Reportajes y noticias de SEMlac

del 18 al 24 de septiembre de 2006

México: Obstáculos al aborto legal

Por Sara Lovera

México, septiembre.- Paulina del Carmen Ramírez está a punto de cumplir los 21 años. Fue violada cuando aún no tenía 14 y todavía aguarda por un resarcimiento de las autoridades que le impidieron la interrupción del embarazo, un derecho que, en casos de agresión sexual, es otorgado por la legislación mexicana.

Natural del estado de Oaxaca, la joven acudió a las autoridades en compañía de su madre para hacer efectivo su derecho. Obtuvo la autorización del Ministerio Público para interrumpir su embarazo, pero ese derecho le fue negado por las instituciones públicas de salud del gobierno de Baja California. Su niño nació el 14 de abril del año 2000.

“Luchamos, pero el bebé nació”, recuerda en conversación con SEMlac Silvia Reséndiz, de la organización feminista Alaíde Foppa. “Ahora queremos que el gobierno cumpla un Acuerdo de Solución Amistosa que firmó recientemente”, añadió.

Ese documento fue suscrito en marzo de 2006 por los gobiernos Federal y de Baja California con las organizaciones que defienden a Paulina. En él, las autoridades se comprometieron a reparar el daño, a no volver a violar este derecho humano, apoyar la educación del niño y atender su salud hasta su mayoría de edad o el momento en que termine una carrera superior.

Hasta la fecha, no se ha avanzado en el cumplimiento de tales propósitos y la joven ha emprendido, de nuevo, una lucha pública.

Por reparación del daño moral, Paulina fue integrada a un programa de Proyectos Productivos y le dieron dinero para iniciar un negocio. Sin embargo, le niegan el permiso para abrir su tienda.

Este caso, que originó movilización y demandas que rebasaron las fronteras mexicanas, al intervenir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sirve hoy de ejemplo para la lucha por el respeto al derecho de interrupción de embarazo, cuando la causa sea legal, declaró a SEMlac Lilián Sepúlveda, asesora para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, con sede en Nueva York.

Lo más importante del Acuerdo de Solución Amistosa fue reconocer una violación a los derechos humanos en este caso y el compromiso de hacer reformas al Código Penal del Estado de Baja California para crear los mecanismos que viabilicen la interrupción legal de un embarazo, pero las modificaciones aún están pendientes, expresó por su parte Reséndiz.

“Pese al compromiso de no repetición de situaciones similares, conocemos casi a diario de niñas violadas y embarazadas a quienes se les obstaculiza el acceso a un aborto legal”, apuntó.

 Agregó que es necesario capacitar al personal de justicia y de salud para sensibilizarlo en ese sentido y evitar que se impida el acceso a ese derecho.

“Tenemos que estar muy pendientes cuando conocemos un caso de embarazo por violación, pues, si no presionamos, la mujer no puede interrumpir su gestación en caso de que así lo decida”, dijo.

La realidad

El aborto clandestino en México sigue siendo un problema de salud pública, en especial para las mujeres pobres. Está considerado genéricamente como un delito, lo que obliga a muchas de ellas a aventurarse a esta práctica de manera clandestina y en pésimas condiciones higiénicas.

El aborto clandestino constituye la tercera causa de muerte materna y, aunque hay excepciones en la ley, las dificultades para realizar una interrupción de embarazo de manera legal son inmensas.

Una reciente encuesta del Consejo Nacional de Población indica que el 19 por ciento de las mujeres que estuvieron embarazadas experimentaron, al menos, un aborto inducido. De acuerdo con esa investigación, existe un aborto por cada 21 nacimientos, lo que equivale a unos 533.100 cada año.

Hace cuatro años, el comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) recomendó a México atender los abortos legales, revisar las leyes de los estados y brindar educación sexual a la población adolescente, al considerar preocupante las prácticas clandestinas. El gobierno no ha cumplido.

Legislación restringida

En México, el aborto sigue siendo legalmente restringido y la mayoría de las legislaciones estatales, que datan de 1930, no han sido revisadas para garantizar, de forma legal y segura, la interrupción de embarazos.

Para esta práctica, la causal de violación es legalmente aceptada en 31 estados del país, incluido el Distrito Federal, y sólo está totalmente restringido en Guanajuato.

Tampoco se castiga cuando ocurre por imprudencia de la mujer (11 estados), y se permite cuando se determina malformación genética (10), grave daño a la salud de la madre (ocho) e inseminación artificial no admitida (siete). Únicamente en Yucatán se aplica por razones económicas, cuando ya la mujer ha tenido tres hijos.

En algunos estados se han adoptado reformas para aumentar las causales de aborto o instaurar un procedimiento que lo haga efectivo. Sin embargo, en la mayoría de los casos, no está reglamentado el acceso a este derecho, aún cuando está permitido en la ley.

Al no existir lineamientos administrativos claros para la realización de este proceso, sobre todo en casos de violación, se dificulta la exigencia de este derecho reproductivo. Sólo en el Distrito Federal, Morelos y Baja California Sur, el procedimiento para tales circunstancias está claramente incluido en la legislación.

Marco legal

Un estudio en siete estados de la República Mexicana pudo establecer que hay obstrucción por parte de los funcionarios públicos, tanto en atención a las víctimas de violación solicitantes, como para brindarles información.

La investigación, que se llevó adelante en los estados de Baja California, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, San Luís Potosí y Yucatán, fue realizada por la organización no gubernamental Human Rights Watch.

Los funcionarios públicos del área de procuración de justicia niegan que existan embarazos producto de una violación, no le confieren credibilidad al testimonio de la mujer violada y se oponen o se resisten a que ella ejerza su derecho y decida interrumpir el embarazo producto del ilícito, concluye el informe.

De ocho casos denunciados a las autoridades correspondientes en Estados que no cuentan con procedimientos para el acceso al aborto legal, documentados por Human Rights Watch, sólo en dos se les proporcionó información a las víctimas de violación sobre el aborto legal, pero no de cómo obtenerlo si así lo deseaban. Una de ellas terminó con un aborto clandestino.

RECUADRO

Bolivia: Riesgos y polémica por prohibición

Por Liliana Aguirre

La Paz, septiembre.- Algunas acuden a las hierbas y otras a la complicidad del acto clandestino, pero de una u otra forma una buena parte de ellas padece el alto riesgo que implica interrumpir un embarazo en las peores circunstancias.

En Bolivia, la tercera causa de mortalidad femenina, después del cáncer cervical y la eclampsia (hipertensión aguda durante el embarazo), es el aborto, que no es legal, suele hacerse en condiciones riesgosas e infringe el artículo 263 del código penal boliviano, que sanciona dicha práctica con de uno a cuatro años de cárcel.

“En el campo, cuando las mujeres no queremos tener hijos, buscamos una planta de nombre sullsiwa. Es difícil de conseguir, ya que crece entre las hierbas y cuando un animal que está preñado la come mientras pasta expulsa a la cría”, explica Senobia una mujer aymará. “Es muy importante medir la cantidad que se va a tomar, porque si una se pasa puede morir”.

La ley boliviana permite que una mujer se realice un aborto legal únicamente si ha sufrido violación o incesto y para preservar su vida, si ésta peligra. Esta ley se vuelve excluyente con mujeres de escasos recursos y del área rural, ya que muchas no saben leer ni escribir y no pueden pagar a un abogado que agilice los trámites.

La comunidad de Senobia está en el altiplano, a 120 kilómetros de la ciudad de La Paz. Allá también está prohibido el aborto y “si el jilakata --la máxima autoridad-- se entera de este hecho, castiga con un par de azotes o el destierro a la mujer que cometa aborto y, de igual forma, al padre de la mujer y al hombre con quien ella haya concebido al infante”, añade Senobia.

A diferencia del área rural, el tema se polariza en las urbes. Desde la presentación al gobierno nacional, en 2004, de un proyecto de ley sobre Derechos Sexuales y Reproductivos, en el cual se solicita la legalización del aborto, se han generado posiciones muy marcadas a favor y en contra.

“Nosotras proponemos al parlamento desprenderse de esa doble moral mentirosa y promulgar una ley que nos permita vivir de manera sana e informada la sexualidad”, comentó Madela Sainz, una de las promotoras de la campaña 28 de septiembre y las movilizaciones de 2004 por la despenalización del aborto.

En su opinión, “los derechos sexuales tienen que ver con un acto de decisión en lo más íntimo de las personas, una decisión tomada con la conciencia de que constituye un acto de absoluta libertad que no puede ser contenido en ninguna norma moral o código religioso”, explica la activista.

En tanto, la Iglesia Católica y agrupaciones religiosas rechazan el proyecto, que contempla al aborto como sinónimo de asesinato. En su inmensa preocupación por la vida humana, aseguran no poder apoyar lo que califican de “horrendo crimen de interrumpir la vida de un ser”.

“Si se aprueba una ley como la de los Derechos Sexuales y Reproductivos, esta podría provocar una emancipación temprana. Cualquier mayor de 12 años podría no sólo tener derecho a mantener relaciones sexuales, sino también a gozar de una confidencialidad tal que sus padres no serían informados.”

“Los menores podrían contraer sida, las niñas resultarían embarazadas y tendrían abortos; una legislación de este tipo podría incluso llevar a los niños a la prostitución”, opina el Padre Manzanera, director del Instituto Católico.

En la actualidad, en Bolivia no existe ninguna ley sobre Derechos Sexuales y Reproductivos y la presentada al gobierno en 2004, que incluía la despenalización del aborto y su inclusión en el seguro social, fue rechazada por el senado. Por lo tanto, la población femenina sigue teniendo en los abortos clandestinos la única opción frente a embarazos no deseados.

Aborto: Entre la legalidad y los derechos de las argentinas

Por Norma Loto

Buenos Aires, septiembre.- El debate acerca del aborto se apoderó otra vez de la sociedad argentina con los casos de dos jóvenes con discapacidad mental que fueron violadas y cuyas tutoras solicitaron a la Justicia se les interrumpieran los embarazos.

LMR son la iniciales de una de ellas, víctima de una violación cometida por un pariente. Con 19 años, la joven, que vive en la localidad bonaerense de Guernica, posee una mentalidad de nueve años y tenía la urgencia de abortar.

Aunque el Código Penal argentino no sanciona el aborto debido a incapacidad mental, el caso de LMR fue debatido por todos los estadios de la Justicia. Finalmente, llegó a la Corte Suprema capitalina que terminó por autorizar la interrupción cuando la muchacha estaba en la semana 20 de su embarazo.

Pero el Comité de Bioética del Hospital San Martín, de la ciudad de La Plata, resolvió no llevar a cabo la operación bajo el argumento de que LMR tenía un estado de gestación muy avanzado y, por tanto, su vida corría peligro.

En la prensa, especialistas en temas jurídicos opinaron que los médicos habrían evaluado que, debido al avanzado embarazo, el feto tendría posibilidades de vida y, dejarlo morir, pudiera ser calificado penalmente como homicidio o abandono de persona seguido de muerte.

Tras sucesivas batallas entre el derecho y la ética, LMR pudo abortar en una clínica privada.

De forma paralela, salió a la luz la situación de Claudia, otra joven con discapacidad mental, oriunda de la provincia de Mendoza, al oeste de la Capital Federal, quien fue violada. En este caso hubo algo más de agilidad en los procesos legales y el aborto se realizó, pese a los intentos de obstaculizarlo por parte de grupos conservadores católicos.

Ambas historias volvieron a instalar en la palestra pública el tema de la despenalización del aborto. En Argentina se realizan cerca de 800.000 abortos clandestinos anualmente. Esta práctica sólo se considera legal si la vida de la madre está en peligro o cuando el embarazo sea producto de una violación a una discapacitada mental.

“Esta última interpretación ha quedado en el pasado, pues investigaciones y expresiones públicas de juristas reconocen que el aborto es legal en todos los casos en que el embarazo resultare de una violación”, manifestó a SEMlac la activista Marta Alanis.

Alanis es coordinadora de Católicas por el Derecho a Decidir de la provincia de Córdoba e integrante de la Comisión de Articulación de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto.

Para muchos expertos, ambos casos pusieron en evidencia que la Justicia maneja tiempos más extensos que los de las necesidades de las personas. En consecuencia, la población opta por otros caminos, ilegales e inseguros, que constituyen vías directas a la muerte.

El debate planteado en la sociedad argentina no sólo enfatiza sobre la necesidad de legalizar esta práctica, sino que además enfoca la conducta médica al respecto. La legislación establece sanciones para cualquiera que “ayudare a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad u omitiere denunciar el hecho estando obligado a hacerlo”.

Y la expresión no es sólo letra de ley. Un estudio realizado en 2001 bajo la dirección del Centro de Estudios de Estado y Sociedad concluyó que el 60 por ciento de los profesionales de la salud creen que tienen la obligación de denunciar y entienden, además, que es correcto hacerlo.

Respecto a este punto, la representante de Católicas por el Derecho a Decidir considera que “los médicos debieran ser los primeros aliados de esta causa, porque conocen directamente el sufrimiento de las mujeres y la cantidad de muertes por abortos clandestinos e inseguros”.

Los casos de LMR y Claudia han marcado un punto de inflexión en la sociedad, ya que diversos sectores manifiestan su apoyo a la práctica del aborto en estas situaciones y, a su vez, existen muchas acciones para solicitar la reforma de la legislación.

“Se está generando un cambio cultural importante, debido a la acción decidida de los movimientos feministas y sociales que, frente a las injusticias, se movilizan, demandan y evidencian los derechos”, expresó Alanis.

En medio de tantas tensiones, la Conferencia Episcopal presentó una declaración bajo el título Una cuestión de vida o muerte, en la cual expresa que “la ley de Dios y el sentido común nos han enseñado que la vida es un gran bien que debemos preservar desde el momento que comienza”. El texto eclesial califica al aborto de crimen.

Consultada por SEMlac sobre esta posición de la Iglesia, Alanis opinó que “la voz de la jerarquía suena fuerte porque tiene mucho poder, pero no tiene el poder del consenso de los propios fieles”.

“La jerarquía podrá mantener su posición, mientras muchos sacerdotes, laicos, laicas, monjas y pueblo católico, en muchas oportunidades, acompañan a las mujeres en su decisión de abortar”, comentó.

La experta añadió que, aunque se evidencian gestos para no romper las relaciones Estado-Iglesia, “pareciera que prevalece la visión del gobierno argentino, sustentada más en los derechos humanos que en el beneplácito con la cúpula eclesial”.

El presidente Néstor Kirchner y su esposa, la senadora Cristina Fernández, no apoyan la despenalización del aborto. Sin embargo, en 2005 el gobernante salió en defensa del ministro de Salud, Gines González García, cuando fue atacado por un obispo, quien sugirió que debía ser tirado al mar con una piedra colgada al cuello por sus comentarios a favor de la despenalización.

RECUADRO

Recuadro 2

Recuadro 3

Cuba: Aborto, riesgos múltiples

Por Raquel Sierra

La Habana, septiembre.– Cuando recuerda, dice que un frío le baja por la espalda. Tras interrumpir voluntariamente doce embarazos, quiso un hijo. No lo consiguió, un aborto espontáneo frustró su sueño de maternidad.

La historia de Emma Peña, una profesional de 42 años, no termina ahí. Tres fibromas, uno grande y dos pequeños, la llevaron nuevamente al salón de cirugía, esta vez para una histerectomía (extirpación del útero).

“Una hace cosas sin medir las consecuencias. Era muy fértil y casi no me cuidaba. Los amigos me decían que ni pasara por una tienda donde vendieran calzoncillos, porque de verlos salía embarazada”, cuenta, con voz resignada.

Con los años, llegaron las primeras canas y las reflexiones sobre su vida. “Cuando se es joven, una cree que lo sabe todo, hasta rechaza los consejos médicos. Si tuviera una hija le diría: `no te precipites, hazlo si estás preparada, si es por amor, si saben protegerse del embarazo y las enfermedades´”, dice, aunque sabe que ese consejo sólo puede dárselo a las hijas de sus amigas.

Emma, como no pocas mujeres cubanas, cayó en una trampa: desconoció los riesgos del aborto para su salud reproductiva.

Ni imaginaba que los especialistas califican a la infertilidad como una de las consecuencias tardías más graves de las interrupciones de embarazos. “Me parecía seguro. Quién iba a pensar que me podría suceder”, comenta.

Según el doctor Alejandro J. Velasco Boza, profesor auxiliar de la Universidad Médica de La Habana, más del 70 por ciento de las mujeres que acuden a una consulta de infertilidad tienen como antecedente uno o más abortos durante la adolescencia o en su etapa de adulta joven.

Los peligros del aborto, un método quirúrgico a ciegas y legal en Cuba, son elevados, aun si es practicado en óptimas condiciones, señalan los expertos.

En conversación con SEMlac, los ginecólogos Natacha Donate, Sara Laria y Juan Carlos Farrán, del servicio de salud sexual y reproductiva del policlínico Plaza, en La Habana, comentaron que las consecuencias de esa práctica pueden ser inmediatas, mediatas y tardías.

Entre las relacionadas con el proceder quirúrgico, están las hemorragias, perforaciones, desgarramientos del cuello del útero, complicaciones anestésicas y hasta la muerte.

A mediano plazo pueden aparecer infecciones, sangramientos, restos e inflamaciones del endometrio.

Entre las consecuencias tardías están las infecciones, tejido endométrico fuera de lugar, incompetencia cervical -provoca abortos espontáneos y partos inmaduros-, embarazos ectópicos e infertilidad. “Con una sola interrupción la mujer puede quedar estéril”, señala Donate.

Más de la mitad de las mujeres que presentan infertilidad de causa tubárica (obstrucción de trompas) se han realizado una interrupción o más, “aunque algunos estudios apuntan a cifras superiores”, afirma Velasco.

Ante tan alto riesgo, los tres especialistas coinciden: “lo mejor es evitarlo”. Para ello, dan consejería a adolescentes y jóvenes en la consulta de ginecología infanto-juvenil.

“Les brindamos información y recomendamos la doble protección, un método anticonceptivo acorde a su edad y el uso del condón, que las protege también de las infecciones de transmisión sexual”, explica Donate.

Con las regulaciones menstruales disminuyeron las remisiones al servicio hospitalario de aborto y crecieron las consultas de planificación familiar, señalan estudios realizados hasta 2003 en esa institución de atención primaria.

La regulación menstrual —también conocida como extracción menstrual, aspiración endométrica y minisucción— es una variante del legrado por succión, cuyo uso está limitado a las primeras semanas de haberse interrumpido la menstruación.

Aunque la regulación es un método que se aplica por prescripción médica ante diversas situaciones, se estima que esa técnica produce aborto en más del 70 por ciento de los casos y tampoco está exenta de complicaciones

No obstante, la reducción del aborto y el incremento de las regulaciones aún no se corresponden con las probabilidades de evitar una gestación no deseada, que incluyen la educación sexual desde temprana edad y las consultas especializadas, sostienen.

Por ello, consideran que deben mejorarse los mensajes sobre la conveniencia de llegar al embarazo en el momento óptimo, social, física y psicológicamente.

No es la salida

El especialista en obstetricia Hernán Rodríguez coincide en la importancia de la prevención de este proceder quirúrgico, que no puede ser visto más como un método anticonceptivo.

Desde su puesto de jefe de los servicios de aborto del Hospital Ramón González Coro, en La Habana, señala que en el primer semestre de 2006 se hicieron allí 1.236 interrupciones inducidas, cinco por ciento menos que en igual etapa del año anterior.

Las edades más frecuentes, explica, se concentran entre los 20 y 34 años. Del total, 22 por ciento de los abortos fueron en menores de 20 años, una etapa en que los riesgos son todavía mayores, dijo a SEMlac.

En los últimos meses, esa institución de salud programa las interrupciones en un plazo de 24 horas, eliminando demoras innecesarias en trámites, pero con el rigor de los exámenes complementarios que exige ese servicio.

A su juicio, facilitar el proceder no implica promoverlo, sino ganar tiempo para que los abortos se hagan en el momento indicado. “Esta práctica complementa el trabajo de prevención y planificación que se hace en el nivel primario de salud”, explica.

“La disponibilidad de métodos anticonceptivos, la consejería, la detección de los casos de riesgo y la educación sexual son la base para reducir los embarazos no deseados, que generalmente terminan en interrupciones”, dice.

Para Rodríguez, quien participa en un proyecto de caracterización bio-psico-social de las adolescentes que acuden al aborto, el acceso universal a pruebas de embarazo podría contribuir a la detección temprana y a disminuir los abortos.

En la actualidad, ese método está disponible en algunas instalaciones hospitalarias y policlínicos, así como en farmacias que lo comercializan en pesos convertibles (un peso convertible equivalente actualmente a 80 centavos de dólar y a 25 pesos cubanos en las estatales Casas de Cambio).

Otra visión

Para Bárbara, pastora de una iglesia pentecostal, la atención a la juventud es una de sus prioridades. Entre los temas que trata están la sexualidad y el aborto.

A su juicio, los mensajes televisivos no orientan a postergar las relaciones sexuales ni la necesidad de amor, sólo recomiendan el uso del condón para evitar enfermedades, lo que considera como una invitación al sexo.

“Les hablamos del Señor, les explicamos que las relaciones fuera del matrimonio son pecado, tratamos de orientarlos hacia otros asuntos, para que su atención no esté concentrada en el sexo, algo muy común actualmente”, explica.

Visto el aborto como un atentado contra la vida, conversan sobre la necesidad de mantener los preceptos que guían su fe y fomentan los valores.

Las cifras alertan

En el libro Interrupción voluntaria de embarazo y anticoncepción (La Habana, 2005), la doctora Miriam Alicia Gran Álvarez caracteriza a las cubanas que acuden a la interrupción como jóvenes, estudiantes de nivel medio y de unión inestable.

La experiencia previa de abortos, las relaciones inestables, el fallo del anticonceptivo, ser estudiante y el descenso de la edad para el primer embarazo condicionaron la práctica de la interrupción, lo cual expresa “insuficiencias educativas y de planificación familiar”, agrega la especialista.

Las cifras de la Dirección Nacional de Estadísticas del Ministerio de Salud Pública citadas por Gran indican que la tasa de abortos (por mil mujeres entre 12 y 49 años) fue en 2004 de 20,9 (67.277 abortos), inferior a otros años, pero superior a 2003 (19,9).

Según concluyó Gran, aunque los estudios arrojan que existe una cultura adecuada sobre los riesgos del aborto, las mujeres recurren a su práctica e incluso, en muchos casos, de manera reiterativa.

(recuadro)

Uruguay: La estrategia está en el debate parlamentario

Por Ángela Castellanos

Montevideo, septiembre.- La senadora Mónica Xavier, ponente del proyecto de ley de Salud Sexual y Reproductiva que cursa debate en el senado de Uruguay, estima en 33.000 el número de abortos inducidos al año en este país sudamericano.

Algunos de ellos se practican en condiciones asépticas y por médicos que todos conocen aunque nadie denuncia. Pero, la gran mayoría de las interrupciones voluntarias de embarazo se realiza sin la higiene necesaria o es el resultado de la ingestión de abortivos de fabricación casera, venenos y plaguicidas.

Las complicaciones derivadas de los métodos antisépticos y caseros, a los que recurren las mujeres pobres, motivan el 27 por ciento de las muertes de gestantes, por lo cual el aborto no seguro constituye la principal causa de mortalidad materna de esta nación de 3,5 millones de habitantes, según estadísticas de la Universidad de la República.

La senadora Xavier, médica cardióloga de 50 años, milita en el Partido Socialista desde su adolescencia y fue miembro de los organismos directivos de ese partido desde la época de la dictadura, en los años setenta. Se destacó como presidenta de la Comisión Nacional de Organización del Frente Amplio, coalición de izquierda actualmente en el gobierno.

Su trayectoria en el poder legislativo empezó en 1994, cuando fue elegida suplente a la Cámara de Representantes. Desde 1999 es senadora. Ella presentó en mayo pasado un nuevo proyecto de ley sobre Salud Sexual y Reproductiva, que contempla el aborto voluntario.

Para conocer las perspectivas de esta iniciativa, SEMlac conversó con la senadora.

SEMlac: ¿Qué la llevó a presentar de nuevo al parlamento el proyecto de ley de Salud Sexual y Reproductiva, sabiendo que el veto anunciado por el Presidente Tabaré Vásquez lo amenaza de muerte, como ya lo hizo en 2004?

M.X.: En primer término, mi convicción de que el proyecto es necesario, además mis compromisos adquiridos con la ciudadanía en mi actividad política, así como el que asumí en el Senado de la República en el año 2004, cuando este proyecto no se aprobó por sólo tres votos.

El texto tiene un enfoque desde el punto de vista de los derechos humanos. Uruguay tuvo el menor registro de nacimientos en el último año. Sólo nacieron 47.000 niños (el promedio era de algo más de 50.000 por año). Como contraparte, los estudios más recientes estiman en 33.000 los abortos que se realizan anualmente.

Esta realidad nos indica que, sin dudas, el aborto es en Uruguay un método más de anticoncepción, hecho que tratamos de revertir, de forma tal que sea una elección cuando han fallado otros métodos o en alguna de las hipótesis que se ajustan a los criterios y plazos del proyecto de ley.

Si el Presidente veta, hecho que espero no ocurra, es en uso de su prerrogativa constitucional y no debe inhibir las responsabilidades parlamentarias. Mi aspiración es que el nivel de implicación del conjunto de la sociedad en el debate convenza al Presidente que es preferible que no vete y que posibilite una consulta popular.

Uruguay no tiene en su Constitución la figura del referéndum consultivo, aunque puede ser creado por ley, pero el resultado no tendría fuerza vinculante. Esta razón es la que, hasta el momento, nos lleva a pensar que la mejor estrategia es lograr su aprobación parlamentaria y generar las condiciones para que quienes se oponen pudieran confirmar o no con la ciudadanía los artículos polémicos.

SEMlac: ¿Además de la oposición presidencial, qué otras fuerzas políticas y sociales están activamente en contra del proyecto de ley? En 2004 lo estuvo la Iglesia Católica y los partidos tradicionales, ¿cómo es el escenario hoy?

M.X.: Creo que es similar al de 2004, aunque legisladores de los partidos tradicionales (Blanco y Colorado) dicen estar dispuestos a discutirlo, dado que reconocen la hipocresía y doble moral existente sobre el tema, sin comprometer por ahora su voto.

Existen, además, grupos pro-vida con su característica actuación fundamentalista. Cabe destacar que esta es una cuestión que corta en forma transversal a todas la fuerzas políticas del país, por lo cual, al igual que en la votación anterior, no todos los integrantes de la coalición Frente Amplio votarán a favor de los artículos polémicos del proyecto, que son los relacionados con la despenalización del aborto.

SEMlac: ¿Cuáles son las principales diferencias entre el proyecto de ley presentado a debate en el año 2002 y el actual?

M.X.: Agregamos un capítulo que contiene las disposiciones que, por la vía administrativa, se están aplicando en relación con los Derechos Sexuales y Reproductivos, por parte del Ministerio de Salud Pública. Entre estas se cuentan promover el parto humanizado, garantizar el acceso universal a métodos anticonceptivos seguros y confiables, que incluyan las ligaduras de trompas y vasectomía, los climaterios saludables, así como la prevención. Pretendemos que estas disposiciones queden con fuerza de ley.

SEMlac: ¿Cómo ha participado el movimiento de mujeres en su elaboración y en el cabildeo para su aprobación?

M.X.: Las consultas e intercambios con las organizaciones de mujeres son permanentes y quienes impulsamos este proyecto trabajamos abiertas a la ciudadanía. Se han generado movilizaciones callejeras, debates con expertos y expertas, campañas de difusión y participación en polémicas televisivas, entre otras acciones.

SEMlac: La aprobación del proyecto con el artículo referente al aborto, tal y como está, implicaría la reforma del Código Penal, ¿qué tan viable es la aprobación del capítulo y de la reforma de dicho Código?

M.X.: Indudablemente este capítulo es el nudo gordiano de este proyecto, pero no por tratarse de la modificación del Código Penal, sino por lo que implica, que es la despenalización del aborto.

RECUADROS

No alineados: Una cumbre masculina

Por Dalia Acosta

La Habana, septiembre.- Nada como el desfile de presidentes que asistieron la pasada semana a la XIV Cumbre del Movimiento de Países No Alineados (NOAL), realizada en la capital de Cuba, para comprender que este mundo en que vivimos sigue siendo masculino.

Salvo raras excepciones, como el caso de Chile, los jefes de Estado y Gobierno y altos funcionarios que viajaron al frente de las delegaciones, en representación de 118 países del Sur, eran hombres. En muchos casos, además, llegaron al saludo oficial acompañados de sus esposas. Ellos tienen el poder; ellas apenas son las “primeras damas”.

Con esta realidad, mostrada a cientos de corresponsales de prensa extranjera por las pantallas de la televisión de la sala de prensa (donde la presencia femenina sí se hacía notar), era de esperar que los temas vinculados a los derechos de la mujer en este mundo de hoy se diluyeran en todas las controversias de la cumbre.

Las demandas específicas de la mitad de la población mundial estuvieron ausentes de los debates, aunque buena parte de los temas tratados y algunos de los que generaron las mayores tensiones y polémicas, nos tocan directa o indirectamente como parte o como víctimas.

Tal es el caso de las agresiones a países como el Líbano o Iraq, la condena a la intromisión en los asuntos internos de Venezuela y Bolivia, el apoyo a Cuba frente al endurecimiento de las sanciones o el tan debatido tema de la necesaria cooperación Sur-Sur, en sectores como la salud y el enfrentamiento a las pandemias como el sida.

Claro, hay que tener en cuenta que en un grupo tan heterogéneo como el NOAL, surgido en 1961 como una respuesta a la bipolaridad del mundo de entonces y una opción a favor de la paz, sería una verdadera “bomba” el lanzamiento de temas como el aborto o los derechos de las minorías sexuales.

Por el momento, en la necesidad de lograr un consenso que le permita acercarse a la influencia que podría tener el voto unido de casi las dos terceras partes de los Estados miembros de las Naciones Unidas, el movimiento tiene que concentrarse en los temas que los unen a todos y no en los que podrían dividirlos.

El proyecto de documento final que llegó a manos de la prensa muestra unos párrafos dedicados al adelanto de la mujer, en un folleto de 88 páginas.

En esencia, el texto ratifica el compromiso del movimiento con la aplicación de la Declaración y la Plataforma de Acción, aprobadas en la Cumbre de Beijing (1995), y el documento “Otras medidas e iniciativas”, resultado del seguimiento realizado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2000.

 Asimismo, los jefes de Estado y de Gobierno expresan su determinación de “eliminar todas las formas de violencia contra la mujer y la niña, especialmente en situaciones de conflicto armado y ocupación extranjera, incluida la utilización sistemática del secuestro y la violación, por las partes en el conflicto, como instrumento de guerra”.

También exhortaron a todos los Estados que aún no lo hayan hecho a ratificar la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer o adherirse a ella.

A pesar de la casi total ausencia del tema en los debates de la Cumbre, el texto “celebra” la próxima realización, en 2007, de la II Reunión Ministerial de los NOAL sobre el adelanto de la Mujer y apoyó la apertura de un centro sobre género y desarrollo en Kuala Lumpur, Malasia.

Esperemos que con el mismo ímpetu con el que los países del Sur quieren que su voz se oiga en la arena internacional, empiece a oírse dentro del movimiento la voz de las mujeres y también las demandas de no pocas minorías y grupos de la sociedad civil.