporción de mujeres sufre violencia física, sexual o psicológica”, asegura el texto.
En tanto, una investigación de la Organización Mundial de la Salud en once países concluyó que el porcentaje de mujeres que habían sido objeto de violencia sexual por su pareja fluctuaba entre seis por ciento en Japón y Serbia y Montenegro y 59 por ciento en Etiopía.
Según la socióloga Clotilde Proveyer, integrante del Grupo de Trabajo Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia Familiar, los estudios realizados hasta el momento en la isla no permiten tener una visión general del fenómeno, pero reflejan “resultados similares a los de otros países”.
Mientras se espera la posibilidad de emprender un levantamiento nacional, el Centro de Estudios de la Mujer de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) ha trabajado en la sistematización de las investigaciones realizadas de manera aislada por especialistas e instituciones de todo el país.
La federación, que agrupa a más de cuatro millones de mujeres mayores de 14 años, coordina desde 1997 el Grupo de Trabajo Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia Familiar y ha trabajado en el estudio de la “conveniencia” de una norma jurídica específica en este tema.
“No hay una decisión definitiva. Algunos especialistas piensan que sí; otros que no”, dijo Sonia Betervide, integrante del secretariado nacional de la FMC, durante una presentación en el panel de la ONU sobre la visión oficial cubana de los derechos de la mujer.
Betervide recordó que, como resultado del proceso de revisión y perfeccionamiento de la legislación vigente, la reforma al Código Penal incluyó, como agravante, la existencia de algún tipo de parentesco entre la persona agresora y la víctima.
La FMC también ha estado involucrada, desde mediados de la pasada década, en la reforma al Código de Familia de 1975 que, según trascendidos, estaría casi lista para su presentación y aprobación por el Parlamento. Entre otras novedades, podría estar el establecimiento de tribunales de familia.
Con la premisa de que lo importante es ir más allá de la campaña que se desarrolla cada año alrededor del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la FMC tiene un programa de acción que incluye actividades de capacitación, investigación, educación y divulgación.
Entre las prioridades en la actualidad aparece la capacitación a personal que trabaja directamente con la comunidad, a la policía y a especialistas vinculados a los tribunales y a la fiscalía. También se pone énfasis en el incremento de materiales educativos para diferentes sectores de la población.
“Por una mayor equidad entre mujeres y hombres. Potenciando cambios culturales en las relaciones de género”, es un proyecto de la FMC que busca fortalecer la prevención de la violencia intrafamiliar y de género y cuenta con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
“Si el proyecto logra este objetivo, va a ser muy satisfactorio”, comentó Alfonso Farnós, oficial representante del UNFPA en Cuba.
A juicio de Ada C. Alfonso, subdirectora del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), las cubanas tienen garantizados un grupo de derechos sexuales y reproductivos, como el acceso al aborto, a la planificación familiar y otros que le permiten tomar decisiones sobre su propio cuerpo.
El CENESEX, en tanto, trabaja por el reconocimiento social del “derecho de la mujer a elegir otra mujer como pareja”, y en el de las lesbianas a la reproducción, una posibilidad que aún no está contemplada dentro de las regulaciones sanitarias para la fecundidad asistida.
En Cuba, ese servicio se ofrece sólo a parejas heterosexuales estables. Esta condición es vista por la comunidad lésbica como una modalidad de violencia, al obligarlas a mantener relaciones sexuales con un hombre como única opción para ser madres.
La campaña cubana de los 16 días de activismo movilizó este año a instituciones gubernamentales, centros de investigación y estudio, entidades educacionales y asistenciales, medios de comunicación y actores de la sociedad civil, involucrados en diversas iniciativas comunitarias.
El machismo es uno de los factores que más puede incidir, tanto en la violencia de género como en el vínculo existente con el sida, opinó Rosaida Ochoa, directora del Centro Nacional de Prevención de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y el VIH/Sida.
Ochoa aseguró que la cultura machista hegemónica se convierte en una barrera para la mujer a la hora de negociar el uso del condón en las relaciones sexuales. Esta situación incrementa la vulnerabilidad femenina y se expresa también en la escasa participación de las seropositivas en acciones de prevención.
Además de trabajar en proyectos para ellas, la especialista insiste en la necesidad de incrementar las investigaciones socioculturales que permitan profundizar en las causas de las brechas aún existentes entre la ciudad y el campo, entre estratos laborales y sociales y entre razas.
“Y trabajar con los hombres. Esta es una lucha que no la ganaremos sólo las mujeres. Siempre he pensado que lo contrario de la violencia no es la no violencia: es la convivencia”, aseguró Ochoa.
Mujeres: Ni poco ni mucho en materia laboralPor Zoraida Portillo
Lima, diciembre.- La inserción laboral en América Latina es ligeramente más favorable para las mujeres que para los hombres, aunque las brechas siguen siendo grandes. Por ejemplo, la tasa de desempleo urbano femenino supera en 1,5 veces la masculina.
Es en el sector informal donde las mujeres superan a los hombres: 51,4 por ciento frente a 46,3, respectivamente. Desafortunadamente, en este sector es donde se producen las mayores inequidades laborales, pues se trata de un empleo precario, desprotegido y, en general, no decente, según la terminología de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La presencia mayoritaria de mujeres en este sector se explica por las mayores dificultades de inserción laboral que éstas experimentan, se subraya en el informe que, como todos los años, presentó el 6 de diciembre la oficina regional de la OIT, con sede en Lima.
Bolivia es el país con mayor proporción de mujeres en el sector informal, seguido por Paraguay, Nicaragua, Ecuador, El Salvador, Colombia y Perú, todos con tasas superiores al 60 por ciento.
De otro lado, el informe también confirma la alta concentración de mujeres en los servicios comunales, sociales y personales, que es más del doble que la presencia masculina. En general, en el sector de los servicios, las mujeres tienen una presencia mayoritaria: 82,9 por ciento.
Cifras aparte, el informe constata la carencia de políticas dirigidas a generar empleo, tal como lo señaló el Director Regional, Jean Maninat. “La creación de empleo digno debería ser una obligación de los gobernantes, más allá de las contingencias políticas o nacionales”, expresó.
“Recordemos que detrás de cada cifra hay un rostro humano y, por tanto, una gran frustración cuando la gente que busca un trabajo no lo encuentra o accede a trabajos que no son decentes, vale decir, sin protección social y de mala calidad”, remarcó Maninat.
Su reflexión se basa en el hecho de que la calidad del empleo no progresa lo suficiente en la región: cinco de cada diez nuevos empleos urbanos se generaron en el sector informal entre los años 2000 y 2005. Como resultado, el empleo en dicho sector sigue siendo alto, el 48.5 por ciento del total de ocupados en 2005.
El documento también señala que la alta tasa de empleo en el sector informal indica que el buen desempeño del Producto Interno Bruto latinoamericano “no ha logrado generar suficientes empleos formales, que se caracterizan por tener mayor productividad, ofrecer mejores remuneraciones y dar más acceso a la protección social”.
La precariedad en el empleo va de la mano con la permanencia de la pobreza y la desigualdad. “La falta de oportunidades de empleo es un obstáculo para la eliminación de la pobreza debido a que el 80 por ciento de los ingresos familiares en América Latina proviene de las remuneraciones laborales”, señaló Mónica Castillo, especialista en Trabajo Decente y Análisis Laboral.
Es decir, sin empleo es imposible romper el círculo de la pobreza. De allí que, a juicio de la OIT, es poco probable que la región pueda cumplir con la primera meta de los Objetivos del Milenio, trazados por las Naciones Unidas, de reducir a la mitad la incidencia de la pobreza extrema en América Latina y el Caribe para el 2015.
Contribuye también a este pronóstico la alta desigualdad de la distribución de los ingresos laborales y las escasas posibilidades de inserción laboral de las poblaciones pobres. Miguel del Cid, Director de la Oficina de México y Cuba de la OIT, precisó que entre la población en pobreza extrema de América Latina, 27 de cada cien no tienen trabajo, mientras que entre los no pobres la proporción es de 7 por cada cien.
“Además, el grueso de la población pobre accede a trabajos de mala calidad. Si los pobres tuvieran las mismas oportunidades de trabajo que el promedio de los demás sectores, la pobreza se reduciría significativamente en América latina”, sostuvo.
“Se requiere acelerar el crecimiento económico, pero incorporando a los sectores más excluidos de la sociedad, para que pueda llegar al campo y a la economía informal. Hacen faltan no sólo políticas macro, sino meso y micro que potencien la capacidad de los pobres”, puntualizó.
Los jóvenes son otro sector en desventaja. Aunque en términos generales, el desempleo juvenil se redujo en dos puntos durante el 2006, la falta de empleo en este sector aún fluctúa entre 1,7 y 2,2 veces en los países de la región. Por ejemplo, en Brasil, los jóvenes constituyen el 46 por ciento del total de desempleados, el 43 por ciento en Perú y el 35 por ciento en Venezuela.
Según el documento, estas cifras “ratifican las dificultades que tienen los jóvenes para su inserción laboral, lo cual está asociado a características específicas: aún no culminan su preparación para el trabajo, su experiencia laboral es muy baja o nula, (y) tienen poca información sobre los requerimientos y características del mercado laboral”.
Cabe señalarse que los jóvenes conforman una fuerza laboral de 43.7 millones de personas en América latina, de los cuales el 41 por ciento son mujeres.
El estudio subraya de manera especial “la elevada proporción de jóvenes que no estudian ni trabajan en América Latina” y aunque no ofrece cifras específicas, exhorta a los países a aplicar medidas orientadas a reducir las tasas de deserción de los sistemas educacionales, generar mayores oportunidades para todos y disminuir las desventajas inherentes a este grupo social mediante la promoción de diversas actividades.
Guatemala: Ser indio es la peor de las vergüenzasPor Alba Trejo
Ciudad Guatemala, diciembre.- En Guatemala, ser pobre es sinónimo de vergüenza, pero ser indio resulta, para quien pertenece a una etnia, la más sufrible de las maldiciones. Al menos de esa forma describen analistas sociales el sentimiento de racismo y exclusión que padecen los habitantes que conforman cada una de las 24 etnias existentes en el país, principalmente los kiches, kakchiqueles y kekchies.
Guatemala cuenta con un contraste social y gran diversidad cultural en una población de 12 millones de habitantes, en la cual las mujeres conforman 50 por ciento y cuatro grupos configuran la trama de la diversidad etnoracial: mayas, ladinos, garifunas, xincas.
Según el gubernamental Instituto Nacional de Estadística (INE), los mayas y los ladinos son los grupos mayoritarios, el 41 por ciento de la población se considera indígena y 59 por ciento no indígena, el 39 por ciento es de origen maya (cuatro millones) y el 0,2 por ciento xinca (16.000) y garifuna (5.000).
En Centroamérica, Guatemala es la nación donde persiste una profunda aversión hacia quienes pertenecen a la etnia indígena, africana y xinca. De acuerdo con Ileana Alamilla, periodista y columnista de un matutino, el peor insulto que se puede recibir es la comparación con un indígena, porque los chistes, las burlas y refranes reproducen esa cultura racista, que para infortunio se ha generado dentro del seno de los propios hogares guatemaltecos.
En Guatemala, los ladinos aún mantienen la herencia fruto de la colonización española que, en 1524, trajo una estratificación política, económica y social basada en el prejuicio de la raza, que mantenía en la parte inferior de la escala social a los pueblos indígenas y reducía a los africanos a la condición de esclavos.
De ahí que los pueblos étnicos eran considerados menos adelantados y, a su vez, un obstáculo al desarrollo, por lo que fueron exterminados, marginados y sus culturas desvalorizadas y consideradas solamente como manifestaciones folclóricas.
A eso se suma, de acuerdo a Alamilla, que en la década del ochenta del siglo pasado, durante el conflicto armado interno que duró 32 años, el ejército y los grupos paramilitares persiguieron a los campesinos indígenas y los torturaron y masacraron, acusándolos de pertenecer a la guerrilla.
Los sobrevivientes señalaron que esa era una muestra de la discriminación racial institucionalizada, ya que el 90 por ciento de las victimas fueron indígenas, mujeres, niños y líderes comunitarios.
Según el documento Recuperación de la Memoria Histórica, que fue elaborado por la iglesia católica en memoria de todos aquellos guatemaltecos víctimas del conflicto armado, Guatemala privilegia la forma evidente y dominante de su identidad hispánica. Esto se aprecia en el idioma oficial, que sigue siendo el español, mientras los otros 24 idiomas mayas son considerados de uso doméstico.
La misma fuente añade que de los 158 miembros en el Congreso de la República, sólo 14 son indígenas. En el propio ejército, la mayoría de indígenas son soldados rasos y no tienen puestos de oficiales; en el gobierno ocupan puestos subalternos de vice ministros y rara vez de ministros y en los departamentos, mayormente habitados por indígenas, se registran los índices de pobreza más altos.
Guatemala está conformada por 21 departamentos, de los cuales alrededor de 14 están habitados por las diferentes culturas mayas.
En el interior del país, la tasa de analfabetismo de las mujeres oscila entre el 50 y 90 por ciento, sólo el 43 por ciento de ellas termina la primaria, el 5,8 por ciento la secundaria y apenas el uno por ciento la universidad, indica el informe de Recuperación de la Memoria Histórica.
Entre los niños y niñas indígenas, el índice de la malnutrición es del 29 por ciento frente al 17 por ciento en los no indígenas, y la tasa de mortalidad es del 69 en los descendientes mayas frente al 54 de los que no lo son.
La vida tampoco ha sido fácil para los "garífunas", una mezcla de indios caribes y negros africanos que llegaron en 1806. Habitan en las costas del pacífico del país, en una ciudad llamada Livingston, pero aún son considerados inmigrantes extranjeros y la policía los acosa.
En las escuelas, los niños garífunas se sienten discriminados porque no pueden usar su idioma, el gariguna, ya que los maestros no les prestan la misma atención que a los ladinos. Es por ello que muchos adultos han emigrado a los Estados Unidos para ayudar a sus familias con las remesas.
En tanto, los xincas, que habitan en el oriente del país, sufren el mismo tipo de discriminación que los indígenas, están bajo amenaza de expropiación de sus tierras y son utilizados como obreros agrícolas en las plantaciones de café, lo que les impide reconstruir su cultura, ya casi perdida. Su población se ha reducido a 5.000 habitantes.
Para el defensor de los Derechos Humanos, Sergio Morales, son diversas las formas en que las poblaciones indígenas suelen sufrir la discriminación. Recordó que la Premio Nobel de la Paz 1985, Rigoberta Menchú Tum, interpuso una querella contra varios integrantes del partido político liderado por el general retirado Efraín Ríos Montt, del Frente Republicano Guatemalteco, por emplear expresiones racistas, al tratarla de “india del mercado”, “vendedora de tomates”, y “vendedora de verduras”.
También ejemplificó la vez que se abrió un expediente contra un consejero ladino, tras haber dicho en una entrevista a la prensa que, durante la conquista, los españoles habían exorcizado a los pueblos indígenas. También comentó el momento cuando se obligó a una maestra de origen maya y a sus alumnos a identificarse como ladinos en un formulario del ministerio de Educación.
Sólo con este tipo de ejemplos se puede describir el racismo y la discriminación que hay en este país centroamericano, irónicamente poblado en un 60 por ciento por indígenas, y donde las expresiones “tan indio”, “pareces indio” o “indio igualado” se consideran la peor de las ofensas.
En su último informe, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la Organización de las Naciones Unidas concluyó que en Guatemala persiste un profundo racismo, y lo peor es que no hay suficientes políticas para la eliminación de la discriminación racial.
Aunque el citado comité aplaudió las iniciativas del Gobierno al crear la Comisión Presidencial contra la discriminación y el racismo contra los pueblos indígenas de Guatemala y la Defensoría de la mujer indígena, dentro de la Comisión Presidencial para los Derechos Humanos, apunta que aún falta mucho por hacer.
En igual sentido se ha pronunciado la Comisión Económica para América Latina, aun cuando reconoció que en Bolivia, Guatemala y Perú se empiezan a respetar las diferencias culturales, el bilingüismo y se enseña a valorar la diversidad al interior de la sociedad.
Guatemala ha ratificado el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, a favor de que el Estado modifique su constitución e incorpore el reconocimiento de la diversidad étnico racial.
Mientras, los acuerdos sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas han asegurado la promulgación de la ley del uso del traje regional en las escuelas y el respeto de la organización política de los pueblos indígenas, así como la educación intercultural.
Actualmente, en este país del área centroamericana las penas por racismo oscilan entre tres y cuatro años, y multa por un valor de 800 dólares estadounidenses. La legislación pena cuatro tipos de discriminación: la exclusión, la restricción, la distinción y la preferencia.
Perú: El machismo del gobernantePor Julia Vicuña Yacarine
Lima, diciembre.- Pilar Nores de García, esposa del presidente de Perú, está liderando la lucha contra la pobreza. Sueña con erradicarla y, para lograrlo, impulsa el programa "Sembrando" que, entre sus prioridades, tiene las de reducir la mortalidad y desnutrición infantil crónica y enfermedades endémicas en comunidades campesinas que viven en zonas de altura.
Su convocatoria ha calado en artistas, deportistas, empresarios y políticos que, día a día, se van sumando a su causa. Incluso Pat Robertson, el predicador evangelista más famoso e influyente de Estados Unidos, le entregará tres millones de pastillas desparasitadoras para su programa.
Pero esta imagen de ejecutiva, trabajadora, dinámica e independiente colisiona con aquella de mujer sumisa y estoica que apareció al lado de su esposo, Alan García, cuando éste reconoció ante todo el país que tenía un hijo extramatrimonial de un año y 10 meses de edad.
En esa oportunidad, el mandatario destacó la comprensión y respaldo moral de la Primera Dama Pilar Nores, de quien dijo tiene una “altísima dignidad, que me demuestra a mí mismo y a todo el país su condición de madre y su condición de dama”.
Para Martín Tanaka, director general del Instituto de Estudios Peruanos y profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la forma en que fue abordado el caso por el Presidente responde a un modelo patriarcal, machista y conservador.
“Se trata de una tradición, según la cual a un varón casado le es permitido tener relaciones e hijos tanto con su esposa como con otras mujeres, siempre y cuando cumpla con su función de macho proveedor”, afirma.
Bajo esta lógica, la mujer debe ser comprensiva en nombre de la unidad familiar y debe valorar su papel de esposa oficial, mientras que la madre extramatrimonial debe aceptar su rol de “segunda”, en tanto reciba compensaciones y beneficios de la cercanía del macho.
Según la historiadora María Emma Mannarelli, en el siglo XIII se instituyó el matrimonio como sacramento indisoluble, descarnalizado y monógamo, pero “los curas les dejaron a los caballeros la posibilidad del concubinato. En esta negociación, que tiene varios siglos de vigencia, salieron perdiendo las mujeres”.
Para Mannarelli, el mensaje tácito de la pareja presidencial tendrá un efecto en la vida cotidiana de las mujeres. “Lo que importa es el estatus de esposa, el valor que te da tener un hombre al lado, no importa el tamaño de los ‘cuernos’ que tengas que cargar y lucir”, explica.
En un sondeo de opinión pública y política, realizado en Lima y Callao, el 48,6 por ciento de la población residente considera que García debió declarar públicamente tener un hijo fuera del matrimonio “antes de ser presidente”, el 34,9 manifiesta que fue en el momento oportuno, mientras el 7,7 señala que debió hacerlo más adelante.
A la pregunta de si se sintió afectado o no por la noticia del hijo extramatrimonial del presidente, el 75,3 por ciento manifestó que fue una noticia más de tantas, mientras que el 15,9 respondió afirmativamente.
En referencia a las declaraciones de Lourdes Flores Nano, ex candidata a la presidencia por la conservadora alianza política Unidad Nacional, en el sentido que el jefe de Estado peruano “no tuvo una conducta ideal al tener un hijo fuera del matrimonio y que su esposa tampoco mostró la imagen que las peruanas quieren tener de ella”, el 45,6 por ciento dijo estar de acuerdo, el 39,8 en desacuerdo y el 14,3 no opinó.
El 56,5 por ciento responde que mantiene su confianza en el gobernante, pese a haber tenido un hijo fuera del matrimonio, mientras que para el 20,6 ha disminuido, el 11,6 manifiesta que nunca la tuvo y sólo el 7,1 confiesa que la ha perdido.
Las opiniones de las poblaciones de Lima y Callao, de alguna manera, sintonizan con los resultados de la encuesta nacional sobre la democracia en el país, realizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Según este sondeo, el índice de democratismo en la casa es de 0,44, más bajo que el promedio general en el país (0,51). Para el 57 por ciento de peruanos la voz patriarcal es única e inapelable; el 16,4 señaló que, al menos, se consultaban las decisiones, pero una vez tomadas no se cambiaban; mientras que el 23 manifestó que había opción a cambiar la decisión, si se justificaba.
Esta verticalidad en la toma de decisiones, lejos de ser cuestionada, es aceptada como una conducta válida por dos tercios de las personas encuestadas.
Si bien el estudio no indagó sobre las relaciones democráticas en la pareja, datos estadísticos proporcionados por la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2004, del Instituto Nacional de Estadística e Informática, indican que el 42 por ciento de mujeres en edad fértil ha sido agredida por su pareja, y el 9,8 ha sufrido violación sexual.
Sigue siendo tan válido el slogan de las feministas chilenas de los setenta: democracia en el país, en la casa y en la cama, como una forma de ir consolidando la idea de democracia que permita revertir la cultura de violencia machista que se manifiesta en todos los ámbitos de la vida, tanto de mujeres como de hombres. |