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Reportajes y noticias de SEMlacdel 6 al 12 de noviembre de 2006
Nicaragua: Campaña electoral elimina aborto terapéuticoPor Sylvia Torres
Managua, noviembre.- Aunque el destino de Nicaragua para los próximos cinco años se definió el último 5 de noviembre, el de miles de mujeres fue decidido en menos de 25 minutos por la asamblea nacional de este país, el pasado 26 de octubre, cuando 52 diputados de los partidos Frente Sandinista, Partido Liberal y Alianza Liberal votaron por la eliminación del Código Penal del artículo 165, que permitía la realización del aborto terapéutico.
Según diversos organismos rectores de la salud, incluyendo la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, la Asociación Médica Mundial y la Sociedad Nicaragüense de Ginecología y Obstetricia, se prescribe un embarazo terapéutico cuando este puede poner en peligro la vida y la salud integral de una mujer o una niña.
Casi todos los países del mundo tienen leyes que admiten el aborto para salvar la vida de la mujer. En más del 60 por ciento de los países el aborto es permitido para preservar su salud física y mental, y cerca del 40 por ciento lo incluyen cuando el embarazo es resultado de una violación o incesto, o en el caso de malformación fetal.
La eliminación del aborto terapéutico en Nicaragua responde a una sostenida y costosa campaña desarrollada por la jerarquía religiosa a partir de que el movimiento feminista nicaragüense lograse aplicar, en 2003, la legislación para impedir la continuación del embarazo de una niña nicaragüense de 9 años. La niña “Rosa”, quien residía con sus padres en Costa Rica, fue embarazada producto de una violación.
En medio de una controversia mundial y siguiendo los procedimientos legales establecidos, tres facultativos determinaron científicamente que tanto continuar el embarazo como interrumpirlo ponían en peligro la vida de Rosa. Ante esta determinación, sus padres optaron por asegurar la vida de su hija. El caso se convirtió en estandarte de la lucha por los derechos sexuales y reproductivos de niñas y mujeres.
Durante la discusión del Código Penal aprobado en lo general en el presente año, había prevalecido el acuerdo de no discutir el articulado específico relativo al aborto terapéutico, para así impedir su politización.
La reforma propuesta en 2000, en el artículo 146, dejaba intacta la disposición vigente desde 1891 de penalizar la práctica del aborto electivo, pero liberar de pena aquellos casos en que fuese necesario practicarlo para salvar la vida de la mujer.
Presiones electoralesEste año, aprovechando la campaña electoral y en las vísperas del día internacional por la despenalización del aborto, el 28 de septiembre, la iglesia católica y las evangélicas marcharon al parlamento a demandar la penalización del aborto terapéutico.
Salvo el Movimiento de Renovación Sandinista (MRS), las fuerzas partidarias identificadas con la derecha (Alianza Liberal, Partido Liberal Constitucionalista) y la izquierda (Frente Sandinista) coincidieron en apoyar la eliminación del aborto terapéutico.
Por su parte, el presidente Enrique Bolaños envió, con carácter de urgencia, una propuesta de Ley más severa que la de las Iglesias, en la que demandaba una pena de 30 años para las personas que practicaran un aborto.
En respuesta a la demanda de la iglesia, el presidente del parlamento, el diputado del Frente Sandinista Rene Núñez, ofreció a los prelados escoger entre esperar la culminación de la discusión del nuevo código reformado --lo que llevaría mucho tiempo--, o proceder a eliminar el artículo del Código Actual.
Las iglesias escogieron la vía expedita que modifica el código vigente y Núñez puso a la orden de prelados y sectores conservadores religiosos “todos los votos de su partido”.
Días antes, Rosario Murillo, la esposa del candidato sandinista a la presidencia Daniel Ortega y jefa de campaña, emitió un pronunciamiento declarando que su partido estaba en contra de todo tipo de aborto. De los 52 votos que terminaron con el aborto terapéutico, 26 corresponden a la bancada sandinista. De los 92 diputados, ocho liberales y el representante del partido Alternativa Cristiana se abstuvieron de votar.
En un acto sin precedentes, representantes de organismos del sistema de Naciones Unidas, entre ellos Alfredo Missair del PNUD y diplomáticas europeas como Eva Zetterberg, Inger Hirvela López y Francesca Mosca, embajadoras de Suecia, Finlandia y de la Unión, respectivamente, pidieron a los diputados reflexionar y postergar la discusión hasta después de las elecciones.
En iguales términos se pronunció Rebeca Grynspan, directora regional para América Latina y el Caribe del PNUD, y María Angélica Fauné, asesora regional del Fondo de Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM).
Duelo nacional y resistenciaComo “una decisión criminal” fue catalogada la eliminación del aborto terapéutico por la reconocida luchadora por los derechos de las mujeres Luz Marina Torres, coordinadora del punto focal de la campaña 28 de septiembre del movimiento feminista.
La noche anterior a la discusión en la asamblea, Torres, al frente de más de 20 organizaciones de todo el país, mantuvo una vigilia frente al edificio de la Asamblea Nacional.
La lideresa denunció la violación constitucional del carácter laico del Estado nicaragüense y calificó de “inconstitucional” que se convierta en política pública lo que es un dogma de fe que las iglesias han sido incapaces de imponer entre sus seguidores.
Artistas del país se presentaron en la vigilia para dar su apoyo a la lucha que encabezan las mujeres, pero que cuenta con el apoyo de organizaciones defensoras de la niñez, que ubican el aborto terapéutico como una medida de protección especial para las niñas embarazadas producto de violaciones.
Otras organizaciones, entre ellas el Foro de Sexualidad, Maternidad y Derechos, la red de Mujeres contra la violencia y el Movimiento Autónomo de Mujeres, han mantenido por meses una movilización cívica que incluyó marchas, plantones y foros públicos.
También el personal de saludPara el personal médico, la penalización del aborto terapéutico representa un grave problema ético y legal. Por un lado, están obligados a salvar la vida de la mujer; pero si para hacerlo tienen que practicar un aborto terapéutico, podrían ser castigados con la pérdida de su licencia médica y hasta seis años de cárcel.
Ante esta situación, la ministra de salud Margarita Guardián salió en defensa del gremio y rechazó las acusaciones de criminales que les endilgara el parlamentario liberal Wilfredo Navarro. Gurdián dijo que “la obligación del medico es salvar vidas”.
Días antes, el pleno del Consejo Nacional de Salud, en el que participaron médicos, representantes de organizaciones internacionales, sindicatos, movimientos comunitarios, instituciones estatales, emitió un comunicado de rechazo a la penalización del aborto terapéutico. El documento fue entregado a la Ministra de Salud, con el mandato de hacerlo llegar con urgencia tanto al parlamento, como al Presidente y al Consejo Nacional de Planificación.
“Tristemente estamos pasando a la historia pero por nuestro retraso, no por nuestros avances en pensamiento, en intelecto, en ciencia, en tecnología, en lucha contra la pobreza”, comedntó en una misiva la ginecobstetra Roberta Blandón Vijil.
La especialista es partidaria de que, cuando está en juego la vida de la madre y basada en elementos bioéticos y científicos, la interrupción del embarazo compete, sobre todo, a ella y su médico.
“Ni los políticos, ni la Iglesia tienen nada que hacer”, dijo en referencia al momento en que llega a una sala de emergencias una paciente con hipertensión severa, un embarazo de 21 semanas, que está lejos de la edad posible de viabilidad, “que tiene hemorragia severa porque las plaquetas se le están consumiendo minuto a minuto, con daño renal y daño hepático, y que su única esperanza de vivir es la inmediata interrupción del embarazo”, detalló.
“En situaciones así, todos perdemos. Los médicos tenemos un compromiso con la vida. No creo que ningún médico tenga un compromiso con la muerte. Nicaragua regreso hoy a la edad media”, dijo respecto al 26 de octubre, día en que fue penado el aborto terapéutico por la asamblea nacional.
Por otro lado, una veintena de asociaciones médicas, entre ellas sociedades de cardiólogos, urólogos, infectólogos, cirujanos laparoscópios y generales, psiquiatras, investigadores, ortopedas, mujeres médicas, ecografistas y médicos generales respaldaron la posición de mantener y regular el aborto terapéutico.
Martha María Blandón, del Foro de Sexualidad, Maternidad y Derechos, anunció que conjuntamente con otras organizaciones de mujeres, se prepara un recurso de amparo por inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. Ésta, dijo Blandon, es sólo una medida, porque mantendrán la movilización y la denuncia pública y llevarán el caso ante la Corte Interamericana de Justicia.
Un ejemplo de esta movilización fue la marcha que el movimiento autónomo realizara a las casas nacionales de campaña de los partidos políticos, así como los plantones en la occidental ciudad de León, realizados por el Grupo Feminista de esa ciudad. Junto a las mantas de la campaña electoral, lucían en las calles pancartas que decían: Diputados, la muerte de niñas y mujeres será su responsabilidad.
Aborto: Decisión nicaragüense desata reacciones y deja una muertePor Sara Más
La Habana, noviembre.- Feministas, grupos de derechos humanos, sociedades médicas y organizaciones internacionales continúan manifestando su inconformidad con la decisión que condena la práctica del aborto terapéutico en Nicaragua, donde esa posibilidad estuvo vigente por más de cien años.
En lo que consideran un retroceso histórico y un acto de irrespeto a los derechos humanos de las mujeres, diferentes fuerzas políticas, sociales y varias personas a título personal se siguen cuestionando la determinación que, aseguran, pone en riesgo la vida de miles de mujeres.
El pasado 26 de octubre, la asamblea nacional nicaragüense aprobó una reforma penal que elimina todas las excepciones de la penalización del aborto en el país. De esa forma, la ley castiga con penas de entre cuatro y ocho años a aquellas que practiquen cualquier tipo de aborto, aun si su vida corre peligro durante el embarazo.
"El nuevo código penal no sólo infringe los derechos humanos básicos, va contra los principios fundamentales de humanidad", expresó José Miguel Vivanco, director de la División de Derechos Humanos para América de HRW.
Los cuestionamientos a la medida incluyen la denuncia de que esta fue adoptada en un ambiente muy politizado, mediatizado por las campañas previas a las elecciones del 5 de noviembre.
"En vez de proteger los derechos de los ciudadanos que representan, los partidos políticos han utilizado el cuerpo de la mujer como campo de batalla electoral", afirmó Vivanco.
Por su parte, la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe remitió una misiva al embajador de Nicaragua en Chile, Luis Alberto Wong, en la cual manifiesta su preocupación por una determinación cuyos efectos “las mujeres chilenas conocemos bien”, aseguran.
En 1989, y como uno de sus últimos actos, la Junta Militar encabezada por Augusto Pinochet eliminó el aborto terapéutico del Código Sanitario chileno, procedimiento que, legalmente, desde 1931, había ayudado a salvar la vida de muchas mujeres cuyos embarazos entrañaban un grave riesgo.
“Sin embargo, este derecho aún no ha sido reinstaurado en Chile en la vuelta a la democracia, la que está en deuda con las mujeres, sobre todo con las más jóvenes y las más pobres, quienes al requerir con urgencia un aborto terapéutico, hoy ilegal, deben recurrir a procedimientos clandestinos e insalubres”, destaca el mensaje.
En representación del Foro Red de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos de Chile y de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, a nivel regional, los firmantes aseguran que la nueva ley desconoce que las mujeres nicaragüenses son sujetas plenas de derecho, y que la sexualidad y la reproducción son también terrenos protegidos por los derechos humanos universales.
Entre una veintena de organizaciones, la carta cuenta con la firma de Área Mujer de Vivo Positivo, el Centro Comunitario de Desarrollo Local, el Centro de Apoyo Poblacional, Somos CAPPA, el Centro de Formación y Educación para la Mujer, el Colectivo Cons-pirando, el de Mujeres Araucaria, la Coordinadora de Feministas Jóvenes y la Corporación de Desarrollo de la Mujer La Morada.
También con el apoyo de Educación para el Mejoramiento de la Calidad de Vida, Educación Popular en Salud, el Fondo Alquimia, el Foro Red de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, el Movimiento Pro Emancipación de la Mujer Chilena, Mujeres de Recoleta, Raíces, Mujeres El Bosque, la Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual y la Red de Mujeres de Organizaciones Sociales.
Los ecos de protesta y reacciones se hicieron sentir también en otras voces, como la de la presidenta de la Internacional Socialista de Mujeres, la eurodiputada italiana Pía Locatelli, quien asistió en Chile al Consejo Mundial de la Internacional y no dejó pasar por alto el tema y sus connotaciones particulares en la región.
"Hay una campaña en toda América Latina en contra de la posibilidad de despenalizarlo (el aborto)", dijo Locatelli, cuando hay más de cuatro millones de abortos clandestinos cada año en el mundo, de los cuales 800 mil requieren hospitalización por complicaciones, según la Organización Mundial de la Salud.
"Este es un drama en Nicaragua, en Argentina, en Chile y que golpea particularmente a las mujeres más pobres, porque aquellas que tienen recursos pueden hacerse un aborto, clandestino pero en condiciones de seguridad", aseguró la legisladora.
En tanto, un pronunciamiento de la Asociación Nicaragüense de Escritoras (ANIDE) llamaba a tomar en cuenta que la opción del aborto terapéutico está contemplada en la legislación de casi todos los países del mundo, con amplio sustento ético, científico y legal.
“Por tal razón, su erradicación o vigencia no debe depender de la voluntad de un sector de la sociedad, sino de una consulta democrática y amplia que incluya la opinión de diversos espacios y grupos de la sociedad, con los aportes científicos de profesionales de Ginecología, Psicología, Psiquiatría y del Derecho, entre otros”, exigen las intelectuales en su alegato, suscrito por Claribel Alegría, Michele Najlis, Vidaluz Meneses, Gioconda Belli e Isolda Hurtado, entre una larga lsita de firmas ilustres y reconocidas.
En una petición directa al presidente Enrique Bolaños, los presidentes de las sociedades nicaragüenses de Ginecología y Obstetricia, la de Medicina General y la de Medios de Comunicación solicitan su veto a la medida y su defensa a la vida de las mujeres nicaragüenses “como es su obligación de primer mandatario”.
Lo mismo hicieron desde México varias feministas de organizaciones civiles, según reportes de la Agencia de Noticias CIMAC. Sandra Fosado, de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) y Fernanda Díaz de León, de IPAS México, entregaron una carta al Ministro Consejero de la embajada nicaragüense en su país, en la cual expresaron su “repudio” a las modificaciones legislativas nicaragüenses.
Mientras, afuera de la sede diplomática nicaragüense en México, mujeres de o IPAS México, Católicas por el Derecho a Decidir, Democracia y Sexualidad (Demysex), Grupo Integral de Reproducción Elegida (GIRE), entre otras organizaciones, colocaron una ofrenda en memoria de las que han muerto como consecuencia de un aborto mal practicado, junto a la “lista negra” con los nombres de las y los diputados que aprobaron las recientes reformas.
Primera víctimaEn medio de las reacciones internas y externas en contra de la condena al aborto terapéutico en Nicaragua, su reciente penalización cobró la primera víctima fatal el pasado viernes 3 de noviembre.
Yasmina Bojorge, de 18 años y embarazada de cinco meses, murió luego de de intentar en vano ser atendida en el hospital Fernando Vélez País, de Managua, denunció Yamileth Mejía, dirigente de la no gubernamental Red de Mujeres contra la Violencia.
Bojorge había llegado en la noche del jueves al hospital con "fiebres muy altas que ameritaban una cesárea de urgencia, debido a que, al parecer, el feto había muerto en su vientre", explicó Mejía.
Pese a sus súplicas, a ella le fue negada la asistencia requerida, en aras de la nueva ley y el temor de los médicos a ser castigados con cuatro años de cárcel por interrumpir su embarazo.
Bojorge falleció en la madrugada del día siguiente y, junto a sus familiares, en la comarca rural Chiquilistagua, al oeste de la capital, dejó huérfano a su hijo de dos años.
República Dominicana: Mamá Tingó y las campesinas cumplen añosPor Mirta Rodríguez Calderón
Santo Domingo, noviembre.- Un mechero, de esos que alumbran las madrugadas de boyeros y campesinas cuando las tierras por arar convocan, es el símbolo en República Dominicana de una organización vital y numerosa que ahora cumple 20 años.
La lámpara, rústicamente construida con un depósito de latoncillo lleno de kerosén y una mecha agresiva, ilumina en los afiches el rostro de una campesina enjuta, de ojos relampagueantes y piel negra, que tuvo el coraje de enfrentar a los terratenientes en un poblado llamado Hato Viejo de Yamasá, a unos 90 kilómetros al norte de Santo Domingo.
Florinda Soriano se ganó el apelativo de Mamá Tingó al encabezar la rebeldía de los lugareños frente al despotismo y el abuso de autoridades que protegían a un ricachón, que puso alambradas en las tierras de los labradores y les soltó a los animales y también a los cerdos de Mamá Tingó, quien salió con su machete a recuperarlos.
Un sicario, con una escopeta, tenía órdenes de impedírselo y lo hizo. Dos disparos, el segundo como tiro de gracia, dejaron a la campesina regando con su sangre el terruño donde había hecho crecer a siete hijos y organizado a sus iguales. Era el primero de noviembre de l974.
Tingó, profundamente religiosa, fue creadora de salves (género de cantares campesinos muy reconocidos en toda República Dominicana) y de tonadas que en un tiempo animaron las faenas y ahora remedan una historia de coraje y decisión:
“No me dejen sola / suban la voz/ Dijo en Hato Viejo/ Mamá Tingó /// No tenemos tierra /pero hay valor/ tenemos la salve/ falta el arroz/// Agarre la mocha/ suba la voz/ que la tierra es mucha /dijo Tingó/// En el campo entero/ se oye una voz: / a seguir la lucha / Mamá Tingó… ///
Esa especie de himno, coreado y repetido por cientos de voces, ha animado por más de 20 años a la Confederación de Mujeres Campesinas (CONAMUCA) que nació de aquel ejemplo, primero como asociaciones de vecinas y de madres; luego constituyéndose en una fuerza poderosa que ahora tiene 15 federaciones y más de 7.000 asociadas.
Ellas, en su inmensa mayoría, trabajan la tierra o ayudan en ella a sus parientes: siembran gandules, frijoles, arroz, maíz, maní y mucho plátano que es la vianda (el vívere, la llaman acá) de mayor consumo en la nación, con el que buena parte de dominicanos y dominicanas desayuna, convertido en un puré muy bien majado, denominado mangú.
La Coordinadora Nacional de esta Confederación es una campesina, negra también, locuaz y sabia para el relato o la anécdota, cuyo trabajo no tiene internamente suficientes reconocimientos, aunque sí mucho prestigio.
A principios de este año, cuando un Comité Internacional de Mujeres procuró que la Academia Sueca entregase el Premio Nobel de la Paz no a una persona, sino a mil mujeres que en todo el mundo hacen por la paz mucho más que cualquier individualidad, Negrita, Juana Ferrer, figuró entre las nominadas.
La celebración de los 20 años de CONAMUCA alcanza a sus asociadas inmersas en los preparativos de su VI Congreso, que deberá efectuarse a principios de 2007 y al cual acuden con muchas carencias, muchos problemas, muchos temas en la agenda.
Entre ellos están el encarecimiento de la canasta familiar, la falta de luz y agua que impide producir por el régimen de lluvias errático de los últimos años, y las preocupaciones específicas de la violencia contra la mujer, el embarazo temprano y la migración a las ciudades para emplearse como domésticas por falta de posibilidades de producir, y aún de estudiar, en sus sitios de origen.
Pero, también, llegan esas campesinas a su 20 aniversario con un proyecto importante, auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, para la siembra y procesamiento de la yuca (un tubérculo de masivo consumo) en dos municipios del país: Vallejuelo, en el sur profundo, y Moca, al centro.
Un programa de trabajo contra el SIDA y de expansión de conocimientos al respecto nutre los planes de capacitación de las campesinas. República Dominicana tiene altas cifras de prevalencia de esta pandemia, en particular en las áreas fronterizas con Haití.
Proyectos para la crianza de ovejas, gallinas ponedoras y talleres de costura y repostería son otras de las acciones de importancia de esta agrupación, auspiciadas por diversas otras entidades, pero que apenas permiten un mínimo paliativo a las urgencias de la gente del campo.
Las “conamucas”, como se les conoce, se preparan para una vigorosa proyección de posiciones sobre el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica que –afirman–“nada bueno va a traernos, porque nosotras y nuestros hombres del campo no podemos competir con los adelantos de productores de otros países”, según dijo a SEMlac Juana Ferrer.
El Senado de la República Dominicana está evaluando un paquete de leyes que satisfagan exigencias del Fondo Monetario Internacional y condicionen la entrada en vigor de este Tratado. El presidente Leonel Fernández acaba de visitar Estados Unidos y, en su reunión con George W. Bush, ambos mandatarios se comprometieron a acelerar esos trámites.
Mientras, la gente se encrespa porque algunas de esas medidas presuponen aumentos de los impuestos que, en la actualidad, alcanzan al 16-18 por ciento de casi todo lo que se adquiere o consume.
Entre los muchos problemas que agobian al campesinado está el agua. A pesar de que el país tiene un mapa hidrográfico privilegiado y hay cierto número de presas, no existen políticas consecuentes para el aprovechamiento de los caudales. La escasa disponibilidad de semillas completa un panorama desolador.
El rechazo al guerrerismo, que se enmascara en la supuesta lucha contra el terrorismo generada desde Estados Unidos, y su presencia en Iraq y otras naciones productoras de petróleo, pasarán por las tribunas de las campesinas, al calor de su VI Congreso y de las celebraciones por sus 20 años.
“Seguimos leales a Mamá Tingó, esa campesina que puso en pie a toda una comunidad en Yamasá y que inspira nuestras luchas”, subrayó Ferrer a SEMLac. “Nos gusta cantar su salve y repetir sus consigna: ¡Basta ya de opresión, rebelémonos! Todavía tenemos sobradas razones para revivirla”, dijo.
Bolivia: ¿Desaparecieron las líderes de “octubre”?Por Helen Álvarez
La Paz, noviembre.- Las mujeres de la ciudad boliviana de El Alto, que asumieron el liderazgo de las sangrientas jornadas de protesta, causantes del derrocamiento en octubre de 2003 del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, volvieron a su silenciosa vida cotidiana y dejaron el protagonismo a los varones.
Aquella revuelta, iniciada por el rechazo a la exportación de gas a Chile y cuya represión dejó 33 muertos los días 11 y 12 de ese mes, se tornó para ellos en palestra política y significó para algunos convertirse en concejales, diputados e, incluso, ministros de Estado.
Pero ahora, las reuniones barriales volvieron a ser territorio de los hombres y las mujeres prefieren no acudir porque asisten sus esposos. Ellas dedican su tiempo a otras actividades, como la venta informal y el cuidado de la casa y de los hijos. También las limita el idioma, pues en esos encuentros se habla en castellano y ellas se comunican mejor en aymara.
El estudio “Participación política de mujeres alteñas en las acciones colectivas y en la vida cotidiana”, del Programa de Investigación Estratégica en Bolivia se refiere a este asunto. “El silencio de las mujeres y la promoción de la expresión de los varones, desde la escuela, tiene relevancia en este contexto, ya que en las asambleas se privilegian los discursos largos en castellano fluido”, precisa.
Pero no ocurre lo mismo cuando se encaran acciones colectivas como las mencionadas. Hace tres años, entre el 11 y el 17 de octubre, las mujeres hablaron en las asambleas de las plazas de sus barrios; organizaron actos de resistencia, como marchas y bloqueos; y convocaron a otras a participar.
Se convirtieron así en dirigentes informales, sostienen Jesús Flores Vásquez, Iblin Herbas y Francisca Huanta, autores de esa investigación, publicada este año.
Sometidas a los varonesPara Florentina Alegre, una alteña integrante del movimiento feminista Mujeres Creando, y dirigente de la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa provincial y departamental, el problema es que la cultura aymara las somete.
Las mujeres sólo trabajan, ya sea cocinando o lavando, pero las decisiones corresponden a los varones, dice.
La participación femenina en las asambleas se da en el contexto del chacha-warmi, la relación igualitaria entre el hombre (chacha) y la mujer (warmi) del pensamiento aymara. Pero ellas asisten para que los hombres puedan decir “mi warmi está a mi lado”, para ser utilizadas, reclama Alegre, quien además sostiene que la situación empeoró con el nuevo gobierno de Evo Morales.
El estudio ratifica esta versión, al señalar que, cuando ellas concurren a las asambleas barriales, deben enfrentar la oposición de sus maridos. Y lo hacen sólo si se deben tomar decisiones sobre asuntos que afectan a sus familias o a sus actividades económicas.
Pese a ello, hay mujeres que logran ocupar cargos en organizaciones sindicales, pero bajo la lógica de que tienen que asumir sus nuevas responsabilidades como hombres o como un apoyo para los varones, a quienes no se les cuestionan su clientelismo ni sus prácticas machistas.
Liderazgo autónomo y espontáneoEn octubre de 2003, los dirigentes varones, sobre todo los presidentes de las juntas vecinales, organizaron bloqueos y marchas bajo amenaza de sanciones. Pero, entre el 11 y 12 de octubre, la masacre conmovió a la gente, que voluntariamente se volcó a las calles a protestar contra la represión militar. Las mujeres, entonces, asumieron el liderazgo de manera espontánea y autónoma.
El 12 de octubre el gobierno organizó un convoy de vehículos para trasladar combustibles desde El Alto hasta la ciudad de La Paz, donde la población ya comenzaba a sentir los efectos de la escasez. Los militares que custodiaban la caravana dispararon a quienes trataron de impedir el paso.
Hasta ese momento, desde el 4 de octubre, cuando comenzó el bloqueo de las rutas de ingreso a La Paz, que dejó a la ciudad sin productos de primera necesidad, las mujeres se habían ocupado de recolectar víveres para las ollas comunes que alimentaban a vecinos y a los campesinos y mineros llegados de otras regiones del país para apoyar la protesta.
También transportaban las herramientas para cavar zanjas en las calles y avenidas que impedirían la circulación de vehículos, sobre todo militares, y, en algunos barrios, vendían en las mañanas los productos que recibían durante la madrugada.
Participaron, además, en acciones consideradas peligrosas, en las que los varones aplicaron experiencias aprendidas en el cuartel, señala el estudio.
Filomena Callisaya, de 57 años, estaba vendiendo dulces en la puerta de su casa y “de pronto comenzaron a gasificarnos, me entré a mi casa asustada”. Ella vive sola con su hija y tiene un puesto de venta en la avenida 6 de Marzo desde hace 13 años. Ese 12 de octubre guardó su mercadería y se integró a las movilizaciones.
Sacó cartones, tablas, llantas para quemarlas y así mitigar el efecto de los gases lacrimógenos. “De pena yo estaba porque había ancianos, niños, mujeres que lagrimeaban por el gas que lanzaron los policías”, rememora.
En algunos barrios, las juntas vecinales decidieron permitir el expendio de productos, lo que no ocurrió en la zona Ballivián, recuerda Hortensia Huanta, de 43 años. Su sector fue organizado por las maestras mayores que controlaban entre las ocho de la mañana y las seis de la tarde “y a los que estaban vendiendo no dejábamos vender”.
Perú: El hambre acosa a la niñez y a las mujeres gestantesPor Zoraida Portillo
Lima, noviembre.- A pesar de que el Perú está considerado un país de Desarrollo Humano Medio, sus índices de desnutrición infantil y la prevalencia de anemia entre las mujeres gestantes son equiparables a estados como Senegal, Guinea o Haití, clasificados entre los de Bajo Desarrollo Humano por las Naciones Unidas.
Según un reporte de la Oficina de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la desnutrición crónica entre los infantes peruanos menores de cinco años, es superior al 26 por ciento. Además, más de la mitad de los niños entre los 12 y 35 meses sufre de anemia.
Un efecto de la deficiente nutrición se refleja en el crecimiento: casi un cuarto de la población infantil del país tiene una talla inferior a su edad.
De otro lado, el 38 por ciento de las mujeres en edad fértil presenta un alto porcentaje de anemia. En promedio, ellas cubren solamente el 67,2 por ciento de sus requerimientos diarios de energía. Los departamentos de Tacna, Ancash, Puno y Huancavelica presentan las situaciones más críticas, según el informe.
El panorama, no obstante, tampoco es mejor para los varones. De acuerdo con la FAO, 13 millones 300.000 peruanos, es decir el 49 por ciento de la población, padece deficiencia calórica en su alimentación, debido a la situación de pobreza en la que vive, con ingresos inferiores a los tres dólares diarios y, en no pocos casos, sin ingresos.
De esta manera, la pobreza constituye una amenaza permanente para la seguridad alimentaria de este país andino de 28 millones de habitantes, a juicio de expertos.
Lamentablemente, la situación no es exclusiva del Perú. Según estudios de ese organismo internacional, 53 millones de personas, el 10 por ciento de los habitantes de la región, sufren algún grado de desnutrición. Además, el 20 por ciento de los niños latinoamericanos presenta desnutrición crónica.
En el Informe de Desarrollo Humano 2005, Perú ocupa la posición 79 entre 177 países. La cifra, sin embargo, es engañosa porque oculta la magnitud real de la pobreza: entre 1990 y 2002 el país alcanzó una tasa de 49 por ciento en el Umbral de Pobreza Nacional. En el mismo período, Camerún alcanzó 40 por ciento y Etiopía, 44 por ciento.
Para enfrentar el flagelo, que algunos especialistas califican de emergencia alimentaria, la FAO ha desarrollado un proyecto destinado a la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria, en el que participan organismos internacionales, autoridades regionales y locales, organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil.
El proyecto, en una primera etapa, se viene ejecutando en las regiones de Huancavelica y Ucayali, caracterizadas por su alto nivel de pobreza y desnutrición. Se espera beneficiar, en esta fase, aproximadamente a 560 familias urbanas, rurales, campesinas y nativas.
“Se requiere plantear una estrategia que pueda recoger las aspiraciones de la comunidad a efectos de disminuir los problemas nutricionales que nos afectan”, señaló Walter Pandero, coordinador de la ONG Prisma, una de las participantes en la iniciativa.
“Es importante resaltar que los esfuerzos que hace la sociedad civil se deben plasmar en un instrumento legal que haga una política verdadera para generar un desarrollo sostenible en la región”, añadió.
En la exposición que Jorge Del Castillo, presidente del Consejo de Ministros, realizó ante el Congreso Nacional en agosto pasado para dar a conocer los planes del nuevo gobierno de Alan García, se comprometió a reducir la desnutrición crónica infantil en cinco puntos porcentuales para 2011, cuando finalizará el mandato del actual gobierno.
"Un niño desnutrido es un adulto sin futuro, el hambre no tiene color político, luchemos todos contra la desnutrición", expresó en aquella ocasión, arrancando aplausos incluso de sus detractores políticos, quienes ahora esperan que el gobierno cumpla su promesa.
Una de las estrategias de combate contra la desnutrición, según Del Castillo, será fusionar los programas nutricionales de atención de la población infantil de 0-3 años con el de atención escolar en las localidades de mayor pobreza, y la articulación intersectorial de los programas y proyectos con enfoque territorial que permitan una atención integral de la población en riesgo.
Guatemala: Las formas de explotar a un niñoPor Alba Trejo
Guatemala, noviembre.- Unos manipulan la pólvora, otros escarban entre los desechos de basura, muchos barren y lavan ropa ajena, y hasta hay quienes pican la piedra para convertirla en granito: así, niñas y niños son víctimas de la explotación laboral infantil en Guatemala.
Se trata de pequeños entre los siete y 14 años de edad, en estado de franca vulnerabilidad, debido a lo que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) denomina las peores formas de trabajo infantil en este país centroamericano.
En su documento Estudio Cualitativo del Trabajo Infantil en Guatemala, la entidad mundial señala que esta manera de explotación no sólo afecta la salud física y mental de los menores, sino que forma parte de uno de los principales obstáculos para que un niño o una niña acudan a una escuela.
Este problema, además de Guatemala, se vive también en El Salvador, Honduras y Nicaragua.
Con 12 millones de habitantes, Guatemala cuenta con 507.000 niños y niñas trabajadores, según estadísticas de organismos especializados. Por cada 100 niños de este grupo, 20 ocupan todo su tiempo en el trabajo, 62 estudian y trabajan y 18 no estudian ni trabajan. Cuatro de cada 100 de ellos ejercen un trabajo, pese a contar apenas con cinco o seis años de edad.
La Encuesta de Ingresos y Gastos Familiares señala que este grupo se dedica a una diversidad de labores, como agricultura, comercio, fábricas, talleres o construcción. Para el Ministerio del Trabajo, no se trata de empleos de alta peligrosidad para la niñez, pero la OIT, sin embargo, los considera una forma de explotación laboral infantil.
El sondeo detectó que estos niños y niñas, que laboran y no asisten a la escuela, trabajan 58 horas a la semana, 18 más que los adultos, quienes cumplen una jornada de 40 horas semanales. Miriam de Celada, representante de la OIT en el país, opina que esas formas de explotación tienen al borde de la muerte a los niños y adolescentes explotados.
Sólo la industria pirotécnica cuenta con 3.700 niños y niñas, ubicados en dos sitios pobres a 50 kilómetros de esta capital, donde hacen cohetes, juegos artificiales y bombas, debido a que sus pequeñas manos hábiles pueden trenzar fácilmente las mechas.
Son muchachos entre los 5 y 14 años de edad que están expuestos a los tóxicos y explosiones en cualquier momento, pues la materia de elaboración es la pólvora, dice al respecto el documento Entendiendo el trabajo infantil en Guatemala.
En esta peor forma de trabajo infantil, la mayoría de los y las niñas no recibe remuneración económica y su pago se reduce a alimentación, ropa y calzado por parte de sus padres, quienes operan como los dueños de las fábricas. Los que reciben un salario perciben apenas 2,50 dólares diarios.
La mayoría de los pequeños son de origen maya y las familias utilizan sus propias casas como fábrica para manipular la pólvora y sus componentes. El único estudio nacional realizado al respecto, Trabajo Infantil en la Industria Pirotécnica de Guatemala, que data de 2002, determinó que más de 7.000 personas elaboran cohetecillos dentro de sus viviendas.
Una visita a los cementerios de los municipios donde existen estas industrias artesanales da cuenta que, por lo menos, existen 60 tumbas de menores de edad que murieron por explosiones provocadas en las viviendas, al manipular de forma incorrecta el clorato de potasio, la sustancia que sirve para fabricar los cohetecillos.
Trabajando la piedraSe les conoce como los pequeños picapiedras. Son niños y niñas de la costa pacífica de Guatemala, que en número de 400 trabajan la piedra y, aunque se les permite acudir a una escuela, están obligados a trabajar seis días a la semana pues deben producir, entre toda la familia, de dos a cinco metros cúbicos de piedrín (gravilla).
La niñez empleada en este trabajo está expuesta a sufrir pérdidas de miembros por compresiones, golpes, moretones y fracturas en los dedos y manos. Por este tipo de empleo, los pequeños no reciben remuneración alguna, ya que son los padres quienes utilizan el dinero de las ventas para comprarles comida y ropa.
El trabajo doméstico es considerado también de riesgo para la niñez. Una investigación de la no gubernamental Acción Guatemalteca Pro-Naciones determinó que existe un alto número de pequeñas en casas particulares con menos de 14 años, que deben lavar, planchar, cuidar niños, ancianos y enfermos, cocinar y hacer mandados, labores que les toman entre seis y dieciséis horas al día.
La única estadística disponible es la de la Oficina de los Derechos Humanos del Arzobispado, que en 2000 informó de la existencia de por lo menos 93.000 niños y niñas entre los 10 y 14 años edad en situación de trabajo infantil doméstico.
El abuso sexual, las golpizas y las amenazas son las formas de maltrato a las que están sometidas las niñas en las casas. Sólo algunas de ellas se atrevieron a indicar que hubo intento de abuso sexual por parte de sus patrones.
El único de los trabajos que ha podido erradicarse fue en el mayor vertedero de basura del país, donde laboraban alrededor de 400 menores de edad. Ello fue posible gracias a un programa ejecutado por la Organización Internacional del Trabajo y la Municipalidad capitalina que permitió su incorporación a las aulas.
Sin embargo, se sabe de nuevos focos de vertederos en el interior del territorio, donde la mano de obra infantil está siendo utilizada por las municipalidades de esas áreas.
Guatemala ha firmado diferentes tratados sobre el tema de la explotación laboral infantil, como la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño que, en su artículo 32, reconoce el derecho de las personas menores de 18 años a ser protegidas contra la explotación económica y cualquier trabajo que pueda resultar peligroso o entorpecer su educación.
También está la adhesión del país al Convenio 182 de la OIT, referido a la eliminación de las peores formas de trabajo infantil, mientras las leyes nacionales establecen protección al menor de edad, así como su derecho a la alimentación, salud, educación y seguridad.
Cuba-Violencia: Un espacio para crecerPor Sara Más
Bayamo, Cuba, noviembre.- Su existencia no ha seguido una línea recta, pero tampoco es un camino sin final. Se equivocó una vez, cometió un delito y fue privado de la libertad, pero ahora encamina su vida.
“No me da pena decirlo porque cualquiera comete un error, lo importante es rectificarlo”, dice Dolvis Espinosa, un joven de 33 años que reside en la oriental ciudad de Bayamo, a 733 kilómetros de la capital cubana.
Junto a él están Tailí, una muchacha de 32 años que ya dejó atrás un pasado vinculado a la prostitución y estudia ahora enfermería; Jorge Luis, un albañil de 35 que trabaja infatigablemente en la construcción; Aleida, una mujer trabajadora, madre preocupada por sus hijas, quien también de cierto modo intenta recomponer sus días…
Todos tienen en común su pertenencia a un grupo singular, que se reúne en la Casa de Orientación a la Mujer y a la Familia de la Federación de Mujeres Cubanas, en la provincia de Granma, y sus deseos de salir adelante.
Son cerca de 70 personas vinculadas a un programa que ellas mismas decidieron llamar ¿Quién dijo que todo está perdido?, una frase tomada de una canción del argentino Fito Páez y que justamente resume lo que sus integrantes pretenden demostrar.
En una suerte de grupo de autoayuda, la casa les brinda el espacio de encuentros, el primer miércoles de cada mes, para hablar e intercambiar sobre diversos temas, desde los jurídicos hasta los culturales, de los educativos a los de salud o los sociales. Allí también reciben preparación en diversos oficios para reinsertarse laboralmente y ayuda especializada.
“Es un grupo que mezcla el trabajo de prevención y el educativo. La mayoría son hombres que cumplen sanciones judiciales fuera de prisión o disfrutan de los beneficios del sistema penitenciario. También hay algunas mujeres”, explica María de los Ángeles Chávez, la coordinadora de la institución.
Profesionales de diversas especialidades colaboran con la casa y atienden las inquietudes de estas personas y sus familias y de otras tantas vinculadas a más de una docena de programas que mantiene la institución con diferentes grupos poblacionales y problemáticas sociales.
“A veces, la gente que viene a la casa trae a un vecino, a un familiar, a un amigo, cuando encuentra algo que puede serle útil a los demás. Así también se va ampliando la labor de los especialistas y nos extendemos más allá de la puerta, para llegar a la comunidad”, comenta Chávez.
Para Ana María Ballester, al frente de la esfera de trabajo comunitario en el secretariado provincial de la FMC, se trata de “una labor que, de una forma u otra, transforma conductas y estilos de vida, que es nuestro propósito final: que ellos mismos y los demás los vean y valoren como seres humanos y no con la carga negativa de lo que fueron una vez o por haber estado en prisión”.
Una vida sin violenciaIdentificado ya por muchas personas como un lugar para recibir ayuda e instrucción, la Casa de Orientación a la Mujer y la Familia provincial, en la ciudad de Bayamo, ha recibido, en el transcurso del año, a cerca de 10.000 visitantes, en demanda de orientación, capacitación e inscripción en cursos, trabajo grupal y procesos de extensión comunitaria.
Los conflictos y problemas de comunicación en las parejas, la convivencia familiar, los manejos inadecuados en la crianza y educación de las y los hijos, el alcoholismo con gran incidencia en la familia y el embarazo precoz se incluyen entre los principales problemas atendidos por la institución.
También situaciones de conducta delictiva y antisocial, violencia intrafamiliar con daño físico hacia la mujer, y psicológico hacia la población infantil, y violaciones sexuales y abuso lascivo en niñas y niños.
La prevención de estos problemas atraviesa, de alguna forma, todas las acciones de la casa, que promueve una cultura de la no violencia y cuenta con un programa específico cada jueves para su atención y prevención.
“A la casa llegan mujeres y hombres por cuatro rutas críticas fundamentales”, precisa Chávez.
Una es la vía de los casos reportados por el hospital, la policía y los servicios de Medicina Legal. Otra, el acceso directo a la casa de orientación, y una tercera los envíos desde los bufetes jurídicos donde se establecen diversas demandas relativas al tema. También llegan las historias de ese corte desde las escuelas y la propia comunidad.
Informes de la casa indican que el año pasado se atendieron 291 casos por el programa de violencia: 246 mujeres y 45 hombres. De estos últimos, 11 incurrieron en maltrato contra los hijos e hijas, dos fueron agredidos por mujeres y el resto acudió como parte del proceso de mediación e investigación en la pareja y la familia ante los casos presentados por las mujeres.
“Evidentemente, las más afectadas han sido las mujeres, las niñas y los niños, envueltos en el ciclo de la violencia familiar”, comenta Chávez.
El plan estratégico de la casa ayuda a esas mujeres y sus familias a salir de la situación, favorece su autoestima y el sentido de igualdad en las relaciones interpersonales.
Los pasos incluyen consejerías jurídicas y psicológicas, así como el análisis por parte del equipo interdisciplinario de colaboradores, integrado por una treintena de profesionales, entre psiquiatras, sociólogas, psicóloga, doctores en Medicina legal, pediatras, policías y trabajadores sociales.
El programa contempla, igualmente, la posibilidad de matricularse en cursos de orientación y adiestramiento que las preparen para un oficio. En 2005 se adiestraron 54 madres solas y amas de casas que no tenían trabajo y dependían económicamente de sus esposos agresores.
“Por eso prefiero decir que este es un lugar donde la mujer y la familia son dignificadas, un espacio de crecimiento humano”, asegura la coordinadora. |