México: Aprueba Senado sancionar la violencia política por razones de género

De la Redacción
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México, marzo (SEMlac).- El Senado de la República mexicana aprobó por unanimidad un dictamen que tipifica y sanciona la violencia política en razón de género, además de prevenir, atender y sancionarla, así como promover y proteger los derechos político-electorales de las mujeres.
El Pleno de la Cámara Alta avaló el proyecto de decreto con 90 votos a favor, la cual incorpora a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos y en Materia de Delitos Electorales y del Sistema de Medios de Impugnación, la violencia política en razón de género.
En el dictamen aprobado y que fue derivado a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales, se define a la violencia política en razón de género, como la acción u omisión que, en el ámbito político o público, limite, anule o menoscabe el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una mujer, así como su acceso al pleno ejercicio de su cargo o función del poder público.
Al argumentar a favor del dictamen, la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Diva Hadamira Gastélum Bajo, señaló que es un día histórico para la democracia del país, ya que se busca sancionar, prevenir y resarcir la violencia política, "que es un delito que se comete todos los días en contra de las mujeres que buscan ejercer sus derechos".
A su vez, la senadora panista (Partido Acción Nacional) María del Pilar Ortega Martínez recordó que este dictamen retoma un conjunto de reformas sobre10 iniciativas, planteadas por senadoras de distintos grupos parlamentarios desde 2012, y dijo que será una pieza fundamental en la lucha para lograr, cada vez más, un reconocimiento puntal a los derechos político-electorales de las mujeres.
Además, el dictamen propone el aumento de las penas hasta en una mitad, en los tipos penales señalados en las fracciones III, IV, VII y XVI del artículo 7, IV y VIII del artículo 8, y I y VI del artículo 9 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, cuando dichas conductas se cometan en perjuicio de una mujer que participe en política.
Asimismo, plantea que este tipo de agresión se manifiesta a través de presión, persecución, hostigamiento, acoso, coacción, vejación, discriminación, amenazas, privación de la libertad o de la vida.
La reforma también obliga al Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales, los partidos políticos y las agrupaciones políticas a establecer mecanismos para prevenir, atender, sancionar y, en su caso, erradicar este delito.
Por lo tanto, con las reformas se prohíbe que, en la propaganda política o electoral de partidos políticos, coaliciones y candidatos, se utilicen expresiones que calumnien a las personas, las discriminen o constituyan violencia política en razón de género.
Es decir, entre otros supuestos, cuando se obstaculice o interfiera en el desarrollo normal de las votaciones, solicite votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación, altere los resultados electorales, ejerza presión o induzca a los electores a votar o abstenerse de votar por un candidato.
También, el documento busca asegurar la postulación efectiva de ambos géneros en la integración de los órganos de los partidos políticos, en la postulación de candidaturas y la distribución equitativa de todas las prerrogativas entre mujeres y hombres, de forma paritaria. Asimismo, garantizar la paridad de género en las candidaturas a legisladores federales, locales y en la integración de ayuntamientos, en aquellas entidades federativas, en que la legislación así lo establezca.
La senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) e integrante de la Comisión para la Igualdad de Género, afirmó que es un dictamen histórico, ya que busca prevenir, sancionar, erradicar la violencia política contra las mujeres por razones de género; y sostuvo que "esta alcanza a todos los partidos, por ello es importante reformar las leyes".
La senadora independiente Martha Tagle Martínez indicó que la violencia política no discrimina a ninguna mujer y afecta a todas, es un fenómeno "que impide en los hechos que las mujeres podamos ejercer libre y plenamente nuestros derechos políticos-electorales".
Por su parte, la senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), advirtió que "la violencia política es una de las más grandes injusticias que vivimos las mujeres" y afecta al conjunto de la misma sociedad, pues se le restringen sus derechos político-electorales al no permitir que su representante sea quien tome las decisiones y ejerza el cargo que le ha sido conferido por la ciudanía.
La senadora Martha Elena García Gómez, el grupo parlamentario del PAN, consideró que con las normas para revertir la violencia política el Senado cumple con el respeto de los derechos de las mujeres plasmados en el marco legal contenido en la Constitución, y con los acuerdos internacionales firmados por México, como la Convención sobre la Eliminación Sobre Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer y la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, entre otros.
De igual forma, la senadora Lucero Saldaña Pérez, senadora del grupo parlamentario del PRI, destacó que existen 159 casos de violencia política registrados oficialmente hasta enero de 2017, estas agresiones han implicado "latigazos, golpes, amenazas, estereotipos, hasta el homicidio; actos que se han documentado y puesto en evidencia, para mostrar a todos aquellos que nos cuestionan qué es la violencia política de género".
El senador Alejandro Encinas Rodríguez expresó que se trata de "uno de los problemas más lamentables de nuestra vida política", y pidió "cambios significativos" en instituciones públicas y partidos políticos para garantizar igualdad de condiciones entre hombres y mujeres en el poder público.
Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del PRD, cuestionó que sólo se apliquen sanciones administrativas a aquellas personas que ejerzan la violencia política "debe haber castigos ejemplares para que esas conductas no se repitan".
La senadora priista Yolanda de la Torre Valdez expresó: "las mujeres no debemos permitir ser víctimas de violencia, debemos ser capaces de denunciar las prácticas que atentan contra nuestra integridad".
La panista Mariana Gómez del Campo dijo que estas reformas prevén la necesidad de promover y garantizar la formación de liderazgos políticos de mujeres, crear mecanismos que garanticen la protección a sus derechos políticos y electorales, establecidos en la Constitución y en tratados internacionales suscritos por el país.

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