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Reportajes y noticias de SEMlacdel 31 de julio al 6 de agosto de 2006
República Dominicana: La tragedia que no hace noticiaPor Mirta Rodríguez Calderón
Santo Domingo, agosto.- Un Congreso dominicano de 149 legisladores aprobó esta semana modificaciones a un Código Penal arcaico, influido por el derecho francés del siglo XIX, y si bien consiguió modernizarse en cuanto a figuras y precisiones, no avanzó en el reconocimiento del derecho de las mujeres sobre su propio cuerpo.
Así, no reconoce las interrupciones de embarazos cuando sean producto de violaciones, peligre la vida de la madre o se comprueben anormalidades en el feto, demanda auspiciada por el movimiento de mujeres y por una Coalición por un Código Penal Moderno y Consensuado que, durante más de dos años, estuvo promoviendo ese y otros derechos.
Fuertes presiones de la Iglesia Católica se produjeron durante los últimos días, mientras el tema se convirtió en materia de controversia que determinó que el Congreso –integrado por 24 mujeres y 125 hombres- no pudiera darlo por aprobado el viernes 21 de julio.
El órgano legislativo traspasó los debates para el lunes 24 y, en una sesión que duró cinco horas, lo dio por aprobado, manteniendo así las penalizaciones a las mujeres, o a quienes les ayuden, con privación de libertad.
El hecho de que una nación que se desplaza por entre cánones de modernidad adopte un Código Penal que implica mantener el sentimiento de culpa que vive un número de mujeres –pobres, desde luego–, ha causado frustraciones a quienes aspiraban a decisiones consecuentes con los rumbos proclamados.
La realidad de que entre 85 mil y 100 mil dominicanas acudan cada año a interrupciones necesarias hizo poquísimo impacto en la conciencia de la inmensa mayoría de los y las legisladoras, aunque hubo pronunciamientos de prominentes diputadas, y de dos hombres, que defendieron los derechos de ellas, quienes, por demás, son casi el 51 por ciento de la población del país.
Moderno y consensuadoUna joven abogada, Janet Camilo, autora de la consigna que movilizó las luchas de los últimos tiempos: “Por un código penal moderno y consensuado”, afirmó a SEMlac que “aunque no conseguimos todo lo que queríamos, el Código ciertamente se modernizó”.
“Se adecuó con el Código Procesal Penal adoptado a finales de este año, estableció rangos de sanciones para ciertos tipos de delitos, instituyó penalidades para el incesto y, sí, se mantuvo también penosamente retrógrado en cuanto a considerar saldado el delito si el agresor contrae matrimonio con la menor agraviada”, expresó.
La doctora Camilo también reconoce que hubo consultas, aunque no al estilo de lo que ocurre en algunos foros internacionales. “Hubo consenso porque debemos reconocer que lo que deseábamos las mujeres y las fuerzas que propugnamos la plenitud de derechos humanos para ellas, no es realmente lo que aprobaba la mayoría ni del Congreso ni de la sociedad, tan influida como lo está la nación por la Iglesia Católica”, insistió.
Uno de los puntos defendidos con más vehemencia por la Coalición por un Código Penal Moderno y Consensuado fue que la figura de violencia contra la mujer quedara explícitamente reconocida. Y eso se logró, comentó Camilo.
Desde 1997 el país cuenta con una ley que norma y sanciona delitos de violencia intrafamiliar. Las modificaciones que proponía una comisión parlamentaria hacían peligrar buena parte de las conquistas consagradas en esa legislación. Esas posiciones fueron derrotadas y los temidos retrocesos no ocurrieron.
Próxima a finalizar la actual legislatura del Congreso, que el próximo 16 de agosto se renovará con la toma de posesión de los y las legisladoras elegidos el pasado 16 de mayo, había existido una presión fuerte para aprobar las modificaciones al Código Penal, con la intención de concluir el período con ese instrumento jurídico de tanta importancia ya aprobado.
Y esto es, de hecho, un logro neto del presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, quien fue aspirante a la alcaldía del Distrito Nacional de la capital dominicana en esa última lid electoral, pero perdió frente al candidato del partido oficial.
Pacheco había prometido a una marcha de más de 4.000 mujeres que el pasado abril llegó a la sede legislativa, que se escucharían sus demandas, que la pieza no sería aprobada hasta tanto fuera consensuada y que el Congreso bajo su presidencia no sepultaría “las conquistas de las mujeres”.
Como colofón, el resultado es ése: no fueron del todo receptivos los oídos, pero hubo modernización del Código, se logró consenso y se mantuvo el respeto por los postulados esenciales de la ley contra la violencia intrafamiliar.
Ecuador: No al abortoPor Mariana Ramírez-Corría
La Habana, agosto.- La mayoría de los ecuatorianos de las ciudades de Quito y Guayaquil se opone al aborto en todos los casos, incluso si sus hijas resultaran embarazadas por una violación, reveló una encuesta de la empresa Informe Confidencial.
De acuerdo con agencias de prensa, ante la pregunta: ¿Si usted tuviera una hija que queda embarazada por una violación, preferiría que tenga el bebé o que no lo tenga?, el referido sondeo realizado entre 800 personas arrojó que, en Quito, la capital del país, el 54 por ciento está a favor de la continuación del embarazo y el 36 en contra.
Entretanto, el resultado en Guayaquil -capital de la provincia ecuatoriana de Guayas, con alrededor de un millón de habitantes- es aún más contundente: el 61 por ciento de los encuestados afirmó que, en ese caso, la hija debe tener al bebé. Sólo el 32 por ciento se opuso.
Asimismo, ante la propuesta sobre si el aborto debe ser una decisión de la mujer embarazada o estar prohibido, el 45 por ciento de los quiteños aceptó la primera opción y el 50 apoyó su prohibición. En Guayaquil, las respuestas estuvieron en 35 y 64 por ciento, respectivamente.
La resolución del Tribunal Constitucional de mayo pasado, que prohibió definitivamente la venta de la polémica Píldora del Día Siguiente, por considerarla abortiva, abrió una nueva etapa en el debate del aborto y el uso de anticonceptivos en esa nación sudamericana.
Perú: Congresistas electas impulsarán leyes de equidad de géneroPor Julia Vicuña Yacarine
Lima, agosto.- Por primera vez en la historia política del Perú, las congresistas electas por diferentes partidos políticos, ideologías y edades conforman una mesa especial de trabajo que centrará su atención y preocupación en incluir el enfoque de género en las políticas públicas.
La Mesa de Mujeres Parlamentarias Peruanas, integrada por las 35 congresistas, que representan el 29 por ciento de la representación parlamentaria, es una iniciativa inédita en el país y tiene como objetivos: crear un espacio de intercambio y concertación entre parlamentarias sin distinción por agrupación política, promover la elaboración de una agenda común por la equidad de género, la igualdad de oportunidades y la inclusión.
Asimismo, promoverá el intercambio de información sobre iniciativas que requieran la construcción de consensos previos a fin de que las peruanas tengan las mismas oportunidades sociales, personales y profesionales que los hombres.
En conferencia de prensa realizada en el Palacio Legislativo, voceras de las diferentes bancadas anunciaron su compromiso de trabajar por el fortalecimiento de la democracia, la gobernabilidad, el respeto a los derechos humanos y la igualdad de oportunidades.
Las demás congresistas, desde el llano, acompañaron la presentación, que se desarrolló en un clima de unidad y concordia, pocas veces visto en el Congreso de la República. Abordaron diferentes temas, entre ellos el de la aplicación de la pena de muerte para violadores de menores de edad. Durante la campaña electoral, algunas de las ahora parlamentarias se habían declarado a favor de esa medida.
Lourdes Alcorta, de la alianza conservadora Unidad Nacional, que postuló a Lourdes Flores a la presidencia de la República, fue la primera en dar su apoyo a esta acción, comprometiéndose a luchar para que este tipo de delitos no quede impune.
La más radical fue la legisladora Luisa María Cuculiza, de la Alianza para el Futuro, agrupación política ligada al ex presidente Alberto Fujimori. “La pena de muerte es la única manera de reivindicar a esos niños. Tengo en mi mente el pedido de esas madres clamando justicia, por eso estoy a favor de la pena de muerte”, sentenció.
Sin embargo, las congresistas señalaron que este tema es muy controvertido y coincidieron en que sería evaluado ya que el Perú está adscrito a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuya constitución impide incluir o extender la pena de muerte a la legislación nacional.
En torno al gabinete paritario, las legisladoras demandaron al presidente electo Alan García el cumplimiento de su promesa y que mantenga ese equilibrio a lo largo de su gestión.
Lisbeth Guillén, responsable del Programa de Participación Política y Ciudadanía del Movimiento Manuela Ramos, saludó la conformación de la Mesa de Mujeres Parlamentarias porque “permitirá un trabajo articulado e impulsará medidas legislativas concertadas que pueden garantizar su aprobación”.
Entre los pendientes que tendrían que revisar e impulsar las congresistas, afirma Guillén, figura la formulación de una ley de responsabilidades familiares compartidas; que la población adolescente tenga capacidad para demandar la filiación de su descendencia; la modificación de los dispositivos penales que sancionan de manera diferenciada la violación, los actos contra el pudor y la pornografía contra adolescentes, niñas y niños; entre otros.
También destacó el papel fiscalizador que podría cumplir la Mesa y que no asume el legislativo. “De esa manera podrían velar por la adecuada implementación de las leyes por parte del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES), por ejemplo”, agregó Guillén.
En opinión de la directora del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX), Susana Chávez, la Mesa debería de considerar en su agenda el acceso de los adolescentes a los servicios de salud sexual y reproductiva, así como la evaluación de la legislación para ampliar las causales de aborto por violación y por daños que son incompatibles con la vida.
Uruguay: Piden destitución de director de agencia de la OEAPor Ángela Castellanos
Montevideo, agosto.- La Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATW-LAC) y la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual solicitaron el retiro del peruano Piero Solari Zerpa, director del Instituto Interamericano de la Niña, el Niño y Adolescentes, por ejercer violencia doméstica.
En marzo de 2006, la esposa de Solari Zerpa, encargado de esa entidad perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA), denunció ante la Comisaría de la Mujer los reiterados maltratos físicos de que era objeto por parte de su cónyuge.
Tras constatarse la agresión física, mediante evidencia de moretones, mordidas y señales de haber sufrido estrangulamiento, el 22 de marzo el juzgado de familia especializado en violencia doméstica, a cargo de la jueza Rosario Alonso, dictó medidas de protección, prohibió a Solari acercarse a su esposa y ordenó el traslado de los antecedentes al juzgado penal correspondiente.
El amparo de la esposa de Solari, una ciudadana peruana de 36 años, está a cargo de la Casa de la Mujer de un distrito de la capital uruguaya y de la ONG Espacio del Desarrollo Personal, donde encontró refugio.
La Red uruguaya, compuesta por 20 organizaciones no gubernamentales (ONG), repudió la presencia de Solari al frente del Instituto.
Andrea Tuana, integrante de El Faro, una ONG de infancia y adolescencia perteneciente a la red uruguaya, indicó que se resolvió informar a la Cancillería peruana el rechazo a la presencia de Solari en su actual cargo.
En ese sentido, argumenta que Uruguay no puede tolerar su permanencia al frente del Instituto, a partir de la responsabilidad de este país por ser sede de esta institución y de la sentencia dictada por los tribunales de justicia. “El mantenimiento de Solari en el Instituto significa un desconocimiento de la legislación uruguaya”, concluyó.
En tanto, Teresa Ulloa Ziáurriz, directora regional de CATW-LAC, envió una carta al Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, en la que afirma: “De ninguna manera, como sociedad civil, podemos permanecer calladas, ni hacernos cómplices de actos que se alegan o refutan privados, pero que son públicos”.
Y añade: “porque la violencia contra la mujer o los conflictos conyugales han dejado de ser temas íntimos, confinados a la esfera privada, para convertirse en hechos públicos, en un delito cometido por un funcionario público de una institución regional, cuya función es la tutela y guarda de los derechos de la niñez y de la adolescencia”.
En su misiva, solicita a la máxima autoridad de la OEA su intervención inmediata, ya que la permanencia de Solari Zerpa al frente del Instituto desacredita a esa entidad y coloca en entredicho los esfuerzos de la Comisión Interamericana de Mujeres sobre el tema de la violencia contra la mujer.
En el plano nacional, la bancada femenina del Congreso uruguayo (que aglutina a todas las parlamentarias sin distingo de partidos) también puso al tanto de este hecho a las embajadas acreditadas en Uruguay y a la Cancillería.
Congo Democrático: Claman por cero tolerancia a violaciones sexualesPor Mariana Ramírez-Corría
La Habana, agosto.- En medio de los preparativos para sus primeras elecciones en los últimos 40 años, la República Democrática del Congo vive un ambiente de marcada inestabilidad, en el cual las mujeres constituyen uno de los sectores más vulnerables.
De acuerdo con informaciones periodísticas provenientes de la región, entidades humanitarias llaman a la misión de la Unión Europea (UE) a cumplir con el deber de proteger a este sector poblacional contra todas las formas de abuso.
La organización defensora de los derechos humanos Medica Mondiale, junto al Cabildo de Mujeres Europeas, instaron a esa misión a adoptar medidas para brindar protección contra la explotación sexual y el abuso de niñas y mujeres congolesas, por parte de los soldados y el personal humanitario europeos enviados al país africano.
“Pese a la política de la OTAN de cero tolerancia, ante casos de violación sexual perpetrados por soldados y fuerzas de mantenimiento de la paz, consideramos que las normas actuales aún no se han llevado a la práctica durante los entrenamientos militares”, señaló la doctora Monika Hauser, directora ejecutiva de Medica Mondiale.
“Es como si las violaciones que ya sufrieron las mujeres a manos de las fuerzas de Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz en 2003 y 2004 no contaran, en lo absoluto, para los que toman decisiones”, agregó.
En 2004, la OTAN aprobó la política de cero tolerancia y realizó actividades de sensibilización dirigidas al personal militar en lo tocante al tráfico humano. No obstante, hasta ahora esos módulos de formación no se aplicaron por la UE.
Es necesario que a estas fuerzas les acompañen observadores independientes en materia de derechos humanos con conciencia de género e informen de inmediato a los órganos disciplinarios y administrativos nacionales pertinentes y al Secretario General de la ONU sobre las violaciones de los derechos humanos de mujeres y niñas.
También, los militares y paramilitares congoleses violan a mujeres y niñas sistemáticamente y sus actos quedan impunes. En una región azotada por la violencia durante el pasado más reciente, las mujeres han temido por sus vidas y ahora enfrentan un auge alarmante de violaciones brutales. Esto se considera un desafío para la humanidad.
Las víctimas sufren el trauma y el dolor de la violación inicial, y también son perturbadas por el rechazo y el aislamiento, pues sus familias las expulsan de sus hogares debido al estigma y al temor de que los perpetradores, generalmente armados y poderosos, tomen represalias.
Por todo esto, se eleva la preocupación mundial ante esta violencia sexual contra mujeres y niñas y la angustia física y psicológica que envenena a la comunidad, de la misma manera que lo hace el contagio al VIH.
Cuba: Cachorrito de fuegoPor Ilse Bulit
La Habana, agosto.- Al cumplir los 30 años, Euda y Eliécer decidieron tener un hijo. Cachorrito de fuego sería un niño deseado.
Sus padres mantenían, hace más de un año, una relación estable en una vivienda pequeña, pero cómoda. Sólo la compartían con una abuela y una perra enorme que, afirmaban ellos, les sirvió para adquirir conciencia de las responsabilidades con un ser vivo.
Contaban con salarios aceptables, dentro de la realidad cubana; una familia por parte de ambos que los apoyaría; y también, un centro laboral que aplaudió la noticia. Y, por si fuera poco, desde que decidieron vivir juntos, establecieron las leyes internas sobre las labores domésticas.
El premio mayor otorgado por los dioses, ante el inconstante transporte público, lo poseían: un viejo coche cuyo mantenimiento les daba dolores de cabeza, pero funcionaba.
Como el ansiado bebé nacería en el año lunar chino del Perro de Fuego, yo lo bauticé internamente como Cachorrito de Fuego. En este febrero nació la criatura y he estado al tanto del cumplimiento del proyecto de vida, organizado con anticipación por sus padres.
En los primeros días, la voz telefónica de Eliécer reflejaba pocas horas de sueño. Con los pañales desechables se alivia en parte la tarea, pero esa alimentación a la orden del gusto del recién nacido los tenía zombis.
Han cumplido su plan estos muchachos y hasta juntos aprendieron a dar la papilla al cachorrito, con el consiguiente baño de todos después. La pareja sólo mantiene una diferencia en las normas de crianza: Euda le ofrece al niño canciones de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, máximos exponentes de la Nueva Trova, y Eliécer, la música salsa de los Van Van.
La pareja disfruta de condiciones mínimas que no posee como generalidad toda la juventud de la isla ni la joven cubana actual, dueña y señora de su cuerpo para decidir si comenzar o interrumpir un embarazo, crecida en una cultura que acepta métodos anticonceptivos o regulación menstrual, todo bajo estricto control médico y aprobación legal.
No la culpemos entonces por ser una de las causantes del notable envejecimiento de la población. Hacia 2025 pertenecerá a la tercera edad cerca del 25 por ciento de los habitantes de esta isla.
Euda y su hijo tendrían la atención médica asegurada, el respeto a su puesto laboral, largos meses de licencia con retribución financiera, la opción de una guardería para el cuidado del pequeño, que después podría acceder a estudios gratuitos de acuerdo con sus deseos y capacidades.
Sin embargo, si Euda no tuviera una vivienda propia; un compañero que aceptó la compartida responsabilidad hogareña en gastos y deberes domésticos; una familia dispuesta a cooperar, pero desde sus casas independientes; un monto salarial razonable; un centro laboral que, además de cumplir lo estipulado por las leyes, la apoya con soluciones humanas y la seguridad de librarse de la angustia del transporte, ¿Cachorrito de Fuego constaría en las estadísticas de los nacidos vivos? |